Massot, La Nueva Provincia y la dictadura

Durante la misma semana en que el juez Martínez firmó la resolución que denegaba el pedido de detención del director de La Nueva Provincia (Bahía Blanca) Vicente Massot y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli, se confirmó la fuga del represor Carlos Arroyo. Por Diego Kenis Los máximos referentes del gobierno municipal bahiense actual no se expresaron oficialmente, a pesar del intento de un sector censurado, sobre el pedido de detención del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. “Será Justicia o no será nada”, escribió vía Twitter el médico Diego Palomo, secretario de Salud y Desarrollo Social bahiense. Tampoco se dejaron oír públicamente, entre los funcionarios del actual Ejecutivo, voces en contra del pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. No quedó revalidada, por ende, la opinión del intendente licenciado y actual ministro de Producción bonaerense Cristian Breitenstein, quien hace cuatro años dijo que sobre Massot pesaba “un etiquetamiento sobre su persona, que en alguna medida me parece que es exacerbado”. Sí se expresaron, en cambio, algunos referentes del radicalismo, fuerza política que conservó el gobierno municipal bahiense entre la recuperación de la democracia y el 2003, luego de haberle dado a la dictadura un hombre de sus filas para el cargo de comisionado: Víctor Puente, a quien todavía se le rinde honores. El senador nacional Juan Pedro Tunessi opinó que detrás del pedido de detención de Massot y Gabrielli “puede haber una manito del gobierno”. Aloma Sartor, actual concejal y ex presidenta del radicalismo local, completó el razonamiento. “Espero que las investigaciones sigan”, auspició. Pero luego aclaró que “yo soy de las que creo que esto de la caza de brujas no es un clima que nos viene bien” (sic). “Una cosa es tener una postura ideológica que el diario no escondía, y hay que ver qué relación tenía en ese momento con los actores de la Armada o de la Marina, y otra es decir que yo tengo alguna posibilidad de incriminar en relación a un crimen”, aseveró. Evidentemente, la resolución por la negativa del juez Martínez hizo escuela. No deja de llamar la atención, sin embargo, que desde la Unión Cívica Radical se viertan estos conceptos: un grupo de exiliados radicales en París fue de los primeros en informar públicamente el rol diario en el plan criminal de la dictadura. “El diario La Nueva Provincia de Buenos Aires clama sangre. Su directora, Diana Julio de Massot, quien tuvo participación activa en la confección de listas de la muerte en épocas del gral. Acdel Vilas, no está satisfecha y quiere seguir jugando su papel en nuevos proyectos de represión extrema”, abre el artículo, publicado en 1982 bajo el título “Un caso de patología. El odio contra el pueblo de un diario extremista”. “Todos los días con notable dinamismo (la directora) da indicaciones a sus plumíferos de nuevos nombres que hay que denunciar como blanco de la represión. Son para ella enemigos que se han escapado del fuego purificador de la inquisición del Proceso, gente a la que hay que borrar o silenciar de alguna manera”, agrega la nota, que denunciaba también el reclamo que el diario hacía a los militares durante los primeros años de la década del ’80 para que frene a “radicales, peronistas y otras facciones menores” en su intento de bloquear “esta etapa revitalizadora del Proceso mediante toda clase de acciones políticas”. “Yo era chica, recién había venido a Bahía y no entendía lo que pasaba”, dijo hace una semana la concejal Sartor, nacida en 1958. Un año después del artículo acusatorio de los exiliados radicales ya era más grandecita: hoy dice que todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no se debe a la lucha constante de organismos de derechos humanos sino a “una decisión fuertísima” de 1983 del ex presidente Raúl Alfonsín, a quien nunca se le pasó por la cabeza llevar a juicio a los responsables civiles. La inasistencia de los principales referentes radicales a las audiencias del juicio contra represores del V Cuerpo que se desarrolló en Bahía Blanca entre 2011 y 2012 les impidió informarse sobre aquello que no tenían edad para recordar en primera persona. En el marco del juicio, prestó testimonio Hipólito Solari Yrigoyen, quien luego de haber sido electo senador nacional sufrió la persecución de la Triple A y, ya durante la última dictadura cívico militar, fue secuestrado y permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y en la Unidad 4 de Villa Floresta, en Bahía Blanca. Junto a él fue detenido-desaparecido el también radical Mario Abel Amaya, que murió a consecuencia de las torturas que le aplicaron sus secuestradores. Solari Yrigoyen es sobrino bisnieto de Leandro Nicéforo Alem, fundador de la UCR a comienzos del siglo pasado, y sobrino nieto de Hipólito Yrigoyen, el presidente de la Nación que fue derrocado por el primer golpe militar de la historia nacional. Cuando eso ocurrió, lejos estaba aún La Nueva Provincia del discurso lugoniano que exhibió y paulatinamente acentuó desde 1955. Por entonces, su director y fundador Enrique Julio, bisabuelo de Vicente Massot, lamentó la irrupción de “la hora de la espada” en la vida argentina.

Mar del Plata: homilía a Amilcar González

Por José Luis Ponsico I En la madrugada del 2 de junio de 2004, víctima de una cruel enfermedad, murió Amílcar González, el secretario general del Sindicato de Prensa (1970/76 y más tarde, 1984/88) de Mar del Plata, uno de los fundadores del Peronismo de Base en esta ciudad hace algo más de 40 años y notable intelectual. Nacido en La Plata (16/4/39) González perteneció a la estirpe de Rodolfo Walsh y Francisco (Paco) Urondo, entre otros notables del periodismo argentino. El 25 de marzo del´76 en audiencia que no se hizo en el Ministerio de Trabajo de la avenida Luro, ocho hombres de una organización paramilitar, fuertemente armados, lo secuestraron delante de sus compañeros. En tres autos sin patente. Sometido a torturas y tormentos, Amílcar resultó abandonado en la Seccional Cuarta de Policía local, "en estado calamitoso" según el oficial que al cabo de varios días accedió a hablar con el hermano del dirigente nacional de Prensa -Amílcar era secretario de Exterior de la FATPREN Federación Argentina de Trabajadores de Prensa- y el autor de estas líneas en la propia Seccional. "El Flaco está al borde de gangrena", dijo. Alberto González expresó su dolor en llanto. De inmediato se inició extensa gestión para que la Policía "blanqueara" el paradero. En pocos días se conoció el caso de René Salamanca, titular de la SMATA (Sindicato de Mecánicos) en Córdoba -secuestro y posterior asesinato- y otros dirigentes de la "tendencia revolucionaria". Mar del Plata, el resto del país, vivían el horror de los secuestros y crímenes. Montoto Rodríguez de FOETRA, Federación de Telefónicos, cruelmente asesinado juntos a sus hijos, mellizos adolescentes, intentaron defender a su padre en zona de El Martillo. Varios autos y una decena de "sicarios" acabó con los tres. Era horror cotidiano. El abogado laboralista Carlos Evaristo Menéndez -autor del recurso de "hábeas corpus" y el dirigente gremial UTEDYC. Unión de Trabajadores Entidades Deportivas y Civiles, Mar del Plata, José Vellini junto al histórico peronista Antonio Daguzán se movilizaron en ayuda. Amílcar trasladado a la Unidad Penal 9, La Plata, "sin causa ni proceso" reconoció, tarde, el ministro del Interior, general Horacio Liendo. Pena dictadura genocida ante gestión de Carlos Custer, dirigente de la democracia cristina y "conexión" con la Iglesia. Primer embajador en el Vaticano del gobierno de Néstor Kirchner. Amílcar estuvo preso durante dos años y luego por la gestión de distintos organismos sindicales internacional pudo exiliarse en Venezuela hasta 1984. En 2001 en una audiencia memorable ante el Tribunal Oral de la Cámara Federal subrayó "el primer genocidio fue ideológico", dijo antes los camarista. Allí denunció a referentes de la CNU. Concentración Nacional Universitaria de lazos con la triple A organización criminal que asoló al país tras la muerte del general Juan Perón, 1° de julio del´74. Antes, la Argentina había padecido varios regímenes militares desde septiembre del´55 y gobiernos radicales con el peronismo proscripto. En ese marco toda latinoameríca conoció la guerrilla urbana. Desde hace varios años distintas expresiones vinculadas a los organismos de Derechos Humanos, en Mar del Plata, siguen esperando que los mecanismos judiciales y el rigor de la Policía Federal, produzcan algún indicio sobre el paradero del jefe de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) local, Fernando Delgado. Prófugo de la justicia desde hace cinco años y medio. Desde 08 estaría radicado en España. No sólo apareció denunciado en el secuestro del dirigente gremial Amílcar González, 25 de marzo del´76. También en relación a los crímenes de la académica María del Carmen Maggi (28 años) y su empleada doméstica, Mercedes Lohn de Leiva (32 años) Partícipe de distintos crímenes juzgados de "lesa humanidad". Estuvo viviendo siempre en Mar del Plata, cercano laboralmente a una cámara inmobiliaria hasta avanzado el 2002. Luego nadie supo de él. Mucho menos cuando recrudecieron las acusaciones de los fiscales. Delgado, virtual nazi, temido hace 35 años, ahora con 78 de edad, en el exterior se presume. Alto, rubio, voz "de mando" no sólo participó de "torturas" y tormentos" al secretario general del gremio de Prensa marplatense. Tiempos de la CNU. integrada al Ejército y GADA Grupo Artillería 