EMPEZARON BIEN LOS MUCHACHOS

Repercusiones del encuentro del 1º de Mayo Lavagna y Moyano cargaron contra Macri y cruje la alianza del PJ opositor El ex ministro cuestionó al alcalde por la represión en el Borda. Moyano dijo que "porque tienen ojos celestes creen que son los únicos que representan a la sociedad". Abal Medina comparó la foto de Córdoba con el menemismo y la Alianza. Todavía no se consolida el espacio del peronismo disidente y las grietas ya empezaron a aparecer. El camionero Hugo Moyano y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna salieron a rechazar ayer las críticas surgidas desde el PRO, partido de Mauricio Macri, que objetaron la flamante alianza política sellada con la foto del 1º de Mayo con el gobernador cordobés José Manuel de la Sota y el diputado Francisco de Narváez. En tanto, desde el kirhchnerismo salieron a remarcar esas diferencias. "Terminan convirtiéndose en la hoguera de las vanidades en color sepia", caracterizó ayer el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Es que la foto del 1º de Mayo cordobés puso en riesgo la eventual alianza de los dirigentes peronistas no kirchneristas con el jefe de gobierno porteño de cara a las elecciones de octubre. Por eso, el macrismo salió a criticarlos al calificar las imágenes del encuentro de Córdoba como "fotos del pasado". La respuesta no se hizo esperar, Lavagna replicó los comentarios. "Puedo entender que esta foto no haya gustado, a mí no me gustaron las fotos del Borda, pero no hice ningún escándalo por eso", sostuvo Lavagna al comentar la represión que llevó adelante la Policía Metropolitana en el centro de salud porteño donde el gobierno capitalino construirá un centro cívico. A su turno Moyano, jefe de la CGT opositora, calificó con dureza a Macri, de quien dijo que "piensa igual" que el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y además ambos "reprimieron a trabajadores" y "están detenidos en el tiempo". Las disputas en el incipiente espacio opositor ya despertó la crítica del kirchnerismo. "Como no tienen un proyecto de país se dedican a poner palos en la rueda. Los argentinos no tenemos ganas de repetir laboratorios políticos como el menemismo o la Alianza", dijo Abal Medina al ingresar el club Tesei en Hurlingham donde se realizó un acto del espacio Unidos y Organizados. "Desde el 2003 este país tiene un proyecto que generó trabajo, empleo, inclusión social y tiene una clara conductora que todos los días trabaja para profundizar este modo de hacer política", recalcó el funcionario. En esa línea de pensamiento, Abal Medina aseveró que "del otro lado están aquellos que se juntaron e hicieron el Grupo A que no le sirvió al pueblo argentino y que ni siquiera pudo convertirse en una alternativa porque en seguida surgieron diferencias entre ellos". Desde la vereda de enfrente, aunque Macri negó malestar por el acuerdo que selló Lavagna con el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, el jefe de la CGT opositora, Hugo Moyano, y el diputado Francisco de Narváez, el referente macrista, Marcos Peña, comentó que había asociado ese acercamiento con "reiteradas vivencias del pasado político". Macri había expresado: "No me molestó la foto, para nada. No me puede molestar que Lavagna quiera ser el candidato del peronismo. No sé, es como si me molestara que Carrió y 'Pino' vayan juntos. Nosotros veníamos conversando con él, pero sólo eso", disparó. Lavagna indicó que puede "entender que dentro del PRO haya quien no acepte estas cosas", pero "uno tiene que trabajar sobre la realidad y con la gente que está: no puede borrar la historia de la gente ni modificar su propia historia". "El objetivo es conformar un centro grande que sea capaz de presentar una alternativa con 4 o 5 puntos importantes, entre sectores del Justicialismo que están saliendo del freezer en que lo tiene el gobierno, con otros sectores como el PRO en Capital", reiteró Lavagna sobre el acuerdo del peronismo no kirchnerista. La reacción de mayor dureza provino de Moyano quien cuestionó la pertenencia social de Macri. "Estos señores creen que porque tienen ojos celestes y provienen de familias tales son los únicos que representan a la sociedad", sostuvo el camionero en declaraciones a Radio América. 04/05/13 Tiempo Argentino GB

JUSTICIA EN JUJUY

Fuertes condenas a represores en el primer juicio por lesa humanidad en Jujuy Los ex oficiales Rafael Braga y José Eduardo Bulgheroni recibieron la pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, y Antonio Vargas fue condenado a 25 años de prisión. La emoción de los familiares de las víctimas. Por Gerardo Aranguren Llantos, sonrisas, gritos y abrazos surgieron de toda la sala cuando el Tribunal Oral Federal de Jujuy leyó la primer condena y resolvió la prisión perpetua para Rafael Braga como partícipe necesario del homicidio de Julio Rolando Álvarez García. Las condenas siguieron para los otros dos imputados: 25 años para el ex interventor del penal de Gorriti, Antonio Vargas, y prisión perpetua para José Eduardo Bulgheroni por el homicidio de Rosa Santos Mamaní. Así finalizó ayer el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy. La espera había sido demasiado extensa y estalló en la gente de la sala, familiares y víctimas que tuvieron que esperar más de 30 años para que comience a terminar la impunidad en la provincia. Con la misma felicidad con la que celebraron las tres condenas abrieron la puerta para el próximo paso: "Vamos por Blaquier", coincidieron todos en sus gritos. La sentencia comenzó a leerse a las 18:20. Tres horas antes, los jueces René Vicente Casas, Mario Juárez Almaraz y Daniel Morin habían dado por terminado el debate, luego de que Bulgheroni rechazara decir sus últimas palabras antes de la sentencia. A las 15:30 comenzaron a deliberar y tres horas después comenzó la lectura. "El Tribunal resuelve considerar los hechos de este juicio como delitos de lesa humanidad", leyó la secretaria. Fue el primer estallido de la sala y Casas tuvo que pedir "por favor" para silenciar al público y concluir el debate. Luego