de sí

para sí, clava el clavo milenario.
hunde la madera bajo soles de oriente.
sobre la arena jerusalem.
el niño por si acaso.
arroja la primer piedra.
y él, dulce la mirada lo hace suyo.
son sus niños y niñas dice.
su rebaño.
reza.
el romano ruge y persigue.
los niños ríen y corren.
el imperio ciega.
mas piedras.
y el águila tuerce el vuelo.
ayer, dos mil años ayer.
hoy, el fuego tuerce.
ramallah, hebrón, gaza.
fronteras de papel, tizas.
cometas en la playa.
de sí para sí el niño ríe.

GB

"Goodbye Yellow Brick Road" - Elton John [Subtítulos en español].

Para terminar el domingo...suavecito.

GB

EL RECHAZO A LA EXTORSION DE LOS BUITRES DESATO UN DEBATE MUNDIAL Fallas del sistema a la vista Por Raúl Dellatorre

Tanto la resistencia argentina al chantaje y la extorsión desatada por grupos financieros depredadores, ya caracterizados mundialmente como fondos buitre, como la oposición y rechazo a las arbitrarias resoluciones de la Justicia norteamericana, permitieron generar un debate internacional de una magnitud y una celeridad mucho mayores de lo que se hubiera esperado. Sin embargo, ni el pronunciamiento de una de las organizaciones bancarias de mayor peso internacional (ICMA) proponiendo nuevas pautas para la reestructuración de deudas soberanas, ni la iniciativa del Grupo de los 77 más China de llevar a las Naciones Unidas una propuesta de convención internacional respecto de las reglas que deberían regir para tal tipo de situaciones, le garantizarán a la Argentina librarse, en lo inmediato, del acecho de los buitres y los tribunales que le son funcionales. Pero aun así, la repercusión internacional del caso puso en discusión el planteo de reformas al sistema financiero internacional que hasta aquí se habían ido postergando, pese a la gravedad y las consecuencias de la crisis financiera de 2008.

El ICMA, asociación internacional de mercados de capitales, nuclea a bancos e inversores de más de 50 países. El G-77 es un conjunto de países que actualmente supera el número de 130, cuyo rasgo de identidad está dado por ser naciones emergentes o “en desarrollo”. Ambos conglomerados coincidieron esta semana en pronunciamientos que buscan evitar que una muy estrecha minoría de acreedores pueda frustrar o burlar el acuerdo de una amplia mayoría con el país deudor para reestructurar los compromisos del último. Haciendo eje en el problema argentino, se formula una solución general y permanente. El problema no es nuevo, pero la actitud del gobierno argentino lo puso en boca de todos.

En septiembre de 2008, cuando el ex canciller nicaragüense Miguel D’Escoto, asumió la presidencia de la Asamblea General de la ONU, nombró una “comisión de expertos” para analizar las reformas necesarias al sistema monetario y financiero internacional. Dicha comisión, que encabezó el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, propuso un año después “diez medidas de acción directa” como parte de “un programa de reformas sistémicas imprescindible para una pronta recuperación mundial”. El octavo punto proponía, textualmente, crear “mecanismos para el manejo de la reestructuración de la deuda soberana y de las quiebras transfronterizas; entre otros, la armonización de las legislaciones nacionales en relación con las controversias sobre inversiones transfronterizas relativas al comercio de servicios financieros”. Ni ésta ni las demás propuestas formuladas por esa “comisión de expertos” mereció ni siquiera un intento de implementación.

“Ese era un documento interesante, porque abordaba dos problemas, el de las deudas soberanas y los mecanismos de arbitraje, que con la globalización primero y con la crisis después, fueron haciendo evidente las fallas del sistema financiero mundial”, subrayó Jorge Marchini, economista e investigador del Ciges (Centro de Investigación y Gestión de la Economía Social), al ser consultado por Página/12 sobre la propuesta de la Comisión Stiglitz. “La crisis financiera de 2008 fue una oportunidad para reformular un sistema que ya era endeble, pero se diluyó –recordó–; ya entonces se veía que existía una desproporción entre el poder del acreedor y el del deudor: los primeros eran los que fijaban las reglas.”

