Conmoción social o transparencia en seguridad Por Eduardo Anguita

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denomina “alarma social” al concepto que la propuesta del Ejecutivo de reforma del Código Procesal Penal llama “conmoción social”. Son análogos, significan lo mismo. Y la cuestión es si un juez puede dictar una prisión preventiva a raíz de una figura tan inasible, en un continente donde los golpes de Estado o las represiones masivas por “conmoción social” son tan cercanos en el tiempo y la memoria de los pueblos. Aun sin entrar en el pasado inmediato, desde la perspectiva de la comunicación, bastaría una placa roja en un noticiero y tipografía gigante para que la sola palabra “conmoción” desplace cualquier peritaje o investigación medular y un juez se sienta compelido o complacido por dejar preso a alguien sin más argumentos que “evitar la puerta giratoria”. En realidad, un expediente mal sustanciado, a veces por impericia y otras por deliberada mala intención, es lo que lleva a que en la Argentina casi el 60% de los 60.000 presos sean procesados –con prisión preventiva– y no condenados. A la hora de la sentencia, la convicción de muchos magistrados respecto de la culpabilidad de los acusados (lo que en la mentalidad punitiva es el inasible concepto de “semiplena prueba”, una idea similar a casi embarazada) se desvanece en el aire.

La conmoción social a la hora de un fallo serio y fundado es puro humo. La CIDH, en numerosos documentos, se opone a que la prisión preventiva sea fundamentada en la idea de peligro para la comunidad o alarma social. Y en no pocos trabajos, como el del académico mexicano Ricardo Pinto en “Razones que justifican la prisión preventiva”, se basan en el Manual de Derecho Penal (parte general) de tres autores argentinos. Son nada menos que Eugenio Zaffaroni, Alejandro Slokar y Alejandro Alagia. Estos tres juristas son algunos de los que suelen ser laboratorio de ideas precisamente para borradores de reformas a Códigos como la que acaba de proponer la Presidenta.

¿Qué pasó? ¿Por qué un proyecto de reforma con el sello de juristas comprometidos con los derechos humanos aparece de repente cuestionado fieramente por contener un concepto reñido con la autoridad americana en materia de derechos humanos? Es probable que el texto inicial sea modificado en esta desafortunada idea y también en la genérica y poco eficaz idea de expulsar extranjeros detenidos in fraganti antes de someterlos a un juicio en la Argentina. La idea de flagrancia es también un buen caldo de cultivo para la agitación social en búsqueda de bestias criminales en vez de la idea irrenunciable del debido proceso. Pero, ¿por qué abrir una ventana que huela a cosechar voluntades por el lado de la irracionalidad y la impotencia que genera el aumento de la tasa de delitos?

No pocos juristas y politólogos estudiaron la relación entre el discurso de la mano dura y los resultados electorales. En Estados Unidos, paradigma de la ansiada seguridad propalada por la derecha, las ideas punitivas van acompañadas de la ecuación más alta del mundo en materia de ciudadanos en prisión. Por cada 100.000 habitantes hay 600 presos. Cuatro veces más que en la Argentina. No hay ninguna certeza de que a más presos menos delitos. Más bien, lo que sí está claro es que a mayor represión estatal más control sobre las conductas sociales. La cultura del control es lo que explica estas prácticas. 

Hay que bucear en las pequeñas tentaciones de la mano dura con foco en la pantomima montada por el Ministerio de Seguridad a través de efectivos de la Gendarmería en el kilómetro 31 de la Panamericana frente al prolongado conflicto de los trabajadores de Lear. Porque no fueron los juristas mencionados –ni otros como el procesalista Carlos Alberto Beraldi o el director de Migraciones, Martín Arias Duval, ambos procedentes del estudio jurídico de León Carlos Arslanian– quienes promovieron esas figuras en el proyecto. El vocero de la conmoción social y del peligro extranjero resultó días pasados el secretario de Seguridad, Sergio Berni, un especialista en operaciones con exhibición mediática que bajó el perfil tras el oscuro episodio de la detención de una banda menor de colombianos. Berni recibió una noticia que le pone freno al despliegue de efectivos, gas mostaza y balas de goma. En efecto, la jueza Sandra Arroyo de Salgado, titular del juzgado federal de San Isidro, ordenó el miércoles al Ministerio de Seguridad que la Gendarmería no estuviera más en la puerta de Lear. Arroyo de Salgado hizo lugar al pedido del diputado nacional Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas, que recibió varios balazos de goma el pasado 23 de octubre en oportunidad de acompañar los reclamos de los trabajadores despedidos de Lear. La jueza, en el fallo, “encomienda” a la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, para que en lo sucesivo las tareas de “prevención, seguridad y cese de eventuales delitos” corran por cuenta de otras agencias de seguridad. Al día siguiente, Arroyo de Salgado subió la apuesta: dio una entrevista a Radio La Red en la que afirmó que “hay infinidad de cortes en la Capital que son convalidados por el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. No es una opinión. Es la realidad. Hay cortes que son acompañados por las fuerzas de seguridad y eso genera confusión y malestar social”. Para no dejar dudas, agregó: “A veces pareciera que depende de la naturaleza del reclamo o la bandera política de los manifestantes”.