siguieron las tres condenas. Braga, conocido como ‘caracortada’ y ex oficial de Inteligencia del Área 323, fue considerado coautor de la violación de domicilio y privación de la libertad de 'Pampero' Álvarez García, así como partícipe necesario de su homicidio. Inés Peña, titular de Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy, fue su esposa: "Esta es una justicia reparatoria porque la impunidad avasalla el alma. Pudimos contar los horrores y señalar a los culpables. Nos sentimos mejor, con más confianza en la justicia, que hay que cambiarla de todas maneras", manifestó la dirigente entre los abrazos de sus compañeros y su familia. Braga, quien escuchó el veredicto desde una sala contigua, fue enviado por el Tribunal a una prisión federal de Buenos Aires, donde tiene residencia. Como no estuvo en la sala no pudo ver los carteles que los familiares le habían preparado. Con la frase "Para mirarte mejor" y una foto de sus ojos, ya que durante todas las audiencias intentó cubrir con anteojos negros y pañuelos las cicatrices de su rostro, las que permitieron identificarlo como el autor del secuestro de Álvarez García. Los 25 años para Vargas también fueron celebrados por el público, que desbordó la sala de audiencias. El ex interventor del penal de Gorriti escuchó la sentencia por videoconferencia desde Ezeiza, donde fue trasladado por sus problemas de salud. A diferencia de los otros dos acusados, no fue imputado por homicidio por lo que su pena fue menor. El Tribunal lo encontró culpable de 32 casos de privación de la libertad y de 10 tormentos cuando dirigía la cárcel, que durante la última dictadura se convirtió en un centro clandestino de detención. Allí fueron a parar los detenidos de la causa Arédez, expediente que toma el nombre del intendente de Libertador San Martín y ex asesor del Sindicato Azucarero, Luis Aredez, secuestrado el 24 de marzo de 1976. Del mismo operativo también fueron víctimas Ramón Bueno, integrante del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio Ledesma; Omar Gainza y Carlos Melián. Adriana, hija de Arédez, quien estaba junto a sus hermanos en las primeras filas, destacó que la sentencia era algo que su familia esperaba desde hace muchos años. "Ahora queremos en la cárcel a los civiles, empresarios y los miembros de la Iglesia", destacó. También fueron al penal de Gorriti, entonces bajo las órdenes de Vargas, los trabajadores de la Minera El Aguilar detenidos ilegalmente. Se trata de 27 casos que integran la "causa Bazán". Todos fueron liberados, pero Avelino Bazán fue nuevamente detenido y permanece desaparecido. Su sobrina, Dina Cardozo, saltó de su asiento cuando escuchó la condena al captor de su tío: "Dos minutos antes de la sentencia tenía mucho temor y cuando la leyeron di un salto que no pude contener. Acompañé a mi tío durante su último viaje y siento que él me estuvo acompañando durante este último tiempo. Me trajo hasta acá. Este es un paso y ahora vamos por más, vamos por la complicidad civil", señaló. La pena para Bulgheroni también fue prisión perpetua. El ex oficial de inteligencia del Área 323 tampoco quiso estar presente y esperó en la sala contigua a que leyeran la condena por los 10 casos de privación ilegítima y tormentos. La pena máxima se debió a que fue encontrado culpable como coautor del homicidio de Rosa Santos Mamaní, quien integró el grupo de víctimas de la localidad de Tumbaya que, en su mayoría, pertenecían al Partido Comunista. "Se cubrieron todas las expectativas. Esto inaugura el proceso de memoria, verdad y justicia en la provincia y tiene una trascendencia histórica. También permitirá continuar con las responsabilidades civiles, la clara participación de sectores civiles, empresariales como clericales", señaló el abogado Juan Manuel Sivila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pablo Pelazzo, fiscal federal ad hoc, destacó que la sentencia "es el resultado de años de trabajo de toda esta gente que ha venido pidiendo Justicia, de los abogados y el Ministerio Público y de todas las personas que participaron del proceso”. « Multitudinaria marcha frente al tribunal Apenas terminó la audiencia, un grupo de familiares y víctimas recorrió los 80 metros que lo apartaba de las vallas policiales y se sumergió en las miles de personas que habían marchado hasta ahí más temprano en la tarde. Allí estaba Rosa Bazán, hermana del dirigente minero Avelino Bazán, junto con su hija Dina. También la titular de Madres y Familiares, Inés Peña, el sobreviviente Raúl Bartoletti y su compañero de la Asociación de Ex Presos Político de Jujuy, Hugo Condorí. "Tarda, tarda pero llega", resumió Condorí sobre lo que sentía al haber obtenido una sentencia condenatoria. A su lado, agarrada fuerte de su mano, iba la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala. "Es el inicio de un camino sin retorno. La justicia, luego de más de 30 años no es justicia, por lo tanto, hoy más que nunca se hace necesario democratizar el Poder Judicial, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Este juicio y la condena a los militares es producto de la lucha popular y la perseverancia de los organismos de Derechos Humanos. Todos los responsables, tanto civiles como militares, deben pagar con cárcel común por los delitos cometidos. Ahora llegó el momento de que Blaquier se siente en el banquillo", señaló Sala. La movilización había partido desde diferentes puntos de la ciudad para confluir en la esquina del tribunal. Allí llegaron unas 30 mil personas, en su mayoría miembros de la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales para acompañar a los organismos de Derechos Humanos. GB

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