La “novedad” que trajo el conflicto de Argentina con los fondos buitre es haber puesto en debate cuestiones que no se habían podido revisar ni aun frente a la crisis financiera mundial, sostuvo Marchini. “Hoy vuelve a discutirse sobre la soberanía jurídica, o las condiciones diferenciales que se deben contemplar hacia un Estado respecto de un privado; son todos temas que habían sido barridos por la globalización. Ya el hecho de que se esté cuestionando la subordinación al fallo de un tribunal de Nueva York, hasta por parte de una asociación internacional de banqueros, es de por si un cambio importante.”

En cuanto a la presentación argentina ante la ONU, acompañada por el G-77, para la elaboración de una Convención internacional sobre reestructuración de deudas soberanas, en opinión del especialista en derecho internacional Eduardo Barcesat “es una decisión magnífica, una decisión política correcta que cuestiona la hegemonía estadounidense en el plano jurisdiccional, una iniciativa que se debe apoyar”. Pero advirtió que no se puede esperar una aprobación rápida de la cuestión. “Puede que se vote una declaración a favor, pero la aprobación y ratificación por cada país de una nueva Convención lleva tiempo, como mínimo dos años”, señaló.

En cambio, Barcesat consideró que en esta disputa “se sigue vacilando en terreno propio: me refiero al proyecto de pago soberano que fue enviado al Congreso, porque es un paso adelante pero pequeño, debió ir más adelante”. En su opinión, el paso adelante está dado por la declaración de interés público de la deuda y su forma de pago, en el marco de la soberanía nacional. “Pero que después la misma ley le dé un carácter negocial con los acreedores a la definición de la jurisdicción es un claroscuro. La garantía de pago dada por el lugar de pago, que es acá, no se lesiona estableciendo que cualquier controversia también se resuelve acá: decir que el compromiso está bajo jurisdicción argentina hubiera sido un acto de soberanía sin perder la garantía para el acreedor de que va a cobrar.”

En diversos ámbitos regionales también se discute la situación argentina y la necesidad de replantear la arquitectura financiera mundial, desde una perspectiva más autónoma. La Secretaría de Unasur también cuenta con un proyecto de creación de un tribunal de cooperación y resolución de conflictos. Hasta ahora, las propuestas han sufrido inexplicables demoras en su tratamiento. La emergencia planteada por la disputa argentina con los fondos buitre no sólo reaviva discusiones, sino también, con gran probabilidad, tomas de posición.

31/08/14 Página|12

Odzala Que el diario La Nación pase a llamarse Odzala, como el parque nacional.

Que el diario La Nación pase a llamarse Odzala, como el parque nacional.

El Senador Nacional Aníbal Fernández responde a la columna publicada el sábado 30 de agosto de 2014 en el diario de la familia Mitre, desmiente sus afirmaciones y propone renombrar el centenario matutino, tribuna de doctrina.

De un diario centenario seguramente, uno espera otra cosa. Jamás esperaría una crítica de peluquería de Recoleta.

El eje central de la nota es que Argentina, vive bajo un gobierno autoritario, donde se hizo
añicos la división de poderes, la independencia del poder judicial y la libertad de prensa.

¿En la Argentina no hay división de poderes? ¿El Poder Judicial no es independiente? ¿El Diario La Nación lo dirá porque hace once años que no cumple con sus obligaciones fiscales gracias a una medida cautelar insólita? ¿Lo dirá porque hace un lustro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver un recurso, con resultado adverso cantado, que los abruma?

Cualquier joven abogado (no incluyo en esto a Sergio Massa, su candidato), sabe que el recurso extraordinario no procede frente a la revocación de una medida cautelar que les permitía eximirse del pago de obligaciones fiscales, sin ley alguna que lo ampare ¿Lo dirá por odio nomás porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de los canjes de deuda y rechazó el exequatur de su amigo Horacio Liendo en la causa Claren Corporation? ¿O lo tal vez sigue con la sangre en el ojo por la ley de medios audiovisuales?

