Fantasmas, limitaciones y consecuencias

Por Daniel Cecchini
dcecchini@miradasalsur.com

En estos días, por la acción de los sectores concentrados del poder económico y sus socios políticos y mediáticos –pero también por sus propios errores– el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner soporta la movida desestabilizadora más potente que se haya visto en la Argentina desde el golpe de mercado que obligó a Raúl Alfonsín a dejar anticipadamente la Casa Rosada.

A mediados de abril de 1987, centenares de miles de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles para dejar en claro que no querían más golpes de Estado en la Argentina. La mayoría de ellos se dirigió a Campo de Mayo, una de las cabeceras de la rebelión carapintada, y a Plaza de Mayo a dar un apoyo incondicional al gobierno constitucional que había sido elegido democráticamente poco más de tres años antes. La participación de estos ciudadanos –y la posición de la inmensa mayoría de la sociedad argentina– fue determinante para evitar que la asonada militar se transformara en otra cosa. La espontaneidad de la movilización ciudadana –que no se tradujo en ningún tipo de organización posterior– no pudo impedir, sin embargo, que meses después el gobierno de Raúl Alfonsín cediera a las pretensiones de los subversivos embetunados y promoviera la aprobación de las leyes de impunidad en el Congreso Nacional.

En diciembre de 2001, centenares de miles de ciudadanos salieron espontáneamente a la calles de Buenos Aires, del Conurbano y de muchas otras ciudades del país, precipitaron la caída del gobierno de Fernando De la Rúa y, con él, pusieron punto final a una década de desguace neoliberal en el país. Se trataba de marginados sin trabajo, de jóvenes sin futuro, de hambrientos, de ciudadanos de clase media desesperados por el secuestro de sus ahorros y de personas indignadas por una década de vaciamiento y de aniquilamiento de derechos. Sus intereses –muchos de ellos disímiles– confluyeron y la noche del 19 de diciembre en la Plaza de Mayo corearon juntos dos consignas de resistencia: “duro, duro duro/ el estado de sitio se lo meten en el culo” y “que se vayan todos”. Esa movilización derrotó la sangrienta represión de un gobierno agónico y recuperó la esperanza para millones de argentinos. Sin embargo, más allá de la persistencia de algunas asambleas populares, la pueblada no se tradujo en organización y, aquietadas las aguas, de los que tenían que irse se quedaron casi todos.

En estos días, por la acción de los sectores concentrados del poder económico y sus socios políticos y mediáticos –pero también por sus propios errores– el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner soporta la movida desestabilizadora más potente que se haya visto en la Argentina desde el golpe de mercado que obligó a Raúl Alfonsín a dejar anticipadamente la Casa Rosada. La situación no es la misma: las reservas del Banco Central –aunque menguadas– hacen imposible que una corrida monetaria se transforme en un golpe de mercado exitoso. El Gobierno Nacional, asimismo, tiene una fortaleza política con la que el radicalismo gobernante en 1989 ni siquiera pudo soñar.

Pero el efecto de la jugada desestabilizadora no puede ser soslayado. La estampida de precios tiene un doble efecto: puede dejar a millones de argentinos en una situación de vulnerabilidad y, también, agita los fantasmas que anidan en el imaginario de otros importantes sectores de la sociedad, fundamentalmente la clase media.

La semana pasada, quien esto escribe señaló que era necesario un tiempo para ver la eficacia de las medidas tomadas por el Gobierno, fundamentalmente en lo que hace al precio del dólar y al control de los precios. También escribió entonces que, sin embargo, cualquier medida que tomara el Gobierno no sería suficiente si detrás de ellas no había un pueblo organizado que las apoyara y, con su participación, las garantizara. Esto es precisamente lo que falta hoy – igual que en abril de 1987 y en diciembre de 2001– en la sociedad argentina: organización ciudadana para defender sus intereses básicos.

Hay múltiples razones para que esto sea así. Una de las fundamentales es la propia cultura política de la sociedad argentina, la mayoría de cuyos integrantes entiende que su participación debe ser reducida a un voto que delega responsabilidades. Otra de enorme peso, el modelo clientelista que –con matices– han aplicado todos los gobiernos argentinos desde el retorno de la democracia (por poner una fecha para un fenómeno preexistente) y que es la marca de fábrica de la manera de hacer política del peronismo y del radicalismo, incluyendo sus neologismos, ramificaciones y variantes. Una tercera, la existencia de organizaciones sindicales generadoras de castas de dirigentes más preocupados por sus intereses políticos, económicos y personales que por la defensa de los derechos de los trabajadores.

En todo país capitalista dependiente las presiones de los grupos económicos concentrados son constantes y las crisis que éstas provocan tienen un carácter cíclico. En la América latina de estos días están ocurriendo con mayor fuerza y frecuencia allí donde hay gobiernos que han intentado incluir a sectores de la población largamente postergados y morigerar los efectos de la desigualdad.

En el caso específico de la Argentina, la mayoría de la sociedad asiste –preocupada, asustada y/o indignada– a una combinación de suba de precios, bombardeo mediático y riesgo de desabastecimiento de productos. Frente a ello –por su histórica falta de organización ciudadana y de conciencia sobre la necesidad de participación– se encuentra prácticamente inerme. No hay, por ejemplo, ciudadanos que se organicen para controlar el acuerdo de precios (sea lo que esto realmente fuere), tampoco se ve a las organizaciones sindicales convocando a sus afiliados para que lo hagan. Menos aún se organizan boicots contra los productos de las empresas que especulan con los precios.

El Gobierno –mientras tanto y más allá de sus innegables logros de la última década– toma medidas coyunturales y se queja de la conducta “antipatriótica” y “especulativa” de empresarios y entidades financieras. Cómo si éstos hubieran tenido alguna vez la buena voluntad de actuar diferente. Quizás haya que incorporar a los manuales políticos aquella vieja tira de Quino donde Malfalda le preguntaba a un capitalista cuál era su nacionalidad. El capitalista, gordo y galerudo, sonreía y le contestaba: “No, nena, el capitalismo no tiene patria”.

No se trata de caer en simplificaciones, pero con una sociedad consciente de que su participación (real y no delegada) es decisiva para la defensa de sus derechos e intereses, hoy la pelea se daría en otros términos. También si desde el Gobierno se hubiera puesto seriamente límite al poder de los grupos económicos y financieros concentrados que ahora, nuevamente, lo acosan y, al mismo tiempo, atentan contra la calidad de vida de los argentinos.

Se podrá decir que no hay nada que hacerle, que son las limitaciones reales del populismo. También, claro, son reales las consecuencias que por ellas paga la sociedad.

02/02/14 Miradas al Sur
 

Mira la batea cómo se menea Por Miguel Russo

La semana fue preocupante. El dólar lacerado en un 15% por Juan José Aranguren daba claras muestras del –valga la redundancia– poder del poder económico. Y preocupantes, por lo tanto, debían ser las repercusiones. Allí estaba el ex titular de la Unión Industrial Argentina y actual diputado del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, preocupado, a su decir, por la situación económica y por la desconfianza que despierta el Gobierno: “El acuerdo de precios, por sí mismo, no sirve para nada. Sólo es útil si se toman medidas de fondo para luchar contra la inflación”. Allí estaba el vicepresidente de la porteña cámara de propietarios de carnicerías, tratando de desentrañar por qué, ese salto arangureano de 7,20 a 8,40 llevó al kilo vivo en Liniers, históricamente entre 0,90 y 1,20 dólares, a 16,20 pesos (es decir, alrededor de 2 dólares): “Están los que dicen que la carne aumentó por la lluvia. Hay otros que dicen que quizás la devaluación tenga influencia en el aumento. Lo que puedo asegurar es que el aumento no es por la demanda, de ninguna manera”. Allí estaba el presidente de la Federación de Entidades del Combustible de la provincia de Buenos Aires, Luis Malchiodi, muy preocupado por “lo desolador del panorama futuro”, ofendido con el Gobierno Nacional por lo que él sindica como la “culpa ante la indigencia energética” y lanzado a pensar en un valor de 20 pesos para la nafta Premium (en la actualidad entre 10 y 13 pesos en todo el país): “La pelea entre Aranguren y el Gobierno es puro humo, aunque seguro que habrá aumentos, ya que los precios actuales fueron fijados con un dólar a 6,80 pesos”.

Hasta desde el Nuevo MAS, su dirigente Héctor Heberling fijó posturas: “El Gobierno lanzó un brutal ajuste contra los trabajadores. La devaluación comenzó a transformarse en un verdadero tsunami de aumentos de precios, donde una vez más los empresarios están remarcando la mercadería a mansalva”. Acorde con las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, el titular de Coninagro, Carlos Garetto, aportó su sincericidio: “No creo que el dólar a 8 pesos sea un incentivo para liquidar retenciones, mucho menos con el proceso inflacionario en pesos que estamos viviendo. Hoy no sabemos el tipo de cambio, no sabemos en dónde se va a parar y por ahora no se va a liquidar”. Brutal, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de los pequeños productores sojeros ya vendieron sus cosechas a los grandes exportadores: Cargill, Noble Grain, ADM, Nidera y Bunge.

Puede creerse, llegado el caso, que todo esto es subjetivo. Demasiado, si cabe el adverbio. Que hay que dejar todo eso de lado y tomar en cuenta las condiciones objetivas de esta realidad. Pero ocurre que, ya lo decía Marx allá lejos y hace tiempo, la unión indispensable de ambas condiciones debe ser tenida en cuenta en los procesos revolucionarios. Fuera de estos procesos, da toda la sensación de que las condiciones objetivas son provocadas por los sujetos.

Dicho esto, y escuchado todo lo otro, la devaluación es un hecho. Es cierto que fue provocada por quienes, parapetados en una retórica hueca que dice tanto defender las instituciones como reclamar diálogo, vapulean toda gestión gubernamental que huela siquiera a inclusión social. Los provocadores, entonces, con nombre y apellido: los grandes grupos económicos concentrados y sus medios de comunicación afines. Pero se repite: la devaluación es un hecho. Y, como a todo hecho, lo antecede una decisión. Decisión del Gobierno, en este caso específico. Una decisión que proviene también, seguramente, del resultado de las elecciones de octubre 2013, pero que tomó un rumbo distinto a la asumida luego de las legislativas de 2009, cuando no se cedió a las presiones y se propusieron cambios que la sociedad defendió dos años después en los comicios presidenciales.

