Vicisitudes del gobierno, posibilidades de la oposición

Por Alejandro Horowicz

El discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa puede leerse entre dos topes interpretativos. El primero surge de los dichos de Florencio Randazzo: "Hemos hecho cagadas, seamos claros", admitió en diálogo con Radio América. El ministro del Interior aceptó que el kirchnerismo "se ha equivocado en las formas" y que por eso "nos repudia la clase media". El otro tope analítico puede extraerse directamente de la exposición de Cristina Fernández. Sostuvo la presidenta: "la política pueda ser mejor que los empresarios".

Vale la pena explicitar las presuposiciones de ambas lecturas. Para el ministro más allá de las "cagadas" que no desconoce pero tampoco precisa, el repudio de la clase media está vinculado a las formas. Desde hace mucho tiempo, tanto integrantes de la oposición, como buena parte de la prensa comercial opositora, han subrayado este aspecto de la política oficial. En su versión más pobre se trataría de desapego a las normas de urbanidad republicana, exabruptos que atentarían contra la división formal de poderes, agresiones verbales, un tono excesivamente beligerante. La acusación más sofisticada sostendría, en cambio, que no se trata de exabruptos, de desprolijidades formales, sino que revelarían el contenido mismo de la política K. Vale decir, la forma es el contenido.

Imposible saber qué piensa Randazzo exactamente, al menos partiendo de tan escueta afirmación, pero no pareciera demasiado antojadizo considerar que se inclina por una lectura formal. Esto es, el envoltorio de las medidas, la presentación en sociedad de la propuesta K, no respeta los formatos de clase media de las grandes ciudades. Por eso el gobierno no gana elecciones en los mayores centros urbanos: desde la Capital Federal, en manos de Mauricio Macri, hasta Córdoba capital a cargo de Ramón J. Mestre. Por ese andarivel interpretativo se mueven los columnistas de la prensa comercial concentrada, y subrayan la escenografía del último discurso (desde la iluminación, hasta el manejo de las cámaras televisivas) dejando a un costado o directamente desconsiderando la espontánea expresión presidencial sobre política y empresarios.

El contexto en que fue pronunciada la frase de Cristina no explica poco. La presidenta defendía la gestión oficial en Aerolíneas Argentinas, empresa privatizada que terminó volviendo al control del Estado, cuando se percató de que el senador radical Gerardo Morales hacía muecas de descreimiento; por eso lo interpeló así: "Yo le digo que podemos ser más eficientes. Él también forma parte de un partido político que tiene posibilidades de gestionar el Estado, así que no tiene que ser escéptico en que la política pueda ser mejor que los empresarios." ¿Cómo entender esta afirmación? ¿Como la posibilidad de "corregir" la acción empresaria? ¿Como el adecuado uso de los instrumentos del Estado para regular el comportamiento de las empresas privadas? ¿Como filosofía política?

Una discusión de los '90 planteó, en términos reduccionistas por cierto, que achicar el Estado equivalía a agrandar la Nación. El conservatismo neoliberal retomaba las banderas del banquero anarquista de Pessoa sin su subyacente humor cínico. Por tanto, si era público, no podía ser bueno, y si era privado, no podía ser malo. El menemismo impulsó esta burda simplificación con el respaldo de todo el arco parlamentario y el apoyo explícito de una mayoría social disciplinada por el terror de la dictadura y de dos hiperinflaciones "democráticas". Hasta que la experiencia directa, 2001, chocó con tanta tilinguería conceptual. Entonces, no hubo modo de continuar por la misma senda. Y si se quiere, el gobierno K conformó esa "diferencia" operativa.

Ahora bien, los que descreemos de la capacidad de la burguesía argentina para la "conciencia nacional", pensamos que si el marco regulatorio no define el comportamiento real de los empresarios, los empresarios se llevan puesto el marco y la política del gobierno que lo propicia. Dicho en fácil, si las empresas pagan los impuestos que pagan –no los que deberían pagar– se debe a la distancia entre las normas enunciadas y los instrumentos utilizados. Y si los precios suben en una proporción mayor al impacto devaluatorio, es porque las empresas están defendiendo su tasa de ganancia en dólares, aunque los trabajadores la hayan perdido. El derecho de las empresas a conservar su ganancia dolarizada, choca con el interés de los consumidores por pagar más barato, y el de los trabajadores por ampliar la masa salarial.

Es preciso distinguir los derechos en pugna: empresas, consumidores y asalariados. Los aumentos afectan a todos los consumidores, en distinta proporción. Para frenar los aumentos, el gobierno recurre al acuerdo de precios. Si algún instrumento ha demostrado en la Argentina funcionar mal, ese es el acuerdo de precios. Si funciona durante el plazo pactado, deja de hacerlo en fecha precisa y prevista. En ese momento los precios se vuelven a empinar y los salarios a retrasar. Por eso los economistas conservadores propician el "sinceramiento de las variables económicas", nuevos precios y salarios no tan flamantes, lo que en criollo termina siendo reducción de la demanda popular.