601. Acusado de haber participado en secuestro y asesinato de la académica María del Carmen Maggi, 8 de mayo de 1975. El cuerpo fue arrojado con impactos de balas en su cabeza el 23 de marzo del 76 en Mar Chiquita. También Delgado vinculado por distintos testigos a numerosos secuestros acontecidos en el terrible invierno marplatense del´76. El caso "Coca Maggi" funcionaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, estrecha colaboradora del obispo Eduardo Pironio, tuvo otras derivaciones. El allanamiento previo en el domicilio de la académica le costó la vida a su empleada doméstica Mercedes Lohn de Leiva, dos hijos chicos, a cargo de la casa de Maggi. Casada con un ex boxeador ella se negó a buscar documentación de la Universidad en ausencia de la dueña. La mataron. Los años´ 70 dejaron una secuela de tragedia que enlutó a todo el país. La Argentina fue uno de los sitios más castigados por los enfrentamientos políticos y revolucionarios que se vivieron en toda Latinoamérica. Ninguna otra sociedad en el Cono Sur padeció un genocidio como el nuestro. El número de víctimas supera los 20 mil "desaparecidos" eufemismo de horribles asesinatos entre el´76 y pasado los´80, después de la llamada "contraofensiva" de la organización Montoneros. La cifra es equivalente a las conocidas en los distintos países de América del Sur, sumado todos los demás. Las víctimas de otras dictaduras (Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia) en todo el período que transcurrió entre regímenes militares y la lucha armada cumplida en aras de la liberación, es equivalente a la suma de secuestros y asesinatos registrados en la Argentina. Con la derogación por parte del gobierno de Néstor Kirchner de las leyes de "Punto Final" y "Obediencia debida" en pleno apogeo de Raúl Alfonsín, los centenares de virtuales edecanes del "crimen organizado" hace algo más de treinta años, perdieron la impunidad. La ley del gobierno alfonsinista, la 23.492 sancionada el 23 de diciembre de 1986 otorgó "amparo" a numerosos criminales, ahora acusados de "crímenes de lesa humanidad". Entre los cuáles se encuentra Fernando Delgado, ahora con algo más de 60 años de vida y bajo otro aspecto físico. Amílcar murió de cáncer 2 de junio´04, sin saber siquiera que las leyes "de la protección" a sus captores y "verdugos" serían derogadas por el gobierno de Kirchner. El secretario general del Sindicato de Prensa local miembro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y estuvo preso dos años "sin causa ni proceso" González requerido por distintos organismos internacionales mientras permanecía como "preso político" en Unidad Penal 9, Olmos, 11 kilómetros de La Plata. Había sido acusado de "militante montonero" lo cuál -informe del entonces general Horacio Liendo- nunca se probó. "Detenido sin causa ni proceso", dijo el Ministerio del Interior, marzo´78. A la presentación de la CLAT. La decisiva intervención de la Democracia Cristiana italiana y la Central Latinoamericana de Trabajadores, sede en Caracas, Venezuela. Con apoyo Fundación alemana "Konrad Adenanuer" le permitió salir a Amílcar del país en abril del´78. Tiempo antes que la Argentina ganara el Mundial de fútbol. Amílcar, como la letra de tango: "No habrá ninguno igual". El autor es periodista de la agencia Télam

Las leyes de la década ganada

Bajo el título Diez años del Proyecto Nacional: las leyes que cambiaron la(s) historia(s), Claudia Bernazza ha seleccionado las leyes que marcaron cada año de la década 2003-2013, analizando sus antecedentes, los debates que despertaron y los efectos producidos. Acompañando el relato con testimonios y reflexiones, este trabajo se propone un recorrido a través de las principales leyes aprobadas. En la Introducción, se presenta la hipótesis que se intentará probar a lo largo de los 10 capítulos: la fuerza transformadora de este período puede conocerse a través de las marcas que ha dejado en las instituciones. El libro puede descargarse de http://www.claudiabernazza.com.ar/2003_2013/indice.html GB

Cuando la legión española casi invade Argentina

Por Roberto Bardini En 1999, el historiador Enrique Pavón Pereyra le aseguró a un periodista que el general Juan Domingo Perón llegó a evaluar, durante su destierro en Madrid y mientras gobernaba el radical Arturo Illia, una propuesta de invadir el noroeste de Argentina con legionarios españoles para crear un “foco rebelde” que posibilitara su retorno al poder. El plan -según Pavón Pereyra- fue presentado en 1964 por un audaz y leal hombre de negocios llamado Julio Gallego Soto, un español nacionalizado argentino que había sido amigo del escritor nacionalista Raúl Scalabrini Ortiz. La operación sería financiada por el magnate griego Aristóteles Sócrates Onassis, importador de tabaco turco y armador de barcos. El comandante de la avanzada militar era el general Raoul Salan, ex cabecilla de la Organisation de l’Armée Secrète (OAS), grupo terrorista que se había enfrentado al general Charles de Gaulle, presidente de Francia, a causa de la independencia de Argelia. En la entrevista, realizada por Ricardo E. Brizuela y distribuida el 11 de abril de 1999 por la agencia de noticias Infosic, Pavón Pereyra sostiene que fue precisamente la participación de Salan en el operativo lo que determinó que Perón descartara la propuesta de Gallego Soto. El líder exiliado mantenía una excelente relación con De Gaulle. “A última hora Perón la deja sin efecto”, relata el historiador. “El asunto consistía en transportar por aire, a una zona entre Tucumán y Salta, a un tercio español de setecientos a ochocientos hombres de la Legión Extranjera, para crear un foco rebelde”. Los “tercios”, creados en el siglo XVI, eran unidades de infantería del ejército español, utilizados fundamentalmente en las guerras coloniales. Aunque fueron oficialmente disueltos en 1920, los regimientos de la Legión española aún conservan esa denominación. Más adelante, Pavón Pereyra agrega: “Pero resulta que el que comandaría la operación sería Raoul Salan, famoso general argelino que levantó el ejército de su país, antidegaullista, que también aplastó el movimiento independentista de Argel con mano durísima y cruel, con un costo tremendo en vidas humanas para el bando rebelde. Cuando Perón se enteró dijo: De ninguna manera, ni hablar”. Pavón Pereyra, fallecido en enero de 2004, es considerado como el primer biógrafo en vida del tres veces presidente argentino. Algunos de los títulos que publicó lo dicen todo: Perón (1953), Vida de Perón (1965), Coloquios con Perón (1965), Perón, tal como es (1973), Perón, tal como fue (1986), Conversaciones con Juan Domingo Perón (1978), Correspondencia de Perón (1981), Los últimos días de Perón (1981), Diario secreto de Perón (1985) y Yo, Perón (1993). No obstante, en sus revelaciones sobre el presunto proyecto de invasión de legionarios españoles al noroeste argentino desliza dos errores. Salan, el “famoso general argelino” era francés. Conocido como “El mandarín” y “El chino” desde que fue comandante de las tropas francesas en Indochina, había nacido en 1899 en Roquecourbe, al sur de Francia, cerca de la frontera con España. El segundo error es más grave: en 1964, Salan estaba preso. Dos años antes había sido condenado a cadena perpetua y encarcelado por su vinculación con la OAS. Ese dato echa por tierra todo el relato del “foco rebelde”. El militar salió en libertad en julio de 1968, gracias a una amnistía del general De Gaulle, y se estableció en el norte de España. Sin embargo, Pavón Pereyra rescata la figura de un personaje desconocido por los peronistas jóvenes y poco conocido por los no tan jóvenes: Julio Gallego Soto. Nacido en noviembre de 1915 en una pequeña localidad de Castilla y León, llegó muy joven a Buenos Aires, donde se hizo amigo de Raúl Scalabrini Ortiz. Integrante de una familia que se dedicaba a la importación de telas inglesas, se relacionó con Perón en 1943 y se convirtió, con apenas 28 años de edad, en su colaborador en las sombras durante tres décadas. Y aunque esquivaba los puestos públicos, en 1946 fue un discreto asesor económico del ministro de Salud Pública, Ramón Carrillo. Pavón Pereyra lo describe así: “Era un hombre de circunstancias, le servía a Perón desde un principio, haciéndole llegar y atendiendo a las necesidades urgentes. No sólo de plata. Tenía acceso a los centros económicos con mucha familiaridad. No tenía aspiraciones económicas. No se le quedaba pegada plata que no le perteneciera”. El periodista Rogelio García Lupo, a su vez, ahonda la descripción el 11 de octubre de 1998 en Zona, suplemento de Clarín: “Julio Gallego Soto fue agente de Perón para las operaciones confidenciales de mayor riesgo. Conocía las cuentas numeradas de los bancos de Nueva York, Barcelona, Montevideo y París, donde era mayor la discreción y también podía reconstruir de memoria la historia de los contradocumentos y las transferencias de fondos que respaldaban los pactos políticos del jefe del justicialismo. Gallego Soto fue un eximio conspirador que construyó como una obra de arte su bajo perfil, a pesar de haber vivido momentos históricos junto a Perón o por cuenta de Perón”. Su vida se cortó abruptamente a los 61 años de edad. En julio de 1977, agentes del Batallón 601 de Inteligencia lo secuestraron y torturaron para averiguar sus “conexiones financieras” con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). “Se llevó muchos secretos a la tumba sin nombre, cuando un comando militar lo desapareció para siempre”, escribe García Lupo. Roberto Bardini [Publicado en BambuPress] Agenda de Reflexión.

