El sacerdote Franco Punturo, de la Parroquia Madre María de la Villa 20, que acompaña a las familias desalojadas del asentamiento Papa Francisco, de Villa Lugano, fue tirado al piso dos veces empujado por los escudos que usan los guardias de infantería. En una de esas oportunidades, pese a que es tan fácil identificar el cuellito blanco del cura, un policía le plantó el escudo en el pecho para inmovilizarlo.
Hace apenas tres meses se cumplían cuatro décadas del asesinato del cura Carlos Mugica a manos del oficial de la Policía Federal Rodolfo Almirón, quien actuaba de civil como sicario de la Triple A, la organización criminal que integraba también su suegro, el también oficial de la Federal Juan Ramón Morales. Ambos habían sido exonerados de esa fuerza de seguridad en los años sesenta porque eran la pata policial de un famoso delincuente conocido como el Loco Prieto. La reincorporación de ambos fue obra de José López Rega. También fue su obra mandar a matar a Mugica, quien días antes renunciaba a un cargo en el Ministerio de Bienestar Social desde el cual había tratado que los villeros de la Ciudad de Buenos Aires pudieran acceder a la urbanización de sus barrios.
Cuatro décadas después, una orden de desalojo dictada por la jueza María López Iñíguez puso en marcha un operativo conjunto de la Metropolitana y la Gendarmería, una rara cooperación entre Ciudad y Nación, con 2000 efectivos que sacaron por la fuerza a las 700 familias que habían colocado chapas y maderas a la espera de una solución. Si villa miseria no fuera también América desde hace seis décadas –jugando con el título del libro de Bernardo Verbitsky– sería creíble que la decisión de la jueza fue tomada por el asesinato de Melina López cuando caminaba al lado del asentamiento. O tal vez sería creíble lo que asegura el ministro de Seguridad Sergio Berni: que el desalojo debía haberse realizado meses atrás y que los jueces sólo miran el impacto mediático. También sería interesante escuchar a Mauricio Macri, quien insiste una vez más que por la llamada ley Cafiero, la seguridad de la Ciudad es responsabilidad de la Federal. Corta perspectiva la de quienes se olvidan de Mugica.
Mientras todo parece dirimirse con la vara de la inseguridad, el gobierno de la Ciudad les dio alojamiento, sólo por unos días, a algunos de los echados mientras que otros volvieron sobre sus pasos, a la Villa 20, a pagar unos alquileres altísimos para quienes viven en la absoluta vulnerabilidad social. Según le contó el sacerdote Franco Punturo a este cronista, los que dan una mano y comida a los que quedaron desamparados fueron los mismos vecinos de Lugano, el centro de día Puentes (del Movimiento Popular La Dignidad y la Corriente Villera Independiente) y Caritas (de la Pastoral Social de la Iglesia Católica), dos espacios que tienen orígenes distintos pero ambos le ponen un oído al pueblo. Mugica decía que la misión del católico era tener un oído en el pueblo y otro en el evangelio.
Para las autoridades de la Ciudad la única vía era el desalojo con topadoras, como hizo el brigadier Osvaldo Cacciatori en 1977, en plena dictadura desaparecedora. Es sintomático que el gobierno nacional haya puesto a Sergio Berni como interlocutor de un tema complejo, de raíz social, y que el centro de su mensaje sea las críticas a los funcionarios de la Ciudad y de la justicia porteña porque no están las 24 horas del día cumpliendo funciones. El secretario de Seguridad agrega que él está todo el día disponible, tal como lo demostró cuando se puso al frente de los desalojos de los trabajadores de Lear en la Panamericana y en otras oportunidades. Es irritante para muchos sectores el discurso de Berni pero cualquiera que mire encuestas va a descubrir lo obvio: el gobierno quiere cubrir el flanco de quienes se muestran agobiados por la inseguridad. Sin embargo, resulta descorazonador que el tema del hábitat en la periferia urbana del área metropolitana de Buenos Aires no haya sido encarado con seriedad y coraje en tres décadas.
PARO DEL JUEVES
El miércoles 27 al mediodía, la CTA conducida por Pablo Micheli y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores convocaron a paro con movilización a la Plaza de Mayo por 36 horas. Más allá de las fuerzas que puedan sumar, estas corrientes doblaron la apuesta al paro nacional que llamaron para el jueves 28 tanto la CGT Azopardo liderada por Hugo Moyano y la Azul y Blanca, de Luis Barrionuevo. Los motivos esgrimidos son la modificación de las escalas y la revaluación de la Cuarta Categoría del Impuesto a las Ganancias y por la preocupación por paros y despidos. Se mantienen dudas sobre si adhiere la UTA al paro –sin movilización– de la mayoría de los gremios con conducción opositora al gobierno, un gremio muy importante pues posibilita el transporte público en colectivos y, en parte, del subte. El gremio de La Fraternidad va a la huelga, por lo tanto no habrá trenes ese día. La CTA conducida por Hugo Yasky no adhirió, como tampoco la CGT de Antonio Caló, quien fue convocado a la Casa Rosada para mantener una reunión con Jorge Capitanich. No trascendió el tema que justo ese día quiere tratar el jefe de Gabinete pero parece claro que el gobierno quiere una foto con la CGT aliada para contrarrestar el efecto negativo que causan dos paros generales en cinco meses.