Los consumidores casi no tienen instrumentos para frenar la suba de precios. Dependen de los que aporte el gobierno. Sólo los trabajadores pueden reducir el impacto mediante el incremento de los salarios en las negociaciones paritarias. Pero el Estado también paga salarios, y en ese punto los aumentos que exigen los docentes saldrán del erario público. Entonces, la presidenta propicia un aumento inferior al incremento del costo de la vida. Al hacerlo emite una señal precisa: entre el derecho de los empresarios a defender sus ingresos en dólares, y el de los trabajadores a defender su nivel de consumo tiene poco margen. El gobierno dice que quiere evitar esa salida conservadora, pero no aporta instrumentos para impedirla. O limita la ganancia empresaria, o reduce el ingreso popular. Esa es la disyuntiva.

Frente a esto Cristina pareciera propiciar un acuerdo suprapartidario. Sostuvo la presidenta: "Quiero rescatar la idea de la concertación, quiero rescatar la idea que él tuvo de que los partidos populares, democráticos y nacionales pudieran unirse en las grandes empresas, porque una defección debe ser la excepción y no la regla –dijo en oblicua alusión a Julio Cobos–. Al contrario, debemos estar más unidos que nunca los argentinos."

¿Un acuerdo para defender el ingreso popular, o un pacto de gobernabilidad hasta el 2015?

En el primer caso parte del radicalismo y parte del progresismo panradical debería extender la mano. En el segundo, el arco parlamentario –salvo los opositores frenéticos– podría sumarse. Aunque existe una tercera posibilidad: que unos y otros aguarden que el gobierno sea más preciso.

Retomemos el planteo inicial. Si la lógica discursiva de la presidenta estuviera orientada por las formas, por la lectura a lo Randazzo, la consecuencia no puede ser otra que terminar bien, llegar a 2015 sin demasiados sobresaltos; por tanto el acuerdo de gobernabilidad estaría en la naturaleza de las cosas. En cambio, si se tratara de ampliar la base de sustentación de una política que defienda la salud del mercado interno, el ingreso popular, incluso imponiendo límites a la tasa de ganancia empresaria, un nuevo tipo de acuerdo político se abriría paso.

Ya no se trataría de los límites del peronismo electoral, sino del viejo acuerdo Perón-Balbín en otras condiciones históricas. Ese proyecto elaborado en 1971, en el marco de la Confederación General Económica, contó con el respaldo del empresariado gelbardista (hoy nadie reivindica a José Ber Gelbard) así como de la dirección del movimiento obrero organizado. Es evidente que se trata de un acuerdo irrepetible, pero tantear en esa dirección puede ser un recurso político para enfrentar tanto la crisis local como la internacional. Todavía no queda claro si esa es la propuesta, o si la finta también depende de que un sector orgánico del radicalismo esté en condiciones de volverla propia.

Infonews

¿Hacia dónde podría ir Venezuela?

Por Guillermo Almeyra

Según el gobierno y sus voceros extranjeros, Venezuela enfrenta ahora un intento de golpe de Estado fascista y proimperialista. Según los conservadores de todo el mundo y la prensa del gran capital, estaríamos ante legítimas protestas democráticas de masa, duramente reprimidas por una "dictadura" socialista. La realidad es otra.

Un golpe de Estado es imposible dado que las fuerzas armadas –incluso el sector más conservador de las mismas y los militares integrados en la boliburguesía– apoyan la llamada "revolución bolivariana"; es decir, un proyecto nacionalista y distribucionista con apoyo popular, un capitalismo de Estado apoyado en la renta petrolera y envuelto en una retórica "socialista", un intento de dirección vertical, paternalista y burocrático de la economía que intenta asentar al gobierno en una movilización de las mayorías y sólo considera marginalmente las ganancias de los capitalistas. Aunque en vida de Hugo Chávez el gobierno trataba mucho más de erguirse por sobre las clases fundamentales pero apoyándose en los trabajadores, todavía hoy el aparato estatal, en el que el factor más sólido son las fuerzas armadas, pese a sus virajes y a su creciente conservadurismo, sigue siendo nacionalista "popular".

Lo que presenciamos es la movilización desestabilizadora del sector venezolano dirigido por Leopoldo López, del partido opositor Voluntad Popular, que está estrechamente ligado al Tea Party, a la extrema derecha estadunidense y mundial, a la oposición colombiana y sus representantes militares y paramilitares dirigida por Álvaro Uribe. Dicho sector no acepta la táctica de la mayoría de la oposición dirigida por Capriles que reconoce que el gobierno es legal y cuenta con un apoyo mayoritario pero espera recoger en un futuro próximo el descontento popular por la carestía, la inflación, la escasez y la inseguridad y cambiar a su favor la relación de fuerzas sociales aplicando demagógicamente un "chavismo sin Chávez".