Frutos extraños Por Miguel Russo mrusso@miradasalsur.com

Una noche de septiembre de 1939, Billie Holiday cantó por primera vez el tema “Strange Fruit”, compuesto por Abel Meeropol bajo el seudónimo de Lewis Allan. La letra denunciaba los linchamientos a negros en los estados del sur de los EE.UU. y hacía centro en una escena común: los cuerpos de los linchados colgando de los árboles al costado de la ruta: “Los árboles del sur dan frutos extraños; sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur; fruta extraña que cuelga de los álamos. Escena pastoral del sur galante: los ojos hinchados y la boca torcida, el aroma de las magnolias, dulce y fresco, y el repentino olor a carne quemada”. Aquel 1939, el instituto Tuskegee, perteneciente al Partido Conservador, dio cuenta de dos datos estremecedores: 2.836 linchamientos realizados desde 1889 (el 90% de ellos realizados en los estados del sur contra ciudadanos negros), y la aprobación de esa práctica por seis de cada diez blancos. Pasaron 74 años de todo aquello, pero un sur más cercano, en La Plata, parece dispuesto a regresar al tiempo en que la blanca Corte Suprema de los Estados Unidos, bajo el lema “Separados, pero iguales”, aprobaba el asesinato de negros, de distintos, de otros. Esos “otros”, esos “distintos” eran siete chicos que fueron asesinados en el término de un año casi exacto (desde el primer crimen ocurrido el 6 de junio de 2012 hasta el más reciente, cometido el pasado 19 de mayo). Siete chicos de entre 11 y 17 años cuyo delito fue haber sido chicos, y pobres, y olvidados: presa fácil de quienes tienen a su cargo la seguridad de todos, pero se amparan, como 74 años atrás, en ese bestial “separados, pero iguales”. Rodrigo Simonetti. El 6 de junio de 2012, Rodrigo Simonetti tenía once años: había nacido en plena crisis de 2001. Lo encontraron muerto a golpes y patadas en la cara y el cráneo, tirado debajo de un arbusto en un estrecho pasadizo de la calle 15, entre 525 y 526, en el barrio de Tolosa, donde tiene jurisdicción la Comisaría 6ª de La Plata. Llevaba una camiseta de Estudiantes y un buzo como únicas prendas; de la cintura para abajo, estaba totalmente desnudo. Los informes policiales realizados detectaron que no había sido víctima de abuso sexual. Rodrigo vivía con su madre y ocho hermanos (tres mayores y cinco menores que él) en el barrio Altos de San Lorenzo. El abogado Julio Torrada, que tomó el caso de su crimen, dijo: “La mamá de Rodrigo peleaba sola, con sus nueve hijos. Rodrigo la ayudaba haciendo changas. Le gustaba estudiar. No vivía en la calle. Pero era vulnerable. No puede ser que maten a un chiquito de esta manera, que tiren su cadáver en un callejón y no hagamos nada como sociedad. Tenemos que reaccionar, reclamar y exigir que nuestros pibes estén contenidos, seguros y cubran sus necesidades básicas”. ¿Quién o quiénes lo mataron? No se sabe. O sí. “Es horrible decirlo –señaló Carola Bianco, de la Asamblea Permanente de los Derechos de la Niñez (APDN)–, pero el de Rodrigo es un caso predecible. Él era uno de muchos chicos que son asesinados por la exclusión, uno de los muchos chicos que están a merced de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los pibes de La Plata”. Los maestros de la escuela 14 de Villa Elisa, donde estudiaba Rodrigo, hicieron pública una carta que titularon “El adiós a un niño muerto”: “Te recordamos con tu sonrisa y tu dulzura en tus primeros años en la escuela, cuando tenías frío, cuando tenías hambre. Tenemos en nuestras cabezas a tantos otros inocentes como vos que sufren el desamor, la desidia y la desigualdad social”. Refiriéndose al incumplimiento de las políticas estatales destinadas a la infancia, los maestros dijeron en su carta que “la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, contiene políticas y programas para aquellas niñas y niños cuyos derechos se encuentren vulnerados. También se planea un acompañamiento a los núcleos familiares. Sin embargo, la Ley 13.298 no se está cumpliendo y la escuela se encuentra muy sola a la hora de llevar adelante su mandato de inclusión. Cuando ocurre un hecho grave que involucra a un niño, o que tiene a uno o más niños como víctimas, la pregunta de rigor es: ¿Y qué hizo la escuela? Y nuestra pregunta es: ¿Dónde están las autoridades de aplicación de la Ley, y qué están haciendo ellos?”. Rodrigo no tenía número de Instrucción Penal Preparatoria (IPP) en el Sistema Informático del Ministerio Público de La Plata, base donde se apoya la labor de investigación, defensa y desarrollo de todo proceso penal. Sus asesinos siguen libres. Maximiliano De León. Maxi tenía 14 años el 1º de agosto de 2012 cuando, supuestamente, intentó entrar en la casa de dos plantas propiedad del policía administrativo Daniel Mannarino, en la calle 82, entre 1 y 115, de Villa Elvira. Maxi pudo correr unas cuadras antes de caer muerto. Junto al cuerpo de Maxi, tirado en la vereda, los detectives de homicidios de la DDI hallaron un arma. “Mi hermano no usaba armas –dijo su hermana Alexandra–. Siempre repetía que ése no era su estilo. Y si hubiera tenido un arma le hubiera tirado. Pero no hubo tiroteo, los vecinos dicen que escucharon nada más que un tiro y ruido de vidrios rotos.” El cuerpo de Maxi tenía un solo tiro, certero, mortal. Mannarino tiró desde adentro de su casa, sin abrir la ventana, sin voz de alto. “No voy a mentir, él quiso entrar –dijo Alexandra–, se subió a un balcón y apenas se trepó le dispararon”. Mannarino alegó defensa propia al declarar en la causa y continuó con su vida normal. Alexandra escuchó al adolescente que acompañaba esa noche fatal a su hermano. Y contó su historia, la misma que repiten los vecinos del policía administrativo que vieron o escucharon lo sucedido: “El pibe dice que después del tiro, Maxi cayó y que el tipo bajó y lo metió adentro de la casa. Pero lo encontraron a unas cuadras de la casa. El hombre también dice que Maxi le tiró, pero los vecinos dicen que el único disparo que escucharon fue el que rompió la ventana y que mató a Maxi”. El crimen de Maxi derivó en una denuncia penal por “abandono de persona” contra funcionarios de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. El planteo fue realizado por el abogado Julián Axat y toma como base las 25 entradas (IPP) del chico a comisarías de la ciudad –en las cuales intervino en su carácter de defensor de Menores–, sus internaciones posteriores en centros para la niñez, sus externaciones, y el supuesto ingreso al circuito delictivo que terminó con su vida esa noche de agosto. La presentación de Axat señala que “Maxi fue abandonado a su suerte por parte de los órganos de promoción y protección de derechos de la infancia, siendo que se encontraba en estado de vulnerabilidad, y no se realizó actividad alguna sobre su persona para restituir sus derechos. Cada una de las IPP que se mencionan implica un ingreso en seccionales policiales de La Plata, por presuntas infracciones penales, permanencia en una comisaría por un tiempo, y traslado a los Servicios de Protección de Derechos de la órbita de Infancia, quien se hace o se hizo cargo de De León, de manera de sacarlo de su situación de vulneración de derechos”. La comisaría donde más ingresos tenía Maxi era la 8ª, donde trabajaba Mannarino, por lo que claramente debían conocerse. No parece raro pensar que, en lugar de ir a robar a la casa de Mannarino, Maxi pasó a cobrarle algo. No parece raro que hubiera un vínculo entre ambos que la familia no sabe y que Mannarino calla. La abuela de Maxi, Juana Rivarola, declaró que a su nieto “lo estaban por internar en una Clínica de Rehabilitación cerrada, pero no lo hacían porque no conseguían cama en ningún lugar. Estuvo cinco días en el Hospital de Niños, hasta que se escapó, y vino a vivir a mi casa”. Maxi no era un pibe fácil, es cierto: consumía drogas, era difícil de contener. Su hermana lo confirma: “Yo les había pedido a los