FUNCIONARIOS, JUECES Y VICTIMAS DEBATIERON SOBRE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y LAS FORMAS DE ERRADICARLA Una asignatura pendiente de la democracia El debate se dio en el marco del encuentro nacional que se realizó en la Plaza del Congreso. Más de dos mil personas participaron de las deliberaciones. Se habló de la responsabilidad del Estado y la criminalización de la protesta. Por Nicolás Lantos “El desafío de una democracia sin violencia institucional necesita de los familiares y las organizaciones, de los funcionarios, jueces y fiscales que creen que una Justicia democrática es posible, de fortalecer un Estado que castiga a los responsables de violar los derechos de aquellos a quienes deben cuidar.” La voz de Estela de Carlotto sonaba firme mientras leía el documento. Unas quinientas personas se agolpaban en una de las cinco carpas montadas para el primer Encuentro contra la Violencia Institucional que se llevó a cabo ayer en la plaza del Congreso y en el interior del Palacio Legislativo. Afuera, como durante todo el día, la lluvia caía sin pausa, constante como un corredor de fondo, obligando a los que se quedaron hasta el final de la jornada a apretujarse bajo el gacebo de tela para no mojarse. Más de dos mil participaron, a lo largo de todo el día, en diez mesas distintas de debate, con el concurso de miembros de los tres poderes del Estado, activistas de los derechos humanos, referentes políticos y sociales y familiares de víctimas del abuso del poder estatal. “Esta fuerza que está aquí hoy, aguantando la lluvia, es un pueblo que quiere seguridad, pero también pide que no exista la represión institucional, que es un crimen terrible, porque participa el Estado”, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo a Página/12 al concluir la actividad. Carlotto iba a encabezar el acto de cierre en un escenario montado en una punta de la plaza pero la inclemencia del clima obligó a realizar la lectura del documento en una de las carpas. “Es importante distinguir que en estos casos no es el Estado como tal quien provoca la violencia, como sucedía en la dictadura, sino que se trata de personas e instituciones que desde su interior no se adaptan a la democracia”, aclaró. El encuentro había sido inaugurado horas antes por el vicepresidente Amado Boudou en el Salón Azul del Senado, en compañía del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez (ver aparte). A lo largo de la tarde se sucedieron las mesas de debate, donde se discutieron temas como la represión de la protesta social, el tratamiento que le dan los medios a la violencia institucional, la problemática de género en estos casos, el control político y civil de las fuerzas de seguridad, entre otros tópicos. De los paneles participaron entre otros la ministra de Seguridad, Nilda Garré; la fiscal general Alejandra Gils Carbó; el titular de la Afsca, Martín Sabbatella; dirigentes oficialistas como Luis D’Elía (Miles) y opositores como Fernando Esteche (Quebracho) y familiares de víctimas como Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, y Susana Trimarco, madre de Marita Verón. “La política de no represión que tan lejos llevó la gestión de Kirchner a partir de 2010 sufre algunos golpes. Es necesario terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad y plasmar esta discusión en una ley”, planteó Ferreyra al ser consultado por este diario acerca de las cuentas pendientes en este ámbito. El hermano del militante del PO asesinado por una patota ferroviaria en 2010 también manifestó su preocupación acerca de que el protocolo de seguridad que emanó del Ejecutivo nacional debería ser adoptado por todas las provincias para evitar situaciones de violencia. Al respecto, durante toda la tarde sobrevoló la plaza el recuerdo de lo sucedido la semana pasada en el Hospital Borda a partir de la represión de la Policía Metropolitana, una fuerza que no adhiere a los lineamientos que dicta el Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese sentido, el vicepresidente Boudou denunció que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, creó esa fuerza porque “quería espiar y reprimir a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires cuando algo no le gusta”. Fresneda, en tanto, fue más allá al asegurar que “las fuerzas de seguridad no van a reprimir donde las autoridades políticas no las envían”, por lo que destacó que es “la clase política la que tiene que tener la capacidad de conducir” para acabar con la violencia institucional. “El control político del correcto desempeño de las fuerzas de seguridad no es una actitud antipolicía, porque son los malos policías los que desprestigian y le hacen mucho daño a la institución”, señaló a su turno la ministra Garré, quien descartó la idea “que dice que no puede haber políticas de seguridad eficientes si se respetan los derechos humanos”. En ese sentido, el documento final que leyó Carlotto en la carpa atestada de gente que se refugiaba de la lluvia volvía a poner la mirada en “las dificultades que la democracia todavía tiene para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de justicia.” El texto concluye señalando que “la lucha de familiares y militantes ha demostrado que denunciar a la policía ya no es imposible, pero convive con hechos cotidianos de impunidad y complicidad, con la violencia y la ilegalidad policial”. En todas las mesas de discusión se coincidió en que la necesidad de erradicar estos casos, más que nunca, recae en el único responsable de que sucedan: el Estado, a través de sus tres poderes debe gobernar, legislar y juzgar en consecuencia con una concepción democrática de la seguridad y la relación entre el poder institucional y la ciudadanía. LEONARDO GROSSO, DIPUTADO OFICIALISTA Y COORDINADOR DEL ENCUENTRO “La responsabilidad principal es del Estado” Por Nicolás Lantos Leonardo Grosso, diputado del Frente para la Victoria. Imagen: Télam El diputado Leonardo Grosso (Frente para la Victoria) fue el impulsor de la ley que estableció el 8 de mayo, aniversario de la masacre de Budge, como Día de la Lucha contra la Violencia Institucional. Este miércoles, en todas las escuelas se dedicará la jornada a debatir esta temática para generar conciencia. Como paso previo, el joven legislador coordinó la actividad de ayer, donde se debatieron algunos de los puntos que se llevarán en la semana a las aulas. Tras el encuentro, dialogó con Página/12 acerca de los