Esta vez, se supuso que una devaluación podría controlar la cotización del dólar ilegal y frenaría las especulaciones logrando que los grandes exportadores liquidaran las retenciones, aliviando el gasto de las reservas del Banco Central. Pero toda devaluación –sobre todo aquellas que conceden ante las presiones del gran capital– termina repercutiendo a corto plazo sobre las clases populares. Toda devaluación, en definitiva, genera inflación y pobreza a la vez que fomenta la concentración y el crecimiento en las ganancias del poder económico.

Una devaluación hace caso omiso a la certeza de que la presión especulativa sólo promueve el incremento de poder de los especuladores. Deja de lado otro camino –el de la movilización popular, el de la búsqueda de respaldo a la nacionalización del comercio exterior y el del control sobre la circulación y captación de divisas– para seguir el de la oquedad retórica que “pide un país con alegría, con paz, con futuro”. Oquedad que se oye y se lee y se repite en el discurso de los dueños del poder económico, de los especuladores y de los formadores de precios mayoristas, pero que también se percibe en el cinismo de los remarcadores minoristas y sus humeantes maquinitas de cambiar etiquetas que prefieren ceder al descaro antes que denunciar la maniobra. Oquedad que se amplifica en un prototipo de argentino que se mueve dentro de unos parámetros que lo hacen repetir sin muestras de cansancio que el conflicto esencial del país no es político, sino moral. Entonces, vive ensimismado en sus ilusiones y sus temores. Cultiva la apariencia como una flor exótica. Se obsesiona por el consumo (plasmas, autos, casas para que el vecino se ponga verde de envidia y se obsesione a su vez). Ironiza sobre todo tema bajo la advocación de “yo conozco la posta”. Acepta los liderazgos que se le imponen y después abjura para abrazar desesperado a la próxima imposición. Resiste todo tipo de cambio que le sacuda un cachito sus seguridades. Rehúye toda discusión histórica. Desconfía de cualquier “otredad” amparándose en su “nosotridad”. Teme como al infierno perder las comodidades que consiguió a fuerza de la incomodidad ajena. Compra sin hesitar los valores que los grandes medios de comunicación le proponen como inevitables. Adhiere a los intereses hegemónicos. Se percibe miembro de un selecto grupo de iluminados que conoce todas las trampas del sistema aunque caiga en todas y cada una de ellas. Y no para de emular hasta el plagio más frenético las costumbres (“dólares, dólares, dólares, queremos ser libres y comprar dólares”) de los poderosos que lo utilizan como fuerza de choque de sus enormes negociados.

Es así como ese arquetipo de argentino (que atraviesa lamentablemente toda la sociedad y todos los signos político partidarios) no duda en remarcar, vender o comprar, en un lapso de cinco días cornalitos a 45 pesos el kilo cuando estaban a 34, o cloro granulado a 69 pesos cuando estaba a 57, o cerveza Quilmes bajo cero a 13 pesos cuando debería estar a 9, sin importar qué relación tienen los cornalitos, el cloro o la cerveza con el 15% del dólar lacerado por Aranguren. Ese prototipo de argentino no escucha (o escucha con su oído cínico y guiñador de estar de vuelta de todo) el reciente discurso de Hebe de Bonafini: “Algunos le llaman especulación, yo lo llamo una gran mafia, una mafia que tiene que ver con los periodistas mafiosos, que tiene que ver con los empresarios mafiosos, con los sojeros mafiosos, con los dueños de los grandes supermercados mafiosos, que no quieren que el pueblo esté bien. Ellos necesitan pueblos dominados, analfabetos, sin trabajo”. Remarca, vende y compra, ese prototipo de argentino, sin preguntarse nada, creyendo a pie juntillas que movilizarse es para los demás, que nunca debe tomar una decisión y que la culpa y la responsabilidad nunca lo rozan (siempre es del gobierno, de la economía, del otro, para decirlo todo), bajo el latiguillo preferido, impuesto, repetido hasta el paroxismo de “este país se va a la mierda”.

02/02/14 Miradas al Sur

Época de confrontaciones

El Gobierno intenta ponerle límites a la pulseada económica con nuevas reglas para la compra de dólares y se prepara para las paritarias en el contexto más complejo desde 2008. Cristina apuesta a la inversión social con el Plan Progresar y recoge buenas señales y la amistad de Fidel en Cuba.

Por Eduardo Blaustein

Después de largo tiempo de re­sistirse e impugnar los efectos que tendría una devaluación –entre otros impactos negati­vos, el inflacionario– el Gobierno por primera vez desde 2003 perdió una pulsea­da económica importante en relación con el tipo cambiario.

Esa “derrota” tiene alguna semejanza con el desenlace del conflicto con el campo en 2008, que tiempo después el oficialismo remontó de manera admirable.

Este otro escenario es distinto. Si el “enemigo” entonces eran las patronales ru­rales, ahora las broncas vuelven a dirigirse contra los acopiadores de granos que especulan con el precio (el Gobierno debió prever que eso iba a suceder como pasó en años anteriores) y también, como dijo la Presidenta desde Cuba, contra otros especuladores y bancos.

A diferencia del año 2008 el Gobierno no cuenta hoy con el apoyo de muchos sindicatos, que a la vez tampoco es que muevan demasiado el amperímetro en cuanto a opinión pública.

Pero si el efecto de la devaluación se trasladara a precios –cosa que el kirchnerismo hoy dice que apenas debería suceder–, a la hora de las paritarias y después de los endebles acuerdos con las policías, las negociaciones colectivas se pondrán más complicadas de lo que ya pintaban.

Lo que sí es común con el 2008 es que el kirchnerismo, en comparación con ad­ministraciones anteriores, no parece dispuesto al menos desde el discurso a que le manejen la orientación de las políticas económicas ni deja de señalar, aunque confusamente, a los actores económicos o los problemas que lo obligaron a devaluar.

La contraposición, dejando de lado las catástrofes que siempre disfrutan en anunciar los medios conservadores, es la oposición. Su acting consiste en poner ceño fruncido y gesto sufrido, lamentar o torpedear, escondiendo la cabeza y a la vez acusando de todas las responsabilidades al Gobierno. Esto incluye también a consultores y ex funcionarios de varios gobiernos que en el pasado contribuyeron a empobrecer al país y la sociedad, multiplicando por ejemplo la deuda externa que paga este Gobierno (que tanto tiene que ver con la salida de miles de millones de dólares).

Esos opositores, que por supuesto tienen derecho a la crítica, hablan de economía como si no existieran intereses, conflictos, actores económicos que empiojan el escenario. Se muestran padecientes como si dijeran cándidamente “Ay, yo de política no entiendo”. El problema para el oficialismo y para el país es que sectores extensos de la sociedad actúan de un modo similar: cuando perciben el tembladeral, se asustan, echan pestes contra la política que pudo haberlos beneficiado en años anteriores.

Primer round

Los primeros días posteriores a los anuncios devaluatorios y de flexibilización de los mecanismos para la adquisición de dólares al Gobierno no le fue mal: el oficial quedó en ocho pesos y monedas, no se disparó el llamado dólar blue, aunque el Central debió destinar 188 millones para evitarlo. Tal como sucedió desde hace tres años, los anuncios relacionados con la compra de dólares para atesoramiento tuvieron idas y venidas.

Lanzado el anuncio, alguna consulto­ra señaló que el mecanismo es restrictivo. Hay que recordar también de dónde venimos: hasta hace no demasiado tiempo en Argentina cualquier hijo de vecino con buenas espaldas podía comprar dos millones de dólares libremente. Eso no sucede en los llamados “países serios”.

Tras la devaluación, estamos apenas en el primer párrafo de un primer capítulo de una historia que será larga y con desenlace incierto. Algunos empresarios que se pusie­ron contentos con las novedades salieron a decir con prudente optimismo que es muy posible que la economía se estabilice. Seguramente, pero ya los precios dieron un salto notorio entre diciembre y enero.

Una pregunta central es hasta dónde podrán cumplirse los acuerdos de precios, al menos los que se hicieron con paráme­tros de hace pocas semanas. La otra pregunta: hasta dónde se actualizarán los salarios.
Entre Cuba y Progresar

Que el gobierno kirchnerista in­tenta no ceder el rumbo de sus po­líticas centrales, al menos en térmi­nos de evitar ajustes salvajes o de hacer pagar los platos rotos a los sectores más vulnerables, quedó claro con el anuncio presidencial del lanzamiento del Plan Progresar. Más “gasto público” o “inversión social” (según la lupa con que se lo mire) cuando otros gobiernos estarían cerrando canillas a lo pavo. El programa es más que interesante, y se suma, complementa o afina otras políticas sociales como la Asignación por Hijo. Como está destinado a los nichos sociales de pobreza más dura y oscura, con algo de “impenetrables” para el Estado, aquí la sintonía fina deberá ser fundamental. No será fácil llegar a los pibes más excluidos entre los excluidos.

Oque se decidan a estudiar en contextos vivenciales en los que el “estudio” es un imaginario dudoso y remoto. Los primeros resultados fueron promisorios: más de 60 mil inscriptos.

Cristina hizo el anuncio en un regre­so que disparó muchas expectativas, como para mostrar que gobierna, reservándose protagonismo para exhibir cartas fuertes. Las noticias económicas opacaron el anuncio y luego la Presidenta viajó a Cuba para la segunda cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe), en la que participan 33 países.

Que Cristina almuerce a solas con Fidel Castro, que ande a los abrazos con Dilma Roussef, su par del Brasil o el Pepe Muji­ca, que twitee desde La Habana, es segura­mente también una señal política, la ratificación de su lugar en el mundo.

Esto no niega que el kirchnerismo esté afrontando una de las etapas más delicadas desde su inicio de ciclo. Y esto ocurre, sin paradoja, con un país bastante más jus­to socialmente que el que existía en 2003 y que a la vez teme perder parte de lo que se consiguió a lo largo de diez años.

Vacaciones y remezones, las dos cosas suceden al mismo tiempo.