abogados que le hicieran un hábeas corpus porque la policía lo molestaba mucho. Él se mandaba sus cagadas, o sea robaba y eso. Pero la policía lo veía tranquilo y se lo llevaba igual. A veces tenían razón, pero a lo último la policía lo agarraba sin hacer nada y volvía todo golpeado de la comisaría. Ya lo tenían marcado. Lo molestaban los de la comisaría 8ª y de Barrio Aeropuerto. No le daban ninguna alternativa. Él quería salir, ya no quería vivir más la vida que vivía, pero lo mataron”. Una muerte cantada. Tan cantada como evitable. La mamá de Maxi, Susana Perillo, y la hermana, Alexandra De león, se presentaron el lunes pasado junto con el Dr,. Axat como particulares damnificados y exigieron la separación de la Bonaerense de la investigación. Franco Quintana. A las 23.30 del jueves 27 de diciembre de 2012, Franco Quintana, de 16 años, recibió dos balazos a la altura de la cintura durante un asalto en una pizzería y heladería ubicada en 13 y 32, de La Plata. Veinte minutos después, moría en la sala de guardia del hospital San Roque, de Gonnet, donde había sido trasladado. Había sido detenido poco menos de dos años atrás, en enero de 2011, acusado por el crimen del ingeniero Fabián Enrique Esquivel, cometido cuando este empleado de la Agencia de Seguridad Vial salía de su casa de 15 bis entre 529 y 530. Más allá de que fue declarado inimputable por su edad, Franco quedó libre ya que en la causa no pudo comprobarse de manera fehaciente que hubiera sido partícipe de la muerte de Esquivel. Cierto sector de la sociedad platense realizó varias manifestaciones contra “la inoperancia de la Justicia frente a la delincuencia juvenil”. Salió a relucir entonces el típico “entran por una puerta y salen por la otra” y el no menos típico y brutal reclamo “de mano dura”. Desde entonces, Franco vivió un derrotero por diferentes centros de tratamiento contra las adicciones, institutos cerrados de menores y comunidades terapéuticas. Es decir: estaba marcado. La noche del 27 de diciembre de 2012, según señalan las crónicas policiales de los diarios platenses, Franco y uno o dos jóvenes más (hay controversia en las distintas versiones periodísticas) llegaron en una moto hasta la pizzería de la calle 13 y 32 con el supuesto fin de robar. El dueño del local, un prefecto retirado del Servicio Penitencario Bonaerense (SPB), y una persona que se encontraba con él, también efectivo del SPB, repelieron, lo que se entiende era un asalto, con sus armas reglamentarias. Algunos testigos (siguen las crónicas del día siguiente) informaron que “los menores se dieron a la fuga”, pero que “el enfrentamiento se extendió hasta la esquina siguiente, donde los pibes intentaron subirse a la moto con la que habían llegado”. En 13 entre 531 y 532, Franco cayó malherido por dos balazos en la cintura. Hay testigos que señalan que Franco nunca tiró, que sólo corría y que a más de veinte metros de la heladería lo balearon por la espalda. Tres minutos después, llegaron al lugar 20 patrulleros. Un vocero policial informó que allí encontraron el cuerpo de Franco, con un arma de fuego a su lado, mientras los supuestos cómplices habían huido en la moto. Franco fue trasladado en un patrullero hasta el hospital de Gonnet, pero en la sala de guardia nada pudieron hacer por su vida. Franco murió a las 23.40 de esa noche. El dueño de la pizzería y su amigo quedaron libres. Rubén Omar Cigarán. Era la noche del viernes 14 de febrero de 2013 cuando Omar, de 17 años, cayó muerto de un balazo en la esquina de 122 y 43 del Barrio Hipódromo de La Plata. Según la versión policial, Omar intentó robarle su moto a un policía de civil, y otro agente le disparó. El parte policial no contempló dudas: “Intento de asalto”. Unas líneas más abajo: “Entre las pertenencias de Omar había un arma”. Pero, de hecho, no había arma: el arma apareció en la morgue policial, cuando se estaba desvistiendo el cadáver, el arma cayó sobre la camilla de la autopsia. Los testigos y la reconstrucción no pudieron determinar si efectivamente Omar portaba o no esa arma aquella noche cuando, supuestamente, intentó robar la moto. Cinco años antes de ese febrero de 2013, Omar, un chiquilín de 12, había ingresado a los talleres de construcción de juguetes de la Municipalidad de La Plata (promovidos por la Dirección de Niñez y Adolescencia), cansado de patear las calles de su ciudad completamente solo. Parecía haber alcanzado el cielo con las manos cuando sus juguetes y los realizados por otros pibes carenciados se presentaron en la muestra Encuentros en Cartón Madera y Algo Más que auspiciaba la Comuna. Y la empezó a pelear: se unió al grupo de militantes sociales que promovían una olla popular en la Plaza San Martín platense, donde dormían y duermen varios chicos en situación de calle, prefería jugar de wing derecho en los picados de fútbol que organizaban los asistentes sociales, y, aunque a regañadientes, escuchaba los reclamos para que dejara de aspirar pegamento, la mortal droga de los sin nada. En marzo de 2008, Omar era uno más de los 110 chicos de entre 8 y 18 años que, según datos oficiales, pasaban la mayor parte del día en las calles de La Plata, limpiando vidrios o cuidando autos estacionados, durmiendo en baldíos abandonados, edificios públicos o plazas como la San Martín. Era uno más del grupito de cinco o seis que llegaban hasta la puerta del recién aparecido diario Diagonales para dejarse retratar con la bolsa de pegamento. Eva Cabrera, fotógrafa de ese medio, captó los ojos claros y tristes de Omar y los de sus amigos. Ojos que, como señaló una nota aparecida en ese diario, “denuncian inconscientemente el abandono y piden ayuda”. Ojos que se repetían en un pibe cada dos manzanas aspirando poxi en el centro platense. Omar pedía contención. La encontró durante un tiempo en el grupo de militantes de la Asamblea por la Niñez. Pero después, pese a que sus necesidades seguían siendo las mismas, su rumbo se perdió en los circuitos de cualquier pibe en situación de calle. Los vecinos de Barrio Hipódromo plantearon días antes de su muerte en el Foro de Seguridad de Tolosa, que alguien tenía que hacer algo con Omar porque se estaba desbandando; el comisario dijo que no podían hacer nada porque era menor. Hasta que llegó a esa esquina de 122 y 43 en el Barrio Hipódromo de La Plata, donde lo esperaba la bala de un agente policial. Axel Lucero. Axel murió a pocas cuadras de su casa, en 7 y 80, La Plata, apenas pasadas las 21 del lunes 17 de febrero de 2013. Tenía 16 años. Supuestamente, aprovechando el semáforo de esa esquina, trataba de robarle la moto a un hombre que le disparó cuatro tiros. Ese hombre era un sargento de la Policía Buenos Aires 2 de civil que circulaba en su Honda Twister negra por la avenida 7 cuando, al detenerse en un semáforo, dijo haber sido abordado por Axel y otro joven, que también iban en moto, con el fin de robarle el vehículo. No hubo enfrentamiento alguno. El mismo parte policial lo señala: “En momentos en que los malvivientes se daban a la fuga, extrajo su arma reglamentaria efectuando varios disparos de los cuales uno impacta en la cabeza”. El sargento dijo que los jóvenes lo habían encañonado y que cuando comprendieron que era imposible sacarle su moto emprendieron la fuga. Allí, el policía extrajo su arma y disparó. Axel quedó tirado sobre la avenida, a su lado, volcada sobre el lado derecho, quedó la moto en que viajaba. Medio metro más allá, el casco negro que llevaba en la mano. Nadie supo nada del presunto cómplice. Axel no tenía asignado número de IPP, aunque voceros de la causa dijeron que contaba con registros de entradas en la Comisaría 8ª y la de Villa Ponsati. Su cuerpo, según el informe de autopsia, presentaba cuatro orificios de bala, uno de ellos en la cabeza, todos con dirección de recorrido “de atrás hacia adelante”. Los peritos se abocaron a la tarea de tratar de establecer si una de esas heridas había podido ser