Los fascistas dirigidos por López y financiados por Estados Unidos y Uribe no pueden esperar dos años hasta la realización de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro (que, además, temen perder como perdieron las elecciones anteriores). Sus movilizaciones desestabilizadoras buscan presionar a la tendencia conciliadora existente desde hace rato en las filas gubernamentales y al ala más conservadora de los militares para lograr o un gobierno de unidad nacional al que se incorporasen políticos proimperialistas o grandes empresarios, o un gobierno técnico-militar, lo cual, en ambos casos, significaría el fin de la "revolución bolivariana". Esos sectores fascistas saben que en las fuerzas armadas existen sectores integrados en la boliburguesía y otros que temen y reprimen al movimiento obrero aplicando la idea stalinista de que toda huelga obrera independiente del gobierno "socialista" es contrarrevolucionaria y por eso acabaron a tiros con la huelga de los trabajadores de la Mitsubishi.

El gobierno de Maduro está desconcertado y, entre otros errores, pasó de calificar de fascistas y agentes de Washington a todos los opositores sin excepción, incluidos los que simplemente son conservadores, están engañados o protestas con motivos concretos, a ceder a la presión del ala del chavismo encabezada por el ex vicepresidente José Vicente Rangel, persona muy honorable pero conciliadora, quien propuso e impuso un diálogo prácticamente incondicional con las fuerzas sociales de la derecha al cual concurrieron los sectores empresariales pero que fue rechazado por los partidos de la oposición. Este alternarse entre las amenazas y acusaciones verbales de Maduro y las necesarias medidas gubernamentales destinadas a separar el centro derecha de la extrema derecha, le quita autoridad al presidente y deja a las bases chavistas en la incertidumbre política.

Evidentemente, ni los empresarios creen posible un golpe que sólo contaría con posibilidades de éxito si fuese respaldado por una invasión desde Colombia o de los marines y que llevaría a la guerra civil con resultados muy inciertos, ya que uniría a la mayoría de los venezolanos contra los agresores ni los trabajadores quieren esa guerra.

De modo que la negociación política se impone, pero no a cualquier costo, pues las conquistas sociales y los gérmenes de poder popular no sólo son irrenunciables sino que también deben ser urgentemente consolidados y ampliados como única garantía para la defensa de la soberanía popular y del país y como única vía para salir de modo positivo de esta crisis económica y política.

Los gobiernos de Brasil y de Cuba, en particular, con el apoyo de Bolivia y Ecuador y el tibio sostén argentino y uruguayo, tratan de ayudar al gobierno venezolano a capear la crisis económica y de contrarrestar la presión oficial de Washington a favor de la oposición ultrareaccionaria pero Maduro, por sus oscilaciones y por sus declaraciones místicas, no es una figura muy popular ni siquiera en esos países, donde Chávez contaba en cambio con gran respaldo. Para colmo, hay una seria amenaza en el futuro, ya que Estados Unidos podría lograr en cuatro años la autosuficiencia en combustibles y el petróleo venezolano ya no le resultaría imprescindible. Por lo tanto, la garantía de la "revolución bolivariana" y de la apertura de la vía para avanzar hacia el socialismo consiste en la movilización de los trabajadores, su actividad independiente, el desarrollo de las experiencias de poder popular y la alianza entre ellos y los más democráticos en las fuerzas armadas para enfrentar los intentos de alianza entre la vieja burguesía y la boliburguesía. Una vez más, como en el Chile de Allende en los setenta, para consolidar hay que avanzar.

La Jornada, México

Cosas veredes, Sancho, que non crederes

Por Eduardo Di Cola*

El comité nacional de la UCR que encabeza el senador jujeño Gerardo Morales, “suspendió la afiliación a la Unión Cívica Radical del gobernador … por actuar funcionalmente a los intereses del Gobierno Nacional”.

En los puntos suspensivos Ud. como lector puede insertar indistintamente el nombre de Julio Cobos o el de Gerardo Zamora. Ambos fueron electos gobernadores por la UCR y conformaron la Concertación con el gobierno nacional, permitiéndole al mendocino acceder a la Vicepresidencia de la Nación y al santiagueño a la Presidencia Provisional del Senado.

Los dos fueron tildados como traidores y expulsados del mismo partido político conducido por Gerardo Morales. Es decir sancionados por los mismos fundamentos, en iguales escenarios y por los mismos protagonistas.

Una sola diferencia tiñe a esta situación de una curiosidad.

En la Asamblea Legislativa, como integrante de los bloques parlamentarios del radicalismo junto a Gerardo Morales y Ernesto Sanz estaba sentado (literalmente al lado) Julio Cobos. El mismo al que no hace tanto tiempo habían castigado y que ahora forma parte de los que por las mismas razones por las cuales fue sancionado, ahora se opone a la designación de Gerardo Zamora como autoridad de la Cámara de Senadores. Repito, Cobos se convierte en fiscal acusador por las mismas causas por las cuales lo habían expulsado.