DZ/rg
Fuente Redacción Z

Diario Z

Con mucho cuidado

La primera semana “después”. Las secuelas de la devaluación ya ocurridas. Lo que procura el Gobierno: precios, tasas de interés, dólar, inversión social. El corto plazo impera. Las profecías interesadas en los quinchos VIP: análisis que son deseos. Golpes de mercado, disquisiciones. Desafíos para el Gobierno, propuestas de reformas. Y algo más.

Por Mario Wainfeld

Terminó el enero de un verano que se las trae. Pasó la primera semana post devaluación oficial y autorización para compra de divisas por personas físicas. El panorama no cambió mucho, no sucedió nada inesperado, ni definitivo. Se sostuvo la cotización del dólar oficial a costa de una merma de divisas ni nimia ni terminal. El negro-blue casi no opera, aunque macaneadores profesionales o cambistas que se valen del anonimato proclaman su alza constante. Los precios no encuentran ancla ni techo, el activismo oficial es constante. Todo lo concerniente a paritarias está stand by (ver también nota aparte). El Gobierno interviene en varios frentes, sabe que las variables (que toda persona medianamente informada conoce) se interconectan, pero su principal obsesión de coyuntura son los precios de la canasta familiar.

El primer impacto de cualquier devaluación, el ineludible, ya se ha producido. Los beneficiarios iniciales son los que escribe el manual: los exportadores, los que tienen activos en divisas. El salario real, medido en dólares, bajó. Las importaciones son más costosas, lo que impacta principalmente en la industria y sólo secundariamente en el acceso de bienes suntuarios. Hay perdedores y ganadores de libro en cada devaluación.

El Gobierno quiso evitarla, dosificarla durante meses... en buena medida le torcieron el brazo algunos grupos de interés y la lógica de la situación. El discurso oficial habla de una pugna y la hay, lo sensato según la lectura de este cronista es asumir que se perdió un round.

El afán oficial ahora es mitigar o matizar los efectos de la devaluación. El primer objetivo, que diferencia a este gobierno de otros, es sostener los altos niveles de empleo.

El segundo es bien peliagudo, mantener el valor adquisitivo (medido en pesos) de los sueldos que bajaron en dólares.

El tercero es mejorar las prestaciones sociales para los sectores de menores ingresos, el programa Progresar es un ejemplo claro, una eventual actualización del monto de la Asignación Universal por Hijo redondearía el círculo.

El corto plazo acaso sea el tiempo de verano: es determinante. El Estado precisa acumular dólares para recobrar la iniciativa con fuerza. La actividad industrial es la principal garante del empleo y, por ende, de la dinamización del mercado interno. Pero son las exportaciones primarias las fuentes de divisas, he ahí una debilidad del “modelo”, un problema recurrente de la economía nacional.

En marzo o abril se cosechará la soja. Más allá de manejos del “Movimiento Libertador Silobolsa” habrá liquidaciones, con un dólar rotundamente más alto. La balanza comercial debería mejorar (más expo, menos impo) y con ella la recaudación impositiva: también lo dice la bolilla uno.

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Día por día: En el febril día a día, el equipo económico busca otros modos de engrosar las arcas. El Banco Central emite letras que toman las entidades financieras privadas y las induce (convence o algo más) a subir las tasas de interés. Los objetivos son varios. El más ambicioso es que el ahorro en pesos a plazo fijo compita, en la realidad y en el imaginario de los actores, con la tenencia de divisas. En la Argentina, todos lo sabemos, eso no depende sólo de datos materiales.

Se sube también la tasa por girar en descubierto, a fin de limitar a las empresas para financiarse de ese modo. En algún punto del futuro, podría convenirle más sacar los dólares del “colchón” que acudir al banco.

Los precios cuidados son la otra pata. El esquema del control es más prolijo que los anteriores intentados en la era de Guillermo Moreno. La gente de a pie, según la mirada impresionista de este escriba, conoce los productos y los precios máximos. La información en los medios y en los negocios es abundante y accesible. Lo demás está en magma. Las reposiciones macaquean, en parte por maniobras de sectores concentrados, en parte como mecanismo de autodefensa de bolicheros. Algunos discursos oficiales no distinguen las abismales diferencias entre esos jugadores. Es un error, sobre todo porque los concentrados pueden vender al costo o con margen mínimo, lo que es muy peligroso para los chicos o “los chinos”. Puesto con simpleza de profano: el cálculo razonable de precios incluye el costo de reposición, o sea el valor futuro del bien. Eso se hace casi sin pensar, de volea, en momentos de estabilidad o aun de inflación alta pero previsible (como fueron los últimos años, digamos hasta fines de 2013). Cuando prima la incerteza, la tarea es entre hercúlea e imposible. Ese es el trance actual, en gran medida. En semanas deberá haber más precisiones. El Gobierno lo sabe, allende algunas intervenciones periodísticas voluntaristas, y juega en todos los tableros. Disputa contra la avaricia de los sectores dominantes, contra el afán destituyente de algunos y busca modificar aspectos sensibles de la realidad.

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Sportivo game over: El cronista no es invitado a las tertulias del Círculo rojo aunque sí tiene acceso a algunos de sus “portadores sanos” o a terceros que dialogan con ellos. Todos chimentan que en el sector VIP de la economía y en los medios concentrados se da por hecho que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no terminará su mandato. Sus escenarios prevén cambios institucionales en este mismo año. De eso sí se habla en los quinchos, así arman sus “mesas de arena”.

El ensayista y agitador bloguero Jorge Asís escribe que el oficialismo está game over y, por una vez, no produce una boutade ni se muestra más audaz que protagonistas de fuste. El diagnóstico de los poderes fácticos es su expresión de deseos. Saber quiénes y cuántos operan activamente para conseguirlo trasciende los fines de esta columna, la de hoy.

Hay una línea gris, muy estrecha, entre las operaciones del capitalismo salvaje y la desestabilización política. La gráfica expresión “golpe de mercado”, bien mirada, puede designar una acción política concertada o una movida económica que por sí misma sea destituyente.

Grandes productores agropecuarios amarrocan soja para forzar al Gobierno a reducir o quitar las retenciones. Si quisieran parafrasear al venerable Juan Carlos Pugliese, podrían argumentar que piensan con el bolsillo y no con el corazón. Pero, en verdad, tienen su corazoncito: dan toda la impresión de estar dispuestos al riesgo de perder plata para quebrarle la muñeca al Gobierno. Es, al fin y al cabo, un ejemplo extremo de la irresoluble tensión entre el capitalismo sin frenos y el sistema democrático. Cada cual privilegia su objetivo y tiene en mira su “contradicción principal”.

Un dirigente silobolsista fue diáfano: dijo que retener exportaciones es sinónimo de libertad. Es su ideología, una entre tantas, minoritaria siempre. Dan ganas de decirle que sea más franco, deje de enarbolar la bandera celeste y blanca y hablar del interés colectivo que le importa un rabanito. Que se ponga el parche en el ojo, exhiba la pata de palo y discuta a cielo abierto, sin maquillajes.

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Futuro, presente, pasado, estructura: En el recomendable Panorama Económico publicado ayer en Página/12, Raúl Dellatorre discurre sobre la posibilidad de intervenciones estatales enérgicas en el comercio exterior. La hipótesis transita despachos oficiales y estudios de especialistas.

Aldo Ferrer propone incentivar la inversión, no estrictamente la extranjera sino la de los capitales argentinos fugados. El patriarca de los economistas estimables siempre es lúcido, bien intencionado y sugestivo. No parece simple el cómo y el cuándo se refiere al mediano plazo, al que se llegará si (valga la insistencia) el Gobierno recobra control y centralidad en el corto.

Las iniciativas aluden a carencias de la estructura productiva. La concentración económica en varios rubros centrales es una de ellas, que se hace llaga en el comercio exterior de granos. La imperfecta sustitución de importaciones es problema endémico argentino. El esquema actual no da la talla para los objetivos del “modelo”, más allá de los esfuerzos realizados. Hoy día el crecimiento del PBI redunda más en una suba de las importaciones que de las exportaciones. Eso no se debe a la perfidia de los industriales volcados al mercado interno, que ha prosperado mucho con enormes incentivos oficiales. Ese sector atravesará una etapa dificultosa y apoya al Gobierno, revelando que el frente empresario no se resume en el bloque dominante. De cualquier manera, las módicas aptitudes de la “burguesía nacional” son otro nudo gordiano que no acaba de desatarse.

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En pugna: Hay una puja de intereses, de proyectos económicos que en su borde incluyen la propia estabilidad del sistema democrático. Para ciudadanos o grupos politizados es forzoso tomar partido, sin renunciar a la amplia gama de opciones que tiene una sociedad plural y diversa por antonomasia.

Para el Gobierno y para quienes lo apoyan (o apoyamos) es imprescindible discernir que el amor por la camiseta no es todo, que el buen juego también es necesario. Ha habido errores de gestión que agravaron el escenario, que deben ser internalizados. El modo en que implementó la restricción a la venta de divisas fue uno, hostigando a sectores medios a los que ahora se trata (con mejor praxis) de contener y halagar. La tentativa de pesificar el mercado inmobiliario metropolitano y el blanqueo de capitales pecaron de voluntarismo extremo y flojo conocimiento de la cultura local. Suponer que inversores taimados que fugaron divisas trajeran materialmente dólares era una quimera del blanqueo. Elegir herramientas por razones de real politik conlleva un doble riesgo. El primero está dado, es la contradicción con los principios propios. El segundo es quedar muy descolocado si fracasan: nada las justifica ni convalida.

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Golpe por golpe: Los objetivos inmediatos son contener el valor del dólar y de los precios. Y convencer de que se ha llegado a cifras de, siempre relativa, estabilidad. Con esos prerrequisitos se podrán mover las convenciones colectivas de trabajo, imprescindibles para encauzar la puja distributiva.

El Gobierno topa con uno de sus momentos más arduos. Tiene las convicciones bien puestas, corazón para la pelea y espaldas en materia económica. De cualquier forma, la pugna es dura e incluye a quienes son “hinchas” de la crisis. El extraño trotskismo de la derecha epocal: cuanto peor (para las mayorías y el gobierno democrático), mejor.