provocada por un mismo proyectil, en lo que comúnmente se denomina “acción de rebote”. ¿Importaba? No mucho. Axel ya estaba muerto: el tiro en la cabeza había provocado derrame de masa encefálica. Ninguno de los testigos que declararon en la causa dijeron haber visto la secuencia de lo ocurrido en su totalidad. Hubo, sí, quien vio cuando Axel intentaba robar. Hubo, sí, quienes sólo escucharon los disparos. Hubo, sí, quienes dijeron haber visto un arma en la mano de Axel. Y hubo, sí, quienes afirmaron que el sargento de la Policía Buenos Aires 2 de franco y de civil disparó contra Axel cuando el pibe ya estaba en el piso. ¿Defensa propia, exceso, asesinato a quemarropa? Diez días después del asesinato de Axel, el sargento quedó en libertad ya que, según indicaron las fuentes judiciales, su declaración tuvo correlato con lo arrojado durante los peritajes. Ese sargento, trascendió en los diarios zonales, se llama Jorge Caballero. Y, según fuentes confiables, es hijo del parapolicial conocido como el Negro Caballero, integrante de las bandas represivas de derecha platenses durante los ’70. Sebastián Ariel Nicora. El 18 de febrero de 2013, a orillas del Río de La Plata, a la altura del balneario El Picaflor, en la localidad de Punta Indio, a poco más de 70 kilómetros de La Plata, fue encontrado el cuerpo de Sebastián, un muchacho de 16 años muerto a golpes en la cabeza. Fuentes de la Estación Policial Comunal de Punta Indio y personal del Gabinete de Homicidios de la DDI local señalaron que esos golpes “le provocaron a Sebastián Nicora pérdida de masa encefálica”. Sebastián era oriundo de la localidad de Verónica, tenía antecedentes policiales. El titular de la Defensoría Oficial de Menores N° 16 de La Plata, Julián Axat, no dudó en sumar el asesinato de Sebastián a la seguidilla de homicidios de adolescentes de entre 11 y 17 años que denunció ante la Suprema Corte Bonaerense. Axat señaló que el caso de Nicora encaja en los mismos patrones de impunidad investigativa que “dejarían el clima propicio para la eliminación social”. El patrón de hostigamiento policial previo a su muerte estaba presente en el caso de Sebastián aunque habían sido desestimadas por la Justicia las cuatro instrucciones penales por hurto y robo que pesaban sobre el joven. “Todas fueron causas armadas por la policía que para la Justicia no tienen entidad –dijo Axat al sumar el caso de Nicora–, por eso ni siquiera los investigó. Las causas tienen patrones de impunidad, de bajo estándar investigativo y de delegación de la investigación en los propios sospechados. Incluso las causas en las cuales los chicos denunciaron hostigamientos, persecuciones, torturas o apremios, tienen signos de impunidad. Ese conjunto de irregularidades se advierte en todos los expedientes. Estos crímenes aparecen en los medios de manera fragmentada y se diluyen en el tiempo. Entonces, queda la idea de que fueron ajusticiamientos legítimos. Y como el Estado no castiga estos casos de justicia por mano propia, termina generando un clima de legitimación para que cada uno con su arma pueda ajusticiar a pibes con prontuario”. El único detenido por el crimen de Sebastian –otro menor de 15 años, con quien la víctima se habría hospedado en la estancia Santa Rita de Punta Indio el día anterior, y cuyas muestras de sangre lo incriminaban como sospechoso en el homicidio de la playa de Punta del Indio– fue puesto en libertad. Bladimir Matías Garay. Bladimir parece haber nacido con un error de ortografía. B, Bladimir, en lugar de V, Vladimir. Y otro error terminó con su vida, a los 16 años. Fue la madrugada del domingo 19 de mayo de 2013, cuando murió desangrado en la puerta del Hospital de Niños de La Plata, donde había llegado con su moto y un balazo de una 9 milímetros en la espalda. Bladimir vivía con su padre en una casa precaria del barrio Hernández. Tenía cuatro hermanos, dos varones de 25 y 18 y dos mujeres de 21 y 10. Había sido varias veces asistido por las Defensorías Penales Juveniles de La Plata, con intervención de tratamientos a cargo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Samuel Garay, su padre, un empleado gráfico de 51 años, conocía bien a su hijo: “Tenía algunas entradas en la Comisaría 8ª. Pero andaba lo más bien, se presentaba cada dos meses en el juzgado de menores, donde le habían dicho que se pusiera a estudiar. Sus problemas venían de arrastre, de cuando tenía 14 o 15 años. Pero él no quería saber nada más con ese tema, no quería que lo encerraran. Era consciente, me decía ‘voy a cumplir 17, ya no quiero saber nada’, pero el servicio de calle de la Comisaría 8ª lo tenía a mal traer”. Más allá de que el Centro de Referencia de la Secretaría de Niñez tenía que visitar a Bladimir para saber cómo estaba y cómo se estaba comportando, su padre señala que “nunca aparecieron por la casa”. La última vez que Bladimir se presentó ante el juez de Menores de La Plata, tres semanas antes de ese terrible 19 de mayo, le comentó que por la edad que tenía y por su altura, que lo hacía aparecer más grande, no lo tomaban en ningún colegio. Pensaba empezar a estudiar de noche, si conseguía algún lugar donde hacerlo. No tuvo tiempo. La crónica policial platense del 20 de mayo señalaba que Bladimir había participado de un “raid delictivo” y que el balazo se lo había dado “su cómplice”. Poco importó a esa misma crónica, que los tiros en la espalda los reciben quienes se van de una escena. Poco importó que la vaina que las pesquisas encontraron en el restaurante en el que presuntamente había entrado a robar en la medianoche del sábado 18 de mayo fuera de una 9 milímetros. Y poco importó que, justamente, la bala que lo mató por la espalda fuera de una 9 milímetros, arma policial por excelencia. “A Bladimir no me lo van a devolver –dijo su padre, Samuel–, pero yo quiero saber la verdad, quiero saber quién lo mató”. El escrito del defensor de menores Julián Axat Llamativas coincidencias ante los crímenes El defensor de Menores Julián Axat, en su escrito sobre los asesinatos de los siete pibes en jurisdicción de La Plata en los últimos doce meses presentado el pasado 21 de mayo a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, señala notables coincidencias: “En todos los casos, los mencionados resultaban poseer antecedentes en la Justicia Penal Juvenil en la que me toca intervenir”. “En todos los casos existía en forma directa o indirecta responsabilidad de las áreas de Niñez y Adolescencia en términos de contención. Es decir, fracaso evidente de medidas de protección como seguimientos pautadas por la propia Justicia penal o civil de familia, es decir, los casos conforman lo que se llama ‘Historias de muerte anunciada’.” “La mayoría de los niños víctimas de homicidio había denunciado hostigamientos y persecuciones policiales anteriores desde las Defensorías”. “En la mayoría de las causas mencionadas, no existen avances significativos”. “La forma en la que se relevó la situación, tanto desde el punto de vista asistencial, como policial y judicial, es similar: ya sea estado de las causas, ausencia de imputados, bajo impulso procesal e investigación exclusiva de la propia policía bonaerense.” Por eso, su escrito termina diciendo: “Vuelvo aquí a insistir que la seguidilla de homicidios de niños y adolescentes ocurridos en La Plata entre mediados de 2012 y lo que va de 2013 demuestran una trama sospechosa; pues todos ellos ocurrieron en situaciones violentas y confusas; con posterior tratamiento policial-judicial de nulo o bajo estándar investigativo; lo que dejaría clima propicio para la ‘eliminación social’. Pues al tratarse de homicidios de niños-adolescentes con frondosos prontuarios, y pertenecientes a los estratos más marginales, su impunidad posterior se convierte en un mensaje social que no evita su repetición”. Por eso, también, Axat, junto a los familiares de las víctmas, solicitaron el apartamiento de la Policía Bonarense en la investigación de las causas. 02/06/13 Miradas al Sur