La realidad es que Gendarmería es la fuerza que más prestigio ganó en estos años y los casi cinco meses de presencia disuasoria y represiva en Lear le crea un problema importante. Del perfil de una fuerza especializada en delitos de frontera, especialmente en narcotráfico, Gendarmería queda expuesta a ser un grupo de ataque a los trabajadores. La inquietud tiene fundamentos: durante la última dictadura esa fuerza actuó bajo la órbita del Ejército y muchos de sus cuadros participaron en delitos de lesa humanidad. Más cerca en el tiempo, fueron efectivos de Gendarmería los que reprimieron a los trabajadores en General Moscón, Salta, con un saldo de dos muertos. De la doctrina de seguridad nacional a la democracia y el respeto a la Constitución hay un largo camino transcurrido que está puesto en riesgo ante las evidencias de que la persecución en Lear es a trabajadores de una empresa norteamericana, y que tiene la particularidad de que sus delegados y los militantes que los acompañan son parte de una izquierda no kirchnerista. El ataque a Del Caño no tiene justificación. Más preocupante resulta en el marco de la recesión que lleva a suspensiones y despidos en varias fábricas. Kraft, Donelley, Pepsico, Gestamp son algunas empresas donde se conjugan capitales extranjeros que desertan o invierten menos y una militancia de izquierda que gana terreno. En vez de pensar en figuras de conmoción social para crear temor al activismo es mucho mejor recurrir a la vieja doctrina peronista de los derechos de los trabajadores que se dirimen con la Constitución en los estrados del fuero laboral. Una resignificación de ese concepto corrió por cuenta del Papa Francisco, el 28 de octubre, en el Encuentro Nacional de Movimientos Populares, cuando habló de los sagrados derechos a la tierra, al techo y al trabajo. En el Ministerio de Seguridad, no pocos consideran que la resolución de Arroyo Salgado los sacó de un problema. Al día siguiente del fallo, en el kilómetro 31 de la Panamericana estaba la Bonaerense. 

Volviendo al punto: más allá del eventual collage que significó el aporte de mano dura al proyecto de reforma al Código Procesal Penal, una vez que se convierta en ley –con las reformas del caso–, recién empezaría a regir en 2016, cuando ya no gobierne Cristina. No parece razonable que su sucesor en la Casa Rosada no impulse sus propias recetas en materia de Seguridad y Justicia, un tema de agenda inevitable en la disputa electoral. Más allá de las urnas, el retroceso no puede disimularse: León Arslanian en la provincia de Buenos Aires y Nilda Garré en la Nación pusieron en marcha una cantidad de dispositivos de participación ciudadana en la gestión de la seguridad y en el control de las policías, y también colocaron funcionarios que tuvieron un particular celo en cómo los efectivos realizan las instrucciones sumarias frente a eventuales delitos. No siempre la mala práctica policial es encontrar a un efectivo que, a la vez, es delincuente. Más sutil y más delicada es la trama en la cual una instrucción mal hecha puede desviar o borrar pistas, inventar delitos que nunca se cometieron y hacer desaparecer delitos que sí se cometieron. El gran desafío de la Seguridad Democrática es atacar las redes complejas de corrupción política-judicial-policial. No hay secta del gatillo posible sin vínculos con la política y la Justicia.

Policía local. En la provincia de Buenos Aires, ante la falta de acuerdo para legislar sobre policías locales o municipales, a través de un decreto de emergencia, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, recorre distritos y logra adhesión a la creación de policías locales. Con presupuesto provincial y sin posibilidad de realizar actuaciones con valor judicial, ese cuerpo es igual a las direcciones de seguridad municipales, pero con armas y patrulleros. Sirven para conjurar y reprimir arrebatos, hurtos, entraderas y una cantidad de delitos que tienen enferma a buena parte de la sociedad que con justo derecho pide más presencia policial. Una vez que actúan en la flagrancia, esos cuerpos policiales deben dejar las actuaciones en manos de la Bonaerense y los agentes fiscales. La explicación política de la creación de estas agencias es que Granados es intendente –ahora en uso de licencia– y que gobernó Ezeiza alineado con el menemismo, el duhaldismo, el kirchnerismo y el sciolismo. No difiere de la realidad de muchos otros jefes comunales que dependen en su gestión no sólo de los recursos presupuestarios nacional y provincial, sino de buenos vínculos con la Bonaerense. Granados no oculta sus convicciones de que la mano dura es la única salida. Hay otras cosas ocultas en la provincia de Buenos Aires, y la mano dura ayuda a que permanezcan ocultas.

09/11/14 Miradas al Sur