Los desafíos, queda dicho, no terminan en los enemigos de la democracia. Hay dificultades tangibles, coyunturales y estructurales, que un gobierno debe resolver, para seguir con alta legitimación.

Al fin de la nota, para aliviarla y paliar trabas expresivas, el cronista recurre a la metáfora deportiva. El kirchnerismo a menudo evoca al boxeador Maravilla Martínez, muy afecto al cambio de golpes. Muy proclive a terminar ganando con el cuerpo y el rostro machucados. Es su estilo que le ha dado resultados, lo que no garantiza que sea invencible. Los próximos rounds son cruciales, queda dicho.

mwainfeld@pagina12.com.ar

Un vistazo durante la espera
Por Mario Wainfeld

El cónclave convocado por Luis Barrionuevo fue desairado por los referentes políticos opositores. El líder gastronómico los apostrofó y tildó de “cagones”. La diputada Graciela Camaño, que revista en el massismo, lo refutó casi en público. Tal vez la disputa sea algo más que una disidencia conyugal, ambos son políticos de nivel. Los arrebatos y la incontinencia verbal de “Luisito” lucen excesivos para el momento, que muchos protagonistas (con mejores perspectivas políticas) registran como delicado.

Conviene no exagerar ni ilusionarse de más. Pero, al cierre de esta nota, el mismísimo Hugo Moyano se maneja con bastante prudencia, comparado consigo mismo. No cuida mucho su imagen, se junta con el jefe de Gobierno Mauricio Macri y hasta lo ensalza. Riñe hasta con su hijo, el diputado Facundo Moyano, criticándole que se autonomiza para anudar acuerdos con Sergio Massa. Y la convocatoria del líder de la CGT opositora se va pareciendo mucho a la de los orígenes del MTA: una confederación de sindicatos de transporte.

Todo esto dicho, las acciones de Moyano son cautas, para sus parámetros usuales. No ha “ganado la calle” ni convocado a paros. Da la impresión, siempre transitoria y supeditada a mudanzas futuras, de que no quiere prender fuego, generar un “moyanazo”.

Su reclamo de una suma fija de aumento a cuenta de las convenciones colectivas es lógico, desde su lugar.

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Ocurre que es imposible poner en movimiento las convenciones colectivas hasta tanto se acomoden las coordenadas principales de la economía real, empezando por los precios (ver nota central). En ese aspecto, también el Gobierno corre (o, mejor dicho espera) contrarreloj.

Las novedades gremiales de la semana han sido pocas y no proyectables a futuro. La UTA realizó su clásica jugada de amagar con paros de micros de media y larga distancia, para lograr algunas mejoras. Es un juego de roles consabido, lo que no equivale a decir que es seguro que se llegue a un desenlace de acuerdo. Es lo habitual, que esta vez se repitió.

La Bancaria y los aceiteros acordaron una suma fija para los meses próximos, esperando a Godot. Es habitual que suceda porque sus convenciones vencen a fines de año, fecha poco propicia para cerrar acuerdos a largo plazo.

Gremialistas y funcionarios conversan sin ir más allá. El titular de la CGT oficialista Antonio Caló y Ricardo Pignanelli del Smata pidieron que se preservara el salario aunque privilegiando la defensa de los niveles de empleo. Otra señal de época.

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La paritaria docente ya es tópico de estas notas. El ciclo lectivo empieza a fin de febrero o principios de marzo según las provincias. Los gobernadores miran las tratativas nacionales y claman desde la tribuna para que no haya incrementos que, según ellos, les costará bancar. Se comentó acá mismo, semanas ha, que el Gobierno exploraba la posibilidad de un acuerdo semestral pero eso era antes de que “todo cambiara”. Ahora está sin referencias y más bien en plan de pausa. Una reunión de los cinco sindicatos nacionales de docentes con los ministros Carlos Tomada y Alberto Sileoni solo sirvió para tramitar diferencias. Los gremialistas propusieron un pacto trimestral, algo difícil de digerir para Nación y provincias. Pero la mayor distancia finca en las cifras. Mucho margen cuando queda poco tiempo.

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Para el kirchnerismo las convenciones colectivas son un bastión. Mantenerlas en la contingencia es un desafío grande. Si las variables económicas no se acomodan pronto, acaso un aumento de suma fija por decreto podría servir para paliar el impacto inflacionario en el bolsillo de los trabajadores. Y, en términos volitivos, de puente de plata hasta que haya condiciones para dinamizar la negociación colectiva.

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En el contexto actual, opina el cronista sin originalidad y no por primera vez, sería funcional generar mecanismos u organismos tripartitos. Los intentos previos de “Consejo para el acuerdo social” naufragaron como daño colateral del conflicto con “el campo”. Y cuesta pensar cómo podrían hacerse con la fragmentación del movimiento obrero. El frente empresario, se comenta en estas páginas, no es uniforme, hay diferencias de intereses, según los sectores. Los obstáculos son muchos, la necesidad también.

02/02/14 Página|12

Una pulseada intensa Por Hugo Presman

Resulta una situación llamativa la que vive el país en éste tórrido verano: actividad económica normal, desocupación baja, amplia cobertura social, consumo en un nivel alto, precios internacionales favorables para los productos exportables, reservas importantes, la más baja deuda externa con relación al PBI en términos históricos, balanza comercial favorable.

A pesar de todo ello, el país está sometido a una corrida cambiaria muy fuerte, facilitada por errores realizados por el gobierno desde hace más de dos años, mucho de los cuales, en términos tenísticos, fueron errores no forzados.

Aldo Ferrer, un economista favorable al gobierno del cual ha sido funcionario, lo sintetizó con precisión: “Hay pescadores de río revuelto, pero para que aparezcan esos pescadores, previamente el río debe estar revuelto” La contienda de dos proyectos enfrentados que no logran imponerse definitivamente desde sus orígenes en el siglo XIX, vuelven realidad, pero invertido, aquel viejo axioma chino: “Cada oportunidad es una crisis”

El río revuelto está compuesto por un proceso inflacionario que fue erosionando el tipo de cambio disminuyendo el superávit de la balanza comercial, un déficit presupuestario relativamente pequeño pero creciente que llevó a incrementar la emisión monetaria, una fuga de capitales desestabilizadora que ha atravesado todo el gobierno de Cristina Fernández por 62.000 millones de dólares, lo que llevó a la necesidad de adoptar un control de cambios que disminuyó la sangría, pero bloqueó casi totalmente el ingreso de capitales. En materia financiera, el contexto internacional fruto del default del 2001 y la muy eficaz renegociación de la deuda con quita significativa durante el gobierno de Néstor Kirchner, dejó afuera a los que no acordaron( conocidos como fondos buitres); a ello se agregaron las deudas heredadas con el Club de París y las originadas en el CIADI. Todo esto ha llevado a bloquear el acceso al crédito a la Argentina y la decisión de escarmentar a quien decidió romper las reglas de juego aceptadas en el imperio de la bancocracia. Otro dato no menor del escenario internacional, es que una importante parte del mundo atraviesa la peor crisis conocida desde la del año 1929. Según “The Wall Street Journal”(fuente insospechada en cuanto representante de los intereses financieros mundiales ) comentarios como el que tituló : “Los bancos centrales no logran contener la ola de ventas en los países emergentes.”

El proyecto económico kirchnerista ha intentado realizar un modelo de desarrollo capitalista sin contar con el actor económico de quién debió protagonizarla como es la burguesía nacional cuya insignificancia y cobardía es uno de los motivos del carácter subdesarrollado del país. El kirchnerismo mejoró sensiblemente el modelo de los noventa con mucho más Estado y mejoró también la distribución de los ingresos; incluyó a millones de los que habían quedado al costado, recuperó algunos resortes económicos tales como el Banco Central y las AFJP; recuperó soberanía con el pago al FMI y al oponerse activamente a la subordinación continental desactivando el ALCA. Pero al mismo tiempo se aumento la concentración y extranjerización; se potenció la sojización; se descuidó la planificación de la satisfacción de las nuevas demandas que sobrevienen a los éxitos; se omitió a niveles injustificables el control a las prestadores privatizados desde la energía, los ferrocarriles, el transporte colectivo hasta Repsol.

Ruptura y continuidad con la década del noventa es lo que atraviesa al kirchnerismo. Potenciar las continuidades desde un medio que las apoyó cuando Carlos Menem las protagonizaba y reducir a mero relato las disrupciones, es lo que hace con un alto grado de ignorancia o de aviesa intención el columnista dominical de “La Nación” Jorge Fernández Díaz cuando escribió el 19 de enero: “ Es que son conscientes de que, en el imaginario colectivo, cada vez hay una mayor asimilación entre menemismo y kirchnerismo: antes parecía una ruptura; hoy se interpreta como una desastrosa continuidad”. El autor de “La logia de Cádiz” es capaz de confundir aserrín con pan rallado.

Se está inmerso en una pulseada intensa y decisoria, en la que después de muchos años la economía fija la agenda de la política.

LA RESTRICCIÓN EXTERNA

La Argentina tiene, desde el modelo de sustitución de importaciones, una economía de dos velocidades. El sector agropecuario genera las divisas que necesita la industria para proveerse de los insumos y de la mayor parte de los bienes de capital. En la década del setenta, se sostenía que para producir 10 dólares de productos industriales se necesitaba un dólar de insumo importado. Cuando se entraba en un ciclo de de expansión y la industria demandaba mayor cantidad de insumos que no podían ser provistos por el carácter rentístico de la producción agropecuaria se producía, lo que en lenguaje de la época se conocía como estrangulamiento de la balanza de pagos, y lo que hoy se denomina restricción externa. Se efectuaban entonces los típicos ajustes propulsados por el Fondo Monetario, con el entusiasmo del establishment agropecuario, con lo que se lograba bajar significativamente la producción industrial y la demanda de insumos importados mediante una baja del consumo por la caída del salario real y el aumento de la desocupación.

Cuarenta años después, con el arrasamiento industrial perpetrado durante la dictadura establishment militar y el menemismo, el componente importado de la producción industrial es considerablemente más alto. En la industria automotriz alcanza entre un 65 y 70%. Esto ha sido compensado relativamente por las nuevas tecnologías aplicadas en la actividad agrícola, que al tiempo que se concentró, aumentó en forma considerable los rendimientos.