¿No hay libertad de prensa? ¿Qué gobierno hizo tanto por ella? ¿Qué gobierno de la región eliminó el delito de calumnias e injurias sabiendo que son realizadas por ellos mismos y por algunos medios de prensa, entenados de La Nación? ¿Qué gobierno sancionó una ley antimonopólica como la ley de medios audiovisuales? Qué gobierno impulso la digitalización de la televisión abierta y gratuita?

Señores, en Argentina hay división de poderes e independencia del Poder Judicial y se manifiesta diariamente en decisiones tomadas en cualquier instancia y fuero, sin depender de las mañas de nadie.

Señores, en Argentina hay libertad. Tanta libertad incluyendo libertad de prensa como no se ha visto en ningún país del mundo porque, solo en un país que reina la libertad, se puede exhibir un gesto golpista químicamente puro y arrojar tanta basura ideológica en un diario, sin temor a represalias. Y lo festejo…

¿Nos debería asombrar las diatribas del Diario La Nación? No, para nada. Es más, en honor a tanta dedicación para agraviar por más de un siglo, es que deseo que en la próxima asamblea de accionistas del diario centenario, se proponga el cambio de su nombre. Debería llamarse Diario La Odzala, en honor al Parque Nacional Odzala, en la República del Congo, reconocido como la mayor concentración de gorilas del mundo.

Télam


 

Berni: El nestornauta milico Por Conrado Yasenza*

Sergio Berni produjo, en las últimas semanas, un hecho político grave: Ofuscado por los sucesivos cortes en la autopista Panamericana como consecuencia del conflicto laboral en la autopartista Lear, en el que participan militantes del Partido Obrero, el Secretario de Seguridad emprendió un raid televisivo y radial para en su estilo – elevando la voz, interrumpiendo y dando la pelea cara a cara - abrirle la puerta a todo tipo de manifestaciones raciales y xenófobas adormecidas, y no tanto, que componen una porción del carácter nacional, generando las condiciones para la reaparición de personajes indeseables como, por ejemplo, Aldo Rico.

La declaración central que detonó la polémica fue la siguiente: Dijo Berni: “la gran mayoría de estos extranjeros que vienen a la Argentina a delinquir, tienen 3, 4 o 5 entradas, entonces yo les pido a los señores legisladores, que se sienten a legislar y le den herramientas a la justicia para que de una manera ágil, estos delincuentes que vienen a delinquir (y que nadie tome esto como una declaración xenófoba), este secretario de seguridad que esta todos los días en la calle con su policía, con su gendarmería, cumpliendo su función, nosotros detenemos a los delincuentes, pero necesitamos que los legisladores le den herramientas agiles a la justicia para que estos delincuentes vuelvan a su lugar de origen” (transcripción literal)

Saltó la ficha, la térmica, la red y se encendió el irrefrenable enano peligroso que anida en el inconsciente de, digamos, casi todos los seres de esta tierra. Pero en este caso, quien pronunció el exabrupto – aclarando que no era tal y tampoco una declaración xenófoba (abrir el paraguas, se dice en el barrio) fue un funcionario con rango de Secretario del Gobierno Nacional; gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos, la no represión de la protesta social y de la integración regional, ejes y estandartes medulares de un modo de entender la política y sus tensiones y conflictos.

Entonces, Berni chocó con ese enanito que no vino a reparar nada. Y reactualizó un dicho popular: Se trata de un elefante en un bazar. ¿Y la Patria Grande? Demasiado ego; demasiada torpeza.