La única iniciativa oficial concreta fue llamar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para el viernes 29; es decir, un día después del paro. En la reunión de ese organismo consultivo –y no resolutivo– se verán empresarios, funcionarios de la cartera de Trabajo y dirigentes gremiales tanto de la CTA de Yasky como de la CGT de Caló. Es decir, esta semana, habrá un testeo por una parte del poder de convocatoria de la izquierda y la CTA opositora (miércoles), como de Moyano y Barrionuevo (jueves), así como de la capacidad del gobierno y los gremios aliados de encausar las demandas por vías de consenso.
BUITRES
El proyecto de ley sobre jurisdicción de la deuda externa enviado por el Ejecutivo tiene como tema central algo muy razonable: darles a quienes tienen títulos de las reestructuraciones de 2005 y 2010 la posibilidad de cobrar en una cuenta de Nación Fideicomisos (una de las empresas vinculadas al Banco Nación) en vez de hacerlo en Bank of New York. Y no sólo en Buenos Aires sino en plazas financieras europeas. Esta ventana resulta práctica, ya que el juez Thomas Griesa obstruye el cobro en la jurisdicción de Nueva York. Sin embargo, algunos de los titulares de los títulos no pueden, por sus propios reglamentos, salir de la jurisdicción norteamericana. Deberían cambiar de manos, ser comprados por otras entidades que sí puedan. Ya salió el multifacético David Martínez, del fondo Fintech –enemigo histórico de Paul Singer desde que rompieron por negocios en México– a anunciar que se sumará con sus títulos reestructurados.
Surge también de los dichos de la presidenta y del ministro de Economía que el gobierno está dispuesto a pagar a quienes no entraron en esas reestructuraciones los mismos porcentajes que en las negociaciones anteriores. Este punto es el que pondría límites concretos al interés de la banca argentina, extranjera o de empresarios argentinos como Eduardo Eurnekian, quien habló de la posibilidad de la compra por parte de actores privados para zanjar la cláusula RUFO y así dejar el camino abierto para que los holdouts pudieran cobrar lo dispuesto por Griesa. Todo parece indicar que el gobierno intentará no aceptar el fallo. Lo que no se sabe es si esa actitud es una posición de fuerza para que los holdouts aflojen y llegar a un punto de negociación o si esta situación de default limitado se mantendrá a lo largo del tiempo. Hasta acá, lo que puede preverse es que el Frente Para la Victoria tendrá los votos suficientes en el Senado como para darle media sanción y que algo similar podrá suceder en Diputados antes del 30 de septiembre, cuando venzan los plazos para el pago de los bonos Par por 67 millones de dólares y los calificadores de riesgo digan que, aunque el gobierno deposite ese dinero, la Argentina entra en un segundo default selectivo.
El proyecto de ley, además, se colocó en el centro del debate ideológico y político. Los extensos fundamentos doctrinarios de Axel Kicillof lo muestran como un ministro de Economía atípico. Para la base social kirchnerista brinda argumentos de por qué el dilema argentino es Patria o buitres. Los especialistas en opinión pública registran una adhesión a este desafío que Cristina Kirchner hace a un sistema financiero que no trepida ante los más mínimos derechos soberanos de una Nación que lleva una década negociando y, sobre todo, pagando los costos de las reestructuraciones.
Ahora bien, además de tributar a una serie de principios –auténticos y con raíz histórica– soberanos, las iniciativas del gobierno no tuvieron eco en sectores no kirchneristas a excepción de algunos dirigentes de UNEN como Humberto Tumini o Pino Solanas y de algunos radicales como Ricardo Alfonsín. El Frente Renovador se mostró ambiguo y también tuvo chispas con Roberto Lavagna, mientras que el PRO y las máximas figuras de la UCR preparan su probable acercamiento electoral con vistas a 2015 en un rechazo de plano a esta ley.
No son pocos los interrogantes que se abren en este escenario complejo. Si la tónica del gobierno es clausurar la idea del pago del juicio de Nueva York, habrá que medir, no sólo las consecuencias en el sector externo (la declaración de rebeldía, la indagación sobre cuentas y activos pasibles de embargos –el discovery– a favor de los buitres, la llamada aceleración por parte de los bonos reestructurados, las dificultades de fondeo para Vaca Muerta y otros emprendimientos que tienen socios externos en Estados Unidos) sino también en la situación interna, donde la inflación, el dólar, la recesión y otras variables de la economía dan signos negativos. Lo que está claro es que este es un tema nacional, que ningún sector político podrá mantenerse al margen y que, por otra parte, no prosperó al menos hasta ahora la idea de mecanismos bicamerales o de ámbitos consultivos que le permitieran al gobierno contar con las visiones y aportes de otras fuerzas políticas.
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