Parafraseando al Quijote: “Cosas veredes, Sancho, que non crederes” (verás cosas, Sancho, que no creerás).


*Ex Diputado Nacional

No, la Argentina no llora por usted, Sr. Cohen

Por Mempo Giardinelli

En The New York Times del jueves, una nota de opinión titulada “Llora por mí, Argentina” y firmada por Roger Cohen, a quien La Nación presenta como “veterano periodista”, plantea una vez más el viejo mito de la Argentina rica y próspera del pasado, en contraste con un supuesto presente abominable.

La circunstancia que hoy vive este país torna ineludible refutar los conceptos del Sr. Cohen, que sostiene lo mismo que muchos artículos de Mario Vargas Llosa y otros connotados columnistas de El País, The Washington Post, O Globo y otros medios. De ello se hacen eco los exagerados corresponsales de los grandes diarios porteños, que los reproducen y destacan en portadas y portales y los celebran como victorias parciales contra el kirchnerismo.

Para clarificar a colegas como el Sr. Cohen, en primer lugar hay que subrayar que eso de que la Argentina “era un país más próspero que Suecia y Francia hace un siglo” es mentira. En todo caso, éramos un país periférico, casi una colonia, con muchas riquezas naturales pero estructuralmente atrasadísimo y gobernado por dirigencias prebendarias, racistas, corrompidas y serviles.

Desde luego que se puede entender que al Sr. Cohen le disguste tanto el peronismo, pero lo que importa acá y ahora no es discutir el peronismo con él, sino señalar su incapacidad de despojarse de prejuicios que lo llevan a confundir la compleja realidad de una nación que hace 100 años no sólo no era mejor que ahora, sino que era infinitamente peor, porque era mucho más injusta, de conductas primitivas y sometida a una aristocracia ciega y mezquina y a la codicia externa que siempre despertó su elogiada riqueza.

No vale la pena responder sus clichés sobre estadísticas, tipo de cambio y participación en los mercados de capitales, que parecen tomados de los artículos que aquí firman economistas de oscuros pasados. Pero sí cabe aclararle que en la Argentina no tenemos ninguna “obsesión” por lo que él llama despreciativamente “pequeña guerra perdida” en Malvinas, y en cambio, sí tenemos memoria de un atropello histórico, así como mucho dolor por la estupidez criminal de un gobierno militar asesino al que el país del Sr. Cohen protegió y ayudó de manera inmoral.

Por cierto, a este respecto, bueno sería exhortar al Sr. Cohen a que se pronuncie acerca de la moralidad política de las grandes guerras victoriosas de las que participó su país en por lo menos los últimos 150 años, o sea todas las guerras del mundo y en las que murieron varios millones de seres humanos.

Hay que puntualizar, además, que la Argentina nunca fue más próspera que Suecia, Francia, Austria, Japón y otros países que pone como ejemplo, porque desde la Independencia éste fue un país acosado y expoliado, con enormes masas de analfabetos, sobrado de explotación humana, sin leyes sociales y sin viviendas ni salud pública ni escuelas suficientes, y encima dirigido por políticos fraudulentos que sólo sabían medrar con el sudor de criollos e inmigrantes.

Es cierto que “teníamos las tierras más fértiles del mundo en la pampa”, pero la concentración en pocas familias y los nulos impuestos a la tierra improductiva hacían de esa riqueza un espejismo para millones de ciudadanos y ciudadanas que carecían de casi todos los derechos.

Por eso, le guste o no al Sr. Cohen, ese “coronel llamado Juan Domingo Perón y su mujer Eva” fueron quienes empezaron a cambiar las cosas. Con estrategias populistas y demagógicas, si se quiere, y con exaltaciones y una desprolijidad general que hubiera sido mejor evitar. Pero abrieron la posibilidad de una vida digna a los que hasta entonces solamente padecían humillaciones.

El Sr. Cohen escribe: “Había tanto para saquear, tanta riqueza en granos y ganado, que instituciones sólidas y leyes –sin mencionar un sistema de impuestos que funcione– parecían una pérdida de tiempo”. Claro que no se pregunta quiénes fueron los saqueadores, los dueños de granos y ganado o los que impidieron durante décadas “un sistema de impuestos”. La respuesta, si se lo preguntara, es muy fácil: eran y siguen siendo más o menos los mismos que hace 100 o hace 30 años, los mismos que ahora que sí tenemos un sistema fiscal evaden a lo bestia.