La guerra que no tuvo héroes Por Marcos Taire. Periodista sociedad@miradasalsur.com

La guerra que no tuvo héroes Por Marcos Taire. Periodista sociedad@miradasalsur.com Los responsables de la Operación Independencia inventaron medio centenar de víctimas en acciones de combate que nunca existieron. Uno a uno, todos los casos desenmascarados. A partir del 9 de febrero de 1975, los militares argentinos –Ejército fundamentalmente– ejecutaron en Tucumán la Operación Independencia. Ocuparon la más pequeña de las provincias argentinas y comenzaron a ensayar la doctrina de la seguridad nacional, con sus secuelas de crímenes, torturas y desapariciones que hoy juzgan los tribunales de la Nación. Crearon los primeros campos de concentración y diezmaron a los movimientos obrero y estudiantil y a las organizaciones sociales. Para llevar a cabo su propósito inventaron una guerra que nunca existió, con el pretexto de combatir un foco insurgente del ERP en las estribaciones montañosas del suroeste tucumano. Aun hoy, esos militares y quienes reivindican la Operación Independencia homenajean a los muertos en Tucumán. Libros, folletos, placas de bronce y de mármol afirman que medio centenar de militares, gendarmes y policías murieron combatiendo al “extremismo” en Tucumán. El Ejército dijo que durante la Operación cayeron 45 de sus efectivos, entre oficiales, suboficiales y soldados. Todo es una patraña: la mayoría de esos muertos no murieron en enfrentamientos con los guerrilleros y una gran cantidad falleció antes del 9 de febrero. De los 45 de la lista del Ejército, 22 eran oficiales, el resto suboficiales y soldados. De esos 22 oficiales, 16 murieron en accidentes aéreos. Fueron víctimas de caídas de aviones y helicópteros por impericia de sus pilotos o fallas técnicas de las máquinas. Más aún: 12 de esos 16 fallecieron el 5 de enero de 1975, un mes y cuatro días antes de comenzar la Operación, al estrellarse contra una montaña el avión con el que realizaban un reconocimiento. Entre los 6 restantes de esos 22 figura el capitán Viola, ajusticiado por un comando guerrillero el 1 de diciembre de 1974, más de dos meses antes del inicio de la Operación. También engrosa esa lista un soldado conscripto que figura como subteniente cuando en realidad era un médico recién recibido, incorporado ese año en virtud de haber hecho uso de la prórroga que regía para estudiantes universitarios. Dos subtenientes (Berdina y Barceló) figuran como caídos en combate. Hay evidencias y pruebas de que ambos murieron víctimas de disparos de sus camaradas, en choques producidos en la espesura del monte. Otro oficial (Mundani) declarado héroe murió al estallarle en sus manos un explosivo que se encontraba manipulando. El quinto de esos seis (García) murió en confusas circunstancias, supuestamente en un control de ruta en una zona alejada del teatro de operaciones. Sólo queda el sexto y último oficial, muerto en lo que pomposamente llamaron “Combate de Pueblo Viejo”. Se trata del teniente primero de comandos Héctor Cáceres, ascendido post mortem a capitán. Varios años después de ocurrido el episodio, un oficial jefe de comandos, instructor de Cáceres, realizó una crítica que permite suponer que fue baleado por sus propios camaradas. Dos oficiales (Cáceres y Berdina), un suboficial (Moya) y un soldado (Maldonado) fueron inmortalizados por Bussi, que bautizó con sus nombres los cuatro pueblos que inventó, en aplicación de sus conocimientos sobre aldeas estratégicas que aprendió en Vietnam. Los muertos antes de la Operación. El 1 de diciembre de 1974, un comando del ERP mató al capitán Humberto Viola. La organización guerrillera lo acusó de ser uno de los jefes de los grupos clandestinos que desde mediados de ese año habían sembrado el terror en Tucumán con atentados explosivos, secuestros y asesinatos. Viola integraba el Destacamento 142 de Inteligencia, nervio motor de la represión antes, durante y después de la Operación Independencia. El 5 de enero de 1975 llegó al aeropuerto Benjamín Matienzo de la capital tucumana un avión Tween Oter del Ejército. En él viajaban los máximos jefes del Tercer Cuerpo de Ejército, encabezados por su titular, general Enrique Salgado. En la estación aérea se sumaron al pasaje los jefes de la Quinta Brigada de Infantería, con su titular, general Ricardo Muñoz a la cabeza. El avión fue reaprovisionado y de inmediato decoló. Los pilotos ignoraron presentar el plan de vuelo, obligatorio para todas las aeronaves. Eran militares de alta graduación y en el aeropuerto civil nadie se animó a pedirlo. Un piloto del Aeroclub tucumano intentó advertir a los del avión militar que para sobrevolar las montañas había que tomar ciertos recaudos. No fue escuchado. El Tween Oter enfiló hacia los cerros del suroeste y allí se estrelló contra la ladera del Ñuñorco Chico. Murieron todos, doce oficiales y un suboficial. Probablemente se trate de un caso único en la historia de los ejércitos de cualquier país del mundo: las planas mayores de un cuerpo y de una brigada, a punto de iniciar una guerra, viajando todos juntos en un pequeño avión de reconocimiento. Las autoridades militares evaluaron que el “simultáneo traslado de dos estados mayores completos fue un error de conducción”. Lo cierto es que ese accidente fue fruto de la soberbia y la impericia, no de las balas de los guerrilleros. En este accidente murieron dos generales (Salgado y Muñoz), un coronel (Eduardo Cano), tres tenientes coroneles (Oscar Bevione, Pedro Petrecca y Pompillo Schilardi), cuatro mayores (Aldo Pepa, Roberto Biscardi, Héctor Sánchez y Pedro Zelaya), un capitán (Roberto Aguilera), un teniente primero ( Carlos Correa) y un sargento primero (Aldo Linares). Avioneta y helicóptero. El 24 de febrero de ese mismo año 1975 el teniente primero Carlos María Casagrande y el subteniente Gustavo López realizaban una misión de reconocimiento en una pequeña avioneta del Ejército. Desaparecieron en la zona montañosa al oeste de Santa Lucía. Los restos de la nave y los cadáveres fueron encontrados dos años y medio más tarde. Se habían estrellado contra la ladera de un cerro. Cuando la Compañía de Monte languidecía, el 5 de mayo de 1976, un helicóptero del Ejército cayó en inmediaciones de Santa Mónica, también al oeste de Santa Lucía. Murieron dos oficiales y dos suboficiales. El piloto de la nave era el teniente César Ledesma, a quien acompañaban el capitán José Ramallo, el cabo primero Walter Gómez y el cabo Carlos Parra. Berdina, un caso testigo. La muerte del subteniente Hernán Berdina fue un episodio profusamente difundido y utilizado por la acción psicológica del Ejército. Se informó oficialmente que cayó junto a un soldado conscripto (Maldonado) en un enfrentamiento con los guerrilleros en la zona de Negro Potrero. Se exaltó su valentía y el coraje del soldado que lo habría acompañado en una intrépida carrera hacia donde estaba el enemigo agazapado. Murió el soldado, que nadie recuerda y resultó gravemente herido el subteniente Berdina, quien falleció horas más tarde en el Hospital Militar Tucumán. Vilas difundió un comunicado sobre el hecho y la carta que un oficial envió a la madre del subteniente, con una asombrosa cantidad de detalles del “enfrentamiento”. La carta llega a puntualizar que la bala que mató al oficial era de un tipo de arma que no utilizaban las fuerzas legales. En realidad, Berdina y el soldado Maldonado fueron víctimas de las balas de integrantes de su propia patrulla militar. La primera información sobre el tema fue brindada por el médico que lo operó, quien contó que fue apremiado por el propio Vilas, quien tras rogarle que le salvara la vida, le confesó que Berdina había sido herido por un camarada. En años recientes pobladores de la zona contaron que se trató de un hecho confuso, un tiroteo entre los propios militares. Incluso deslizaron que Berdina fue baleado