logros en la materia y los asuntos que quedan pendientes. –¿Qué balance quedó tras la jornada de debates? –Es altamente positivo. A pesar de la tormenta, hubo miles de personas debatiendo el problema de la violencia institucional, que para nosotros tiene que ser central en la agenda pública. Es destacable que hubo altos funcionarios de los tres poderes formando parte no sólo de este acto sino del debate y del compromiso público en acabar con la violencia policial y el gatillo fácil. Esto lo destaco no para desmerecer al resto de los participantes, a los militantes y las organizaciones, sino porque la violencia institucional tiene responsabilidad principal en el Estado, entonces que los que tienen esa responsabilidad asuman el problema es un objetivo logrado. –¿Por qué después de diez años de gobierno kirchnerista aún no pudo resolverse este problema? –En estos diez años se han resuelto un montón de problemas, pero todavía falta mucho, lo dice la Presidenta todos los días. Esta década ganada de conciencia y de derechos nos permite ir por lo que falta. Esta pelea habría sido imposible librarla si Néstor no hubiese bajado el cuadro de Videla de la Escuela de Militar o si Cristina no hubiese encabezado las reformas que encabezó en materia judicial, política, social y económica. –¿Cuál es el objetivo de la campaña? –La campaña se basa en el trabajo cotidiano, de asesoría legal, de construcción de una masa crítica. Entendemos que la seguridad es un campo de lucha y como tal se resuelve mediante la construcción de organización popular. Nuestra tarea es seguir federalizando la campaña y construyendo los mecanismos necesarios para que se discuta y seguir pensando soluciones completas. –¿A qué se refiere con soluciones completas? –Ha habido muchísimos avances este último año, desde la creación de la fiscalía especializada en violencia institucional a cargo de Abel Córdoba, a la sanción del mecanismo nacional de prevención de la tortura y la creación de la dirección general de prevención de la violencia institucional dentro del Ministerio de Seguridad. Son logros importantes pero nosotros creemos que hay que seguir discutiendo y avanzando. TEXTUALES DE LAS EXPOSICIONES Muchas voces para un debate En las distintas exposiciones que se sucedieron durante el día de ayer en la jornada contra la violencia institucional, funcionarios políticos, miembros del Poder Judicial, de organizaciones de la sociedad civil y víctimas expusieron sus preocupaciones y propuestas. Aquí se destacan algunas de ellas: - Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema: “Hace 30 años estábamos muy solos quienes hablábamos de la violencia institucional. Solos contra las instituciones, solos contra una opinión pública manipulada por la televisión. El gatillo fácil era algo sistemático; no eran hechos aislados, que se registraban mediáticamente como ‘miren cómo eliminamos al enemigo’. Tenemos una enorme deuda política, que tiene que ver con repensar nuestra policía y sus estructuras y ver qué es lo que se ha hecho después de 30 años. Copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero no copiamos la policía comunitaria de los condados de los Estados Unidos, copiamos la policía de ocupación territorial militarizada de los Borbones. Tenemos que repensar nuestra policía, sus estructuras. Sabemos que si alguien tiene que prevenir violencia, y para eso le damos el llamado monopolio de la violencia al Estado, es la fuerza policial. Ni disculpo, ni justifico, ni mucho menos encubro actitudes judiciales. Pero lo penal y lo policial llegan tarde, llegan cuando la víctima ya está judicializada. Lo primordial y lo fundamental es prevenir, y quienes deben prevenir son las fuerzas policiales, el servicio de seguridad, no hay otra forma. Hay otra manera, por supuesto, que son las políticas sociales, a mejor calidad de vida, baja la violencia en una sociedad, pero eso es prevención primaria y pertenece a la política general. No se puede prestar ningún servicio de seguridad eficaz si ese servicio está contaminado con la formación de cajas y recaudación autónomas. Se descontrolan los mandos medios y los mandos bajos porque las cajas son más grandes. Es absurdo y es totalmente evidente que hay delitos que jamás se podrían cometer sin encubrimiento. Nadie puede aceptar que se cometa trata de personas sin encubrimiento”. - Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación: “Hay una Justicia doble: que mira de una manera a las víctimas que tienen poder, pero cuando las víctimas son personas vulnerables, no les interesa escucharlas, eso también es violencia institucional. Tenemos que volver a construir un tejido social cohesionado que le grite al Estado: ‘Usted me tiene que proteger’. Porque si el Estado no me protege, no es un Estado legítimo; y si la Justicia no me protege, esa Justicia tampoco es legítima. La Justicia es legítima cuando cuida al pueblo y a los derechos humanos. En la Argentina de hoy sigue habiendo torturas y apremios, por eso la Defensoría General de la Nación querella en todos los casos de violencia institucional que llegan a su conocimiento. También es violencia institucional que la Cámara Civil diga que la ley de salud mental no existe, argumentando que al no estar reglamentada no se puede aplicar”. - Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados: “La respuesta a la violencia institucional debe darse desde la política. O ponemos el oído en las demandas populares y convertimos las frustraciones en realizaciones; o criminalizamos el dolor y la respuesta es la represión, la impotencia cuando no hay razones. Y después de 30 años de democracia, no podemos hacer de la represión la respuesta a los reclamos de la sociedad. La protección de la vida humana debe ser la tarea que guíe las acciones del Estado. Existe la posibilidad de transformar democráticamente las estructuras de seguridad y justicia, entendiendo de una vez y para siempre que la violencia institucional es incompatible con la democracia. En los últimos 12 años murieron 1893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de