No soy quien para defender al peronismo, pero debiera el Sr. Cohen saber que por una neutralidad que ni su país ni la Europa blanca le perdonaron jamás, se inventó el mito de un Perón nazi-fascista con una esposa puta y ambiciosa, y así enlodaron toda posibilidad de comprensión y análisis. Sólo ignorando eso puede escribir que los argentinos amamos esa “mezcla extraña de nacionalismo, romanticismo, fascismo, socialismo, pasado, futuro, militarismo, erotismo, fantasía, lloriqueo, irresponsabilidad y represión”.

La nota del Sr. Cohen sólo muestra que no sabe nada de este país. Puros lugares comunes, frases hechas y los mismos, viejos eslóganes de ciertas derechas latinoamericanas.

Finalmente, escribir que “Brasil está en proceso de ser la Argentina, la Argentina está en proceso de transformarse en Venezuela y Venezuela, en Zimbabwe”, como postula el Sr. Cohen, es un comentario racista, discriminatorio y ofensivo para la nación africana, Brasil y nosotros, pero sobre todo es una afirmación equivocada y no inocente. Quizá le duele el ALCA, todavía, o no soporta la Unasur ni la Celac, pero un buen periodista profesional no debería desconocer que todos los pueblos en desarrollo tienen conflictos severos y que los procesos nacionales son únicos e intransferibles.

Y es cierto que hoy tenemos inflación y no tenemos políticas anticorrupción. Y también que las clases medias están enervadas y quedan todavía por lo menos tres millones de marginados. Pero al menos los nuestros salen a la calle y protestan, y tienen escuelas y hospitales gratuitos en muchos casos insatisfactorios, pero no padecen como los 40 millones de pobres que hay en el país del Sr. Cohen y que no pueden ir a hospitales públicos gratuitos porque de hecho no existen.

Tengo algunas diferencias con el gobierno actual, pero es el gobierno que eligió el pueblo argentino y el día que se retire será solamente porque otro partido le ganó en elecciones libres. Mientras tanto, las personas que como el Sr. Cohen opinan sobre la Argentina con tanta presuntuosidad y desconocimiento resultan patéticos. Tanto como los que aquí, en la Argentina, celebran su patetismo.

02/03/14 Página|12

Zaffaroni: “La reacción de Massa sobre el nuevo Código Penal demuestra su inmadurez como político”

El juez de la Corte Suprema, que estuvo a cargo de la comisión que redactó la propuesta, criticó a Sergio Massa y aclaró que el documento que hasta el momento se conoce es sólo "un borrador" que aún debe sufrir modificaciones. "Este no es el anteproyecto de nadie en particular; yo hubiera hecho otra cosa, pero es un texto consensuado, y hemos consensuado en virtud de que es necesario tener un código penal, que hoy no tenemos", remarcó además en Tiempo Argentino.

El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni rechazó las críticas del diputado Sergio Massa contra el proyecto de reforma del Código Penal y advirtió que "con sus reacciones está demostrando la pobreza e inmadurez de la clase política".

"Lo que veo en las reacciones como las del señor Massa (es que) está demostrando la pobreza de la política argentina; está demostrando la inmadurez de nuestra clase política", afirmó el juez en Radio Cooperativa.

Zaffaroni le pidió a Massa "que no sea ridículo" y abordó el tema: "La excarcelación es una prisión procesal, no es del código penal, el código no regula la excarcelación ni la prisión preventiva". "Que Massa estudie un poco eso", le pidió.

Además, Zaffaroni dio su opinión sobre la necesidad de la reforma del Código Penal en Tiempo Argentino.

"Considero que no hay que apresurarse: el anteproyecto lo tiene el Ejecutivo y el Ministerio sabrá cuándo lanzarlo y ponerlo en discusión. No hay publicación oficial, de modo que lo que se discute es sobre un borrador que algún colaborador poco confiable ha hecho circular sin nuestro consentimiento. Esto se tendrá que discutir en el Congreso de la Nación, habrá consultas, se difundirá el texto cuando se lo haga proyecto", explicó Zaffaroni.

En este sentido, agregó: "Sabremos si la clase política argentina tiene la madurez suficiente para discutir con seriedad un nuevo Código Penal, como se hizo hace noventa años, cuando se sancionó el que hoy está descuartizado por las demagogias vindicativas de las últimas décadas. No es una prueba para quienes consensuamos un proyecto, sino para los políticos".

Sobre el proyecto, indicó que no es el anteproyecto de nadie en particular; yo hubiera hecho otra cosa, pero es un texto consensuado, y hemos consensuado en virtud de que es necesario tener un código penal, que hoy no tenemos. Todos los integrantes de la comisión hemos cedido posiciones en varios puntos, nadie se atrincheró en cosas secundarias. Nos dimos cuenta de que en este caso, lo que cada uno creía mejor era en definitiva enemigo de lo bueno, que era aproximar posiciones y consensuar".
 