por un oficial con quien había tenido enfrentamientos . Un soldado conscripto contó cómo eran esos tiroteos en los que se balearon los integrantes de dos patrullas del Ejército: “Son terribles los tiroteos en el monte. Por la vegetación no se ve prácticamente nada y uno dispara sin saber adónde”. Un subteniente “tristemente célebre”. Otro “héroe muerto en combate” fue el subteniente Diego Barceló. La información oficial dijo que cayó, junto a dos soldados, en un combate en la zona de Las Mesadas. El comunicado fue escueto, sin detalles. Barceló era un oficial conocido por su crueldad en la ciudad de Bella Vista, donde al frente de un pelotón sembró el terror entre los trabajadores del ingenio del lugar. Un sobreviviente contó la metodología usada por el oficial y sus camaradas en los allanamientos a las viviendas obreras, por lo que lo llamaban “el tristemente célebre teniente Barceló”. Un conscripto contó las circunstancias en las que murieron Barceló y los soldados. Fue un choque entre dos secciones del Ejército que se tirotearon entre ellas, cuando creían estar peleando con guerrilleros: “El (tiroteo) de esa noche fue bravísimo. Habrá durado como 45 minutos (…), en ese tiroteo murieron (los soldados) Moya y Vizcarra y el subteniente Barceló, que era mi jefe. Después de un rato de tirotearnos llegó un teniente, pidió señal de reconocimiento y resulta que los del otro bando no eran subversivos, sino un grupo del Ejército que se había perdido en el monte y se había metido en nuestra jurisdicción”. Víctima e impostor involuntario. El caso del “subteniente” Toledo Pimentel es un claro ejemplo de que la inteligencia militar no tuvo escrúpulos de ningún tipo y, además de fabricar hechos inexistentes, cometió crímenes dentro de las propias filas del Ejército. El 17 de mayo de 1976, el Ejército informó que una bomba accionada por control remoto había destruido una ambulancia en Caspinchango, “matando al subteniente Juan Angel Toledo Pimentel, al sargento Alberto Lai y al soldado Carlos Cajal, quedando gravemente herido el mayor Pedro Solórzano”. Toledo Pimentel integra todas las listas de oficiales muertos en la Operación Independencia. En realidad no era subteniente, ni siquiera militar de carrera. Era un ciudadano recién recibido de médico, que cumplía el servicio militar obligatorio por haber hecho uso de la prórroga que por ley podía acceder quien lo solicitaba si se encontraba realizando estudios universitarios. Muchos años después, en el curso de la investigación para este trabajo, se pudo establecer la verdad sobre lo ocurrido. Un ex compañero de Toledo Pimentel relató que pocas horas después del episodio, le informaron a la tropa que la bomba, colocada en un puente y detonada por control remoto, había estallado después del paso de la ambulancia. Les dijeron que el vehículo fue de inmediato atacado por un grupo de más de cincuenta guerrilleros que ametrallaron la ambulancia, con el resultado de tres muertos y un herido. El mismo testigo afirmó que “había bronca con Toledo Pimentel” porque había hecho comentarios negando la versión oficial sobre la muerte de otro conscripto. Se trata del caso del soldado Carlos Alberto Fricker, muerto en confusas circunstancias en Famaillá. En un primer momento, los militares informaron a los familiares que Fricker había fallecido en un ataque guerrillero a la base, pero a las pocas horas cambiaron la versión y les dijeron que se había suicidado. Agonizando, fue trasladado en una ambulancia en la que iba Toledo Pimentel, quien en el Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán les dijo a los familiares que Fricker no había sido víctima de la guerrilla ni se había suicidado y que había muerto por un disparo de FAL. Una autopsia ordenada en 2009 por la Justicia Federal estableció que Fricker murió de un disparo en la nuca, con orificio de salida en la frente, prácticamente entre los dos ojos . En el juicio por violaciones de los derechos humanos en la Jefatura de Policía tucumana, otro ex conscripto contó con lujo de detalles lo que vio antes y después del episodio de la ambulancia. Domingo Gerez pasó a bordo de un camión militar por el puente de Caspinchango minutos antes de la explosión. Allí vio una cuadrilla de obreros trabajando. Un par de días después identificó a uno de esos supuestos trabajadores como un oficial de inteligencia militar con asiento en la base de Caspinchango. Los que tuvieron acceso a los testimonios sobre el caso de la ambulancia no tienen dudas: hombres de la inteligencia militar fueron los responsables de la colocación del artefacto explosivo que hizo volar por los aires al vehículo. Al momento de ocurrir este hecho, la Compañía de Monte del ERP estaba diezmada, al punto que pocos días después la conducción del PRT ordenó su desactivación y la salida de los pocos combatientes que quedaban en la zona. En ese marco, es imposible que medio centenar de guerrilleros hayan atacado a la ambulancia, como les contaron los militares a la tropa y a la mamá de Toledo Pimentel. El supuesto atentado contra la ambulancia dio lugar a una feroz represión contra los pobladores de la zona, que fueron detenidos, secuestrados y torturados. Y en los campos de concentración “los militares aplicaron la ley del ojo por ojo, diente por diente”, según la mamá de Toledo Pimentel. Un sobreviviente del centro clandestino de detención conocido como El Reformatorio, afirmó que en esos días, para “vengar” a los muertos de la ambulancia, mataron a golpes y patadas a una decena de prisioneros. Balazos y llantos. El 17 de agosto de 1976 el Ejército informó que en un “enfrentamiento entre delincuentes subversivos y efectivos de la Quinta Brigada, el oponente sufrió 6 bajas” y que las fuerzas legales “lamentaban el fallecimiento del cabo primero Dardo Juárez”. La verdad fue otra, muy distinta. Una sección integrada por un oficial, un suboficial y una decena de soldados, salieron a un patrullaje de rutina por la zona de Las Dulces. Al llegar a un rancho, aparentemente abandonado, el oficial y el suboficial entraron a revisar, dejando a los soldados de guardia, rodeando la vivienda. Por algún motivo, el cabo Juárez salió por la parte de atrás, siendo confundido en ese momento por los conscriptos que, literalmente, lo destrozaron a balazos con sus FAL. El regreso a la base de Santa Lucía con el cadáver de Juárez a cuestas dio lugar a una escena de llantos de los soldados que lo habían matado. Nadie fue acusado. Habían disparado todos al mismo tiempo. Más fácil y útil fue difundir el comunicado sobre un enfrentamiento inexistente e inventar un héroe que no fue. 02/06/13 Miradas al Sur

Apenas un puñado de argumentos ad Hitlerum Por Alberto López Girondo

No sólo en Estados Unidos se aplica con ligereza el mote de nazi o fascista para poner fin a cualquier discusión. Leo Strauss fue un filósofo político de origen alemán que tuvo que emigrar y terminó como profesor en la Universidad de Chicago. En un artículo publicado en 1951 planteó una suerte de humorada lógica, la reductio ad Hitlerum, una falacia del tipo ad hominem. La tesis de Strauss era que cuando una discusión se alarga demasiado no habrá de faltar el que acuse a su oponente de defender posiciones nazis, con lo cual se termina todo debate posible. Parafraseando a Mafalda, el inmortal personaje de Quino, hubiera bastado con decir que Hitler amaba la sopa para que la madre de la adelantada niñita hubiese dejado de atormentarla con el despreciado potaje. Siguiendo esta línea podría razonarse que como el genocida austríaco era vegetariano, comer vegetales lleva inevitablemente al antisemitismo. El genial Woody Allen bromeó en cierta ocasión con que cada vez que escuchaba a Wagner le venían ganas de invadir Polonia. En plena época de internet, el estadounidense Mike Godwin elaboró en 1990 la llamada “Ley de Godwin”, que establece que "a medida que una discusión online