las fuerzas de seguridad, y el 49 por ciento de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio. Es necesario promover desde el Estado las políticas sociales que permitan la superación de las condiciones de exclusión que sufren los sectores más humildes, que son los más vulnerables a la violencia institucional y sobre quienes ésta impacta con más fuerza. Es fundamental en este proceso el control civil y el accionar de instituciones públicas conformadas tanto por profesionales relacionados con la temática del derecho y la seguridad, así como también la participación de universidades y redes conformadas por ciudadanos movidos por el interés de terminar con prácticas que lesionan los derechos humanos de las personas”. - Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra: “La jornada demostró un abordaje muy plural, porque había miembros de pueblos originarios, gente relacionada con el problema de la vivienda y de la tierra, víctimas, familiares de víctimas, funcionarios políticos. Se dieron debates muy interesantes, intercambios con el público, compañeros de movimientos sociales, desocupados, movimientos políticos. Planteamos la problemática de que las provincias no respetan el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, entendiendo que la política de no represión, que tan lejos llevó la gestión de Kirchner a partir de 2010, sufre algunos golpes, entre ellos, el asesinato de Mariano y los sucesos del Parque Indoamericano. Como contracara positiva, esto nos da expectativas de que el Ministerio de Seguridad pueda terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad y que esta discusión se plasme en una ley que pueda recoger lo mejor de las políticas de no represión y así erradicar la violencia institucional”. - Nilda Garré, ministra de Seguridad: “Es fundamental el compromiso de las autoridades políticas para controlar políticamente a las fuerzas policiales y de seguridad. Necesitamos terminar con la autonomía de las fuerzas y modificar estas instituciones. Tenemos que monitorear la gestión y desempeño de la Policía y controlar el uso y abuso de la fuerza. La formación, profesionalización, por un lado, y la modificación de los planes educativos de las academias de las fuerzas, por otro lado, permitirá luchar de manera eficiente ante formas sofisticadas del delito, como son la trata de personas y el narcotráfico. Ante cada caso de abuso hay que tomar una actitud clara para sancionar y separar a los responsables y así evitar la naturalización de la violencia”. - Jorge Taiana, ex canciller. Director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Unsam: “La tortura es una práctica social, ya que no sólo es un medio para sacar información o justificarla sino que también constituye un elemento de disciplinamiento social. Se tortura al delincuente porque se entiende que se está autoexcluyendo del Estado de Derecho; pero (además) es una forma pedagógica de mantener disciplinado al conjunto de excluidos que hay en la sociedad. Es el miedo al levantamiento del conjunto de los excluidos lo que lleva a mantener la tortura como un instrumento de disciplinamiento social. Muchas de nuestras policías provinciales lo que hacen no es combatir, sino administrar el delito. En esta administración del delito la tortura es un elemento de convocatoria y disciplinamiento, sobre todo de los jóvenes. Es muy difícil probar la tortura en el sistema legal argentino, hay una actitud corporativa y la Justicia argentina no quiere enemistarse con personas que puedan serle útiles en el manejo de la ley”. - Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación: “El sistema judicial no puede llenarse la boca con la defensa de los derechos humanos mientras se tortura en las cárceles y desaparecen jóvenes detenidos. La Justicia, para ser legítima, debe ser universal para toda la sociedad. Existe un discurso en los medios masivos de comunicación que criminaliza a la gente pobre. En los últimos años, solo nueve penitenciarios fueron acusados por torturas de un total de 415 denuncias, que motorizaron apenas una decena de ruedas de reconocimiento. Para lograr una Justicia legítima tenemos que trabajar todos: ciudadanos, organizaciones, funcionarios”. 04/05/13 Página|12

FERNANDO MUSSANTE Y LA TOLERANCIA OPINION

HAY COSAS QUE NO ME BANCO MÁS. POR EJEMPLO: EL MAL USO DEL TÉRMINO "TOLERANCIA" «No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan sólo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y sucedió que, cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. (*) (*) Del santo Evangelio según san Mateo 10, 34. 11,1 ¡Caramba! Quizá podamos pensar que sacar a latigazos a los mercaderes del templo tuvo un aviso previo por parte de Jesús de Nazareth (y no olvidemos que: “el que avisa no traiciona”). Ahora, bien: después de leído esto, pregunto: ¿Fueron tolerantes los revolucionarios de 1789, de quienes algunas instituciones se enorgullecen en descender, con los aristócratas? ¿Fueron tolerantes entre sí Rivadavia y San Martín? ¿Hubo, acaso, algún atisbo de tolerancia en la “guerra contra el gaucho"? ¿Lo hubo en la de la “triple infamia"? Tal vez el lugar más oscuro en el que puede alojarnos nuestra historia, por haber sido coautores de un genocidio que equipara en horror a nuestra Nación con el cometido por los turcos contra el pueblo armenio, con el beneplácito –como siempre– de la corona inglesa. Guerra a la que fuimos conducidos por un señor “militar” (?) que compite por el título de “el más inepto de la historia” con Gregorio Aráoz de Lamadrid. La verdad es que –creo- como bien diría el fallecido Dr. Marcelo O’Connor que la “tolerancia” es un vocablo vacío de sentido. Prefiero (como también lo prefería él) las palabras “respeto” y –de ser necesario– las palabras “piedad” y “misericordia”. Y, comparto ese concepto, porque siento que “ser tolerantes”, cual presupuesto, platónico puede llevarnos a lugares limitantes con el concepto (aristotélico, por cierto) de justicia. Y he aclarado que me anclo en el basamento aristotélico porque, si “lo justo” (y