¿Habrá llegado la hora?
Por Eugenio Raúl Zaffaroni

Sobre la reforma del Código Penal, considero que no hay que apresurarse: el anteproyecto lo tiene el Ejecutivo y el Ministerio sabrá cuándo lanzarlo y ponerlo en discusión.

Sobre la reforma del Código Penal, considero que no hay que apresurarse: el anteproyecto lo tiene el Ejecutivo y el Ministerio sabrá cuándo lanzarlo y ponerlo en discusión.

No hay publicación oficial, de modo que lo que se discute es sobre un borrador que algún colaborador poco confiable ha hecho circular sin nuestro consentimiento. Esto se tendrá que discutir en el Congreso de la Nación, habrá consultas, se difundirá el texto cuando se lo haga proyecto y, en definitiva, sabremos si la clase política argentina tiene la madurez suficiente para discutir con seriedad un nuevo Código Penal, como se hizo hace noventa años, cuando se sancionó el que hoy está descuartizado por las demagogias vindicativas de las últimas décadas.

No es una prueba para quienes consensuamos un proyecto, sino para los políticos. Este no es el anteproyecto de nadie en particular; yo hubiera hecho otra cosa, pero es un texto consensuado, y hemos consensuado en virtud de que es necesario tener un código penal, que hoy no tenemos. Todos los integrantes de la comisión hemos cedido posiciones en varios puntos, nadie se atrincheró en cosas secundarias. Nos dimos cuenta de que en este caso, lo que cada uno creía mejor era en definitiva enemigo de lo bueno, que era aproximar posiciones y consensuar.

Nosotros estamos abiertos a todas las observaciones críticas, no creemos que hayamos escrito una obra inmejorable ni mucho menos, pero siempre que se lo haga en un marco de seriedad y tecnicismo. Así se hizo hace noventa años.

¿Tendrá nuestra clase política la madurez de comprender que algunas cosas deben quedar al margen de los objetos que se arrojan en las contiendas por el poder? En 1891, cuando se publicó el proyecto de Rivarola, Piñero y Matienzo, no lo tuvo. En 1906, cuando se lo simplificó y resucitó, tampoco. En 1916 lo tuvo y así se sancionó el código de 1921. Desde 1993, en la democracia, se vienen proponiendo reformas estructurales, jalonadas por diversos proyectos parciales y alguno total. Hasta ahora no se logró la madurez para discutirlo fuera de la contienda política. Quizá haya llegado la hora, quizá no. Si no llegó, quedará como un documento más en este camino, esperando que la clase política madure para dejar los muertos y las libertades fuera de la disputa por el poder y ponerse a discutir en serio un texto que, créase o no, es siempre un apéndice de la Constitución, es el que nos dice qué está penado y qué no lo está.

Si nos llaman acudiremos, explicaremos, daremos razones y, si nos hacen notar errores o soluciones más racionales, con todo gusto las aceptaremos. Si aún no llegó la hora, lo lamentaremos, pero de toda forma, habremos dejado una baldosa más en el camino de reconstrucción de nuestra legislación penal.

Infonews
 

El caso del periodista detenido en EE.UU.

 Por Gustavo Veiga

Barrett Brown es un periodista de investigación estadounidense que está detenido en su propio país hace casi dieciocho meses. Sobre él pesan acusaciones que acumuladas suman 105 años de hipotética condena. El gobierno de Obama lo alojó en una cárcel federal porque profundizaba en la búsqueda de información sobre la relación que existe entre los servicios de inteligencia y las empresas privadas de seguridad. Colaborador de The Guardian y Vanity Fair, se especializó en ese tema y siempre fue por más. Analizaba correos pirateados a la compañía Stratfor que después publicó WikiLeaks. El FBI comenzó a seguirlo, hasta que lo arrestó en septiembre de 2012. El disparador fue un video que subió a YouTube donde presuntamente amenazaba a un agente. La Justicia le negó la libertad bajo fianza y lo mantuvo, al menos, durante más de un año en prisión preventiva. Su caso remueve conciencias y despierta solidaridades adentro de EE.UU. y también en el exterior.