Los principales drenajes actuales de divisas son la industria automotriz, que en el 2013, de acuerdo a la consultora Abeceb.com, “el rubro automotriz cerrará el año con un rojo comercial de U$S 8.000 millones, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para crear una red de proveedores locales. El sector automotriz fue, junto con el agro, uno de los motores principales del despegue económico que experimentó la Argentina desde el 2003. Pero la principal estrella de la industria argentina no es precisamente un rubro estratégico si de generar dólares se trata -a diferencia del sector primario- sino más bien todo lo contrario. La balanza comercial del rubro automotriz generará en el 2013 un déficit de U$S 8.000 millones. El rojo está explicado principalmente por el agujero de U$S 9.000 millones que surge del intercambio de autopartes.”. El año 2012 había cerrado con un déficit de alrededor de 7.000 millones de dólares.

A su vez el intercambio comercial total con Brasil en el último año “registró en 2013 un déficit comercial de u$s 3.153 millones, más del doble del registrado un año antes, lo que se explica por un incremento de las importaciones de vehículos automóviles y una contracción de los envíos de trigo y sus derivados, tras la escasez del cereal que sufrió Argentina en el año que acaba de terminar”, informó la consultora Abeceb.com. La participación del sector automotriz en el comercio exterior argentino es del 12,9 por ciento del total exportador; cifras que asciende al 37,8 por ciento cuando se analiza su participación respecto de las manufacturas de origen industrial (MOI).”

El segundo rubro es la importación de energía que cerró con aproximadamente 12.800 millones de dólares de egresos.

El tercero es el turismo que de superavitario pasó, dado la brecha cambiaria que lleva a que los turistas no vendan sus dólares en los bancos, a deficitario en una cifra cercana a los 5000 millones de dólares. Según datos del Indec, luego de registrar superávits desde 2002 hasta 2010, en 2011 el déficit del turismo totalizó US$ 1140 millones, mientras que en 2012 se cuadruplicó hasta alcanzar los US$ 4667 millones. El hecho de financiar el gasto de las tarjetas de créditos de los argentinos que viajan al exterior con reservas del Banco Central, ha sido un drenaje prolongado e injusto, siendo los beneficiarios mayoritariamente denostadores exacerbados del gobierno.

El cuarto rubro que incide sobre la salida de divisas es todo el grupo de electrodomésticos armados en Tierra del Fuego, con un porcentaje cercano al 100% de insumos importados que redondearon el último año los 3500 millones de dólares.

Obviamente que es plausible la fabricación de automotores y electrodomésticos por la cantidad de empleos y porque importarlo totalmente resultaría mucho más oneroso. Pero para que el proceso de sustitución de importaciones no implique caer en las habituales restricciones externas, los empresarios dedicados a estos rubros, empresas nacionales y multinacionales, deberían ser obligados a un proceso de integración creciente de producción nacional. El tipo de cambio favorable para los industriales, debe ser retribuido por estos con un mejoramiento significativo de sus capacidades competitivas.

Estos son déficits que el gobierno, seducido por el consumo creciente y explosivo, no visualizó y ahora se encuentra con lo negativo de los aspectos positivos alentados. En el caso de los automóviles, implica también planificar las obras de infraestructura para circular y de estacionamiento.

UNA PULSEADA INTENSA

A diferencia de otras corridas cambiarias que el gobierno ha padecido, donde con enviar al mercado entre 1000 y 2000 millones de dólares la misma era desactivada, en la actual, el gobierno debió claudicar antes las corporaciones que bajo el eufemismo de mercado, lo obligaron a llevar el dólar a una paridad con el peso que el gobierno estima competitivo y con el cual espera calmar las ansiedades devaluatorias. Sorpresivamente, abrió la ventanilla de compra de dólares para atesoramiento de personas físicas, siempre que los mismos acrediten ingresos y situación regular ante la AFIP, que es la que otorga la autorización. Los primeros días han demostrado que la batalla pro devaluación no ha cesado como lo exterioriza la cantidad de dólares de las reservas que es necesario sacrificar para mantener anclado el dólar al cambio de alrededor de $8. En los primeros cuatro días de las nuevas reglas de juego ha continuado el drenaje y se mantiene estable la brecha con el dólar marginal.

La intencionalidad política quedó reflejada con claridad en las declaraciones del presidente de Coninagro Carlos Garetto, al diario Ámbito Financiero del 29 de enero: “El dólar a $ 8 no es un incentivo para liquidar las cosechas”

Es evidente, que por el momento, los 10.000.000 de tn de granos, retenidos en los silos-bolsa, que implican entre 4000 y 6000 millones de dólares se mantendrán fuera del Dios mercado.

La apuesta del gobierno es fuerte porque juega buena parte de su suerte en esta puja donde debe afrontar varios frentes simultáneos. Que la devaluación significativa no se traslade mayormente a los precios acentuando la inflación que sufrió un notable impulso en el último mes de año pasado, que volvería inoperante en poco tiempo la movida cambiaria. Para ello los precios cuidados como los subsidios, que abarcan el área metropolitana, es fundamental, como está prometido, que se extiendan a todo el territorio nacional y se proceda con extrema dureza, aplicando la ley de abastecimiento, a todos los que incumplen. Hacer una épica del control de precios es imprescindible, fundamental, para lo cual se requiere hacer uso intensivo de la televisión, de las radios y de la movilización política. Por otro lado, se lucha contra un antecedente histórico desfavorable en materia de devaluaciones y traslado a los precios que sólo reconoce un antecedente positivo que fue en el 2001, donde la crisis más profunda que se recuerde llevó a que la transferencia integral de la devaluación a precios, se realizó en un tiempo prolongado porque la recesión actuaba de enorme freno.

Así como la tecnología les permite a los grandes productores con enormes espaldas y acceso al crédito barato a través del invento de los silo-bolsa, retener producción y presionar a la devaluación, la informática debe auxiliar al gobierno para destinar los subsidios de los servicios públicos hacia quienes realmente lo necesiten. Aquellos que compren dólares, deberían perder automáticamente los subsidios, porque evidentemente no lo necesitan.

La necesidad de que el país obtenga la totalidad de los dólares que genera, tropieza con la dificultad de los delitos que se perpetran con la concentración de los exportadores y las maniobras de triangulación que cometen sistemáticamente. Con precisión, el periodista Eduardo Anguita escribió al respecto en Tiempo Argentino del 28 de enero: “Siete grandes empresas concentran el 72% de la exportación de aceites: Cargill, Molinos, Dreyfus, Bunge, Vicentin, Oleaginosa San Lorenzo y Terminal ( datos del Ministerio de Economía 2011). Estas empresas están integradas verticalmente, tienen intereses cruzados entre sí y lograron liderar varias de productores rurales. Tienen una serie de puertos- desde los noventa- en el Paraná desde Zárate hasta San Lorenzo. El Estado no tiene todavía ni una empresa pública con un puerto propio que pueda de algún modo salir de la lógica de estas multinacionales y tratar de fijar aunque sea de poco, otro rumbo.”

El no haber descentralizado el Mercado Central por barrios de las grandes ciudades y por provincias, deja el 75% del mercado minorista en unas pocas cadenas de supermercados extranjeros.

Si los especuladores desestabilizadores consiguen su objetivo, lo dijo con precisión Aldo Ferrer, todo conduce al retorno de las más crudas políticas neoliberales.

Es posible que detrás del gigantesco combate en que está en juego la distribución del ingreso, el poder económico concentrado intente un final penoso y desordenado de Cristina Fernández que aleje por mucho tiempo la posibilidad de gobiernos populares. Los columnistas de los diarios dominantes lo expresan descarnada e impúdicamente.

No suscribo en general teorías conspirativas, pero quién por ingenuidad o complicidad en este contexto, afirme que todos quieren que el gobierno termine normalmente, prescinde o ignora la confrontación de intereses.
No está en juego sólo el gobierno, sino una serie de posiciones y conquistas que se han obtenido.
Es importante que los funcionarios eviten las contradicciones y contramarchas. Es difícil, pero el escenario está minado y cada error se paga con creces.

También que no actúen como comentaristas de la realidad. Cuando Axel Kicilof , en un reportaje en Página 12 del 26-01-2013 declaró: “Frente a las medidas de protección se gestaron nuevos mecanismos de especulación financiera. Lo hicieron al costado de las medidas precautorias y recurrieron a canales ilegales y legales muy creativos. Armaron una enorme bicicleta financiera al costado de la economía legal y formal. Crearon lo que denominamos un “Banco Central paralelo”. A través de operaciones financieras sofisticadas con títulos públicos, el sector financiero, junto con los sectores económicos más concentrados, consiguió sacar y entrar dólares de la Argentina por un total de 30 mil millones de dólares desde que se implementaron las medidas hasta ahora. Los peces gordos que eludieron las restricciones hicieron sus negocios a través del contado con liquidación, una maniobra legal. Esa operación consiste en comprar con pesos títulos denominados en dólares para luego venderlos en el exterior y la operación inversa convirtiendo dólares en pesos, pero a una cotización por encima de la oficial. Lo más triste de ese negocio es que volvieron muy rentable conseguir dólares al tipo de cambio oficial y venderlos en mercados ilegales. Muchos de los que operaban en el mercado oficial empezaron a volcarse hacia estos mercados paralelos. Generaron así el peor de los mundos, una bicicleta que benefició mucho al sector financiero, pero que comenzó a distraer recursos de la economía real. El mercado ilegal que se armó es mucho más pequeño y utilizado con fines políticos. Como la diferencia entre el dólar oficial y el ilegal, llamada brecha, les sirve para hacer su negocio especulativo, la brecha fue tomada por los medios como sucedía en la época de De la Rúa con el Riesgo País. Buscan desestabilizar el Gobierno y decir que el dólar está a 13 pesos.” Las operaciones de contado con liqui son legales y consentidas por el gobierno. Si hay aristas especulativas, el gobierno tiene que actuar y no meramente comentarla con la sorpresa de un ingenuo.

Los funcionarios no deben hacer su contribución al rio revuelto que incitan los pescadores que pescan en esas aguas.