no hablo de “la” justicia, ente abstracto, si es que los hay), es dar a cada quien aquello que le corresponda, a quienes han sido hallados responsables de conductas penalmente reprochables, deben ser condenados a cumplir el máximo de las penas que correspondiera (salvo atenuantes razonablemente considerados). Una muestra mayúscula de esto nos han dado tanto las madres como las abuelas de Plaza de Mayo. No sólo sufrieron la muerte de sus más queridos sino que hubieron de enterarse, durante los juicios, que los suyos sufrieron vejaciones de las que no fueron capaces ni los nazis. Lo que incluye la apropiación de los niños nacidos en cautiverio. Sin embargo, no hay un solo caso de intento de justicia “por mano propia”. Mientras que algunos desde sus sitiales nos imparten “civilizadas” normas de conducta, mientras siguen apañando a los criminales y a sus exégetas, y vaya a saber uno en virtud de qué inconfesables lealtades. Yo creo que estos modernos pontífices deberían caérsele las caras de vergüenza ante semejante demostración de escasa calidad humana en dialéctica contraposición con la de nuestras queridas viejas. Señores (y no digo señoras porque sé que en algunos ámbitos no hay mujeres): Digo, en pleno uso de –las que creo– mis facultades mentales: no hay más tolerancia que la del absoluto respeto al cumplimiento de la Ley. Y no hay mayor templanza de ánimo que la del respeto por la entidad humana de cada semejante. Y no hay mayor piedad, (ni misericordia) que la de pensar que todos (insisto: todos) tenemos la capacidad de ser capaces (y que valga el juego de palabras) de lo peor de la condición humana; salvo que pongamos en juego todos los elementos inhibitorios de nuestras pulsiones más repugnantes. Pero, ante el testimonio de la realidad (jurídicamente comprobada, y con todas las garantías constitucionales en pleno) todos aquellos quienes fuesen hallados, instigadores, cómplices o partícipes de actos delictivos, sobre todo dolosos, les corresponde condigna condena e igual trato. Digo esto para todos, y para algunos en particular, muy en especial al Sr. Carlos Pedro Blaquier, a quien –le pese a quien le pese-- le corresponde ser tratado como lo que es y fue. A mí leal saber y entender (y siempre a la espera de la decisión de la justicia) un delincuente. Todo lo demás, lo disfracen como lo disfracen, es mera hipocresía. Sin más: Fernando Musante (Como siempre uso el nombre que, para mí, eligió mi padre y el Nro. de Doc. con el que me reconoce la Nación Argentina: DNI 4.623.625) F.M.

Córdoba: Piden renuncias de ministro de seguridad y jefe policial por represión en Cuesta Blanca

En Télam I El referente cordobés del Movimiento Evita, Ricardo Visani, pidió hoy las renuncias del ministro de Seguridad, Daniel Alejo Paredes, y del jefe de la Policía provincial, Ramón Frías, por el desalojo violento y la detención de seis vecinos de la localidad de Cuesta Blanca. "La Policía detuvo anoche a Juan Carlos Cochrane, presidente de la cooperativa vecinal, en un nuevo hecho que muestra la política absolutamente represiva del Gobierno provincial, frente a una toma de tierras de hace varios años y donde los compañeros tienen derechos como poseedores", dijo Visani a Télam. El dirigente del Evita y director de área de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar de la Nación denunció "la lógica represiva del Gobierno de Córdoba" y exigió "el cese de la represión y la renuncia de Paredes y Frías". Visani dijo además que las autoridades "provinciales y municipales de Córdoba, en lugar de garantizar más tierra y vivienda a campesinos y vecinos, priorizan el lucro de especuladores inmobiliarios y sojeros, desalojando a familias en tierras sobre las cuales han adquirido derechos posesorios". Horas después de un habeas corpus colectivo presentado ayer para que cesen los arrestos, Cochrane se sumó a otros cinco detenidos en el desalojo del sábado último en Cuesta Blanca, en el Valle de Punilla, alojados en la comisaría de Villa Carlos Paz. Esta represión fue repudiada también por el legislador provincial socialista Roberto Birri mediante un proyecto de declaración en el que insta a las autoridades públicas a "ejercer sus funciones en el marco del estado de derecho, garantizando la paz social y el pleno respeto de los derechos humanos". Birri señaló que vecinos de Cuesta Blanca y su abogado, con los que tomó contacto, le confirmaron que la Policía provincial "irrumpió sin orden judicial" en los terrenos de los que son poseedores, en el barrio Comechingones, y detuvo de manera ilegal a cinco vecinos. El legislador detalló que entre estos detenidos se cuentan tres mujeres con hijos, integrantes de la Cooperativa Solares de Icho Cruz, acusadas de "tentativa de usurpación" cuando en realidad sólo resistían acciones de un corredor inmobiliario que intentaba cortar los alambres de sus terrenos y destruir sus viviendas. Dirigentes de organizaciones sociales denunciaron que el accionar policial en Cuesta Blanca es similar a la reciente represión del gobierno porteño de Mauricio Macri y su Policía Metropolitana en el hospital neuropsiquiátrico Borda. El arresto de Cochrane, ordenado por supuesta instigación a la violencia por el fiscal Gustavo Marchetti, de Carlos Paz, se concretó cuando varios vecinos aguardaban la liberación de los cinco primeros detenidos, que no se materializó. "No fueron liberados. Nos dicen que no hay animosidad contra nosotros, pero todo se hace fuera de los plazos y de las formas procesales vigentes", denunció el abogado Sergio Job, patrocinante de los vecinos. Unas horas antes, movilizaciones simultáneas en Córdoba capital, Icho Cruz y Carlos Paz acompañaron este lunes la presentación de un hábeas corpus preventivo para que cesen los arrestos. Además, "para acelerar la liberación de los campesinos ya apresados, se solicitó el envío de sus fichas prontuariales a la comisaría de Carlos Paz, donde se encuentran detenidos", detalló el Movimiento Evita en un comunicado. gb

Diego Kenis arriesga lecturas en torno a Cortázar, Panzeri, Favio, Borges y el boxeo.