Si como escribió Mario Wainfeld en su nota del domingo pasado para Página 12, Deportar no es un deporte, "Berni afirma que no es chauvinista ni discriminador. Claro que lo que define las conductas no es cómo las rotula su emisor. Sus propuestas, en trazos gruesos, buscan agitar a sectores de opinión pública manoduristas. Esas tendencias se excitan en momentos de dificultades económicas, recesión, merma en la creación de empleo. Las réplicas antisociales o regresivas distan de ser un fenómeno doméstico.", la pregunta que surge es para quién está trabajando entonces Berni, y para qué. ¿Otra conducta espejo, como la elección de Martín Insaurralde para disputar la Provincia de Buenos Aires? ¿Un coqueteo con sectores o capas sociales que se identifican con Mauricio Macri, quien según distintos sondeos de opinión crece en la intención de voto para 2015 a paso lento pero firme? ¿Berni es quien decide verter sus expresiones punitivas frente a toda cámara que lo busque, o a la que el Secretario busque, sin consulta previa, promoviendo nuevos modos para el tratamiento de la conflictividad social reñidos con el estilo político que ha definido al kirchnerismo? ¿Supone Berni que todos los inmigrantes (chilenos y colombianos, a la sazón) son delincuentes a priori, demostrando una inteligencia emocional extrema para el identikit lombrosiano? En algún otro momento se apeló a la metáfora efectista de la “puerta giratoria” para afianzar la idea instalada en el imaginario colectivo que hace de los ladrones paseantes que entran y salen de las cárceles como si se tratara de sus casas, olvidando que la mayoría de los presos no tienen condena, son de extracción social vulnerable (además de jóvenes) y que habitualmente son utilizados, bajo amenaza de muerte, por las policías y el Servicio Penitenciario para delinquir.

Pareciera que Berni retoma esa línea confundiendo peligrosamente peras con manzanas: Una cosa es el debido proceso para la condena de personas, función específica de la Justicia - que es perfectible y existe un debate en torno a la celeridad de procesos y coberturas de fiscalías y juzgados -, y otra cosa es la detención de personas, función que le corresponde a las fuerzas de seguridad. Pedir la deportación de no nacionales que tengan por fin "delinquir", tomando como todo fundamento la información brindada por fuerzas policiales que, todos lo sabemos, hacen estadística y poseen una propensión especial hacia la discriminación racial y la xenofobia, es un retroceso político- estratégico con relación a la sanción de la Ley 25.871, que concibe la migración como derecho humano. Es decir, una cosa es una condena firme a través del debido proceso judicial y otra la detención policial. Insisto en un punto: Berni es un funcionario del Gobierno Nacional por lo cual, o está avalado institucionalmente o ha cobrado vuelo propio ante la percepción de que la sociedad está en "estado de derecha", y de allí su pedido de deportación exprés a inmigrantes, y en un contexto de más de diez meses seguidos de retracción económica, suspensiones de turnos laborales y de horas extras, y amenazas nada veladas de las empresas multinacionales – economía concentrada – de partir hacia horizontes más rentables. Inquietante combinación entonces: Tensión social y declaraciones punitivas-manoduristas.

El periodista – y docente de quien escribe – recientemente fallecido, Eduardo Videla, escribió en tiempos del menemato una nota de la cual vale recordar algunos conceptos: “La ofensiva se parece cada vez más a la construcción de un nuevo enemigo: el inmigrante ilegal. Ahora fue el presidente Carlos Menem quien atribuyó la inseguridad a que "llegan indocumentados de otras partes de nuestro continente, que se organizan en bandas". En la misma nota, Videla remarcaba: “El director de Migraciones, Hugo Franco, aseguró que "en la Capital Federal se extranjerizó el delito". Esgrimió datos que atribuyó a la Policía Federal, según los cuales más del 60 por ciento de los delitos menores son cometidos por extranjeros”

Muchos años después, y luego de reformulaciones jurídicas y políticas en torno al delito, una oscura sombra se desplaza a través de un volátil espacio aéreo portando entre sus aspas extranjerización del delito y libertades sobre el control civil de las fuerzas de seguridad.