El incremento de las tasas de interés, más que retener los pesos, posiblemente tenderá a enfriar la economía.

Las centrales sindicales deberían entender que es el momento de defenderse apoyando y no concretando encuentros contra natura. Cuando Hugo Moyano critica la presencia de Cristina Fernández en la Celac y su ausencia en el Foro de Davos, no habla como dirigente sindical sino como empresario. Mucho más cuando hasta juguetea sobre una fórmula conjunta con Mauricio Macri. Cuando el oprimido adopta el lenguaje del opresor, el círculo de la servidumbre se ha completado.

La presencia visible de Cristina al frente de un gobierno erosionado, resulta imprescindible.

Debe convocar a la ciudadanía explicando los temas que preocupan y que se deben afrontar, y la forma de hacerlo. Así es el trabajo presidencial, que supera largamente el protagonizar los momentos felices.
Es una pulseada intensa. Decisiva. Hay mucho más que un gobierno en juego. La política debe recuperar el centro de la escena, para despejar los nubarrones económicos y apropiarse nuevamente del centro del escenario. El ajuste indeseado y rechazado está en desarrollo, que facilita el terreno desestabilizador. Avanzar retrocediendo es protegerse contra las cuerdas. Es posible que sea imprescindible dar pasos más importantes que los hasta ahora concretados. Aunque superen los propios límites que tiene el gobierno.

31-01-2014

Fuente: www.presmanhugo.blogspot.com.ar
 

El teorema de los precios

El secretario de Comercio Augusto Costa, encargado de poner freno a la sobrerreacción.
Imagen: Bernardino Avila

A pesar de lo difundido estos días, la devaluación tiene un impacto diferenciado para cada rama de la economía. Frente a las subas indiscriminadas, Economía calculó la incidencia real y negocia con el sector privado para impedir los abusos. La situación en los bienes de consumo masivo, autos, electrónicos y medicamentos.

Por Javier Lewkowicz

La aceleración en la devaluación generó un impacto inmediato sobre los precios. Ese impacto fue en algunos casos revertido o suspendido luego de acuerdos, amenazas o sanciones del Gobierno, aunque en un vasto grupo de productos la puja sigue abierta. La Secretaría de Comercio que dirige Augusto Costa encabezará las negociaciones con el sector privado para aprobar subas que sostengan el empleo por el lado de las empresas, pero que lesionen lo menos posible el bolsillo de los consumidores. Según el material de análisis que se maneja en la secretaría, el alza del dólar, en función del peso de los componentes importados, debería impactar de manera muy diferencial en los sectores. Si los precios siguieran esa lógica, el resultado sería una ronda de aumentos con avances del 2 al 4 por ciento en alimentos, entre el 4 y 5 por ciento en medicamentos, 8 por ciento en autos y un promedio del 14 por ciento en insumos difundidos. Eso no implica que se trate de aumentos “justos”. El Gobierno advierte que muchas empresas ya descontaban el actual tipo de cambio: para definir sus precios tienen en cuenta un mix entre el dólar oficial y el paralelo. Además, las firmas, en especial las de consumo masivo, venían de aplicar fuertes aumentos en diciembre.

Después del traslado a precios, varias empresas retrotrajeron valores en las cadenas de supermercados y en las listas para proveer a la industria. Sin embargo, el Gobierno tendrá que estar atento porque la situación en muchos casos no mejoró para el consumidor en otros canales de comercialización con menor poder de negociación frente a proveedores y menos controlados por los inspectores de Comercio.

En los últimos días se verificó en buena medida el fenómeno de la profecía autocumplida: el incremento del tipo de cambio, extensamente difundido con profecías catastróficas, alimenta la expectativa de que la inflación crecerá en la misma medida. Entonces empresas de variados tamaños y sectores no pierden el tiempo y remarcan sus precios. El objetivo es protegerse frente al mayor costo de reposición de los stocks. Deberían hacerlo en la medida en la que se encarecen sus propios costos, pero la suba en realidad es mayor previendo que todo aumente. Y eso es lo que termina pasando, precisamente, a raíz del “aumento por las dudas”.

“Se convalidaron en el mercado precios completamente desmedidos en rubros como electrónica, electrodomésticos, insumos básicos para la industria (acero, aluminio y plásticos) e incluso en el Mercado de Hacienda de Liniers”, indican en Comercio. Sostienen que la suba de precios derivada del alza del tipo de cambio puede ser más moderada en función de los acuerdos alcanzados con empresas y un control riguroso sobre los puntos de venta más importantes, como supermercados y retails. El Gobierno también lanzará esta semana el acuerdo de precios para el sector de la construcción.

Consumo masivo

En los productos de consumo masivo, como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería, la incidencia del componente importado es del 10 al 20 por ciento. Eso definiría un aumento “razonable” después de la devaluación del 2 al 4 por ciento, pero varias empresas líderes subieron un promedio del 10 al 20 por ciento. En muchos casos, el insumo importado se reduce al costo de una parte de los envases o a la amortización de algunos bienes de capital necesarios para la producción. Sin embargo, las empresas reaccionaron con fuertes subas de precios, suspensión o restricción de ventas. Esas situaciones no se dieron en forma pareja en todo el mercado. El Gobierno ordenó a los supermercados no aceptar las nuevas listas, pero el panorama es más complicado en los comercios chicos y medianos, donde los precios no fueron retrotraídos por las empresas o no vuelven atrás en el mostrador por decisión del comerciante. Allí el control oficial es mucho menor.

En esos establecimientos, que representan una porción sustantiva del consumo popular, productos de empresas como Arcor, CBSE, Energizer, Fecovita, GlaxoSmithKline, Granix, Kimberly-Clark, Osram, Philips, Peñaflor, Pernod-Ricard muestran aumentos que en general no bajan del 10 por ciento y que en algunos casos superan el 20 por ciento. Algodonera Aconcagua, Alicorp, Molinos, Colgate, Establecimiento Las Marías y Unilever, por ejemplo, suspendieron o restringieron ventas. “Las empresas que tienen posición dominante suben más los precios. Todavía no se negociaron paritarias, no deberían moverse de esta forma los precios”, indicó a este diario Miguel Angel Calvete, de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas.

El Gobierno lanzó días atrás una dura advertencia a las empresas proveedoras y a los supermercados. “Cualquier otra decisión unilateral de aumentar los precios en virtud de la devaluación y no avisar a la Secretaría de Comercio directamente lo vamos a considerar como un corte en el diálogo”, les dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, a un amplio grupo de compañías de primer nivel. Luego Comercio comenzó a aplicar sanciones por incumplimiento del acuerdo de precios, que en este contexto crece todavía más en importancia. El programa deberá enfrentar tensiones de la cadena. Su continuidad y extensión hacia el interior del país, indican en la Secretaría, son el reflejo de la estabilidad, en bienes masivos, de precios en los supermercados que participan. Por otro lado, en la carne, elemento central de la canasta básica, las últimas subas promedian el 15 por ciento. El viernes, el secretario de Comercio, Augusto Costa, advirtió que podría tomar medidas para intervenir el sector.

Insumos difundidos

Como utilizan listas de precios en dólares, siderúrgicas y petroquímicas subieron un 20 por ciento los precios en un puñado de días. Son sectores donde el contenido importado es alto, pero no todos los costos están en dólares: salarios, impuestos y tarifas de servicios públicos se pagan en pesos. Según la información de Comercio, el peso de los insumos importados en la siderurgia es del 60 al 65 por ciento, mientras que en las petroquímicas, del 75 al 80 por ciento. Eso definiría incrementos de precios del 12/13 por ciento y 15/16 por ciento, respectivamente.

Por el momento, el Gobierno cerró acuerdos con Siderar, Acindar y Aluar, para regular el acero, y con Basf, Dow Chemical y Petrobras, en el caso de los plásticos, para retrotraer precios al 21 de enero. Esas firmas proveen insumos para la metalurgia, el sector automotor y autopartista, electrodomésticos, construcción, envases, artículos de uso doméstico y alimentos, entre otros. Los precios de estos insumos subirán en el corto plazo, pero no en este contexto de inestabilidad.

Las pequeñas y medianas empresas metalúrgicas, que adquieren insumos a las grandes firmas siderúrgicas y del plástico, interpretan la medida como una forma de evitar su desfinanciamiento. Es que las pymes venden en plazos y pagan al contado. Por eso la rápida suba de los insumos amenazó con afectar la cadena de pagos. “Las empresas fabricantes de insumos volvieron los precios a los niveles correspondientes a un tipo de cambio de 6,88. La disminución fue automática y los clientes ya recibieron las nuevas listas de precios”, indicaron a este diario desde el Ministerio de Economía.

Línea blanca y electrónicos

La suba del tipo de cambio provocó la suspensión de ventas y el alza inmediata del 20 por ciento en los precios finales. Son dos sectores con alto contenido importado, a raíz de las partes y piezas que no se producen en el país. El Gobierno les exigió que retrotraigan precios de modo que el aumento desde principios de año no supere el 7,5 por ciento en electrónica y el 5 por ciento en línea blanca, atendiendo al alto contenido importado de esos bienes. Según el análisis de insumo importado, en la electrónica ese porcentaje va del 45 al 60 por ciento del costo total, lo que equivaldría a un aumento de precio, si se tiene en cuenta la devaluación del 20 por ciento, del 9 al 12 por ciento. En Economía marcan que los precios fueron efectivamente retrotraídos por parte de las empresas.

Autos

“Los gravámenes del 35 por ciento a los autos de más de 170 mil pesos y del 50 por ciento a los que superaran los 250 mil abarcaban a un 20 por ciento del mercado. Sin embargo, ahora se armó un cóctel medio letal, porque el cambio del valor del dólar oficial genera modificaciones del 15 al 20 por ciento en los precios de lista, debido a que las terminales tienen insumos importados”, indicó días atrás en declaraciones radiales Alberto Príncipe, presidente de la Cámara de Comercio Automotor.

Más allá del impacto en precios del reciente impuesto automotor, el incremento del 15 al 20 por ciento en los valores de las concesionarias por el efecto de la devaluación es, según los estudios del Gobierno, muy exagerado. El peso del insumo importado en los costos totales del sector es del 40 por ciento, de modo que la suba del dólar debería equivaler a un alza en los precios de los automóviles del 8 por ciento.