Reporteros sin fronteras (RSF) le da un espacio central a su caso en sus informes mundiales sobre la libertad de prensa. En el de este año, Estados Unidos bajó trece lugares, hasta el puesto 46 en su ranking de países ubicados de acuerdo a cómo se relacionan con los medios y qué seguridad les ofrecen a sus periodistas. “Barrett Brown no es un criminal ni tampoco un delincuente”, declaró Christophe Deloire, el secretario general de la organización, en julio pasado. La ONG ubicó a la Argentina 55º, y mal podría sugerirse que es antiestadounidense. A China la situó 175º y a Corea del Norte 179º, entre 180 naciones analizadas.
¿De qué hablamos cuando se mencionan las investigaciones del periodista nacido en Dallas, Texas, el 14 de agosto de 1981 y que pasó en la cárcel su cumpleaños 32? En los correos electrónicos hackeados a Stratfor que investigaba, había algunos como el del vicepresidente de Inteligencia de la compañía, Fred Burton, quien proponía “aprovechar el caos en Libia para secuestrar a Abdekbaset al-Megrahi, autor del atentado de Lockerbie, quien había sido puesto en libertad por razones humanitarias debido a su enfermedad terminal”.
Vinculado con la red Anonymous, con la cual compartió informaciones –aunque niega hasta hoy ser su portavoz, como le atribuyen–, Brown subió a la plataforma Proyecto PM una dirección URL que se convertiría en el argumento para desencadenar su persecución. La página investiga los nexos entre la comunidad de inteligencia de EE.UU. y las compañías privadas de seguridad que en ese país llegarían a ser unas dos mil. Proliferaron porque el Estado les delegó tareas de espionaje al por mayor. Están plagadas de ex agentes de la CIA y el FBI.
El enlace que utilizó el periodista contenía datos de tarjetas de crédito, como sus números y códigos de identificación, que pertenecían a clientes de Stratfor. Para el FBI fue el acabose. Lo detuvo mientras chateaba, requisó su casa y hasta presentó cargos contra su madre por ocultarles a los agentes federales dónde tenía su computadora. Una vez arrestado, no le informaron de qué se lo acusaba ni le ofrecieron tratamiento médico. Unos días después, el 3 de octubre de 2012, un jurado empezaría a hacer caer sobre Brown una pila de imputaciones: amenazas, conspiración y venganza contra un agente federal. Acusaciones que se ampliaron a doce más el 14 de diciembre de aquel año. Las últimas que recibió fueron por ocultamiento de pruebas en enero de 2013.
Su abogado, Ahmed Ghappour, declaró: “El problema es que haya empresas haciendo trabajo de inteligencia muy sensible para el gobierno. De ello se desprende que los enemigos de las empresas son también suyos y les interesa silenciar o enjuiciar periodistas que las investigan”.
El propio Brown ha concedido entrevistas desde la prisión, como una que le hizo su colega Patrick McGuire, de Baltimore. “He sabido durante mucho tiempo que acabaría en la cárcel. Hay varios documentales donde digo que sé que voy a ir a la cárcel en algún momento. No puedes hacer estas cosas y no caer en el radar del FBI sin represalias. No quiero hablar contigo sobre el caso o las personas involucradas en este tema, pero no estoy muy preocupado por eso”, le dijo.
A la pregunta de por qué no estaba intranquilo por lo que le había pasado, respondió: “Simplemente porque sé cuánto tiempo estuvieron allí vigilando nuestras cosas... Sé que los documentos y registros de mis actividades están disponibles. Están tratando de decir que yo difundí la información de las tarjetas de crédito a propósito, aunque yo me opuse a ello. No son conscientes de eso y, obviamente, sé lo que hay en esas pruebas... yo siempre me he opuesto a la difusión de las tarjetas de crédito”.
El de Brown es el caso más crítico de acoso a la prensa en Estados Unidos. Una página (http://freebarrettbrown.org/) pide donativos para costear su defensa. Lleva juntados 42.690 dólares, un 21 por ciento de lo que necesita: 200.000. La situación del periodista se ventila en medio de una sociedad alienada por las sospechas de infiltraciones de agentes enemigos o ciudadanos estadounidenses peligrosos para el sistema de seguridad nacional.
En noviembre de 2013, Roger Shuler, un bloguero y ex periodista del diario Birmingham PostHerald de Alabama, terminó detenido por difamación y desacato a un tribunal. Pesaba sobre él una orden de restricción (restraining order) que le prohibía publicar información sobre un abogado, Robert Riley Jr., hijo del ex gobernador republicano de aquel estado sureño. La imposición de limitaciones, una especie de censura previa, es inconstitucional por un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. Sin embargo, un juez se la aplicó.
El caso de Shuler o el de James Risen, de The New York Times –obligado a testificar en contra de una fuente que le brindó información clasificada– son dos ejemplos más de las tribulaciones que viven los reporteros que investigan temas de inteligencia sensibles al Departamento de Estado. “Este caso se ha convertido en una posible confrontación constitucional sobre la Primera Enmienda y el papel de la prensa en Estados Unidos debido al agresivo uso de los poderes del gobierno de Obama para controlar la información independiente sobre seguridad nacional”, aseguró Risen en una nota que le mandó a la editora del Times, Margaret Sullivan, y que publicó el diario en enero pasado.
gveiga12@gmail.com