"A Panzeri lo terminaron rajando porque se negaba a publicar boxeo. Decía que no era un deporte" relata Alberto Mac Dougall, con cuarenta años de periodismo en la histórica radio LU3 de Bahía Blanca, en el aniversario de la muerte del periodista que más admira. Mac Dougall todavía busca en sus archivos la carpeta de recortes de La Prensa, El Gráfico y La Opinión firmados por Dante Panzeri, quien –sí- descreía del boxeo como deporte. Tan antisistema como lo definió hace poco Agencia Paco Urondo, la opinión de Panzeri conllevaba una sensibilidad que confronta con el circo romano de un “homicidio legalizado” donde existe la “regular obligación de golpear el cerebro humano” y en el que, agregamos, dos personas surgidas de escenarios marginales pelean para un ringside habitado por miembros de linaje o profesores universitarios que no se ensuciarían la camisa para combatir a puñetazo limpio ante una audiencia de pibes de la villa. Jorge Luis Borges, desde el ringside mismo, fichó aristocrática opinión que ya desarrollaremos. Desde sus cuentos, o más bien en su cuento emblema “Torito”, Julio Cortázar ensayó otra visión, desde una sensibilidad social: el boxeo como la oportunidad de movilidad social ascendente y, luego, descendente. Apasionado seguidor del box, relator en épocas de vacas flacas, Cortázar armó un relato maravilloso del Torito venido a menos, nostálgico de los éxitos que le permitieron un amor de barrio que de otro modo le habría estado vedado. Era la postal de una Argentina, de la que la épica del boxeo era metáfora. También de la vida, claro. Golpe a golpe, para subir y para bajar. “Cuando estás abajo todos te fajan. Todos, che, hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas, te encajan la biaba”. Parece una de las sentencias de Ringo Bonavena. Sin embargo, el Torito Suárez no dejaba de hablar un poco como Cortázar. Un Cortázar jugando a ser un boxeador en caída libre. Algo señaló, en tal sentido, hace demasiados años, Sebreli. Cuando Gatica habló en las versiones que, cada uno por su lado, hicieron en novela y cine Enrique Medina y Leonardo Favio, se pudo escuchar al boxeador en su laberinto y más en su lenguaje. Favio era, valga la redundancia, director de cine y el estilo de Medina se vuelve particular en la costumbre de escribir personificando, a tal punto que la mayor parte de sus relatos son en primera persona. Es sabido que Borges, por su parte, detestaba al fútbol porque le parecía un deporte de combate. Pero disfrutaba en cambio con el boxeo y las riñas de gallo, a las que casi no diferenciaba entre sí, por el valor que ostentaban sus contendientes. Cuando se le preguntaba por la contradicción en sus gustos, su explicación más humana refería a que eran deportes a la medida de un espectador con dificultades de visión, debido a que estaban hechos para ser vistos en las orillas del propio escenario. Ante una repregunta con una cita a Panzeri no explicitada, Rodolfo Braceli lo escuchó agregar que no existían riesgos para el cerebro de los boxeadores porque era poco probable que lo tuvieran antes de saltar al cuadrilátero. Esta admiración por el coraje como valor en sí mismo está presente en muchos de sus escritos. Cierto es que no gestó cuentos de boxeo, pero sí dejó una larga serie de ficciones donde rescata el valor de malevos duelistas y gauchos cuchilleros. Eran los únicos “bárbaros” que rescataba en su desprecio de hombre “civilizado”. Las comillas subrayan palabras que no azarosamente tocan al tema: Sarmiento hizo lo mismo con Quiroga en su Facundo. Destacó su valentía, o más bien una temeridad animal que alejaba al caudillo de la sublimación de instintos de un hombre civilizado. Lo elogió para poder destruirlo. ¿Cómo se vincula esto con la admiración de Borges por el boxeo? Probablemente, de ningún modo. A menos que nos arriesguemos a plantear una hipótesis a discutir, casi en el aire. Borges admiraba el valor de los marginales y los consideraba personas sin cerebro. Se ve en sus palabras sobre el boxeo, deporte de marginales. ¿Puede verse también en su literatura? Tal vez podamos verlo, si es que miramos a Borges como autor de relatos policiales. Sus cuentos de policial detectivesco están entre los más perfectos del género. Pero, aunque nunca se lo presente así, Borges también ejercitó en cierto modo el policial negro: el relato crudo de un duelo, los poemas y relatos borgianos dedicados a cuchilleros, a compadrones, a matones, donde se narra sin más el crimen. No hay en ellos complicadas elucubraciones mentales, ni un acertijo que descubrir ni un rompecabezas que armar con pistas que parecen sueltas y esconden una verdad de crucigrama. En todo caso, sí, guardan estos relatos descripciones de la moral imperante, de un cierto romanticismo salvaje: el duelo, la ofensa que le da lugar, la narración del combate, un primitivismo no exento de valentía, la exaltación de lo viril en el terreno del honor, y, por qué no, del amor. Pidamos permiso ahora para dejar existir un rato el “hubiera”: ante la ausencia de corpus con que analizar lo que el escritor hizo con el boxeo, una posibilidad válida para el ejercicio es visualizar aquello que no hizo. No situó Borges en el mundo del box, por caso, la trama de su extraordinario cuento “Guayaquil”, donde dos profesores universitarios protagonizan un duelo intelectual definido de antemano a partir de la noción de “voluntad”, para determinar quién estudiaría los pormenores de la entrevista entre San Martín y Bolívar. Al cabo del relato, los académicos han reeditado el encuentro de los libertadores, su desarrollo y resultado. Los golpes que han intercambiado durante cada round tienen la violencia de la erudición. Convengamos que, amén de un salto al vacío, acusar a Borges por el escenario escogido puede pecar de superficial, aunque (por mérito suyo, claro) ningún ángulo desde el que se piense su obra resultará estéril. En el mejor de los casos, es una imputación populista –en el real sentido del término, no en el peyorativo de La Nación- que podemos hacerle si consideramos que buenos escenarios para representar lo determinante de la voluntad son los cuadriláteros o el rectángulo de juego. Que le pregunten si no a los hinchas de River: decenas de veces su equipo derrotó despreocupadamente a Belgrano pero un día entró a la cancha convencido de que perdería, y perdió. Sonó la campana. GB