se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis, tiende a uno". La propensión a caer en estas exageraciones –que le dan la razón a Strauss y a Godwin- lleva a que en Estados Unidos el Tea Party haya acusado a Barack Obama de nazi cuando logró aprobar la ley de Salud, que obliga a que cada ciudadano tenga alguna forma de cobertura sanitaria y sino a que el Estado se la provea. O cuando intentó en vano limitar el permiso para disponer de armas de fuego en poder de civiles. Llegaron a trucar una foto del presidente al que le agregaron el bigotito y un mechón bien hitlerianos. Nada más alejado de cualquier tipo de alegoría: si algo caracterizó al nazismo fue un racismo para nada compatible con un negro. Pero en fin… Fue tan desmesurada la comparación que hubo quien estableció las similitudes entre el mandatario estadounidense y el canciller del Reich. "Ambos, Hitler y Obama, llevaron a cabo concentraciones en estadios al aire libre para excitar y para inflamar las pasiones de la gente (…) escribieron libros antes de llegar al poder y luego escribieron otro libro con las metas para (sus países). Ambos cambiaron sus apellidos a lo largo de sus vidas. Hitler solía ser Schickelbruber, Obama fue Soetoro. Uno ocultó sus ancestros judíos, el otro hizo alarde de sus raíces musulmanas para calmar la tormenta inevitable. Ambos fueron seguidos por sus partidarios ciegamente, sin cuestionarlos(…) usaron su poder y coerción para ocultar sus certificados de nacimiento (…) recurrieron a los jóvenes para crear una fuerza juvenil dedicada a sus ideales (…) fueron conocidos por su tremenda destreza oratoria, recibieron mesiánicas comparaciones, tienen canciones de adoración escritas para ellos. Como Hitler, Obama hipnotiza al pueblo incluso cuando es obvio que lo que está diciendo no es verdad, usa el asesinato como medio de control de la población". Uno de los mayores cultores de estas exorbitancias es un comunicador de la derecha más retrógrada de Fox Channel, Glenn Beck. Pero no solo en Estados Unidos se aplica con ligereza el mote de nazi o fascista, otra forma de reductio ad Hitlerum que pone fin a cualquier discusión. Como cuando se le pone bigotito a la canciller Ángela Merkel. Contra esta demasía tropezó el periodista Carlos Boyero, del diario El País, condenado a pagarle 6000 euros al entrenador José Mourinho por haber escrito en agosto de 2011 que el técnico del Real Madrid "es un nazi portugués". En Argentina el término también tiene un uso frecuente. Elisa Carrió, una de las más proclives al brulote, trató de "nazis e idiotas útiles" a los legisladores que votaron por la recuperación de los fondos de las AFJP. Repitió la acusación cuando se aprobó la ley para la extracción compulsiva de ADN para determinar la identidad de posibles hijos de desaparecidos. "Esto es fascismo puro", sostuvo, al considerar que la norma tenía como únicos destinatarios a los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble. "El kirchnerismo es el nazismo sin campos de concentración", abundó más tarde. Era más o menos para la época en que la revista Noticias publicó en tapa una foto trucada de Néstor Kirchner con uniforme nazi y el título "Fachoprogresismo, la maquinaria del miedo". Otro que abusa del mote es el alcalde porteño, Mauricio Macri, quien no dudó en calificar de fascista al gobierno nacional luego de la sanción de la Ley de Medios. "Este es el gobierno más fascista que hemos tenido en años", consideró en un encuentro de la derecha hispanohablante al que asistió el presidente de gobierno español, José María Aznar. No fue mucho después de aquel incidente que costó la vida de tres personas (uno nacido en Paraguay y los otros dos en Bolivia) durante la ocupación del Parque Indoamericano. “La inmigración está descontrolada”, había dicho esa vez, sin que le temblara el bigotito. El fascismo es una ideología basada en la unidad monolítica de la sociedad en torno de estructuras corporativas. Según la Enciclopedia Clarín, publicada en el año 1999 sobre la base de una de Plaza y Janés, fascismo es un "sistema político caracterizado por tendencias autoritarias antiparlamentarias, a menudo antisemíticas, totalitarias, militaristas, nacionalistas, imperialistas y corporativistas (…) se caracteriza por la reacción contra el movimiento democrático que partió de la revolución francesa y también por la encarnizada oposición a las concepciones liberales y socialistas del hombre y el ciudadano (…) sus fuerzas de choque (los camisas pardas) fueron subvencionados por la alta burguesía y recibieron ayuda de militares de la reserva e incluso del propio Estado”. Otra enciclopedia, esta vez publicada por La Nación en 1992 pero elaborada por Salvat, agrega a esta definición que el fascismo “desató una sangrienta represión contra obreros y campesinos”. Esta no es más que una larga introducción a un par de consideraciones acerca del editorial de La Nación titulado 1933, del que ya otros hablaron con mayor solvencia. Publicado por el diario que fundó aquel militar que persiguió a los últimos caudillos federales para retomar el poder de los porteños y que luego, y al mismo tiempo, fue protagonista principal del genocidio del pueblo paraguayo en una guerra hecha solo para beneficio de la alta burguesía vernácula e internacional. Y que como para ponerle una frutilla al postre, fundó ese mismo diario el 4 de enero de 1870, cuando era evidente que Paraguay no podría ganar la guerra de la Triple Infamia pero Solano López todavía intentaba salvar a su pueblo en una derrotero final que lo llevó a la muerte el 1 de marzo en Cerro Corá. Un diario que, en paralelo a la historiografía oficial pergeñada por Mitre, está destinado a ocultar el genocidio de un millón de paraguayos y las matanzas que se sucedieron desde entonces en el país. Mitre tuvo como embajador plenipotenciario en Estados Unidos a Domingo Faustino Sarmiento, quien lo sucedería en la presidencia en 1868. "Se nos habla de gauchos... La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos", le había escrito a Mitre el 20 de setiembre de 1861. Hace varias semanas el tema de la corrupción volvió a ser eje de debate en el terreno político. En ese marco es que La Nación publica el incendiario texto sin firma, con lo que se destaca como política editorial. Una pocas líneas donde asocia al gobierno de encaminarse hacia acciones que justamente combatió al forzar el enjuiciamiento hasta las últimas consecuencias de los delitos de lesa humanidad. Pero además, para calificar a alguien de nazi o fascista se debería estar parado en la vereda de enfrente de las corporaciones y la alta burguesía, por lo menos, y no es ese el caso de La Nación. Porque puede ocurrir como en el cierre del programa más visto la noche del domingo pasado, cuando el conductor, visiblemente irritado, dijo mirando a cámara pero hablándole al empresario Báez : "Lázaro, usted antes de 2003 era sub-nadie. Era menos que nadie. Era un cajero del Banco Santa Cruz. Sub nadie. Hoy maneja el 93% de la obra pública de la provincia". Cuando se escuchan frases como esta uno no puede menos que preguntarse si el problema con Báez –que deberá probar que no cometió delitos ni se aprovechó de su cercanía con Kirchner para enriquecerse a costa de la sociedad- es que robó o que era un empleado bancario. Y si, además, un cajero es un sub-nadie. Sería como cuestionar que Magnetto era apenas un contador, un sub-nadie, o que Ernestina Herrera era secretaria, otra sub-nadie, y hoy son dueños del Grupo Clarín, que muy bien aprovechó dineros públicos para crecer. Raro que el gremio bancario no saliera a cuestionar esa desvalorización de su tarea. Tal vez estaban mirando el fútbol (cualquier cosa acá lo tienen, http://tn.com.ar/politica/lanata-a-lazaro-tiene-que-agradecerle-a-dios-que-todavia-esta-libre_390049 ). O temen que los acusen de defender a Báez, cosa que esta columna no pretende. Pero así están las cosas. 02/06/13 Página|12