Putin brindó un poco de oxígeno a Europa

 Por Eduardo Febbro

Desde París

Angela Merkel sacó las castañas del fuego. Cuando los mecanismos de presiones y amenazas se habían puesto en juego para obligar a Rusia a no intervenir militarmente en Ucrania, la canciller alemana logró que el presidente ruso aceptara “un diálogo político” mediante la creación de “un grupo de contacto” que podría actuar bajo el amparo de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Alemania manda en Europa. Los dirigentes europeos habían celebrado la victoria antes de tiempo. Cuando los manifestantes pro europeos de Ucrania derrocaron al autoritario Viktor Yanukovich, los dirigentes del Viejo Continente estaban convencidos de que le habían ganado un round capital al presidente ruso Vladimir Putin al sacar de su zona de influencia a este Estado del este de Europa, el segundo más importante por su superficie. El futuro se anunciaba promisorio: los “verdaderos” demócratas iban a gobernar Ucrania y Rusia no podía sino acatar la voluntad popular. Pero Putin convirtió una semiderrota en un foco de tensión que le devuelve el protagonismo. El jefe del Estado ruso obtuvo el sábado la autorización para llevar a cabo una intervención militar en Ucrania, concretamente en Crimea, un territorio de mayoría rusa que goza de un estatuto muy particular: Crimea es hoy una “república autónoma” que forma parte de Ucrania.
Esta crisis deja bien visible la histórica debilidad estratégica de todas las grandes potencias, empezando por la pretenciosa Unión Europea, que atizó el fuego en Ucrania y luego se mostró incapaz de aportar una idea útil más allá de su verborragia teatral. Ante la perspectiva de una escalada militar, las capitales de Occidente activaron el expediente “presión diplomática”. Antes de que Berlín entrara en el juego, París, Londres y Canadá cerraron filas detrás de Washington y se sumaron al boicot de las reuniones previas a la cumbre del G-8 que debe celebrarse en junio en la localidad rusa de Sochi, sede de los últimos Juegos Olímpicos de invierno. Mientras la Casa Blanca evalúa el impacto que tendría la adopción de sanciones económicas y la suspensión de los acuerdos comerciales con Moscú, los europeos recién van a reunirse hoy en Bruselas con la crisis de Ucrania como tema central de la agenda. Poco se ve lo que podrían hacer, y lo mismo vale para Washington. Rusia tiene entre sus manos una válvula clave: más del 70 por ciento del gas que se consume dentro de la Unión Europea proviene de las exportaciones rusas. A su vez, el 60 por ciento del gas que Moscú exporta hacia la UE pasa por Ucrania. La Alianza Atlántica, otro actor gigante pero con poco margen de maniobra, salió también en defensa de Kiev. Su secretario general, Anders Fogh Rasmussen, que definió a Ucrania como un “valioso aliado”, declaró que Rusia “viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Amenaza la paz y la seguridad en Europa. Rusia debe poner fin a sus actividades militares y a sus amenazas”. Sin embargo, a pesar de que existe una colaboración desde hace muchos años, Ucrania no forma parte de la OTAN, con lo cual Kiev no puede contar con el apoyo del artículo N 5 sobre la defensa colectiva. Este apartado prevé una asistencia, incluida la militar, en caso de que uno de los miembros de la OTAN sea atacado.
En un plano más amplio, las sanciones evocadas por Estados Unidos chocan con otra realidad: Rusia es hoy un socio irrenunciable para Washington en la resolución de varios focos de tensión mundiales, empezando por la guerra en Siria, siguiendo con las garantías en Afganistán de cara al retiro de las tropas internacionales que ocupan el país, o la solidez de las negociaciones con Irán a propósito del programa nuclear de Teherán.
La única dirigente europea que plasmó un esbozo de solución es la canciller alemana Angela Merkel. Según su portavoz, Steffen Seibert, la misión aceptada por Vladimir Putin tiene como meta facilitar “un diálogo político” en Ucrania. La misma fuente adelantó que Merkel le reprochó a Putin haber “violado el derecho internacional mediante la intervención rusa”. La responsable alemana se refiere al llamado “Memorando de Budapest” firmado en 1994, a través del cual Rusia se había comprometido a respetar la independencia y la soberanía de Ucrania en sus actuales fronteras. Aunque todos los actores de esta crisis están de alguna manera atados por sus mutuas dependencias, gas, negociaciones claves para la paz o la seguridad de las tropas extranjeras, este antagonismo abierto en Ucrania no deja de ser el conflicto más grave que estalló desde el fin de la Guerra Fría. Sorprende, en este contexto, constatar la desnutrición estratégica que atraviesa a los grandes bloques de Occidente. Por más que Occidente gesticule y amenace con sanciones, Rusia tiene casi todas las cartas en sus manos: un ejército poderoso, independencia estratégica, enormes recursos naturales y suficiente dinero en el sistema internacional como para desencadenar otra megacrisis financiera en caso de sanciones en este sector. Washington es un gigante con los pies atados y la Unión Europea un mero parlanchín que sólo saca pecho ante los más débiles. Y ni siquiera así porque, cuando los negocios le convienen, jamás duda en firmar acuerdos y pactos con los regímenes más horrendos del planeta