Sobre el rol de la Metropolitana

Por Nicolás Adet Larcher I Un aporte para pensar cómo debe diseñarse una fuerza de seguridad. La Metropolitana, repleta de agentes expulsados de la Federal. Su participación en otras situaciones conflictivas. El rol de la policía Metropolitana, y más precisamente de la policía en general vuelve a quedar en el centro de la escena ante los hechos de represión en el Borda. No hay excusa que pueda justificar lo sucedido en cuanto al accionar de la policía de Mauricio Macri. Desde su creación – como consigna el diario Página/12 – sólo intervino en cuatro conflictos sociales, y los mismos siempre se caracterizaron por concluir con algún herido, y además dos muertos. El accionar de una fuerza policial dudosamente pueda resultar bien si el 83% de su composición de cargos jerárquicos es integrado por ex miembros de la policía Federal, incluso desplazados por la propia ministra de Seguridad, Nilda Garré. Además, se debe recordar que desde su nacimiento, la Metropolitana fue de mal en peor en cuanto a jefes de policía. La inauguración del cargo se encomendó al “Fino” Palacios, defendido a capa y espada por todo el gabinete PRO, y sobre todo por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. La polémica de Palacios terminó con su procesamiento por partícipe necesario de delito de encubrimiento, delito de violación de medios de pruebas y además por abuso de autoridad, en la causa que investiga las irregularidades cometidas en el caso AMIA. A la salida de Palacios, tomó la posta Osvaldo Chamorro, duro poco en el cargo debido al desplazamiento al que tuvo que someterse por estar involucrado junto a Ciro James y Mauricio Macri en las famosas escuchas ilegales. El jefe de Gobierno fue procesado por esta causa. Pero, dejando de lado a las polémicas, lo verdaderamente serio es la falta de aptitud de un jefe de Gobierno para supervisar a una policía desmedida que no posee límites, no es sometida a los controles correspondientes y que además fomenta prácticas propias de la Dictadura. Lo que respecta a una analogía del accionar que tenían las fuerzas de seguridad durante esos tiempos no es solamente una analogía sin sustento. La famosa Escuela de las Américas, fue un eje clave en el método sistemático que utilizó la Dictadura Militar para torturar, extraer información, exterminar al enemigo, etc. La lucha contra la “subversión” tuvo sus raíces allí. La educación implantada por EEUU a las fuerzas policiales y militares de toda Latinoamérica verdaderamente fue lo que sembró o termino de cosechar el gen represivo. Desde aquellos días perdió gran prestigio esta casa de adoctrinamiento, por lo tanto se decidió implantarlo desde otro lugar. La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), es hoy en día el resurgimiento de la escuela de las Américas que tanto nos hizo padecer. Eugenio Burzaco, al mando de la Policía Metropolitana hasta el 2011, luego de la salida de Chamorro y Palacios, envió a algunos efectivos de la fuerza policial a instruirse a los cursos brindados por ILEA. En las páginas oficiales de sus tantas sedes, más precisamente Costa Rica y Salvador, dice: “El ILEA también presenta cursos sobre crimen organizado, cumplimiento de la ley financiera, contrabando nuclear, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, y otros temas relevantes en el cumplimiento de la ley de los países cubiertos.” No existe en ILEA cursos relacionados a la protección de los Derechos Humanos, el accionar ante la protesta social, sino que se aplica la doctrina de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo, con la pantalla del lavado, el contrabando nuclear, etc. El terrorismo de hoy, para Estados Unidos, es el comunismo de ayer, y las enseñanzas obtenidas fueron aplicadas por la Policía Metropolitana desde el principio. El gen represivo, discriminatorio, contra los Derechos Humanos, está perfectamente materializado en una fuerza que pretende igualar la piedra de un manifestante, un ciudadano común, a una escopeta de un policía preparado para tal situación. Montenegro, hasta el momento, no dio a conocer cuáles serán las sanciones que se aplicarán a los policías que dispararon indiscriminadamente sobre pacientes, médicos, periodistas y legisladores. Las filmaciones son claras, las amenazas de parte de un policía son evidentes. Falta, como siempre, la acción que dudosamente sea realizada por parte de un Gobierno que dio margen de un libre accionar a sus fuerzas, apoyó ese accionar y además condecoró a su ex jefe de policía, Burzaco, pese a la promoción de ILEA y su involucramiento, incluso, en el asesinato de Carlos Fuentealba. En cuanto a la cúpula actual de la Metropolitana, la línea se mantiene. El vicejefe ya había sido desplazado por Néstor Kirchner en el 2003 cuando estaba al mando de la Policía Federal. Los errores deberían servir para aprender, no para repetirlos hasta el hartazgo. De parte del PRO ya nada sorprende. GB