Medicamentos

Fuentes del sector en los últimos días dejaron trascender que los aumentos en los medicamentos van del 15 hasta el 40 por ciento, cuando la canasta de “servicios médicos”, elaborada por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), ya arrojaba para el año pasado un incremento de 31,5 por ciento. En función de los datos de Comercio, la variación normal del precio debería ser entre un 4 y un 5 por ciento, porque el peso del componente importado en esa cadena es del 20 al 25 por ciento.

02/02/14 Página|12
 

Hay un liderazgo político que garantiza la gobernabilidad”

El funcionario afirmó que el arco opositor está nucleado en los grandes medios y en los sectores económicos concentrados. El impacto de la devaluación, el acuerdo de precios y el debate por la defensa del salario en paritarias.

Por Mariano Beristain y Martín Piqué

Jorge Capitanich recibe a Tiempo Argentino en la sala de conferencias de la Jefatura de Gabinete. Lo rodea un videowall de pantallas LED que transmite un canal de actualidad incesante. En un mueble contiguo se suceden las fotografías familiares –sus dos hijas–, imágenes del chaqueño con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, más un portarretratos que lo muestra con el Papa Francisco. Junto a la postal con Jorge Bergoglio descansa un ejemplar del documento de Aparecida, el libro que reúne las conclusiones de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano, en la que tuvo una influencia determinante el hoy Pontífice. Transcurridos los primeros 50 minutos de la entrevista, el jefe de Gabinete hace un pequeño giro con la cabeza: desde la ventana abierta del primer piso de la Casa Rosada llega el ruido de un helicóptero. Es la presidenta. La entrevista parece próxima a terminar. En los últimos segundos del reportaje, adelanta que el gobierno espera que en el segundo trimestre de este año la economía refleje un repunte superior al de la primera etapa de 2014. También se toma un tiempo para reflexionar sobre la reacción de los actores económicos y gremiales respecto de los últimos pasos que siguió el modelo que lleva más de una década vigente. "El gobierno está solo en esta pelea. No observo ningún actor político de la oposición que defienda nuestra posición con respecto a la defensa del bolsillo de los consumidores. Tampoco observo de parte de los trabajadores organizados apoyo hacia el gobierno para cuidar los precios", advierte.

–El jueves pasado sorprendió un tuit del empresario de medios Daniel Hadad en el que hablaba del "círculo rojo", una expresión que utilizó Mauricio Macri cuando dijo que sectores de poder (político y económico) se reunían para acordar decisiones. Hadad dijo que hay sectores que quieren adelantar las elecciones.
–No hago análisis respecto a elucubraciones teóricas de otros. Pensar en una estrategia de adelantamiento de las elecciones es poco menos que un exabrupto. El país transita un desarrollo desde el punto de vista político, económico y social que en la última década ha mostrado resultados objetivamente incuestionables. Este proyecto político ha superado la tensión histórica entre gobernabilidad y calidad institucional. Se ha generado un liderazgo que permite que sea el poder político el que define las condiciones de gobernabilidad. Este es un gobierno que ha propiciado una reforma de la Corte Suprema de Justicia en 2003 y la reducción del número de sus miembros en tanto y en cuanto cumplan la edad que prescribe la Constitución; que ha propiciado la Ley 26.522 para garantizar la pluralidad de voces; que ha propiciado las Primarias Abiertas y Simultáneas. En estos diez años se han ampliado los derechos políticos, civiles y sociales en un contexto de liderazgo político, con una presidenta que ganó por casi el 55% de los votos. Se ha propiciado la superación de la tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento. Eso ha generado expansión del empleo, de la industria, de las exportaciones y un mejoramiento de la distribución del ingreso. Se han tomado decisiones estratégicas: la industrialización en origen, el crecimiento del valor agregado, la industrialización de la ruralidad y, desde el punto de vista social, tener el salario mínimo, vital y móvil más alto de América Latina, el haber jubilatorio más alto de América Latina, tener la cobertura previsional más alta de América Latina.

–¿Cuáles son los desafíos que tiene el país por delante?
–El nivel de reservas en la Argentina hoy es más que suficiente. El promedio de la década fue de U$S 36 mil millones, durante la Convertibilidad fue de U$S 22 mil millones. Tenemos la memoria impregnada, desde la convertibilidad monetaria, para establecer una relación teórica entre reservas y base monetaria. Argentina tiene 6,6% de desempleo, 6 millones de nuevos puestos de trabajo. En definitiva, el crecimiento del PBI, de la producción, del empleo, es lo que efectivamente hay que sostener a través del tiempo. Argentina tiene tres cuestiones que resolver en los próximos tres años, que están en proceso de solución. Recuperar el autoabastecimiento energético. Eso equivale a un ahorro de U$S 8000 millones. Además, promover una industrialización acelerada sobre la base de la sustitución de importaciones a los efectos de garantizar sustentabilidad en la balanza de divisas. Es necesaria una reconversión de la industria automotriz. Eso significaría un ahorro adicional de U$S 8000 millones. Hay que seguir expandiendo las exportaciones, aumentarlas y diversificarlas.

–¿Quiénes son los grandes opositores del gobierno?
–El arco opositor en la Argentina está integrado por grupos mediáticos concentrados y económicos concentrados. No es una oposición de carácter política. No tiene sustentabilidad desde el punto de vista de la construcción de alternancia.

–¿Y qué poder real tiene el gobierno hoy para evitar una crisis?
–Este gobierno tiene el aval de casi el 55% de los votos el 23 de octubre de 2011 y una ratificación el 27 de octubre de 2013, en la que obtuvo el 34% de los votos y mantuvo la primera minoría. Ha aumentado el número de diputados, tiene mayoría en Diputados y en Senadores, además de 17 gobernadores propios y aliados. Cuenta con la mayoría de los intendentes, los Concejos Deliberantes y las Legislaturas provinciales. El gobierno tiene un poder político muy consolidado.

–¿Pero no es peligroso para el gobierno que no se observe una alternancia política que mantenga el modelo económico?
–El gobierno tiene la fortaleza de la legitimidad en el origen de sus votos, la legalidad en la construcción del poder institucional y a su vez la capacidad de decisión y de liderazgo político. Tenemos una presidenta que ejerce el liderazgo político con firmeza, dedicación y contracción.

–Al gobierno le quedan dos años de mandato, ¿ustedes se han planteado cómo es la continuidad?
–Tenemos un sistema político consolidado, con liderazgo excluyente. Tenemos un sistema económico cuyas decisiones se han tomado con un hilo conductor, tendiendo a cumplir metas de política económica. En ese contexto se produce la decisión en materia de política cambiaria, de administrar el tipo de cambio con flotación administrada para establecer un tipo de cambio de convergencia razonable en virtud de los objetivos de política económica. Eso implica la estabilidad y previsibilidad para avanzar, conjuntamente con la política monetaria y fiscal, en seguir trabajando en los objetivos de política económica. Todo eso, sumado, consiste en una clara definición política. Y tiene que ver con la adopción de determinados instrumentos. ¿Por qué el gobierno tiene una oposición sistemática, dura y concentrada? Porque la presidenta tuvo el coraje de estatizar los fondos de las AFJP: eso implicó que grupos financieros no utilizaran esos fondos como parte de su estrategia de financiamiento para aumentar situaciones de concentración. Cuando tomó la decisión de nacionalizar YPF, fue también una decisión estratégica para lograr autoabastecimiento energético en un contexto en el que la República Argentina tiene la segunda reserva de shale-gas en el planeta, con Vaca Muerta y otros descubrimientos que se harán. Cada decisión política tiene implicancias económicas. Entonces, los grupos que se oponen tenazmente al gobierno son aquellos que fueron afectados por decisiones estratégicas con un sentido nacional, popular y profundamente patriótico.

–La oposición sostiene que las medidas económicas no tienen resultados porque el gobierno perdió credibilidad.
–Lo que pretenden la oposición y los medios de la oposición es que uno diga lo que ellos quieren que diga. Quieren que la presidenta haga lo que ellos quieren. Pero para eso hay un problema. Antes, tienen que ganar elecciones. El ataque sistemático de los medios concentrados busca afectar los parámetros de credibilidad y confianza. Esto funciona así en el mundo. Los únicos que no se dan cuenta de esto son los dirigentes de la oposición, porque creen que a ellos no les va a tocar, por su marcada incapacidad para construir alternativas. Saben que nunca les va a tocar (gobernar) si siguen así. Los grupos mediáticos concentrados, articulados con grupos del poder económico nacional e internacional, promueven procesos sistemáticos de agresión. Y lo hacen desde diferentes usinas. Desde el rumor hasta la acción psicológica en la población. La perspectiva de debilitamiento implica la posibilidad de influir en las decisiones. Por eso se producen los golpes de mercado, los ataques especulativos, con el objeto de establecer procesos de depreciación de activos financieros y reales. Eso les permite adquirir esos bienes a un precio determinado, promoviendo una mayor concentración, y así tener una mayor sofisticación en los mecanismos de influencia. El resultado del proceso es que los gobiernos se convierten en empleados de los grupos económicos. En estos diez años ha habido una gran diferencia. Tanto Néstor como Cristina no han sido empleados de las corporaciones, han tenido decisión autónoma. Y en virtud de ello han afectado múltiples intereses. La reducción de entre U$S 75 mil millones y U$S 81 mil millones de la deuda permitió mayor inclusión, mejor distribución del ingreso e industrialización. Esto debería ser reconocido por el pueblo.