Duele escribirlo, pero es así: Berni tiene mucho respaldo institucional y llegada directa a la Presidenta; ha construido poder desde el Ministerio de Desarrollo Social y así ha tratado de consolidar territorio y organizar el mando en torno a una imagen que emula al Nestornauta en clave militarista, un estilo que barre con actos y lenguajes - yo no hago filosofía, actúo; ¿una versión actualizada del "La duda es la jactancia de los intelectuales"? - las premisas instauradas por Néstor Kirchner - no represión de la protesta social - y continuadas por la gestión de Nilda Garré tanto al frente del Ministerio de Defensa (designada por Kirchner; 2005 al 2010) como al mando del Ministerio de Seguridad hasta junio del 2013, ya durante la presidencia de Cristina Fernández, quien a pesar de los cambios en seguridad y defensa, continuó con la matriz de no criminilización de las manifestaciones y protestas.

Sergio Berni encarna, además, los problemas que las políticas “progresistas” enfrentan a la hora de abordar una tema de fuerte impacto en la sociedad como lo es la seguridad. Mientras la gestión de Nilda Garré desarrolló un esquema de traslado y presencia en zonas calientes de la ciudad y del conurbano de efectivos de Prefectura y Gendarmería bajo control del Ministerio a su cargo, Berni desembarcó en el territorio con una impronta de “héroe” individual presto a apagar cualquier foco ígneo pero devolviéndole mayor participación y atribuciones a las fuerzas policiales. Berni controla personalmente a esas fuerzas y a su vez es el epicentro de la política de seguridad. Situación estratégica endeble: El Secretario es la seguridad.

Berni se asimila a una suerte de Texas Ranger que ha puesto en crisis la concepción de un Estado Garantista enfrentado al memorando de la administración burocrática del uso de la fuerza y de las armas por parte del Estado. Y ello nos recuerda que el Estado tiene armas que puede disparar.

La función represiva del Estado y las garantías de los individuos que lo conforman. En eso aún estamos, debatiéndonos entre el normativismo jurídico kantiano, el Estado ideal hegeliano y la tradición representada en Maquiavelo sobre la supervivencia del poder del Estado y sus gobernantes, poder sostenido por un consensualismo verticalista que administra la libertad de los sujetos y el uso de la violencia. El Estado como un Jano moderno que dialécticamente nos recuerda sus dos caras: la cara política y la cara jurídica. Así es que el Estado es Poder y es Derecho. El Estado es fuerza bruta y fuerza moral a la vez, es voluntad de poder y es norma jurídica.

Por ello, la resolución de los conflictos y las tensiones sociales no puede ser liberada a las pasiones individuales de funcionarios que se arroguen la representación personal del accionar represivo del Estado. Signos de un tiempo en el que se apela con recurrencia a la identificación con las pasiones comunes, en términos de “sentido común”, y menos a una articulación de ese poder disciplinador, que de bombero loco nada tiene, y sí de ejercicio político creativo frente a la dialéctica realidad social y política.

*Periodista. Director de la Revista La Tecl@ Eñe - Revista de Cultura y Política.

http://elbarullo.wix.com/el-barullo-de-conrado-yasenza#!berni-el-nestornauta-milico/c2155

El Frente Amplio, en guerra con las encuestas Por Emiliano Guido americalatina@miradasalsur.com

Los últimos sondeos indican un sostenido e inédito descenso en la intención de voto presidencial para el oficialismo uruguayo. Sin embargo, el candidato Tabaré Vázquez y la cúpula frenteamplista minimizan el hecho y descalifican a las mediciones como una operación propagandística financiada por los partidos Nacional y Colorado.