–Frente a este nuevo escenario, ¿cuáles son las perspectivas a corto plazo de la política económica?
–Tomamos la decisión de implementar una política de flotación administrada para establecer una prevención sistémica frente a ataques especulativos, con el objeto de que el esquema siguiente sea lograr competitividad de las economías regionales, aumentar el volumen de exportaciones. La otra prioridad es que la variación de la política cambiaria no afecte a los trabajadores y a los consumidores, y que todo funcione con sustentabilidad monetaria, fiscal y cambiaria. Coordinar todas estas acciones es una tarea de ingeniería de carácter institucional. ¿Qué veo en el mientras tanto? Primero: el gobierno está solo en esta pelea. No observo ningún actor político de la oposición que defienda nuestra posición con respecto al cuidado del bolsillo de los consumidores y de los trabajadores. Segundo: no percibo de parte de los trabajadores organizados apoyo hacia el gobierno para cuidar los precios y evitar el pass-through (NdR: coeficiente que se utiliza en economía para cuantificar el traslado de una devaluación a precios) que pretenden, unilateralmente, instrumentar los empresarios con los precios. No observo que los empresarios nacionales, que han acumulado riqueza en los últimos años, y los mismos trabajadores, que han sido beneficiados sustancialmente por este modelo, defiendan, como deben, ciertas medidas.

–¿Y a qué lo atribuye?
–A un problema básico de conciencia y del rol de cada uno de los actores. No puede ocurrir que un dirigente agropecuario diga que si vende hoy un producto a $ 2700 y antes lo hacía a $ 1800 está peor. Se sabe que miente cuando dice eso. Alguien del sector agropecuario tampoco puede decir que con el actual tipo de cambio no logró mayor competitividad y apertura de nuevos mercados. Lo mismo en la industria automotriz. O de los bienes transables y exportables. Lo que estamos viendo es que aquellos que pueden beneficiarse por las políticas económicas de estímulo a las exportaciones, la producción y el empleo no tienen la fortaleza –ya no la valentía– de defender el interés propio. Ni siquiera ellos. En este contexto, los únicos que defendemos a los consumidores y a los trabajadores somos nosotros.

–¿Pero alcanza con el gobierno para sobrellevar esta situación?
–Va a alcanzar. Con este gobierno alcanza. Porque hay una presidenta que tiene coraje y energía, y un equipo de gobierno que está dispuesto a acompañar sus decisiones.
–Antonio Caló planteó que los sindicatos de la CGT van a monitorear el cumplimiento del acuerdo de Precios Cuidados. Lo mismo dijo Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

–Ayer (por el jueves) hemos suscripto un convenio con una red de intendentes, y con usuarios y consumidores, y también con los gobiernos provinciales, a través de áreas específicas, para un sistema de monitoreo, supervisión y fiscalización del programa de Precios Cuidados. Existe una política muy clara, que es la Ley de Abastecimiento como la norma de Defensa del Consumidor o Defensa de la Competencia (conocida como ley antimonopolio). Argentina tiene un sistema que es aplicado por la Secretaría de Comercio y están las clausuras, las sanciones.

–Algunas sanciones se anuncian, pero finalmente no se aplican.
–Estamos trabajando con la posibilidad de multas, clausuras y de abrir las importaciones para ciertos sectores. También hay un cuarto punto en el que estudiamos la posibilidad de retirar los subsidios a la energía y créditos a tasas diferenciales que reciben algunas empresas por parte del Estado. Vamos a controlar con tecnología un segmento de precios en tiempo real. Cada empresa será agente de información de la AFIP para que los controladores fiscales verifiquen cada percepción e identifiquen los envíos de precios contados de la empresa. Esa va a ser una de las armas más específicas contra la especulación. El proceso de conformación de los precios en Argentina tiene un problema de carácter estructural asociado a la concentración económica, con precios monopólicos y oligopólicos.

–Hasta ahora, Defensa de la Competencia prácticamente no ha intervenido.
–Tenemos un análisis con el Ministerio de Economía que también hemos hablado con la presidenta de la Nación. Queremos que el Tribunal de Defensa de la Competencia institucionalmente funcione con la apertura de procedimientos donde hay concentración económica y distorsión de precios, pues el problema central es que cuando existe posición dominante también hay artilugios y elusión de cualquier supervisión. En muchos casos existe un precio estipulado por una empresa y hay una empresa paralela que comercializa a un precio mayor. Segundo caso: existe un precio pero el costo del flete es alto, por lo tanto el precio final es el mismo que tiene una empresa con posición dominante. O aquel que manipula créditos comerciales con la apertura de cuentas corrientes o la dolarización de un determinado bien. Sabemos cuáles son las múltiples maniobras existentes para generar un proceso de remarcación que se apropia del excedente de la cadena de valor.

–Hugo Moyano dijo que se necesita un adelanto a cuenta de $ 3000. ¿El Estado va a convalidarlo?
–Si hay algo que ha funcionado en Argentina son las paritarias, y tienen un plazo de cumplimiento.

–El gobierno dijo que no iba a devaluar y devaluó. Le dio al Banco Central potestades que antes no se arrogaba. ¿Qué cambió?
–En un sistema internacional no se puede mantener una actitud rígida. La India devaluó el 35 por ciento. Frente a esta complejidad es necesario mantener los instrumentos adecuados para resolver problemas dinámicos. Lo importante es no modificar el pilar de la política económica, que es preservar el empleo. Los instrumentos varían de acuerdo con las necesidades.

–Pero una devaluación del 30% va a impactar sobre el poder de compra de la población...
–También se van generando algunas correcciones desde el punto de vista económico que pueden tener una incidencia positiva en el salario.

–¿Cree que la devaluación no va a impactar en el empleo y en el nivel de compra del salario?
–Vamos a hacer el máximo esfuerzo para que no ocurra. No necesariamente tiene que impactar en el salario, en tanto y en cuanto están las paritarias. Y, además, la estrategia del acuerdo y monitoreo de precios por parte del Estado tiene que dar sus frutos.

–Hay problemas con el empleo en Tierra del Fuego y con los autopartistas. ¿Lo considera una consecuencia de las últimas medidas?
–El régimen de Tierra del Fuego vence en 2014. Hemos determinado que tiene que haber una participación sustancial de los componentes nacionales. El 80% de los celulares son adquiridos de Tierra del Fuego. Hemos planteado un sistema donde el dinero de las importaciones esté asociado a créditos comerciales donde las divisas provengan de los que producen estos bienes para que no haya un impacto sobre la balanza de divisas. Además, en materia de liquidación por parte de los exportadores establecimos un nivel donde el tipo de cambio adquirió un nivel de convergencia razonable para la política económica. Esta es una definición de carácter conceptual y los exportadores (de granos) tienen que liquidar.

–¿Qué pasa con las cerealeras que no liquidan?, ¿hay un objetivo político detrás?
–En Argentina la tasa de inversión es inferior a la tasa de ahorro. Uno de los mecanismos de ahorro de los argentinos es el atesoramiento en un bien comercial o en moneda extranjera. Es un problema de asociación de instrumentos, donde tienen que ir interactuando en el mercado de capitales a los efectos de lograr una mayor simetría entre la inversión y el ahorro. Cuando disminuye la liquidación de soja es porque tienen los ingresos suficientes para vivir bien y cubrir sus necesidades.

–¿Están analizando algún tipo de medidas para que liquiden los exportadores de cereales, como una Junta Nacional de Granos mixta?
–Tenemos un sistema de metas que se cumple de modo programado. Primero, la decisión de la política cambiaria determina la política de precios con el objetivo de no perjudicar a trabajadores y consumidores. Estamos trabajando en forma simultánea con la liquidación de divisas para dar estabilidad y previsibilidad a las reglas cambiarias que impliquen también un flujo de divisas. No hemos pensado en otras alternativas. «

En marzo irá al congreso

Los jefes parlamentarios de la oposición pidieron que Jorge Capitanich, Axel Kicillof y Augusto Costa se presenten en el Congreso para exponer y responder preguntas sobre las medidas económicas implementadas en las últimas semanas. Poco tiempo después de su designación, Capitanich se presentó en el Parlamento y participó de una reunión de Labor Parlamentaria del Senado, cuerpo del que formó parte antes de ser electo gobernador. Consultado por este diario sobre si tiene en carpeta una visita al Congreso, el jefe de Gabinete desliza que su presentación se podría concretar en el mes de marzo: "Tendrán la oportunidad de preguntarme en el mes de marzo, cuando vaya. Con muchísimo gusto vamos a responder." Sin embargo, el funcionario destaca que está trabajando, junto con otros miembros del Ejecutivo, en la definición de las iniciativas que podrían formar parte de las sesiones extraordinarias. "Las estamos evaluando para seleccionar y, en virtud de eso, plantear las que consideremos necesarias. La presentación de esas iniciativas puede implicar, efectivamente, la posibilidad de ir o no ir al Congreso. Yo ya he trabajado con el Congreso, con ambas cámaras", señala.

"Fútbol para todos" sigue

En una de sus conferencias de prensa matinales, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich adelantó que el miércoles 5 de febrero anunciará los detalles del nuevo convenio de asociación con el sector privado para la producción y comercialización del ciclo deportivo Fútbol para Todos.

"En el Fútbol para Todos ninguna de las condiciones principales se alterarán. Absolutamente. Ingresa el sector privado. Y antes, ¿quiénes estaban?", asegura Capitanich cuando se le pregunta por los cambios que se vienen en la transmisión televisiva del campeonato de fútbol profesional de la AFA.

A partir de 2010, con la creación de FPT y la proyección gratuita en vivo, se revolucionó el mundo de la televisión (perdió buena parte de su interés el negocio del codificado de los canales de cable). "Va a cambiar la imagen, la producción visual. Puede haber cambios en determinados tipos de relatores y periodistas. ¿Pero qué exigencias pueden plantear? Los relatores, son relatores; los periodistas, periodistas", dice el chaqueño.

Reunión con cerealeras

El anuncio de la reunión despertó mucha expectativa. Por lo que se discutirá, por lo que está en juego. Jorge Capitanich recibirá mañana en la Rosada a representantes de las comercializadoras y exportadoras de productos agrícolas. Entre esos productos, por supuesto, está la soja. La intención del jefe de Gabinete es obtener precisiones de productores y exportadores sobre cuándo comenzarán a liquidar los dólares de la cosecha 2013 que aún está guardada en silo-bolsas. Hasta ahora, los dirigentes de la Mesa de Enlace no parecen mostrar ninguna disposición a realizar esas operaciones. Incluso reconocen su apuesta política por debilitar al gobierno. "Es un gobierno que está en retirada, que se está yendo, y lo único intacto que tiene es la posibilidad de hacer el mal", aseguró el viernes Pedro Apaolaza, vicepresidente de CRA.

02/02/14 Tiempo Argentino