El Frente Amplio uruguayo, inquieto por los números de los sondeos que miden la intención de voto para los comicios presidenciales de octubre, denuncia que está sufriendo una especie de bullying electoral por parte de las principales firmas encuestadoras. Un mes atrás, en el prólogo de la campaña, las mediciones estimaban un irreversible escenario de ballottage y la probable pérdida de la mayoría parlamentaria para el oficialismo. Dos noticias no muy agradables para el candidato frenteamplista y ex jefe de Estado Tabaré Vázquez, que aspira a ganar en primera vuelta y en retener la hegemonía legislativa en el hemiciclo. Sin embargo, ese escenario no tan gustoso, pero digerible al fin, se convirtió en úlcera estomacal para el oncólogo Tabaré cuando el último estudio de la consultora Equipos estimó la adhesión de la opinión pública hacia el Frente por debajo del 40%, una cifra que prendió todas las alarmas de precaución en el bunker del Frente. Automáticamente, las tres cabezas dirigenciales del centroizquierda uruguayo –el propio Tabaré, el actual mandatario José Mujica y el futuro ministro de Economía y actual número dos del Ejecutivo Danilo Astori– decidieron realizar una cumbre de urgencia para analizar la coyuntura abierta tras la publicación de varios sondeos desfavorables hacia el Frente. La reunión, que tuvo una antesala en la oficina presidencial de Mujica y un epílogo en el recoleto barrio de Prado, lugar de residencia de Tabaré, tuvo una conclusión que se reconvirtió en una escueta pero contundente bajada de línea para toda la feligresía frenteamplista: las encuestadoras, soldados de los Partidos Blanco y Colorado, mienten. “Vamos a estar atentos, a ver... ¡al que le hayan hecho una encuesta, que levante la mano!”, descargó broncas, contraatacó y propuso a la gente presente, en ese sentido, Tabaré Vázquez cuando encabezó un acto político a fines de agosto en la feria comercial montevideana conocida como Mercado del Cordón. “¡A ninguno de nosotros nos hicieron una encuesta, en ningún año!”, respondió eufórica una señora desde el público; a lo que Vázquez contestó, según relata una crónica publicada en el portal electrónico La Diaria, más que sonriente: “Éstas son las mejores y más sólidas encuestas. ¡Y la mejor va a ser la del 26 de octubre, cuando haya ganado el FA!”.

Del otro lado del ring, las consultoras aducen, por supuesto, seriedad profesional y objetividad en sus trabajos de campo. A diferencia de la empresa Equipos, la firma Cifra, por ejemplo, le adjudica al Frente Amplio una intención de voto del 41% (dos menos que en julio), al Partido Nacional 32% (crece dos puntos), al Partido Colorado 15% (baja uno), al Partido Independiente 4% y a Unidad Popular 1% (ambos se mantienen). Cualquier otro gobierno sudamericano sonreiría con esos números, pero para el Frente resultan insuficientes porque la unidad de los partidos tradicionales conservadores, que actúa de forma automática en instancias claves como la ya descontada segunda vuelta electoral, coloca al oficialismo en una situación incómoda si su rating electoral desciende de la vara del 50%. Esa meta fue superada por el Frente, salvo en algunas excepciones, en todos los turnos electorales de la última década, pero hoy parece muy cuesta arriba para Tabaré y compañía. “Los cambios que se observan en nuestra última encuesta no son grandes, pero en un país donde las elecciones a menudo se deciden por pocos votos de diferencia, incluso cambios pequeños pueden incidir en el resultado final. Si ésta fuera la última encuesta preelecciones, la conclusión sería que el Frente no tendría mayoría parlamentaria propia y que el resultado del ballottage sería impronosticable”, argumenta Cifra en declaraciones al matutino montevideano El País. “Si les sacáramos la fecha, todas las encuestas tienen el mismo título. ¿Por qué se habla sobre la caída de cinco puntos del Frente Amplio en comparación a 2009 –46% y 41%, respectivamente– y no de la del Partido Nacional? ¿Por qué no se analiza lo que pasó con el Partido Nacional? Ahora, tiene 31%, y en 2009 tenía 38%. Cayeron 7 puntos y no dicen nada. ¡Que me lo expliquen, por favor!”, exigió Vázquez esta semana en conversación con una radio montevideana. En paralelo, Lucía Topolansky, ex cuadro tupamaro, referente de la corriente mujiquista Espacio 609 y heterodoxa Primera Dama nacional, aprovechó un mitin de su espacio político para retrucar a Cifra y profundizar la línea explicitada por Tabaré: “Quienes hacen las encuestas, como nosotros o los medios de comunicación, no son neutrales y está bien que así sea. Eso sí, ninguna medición va a registrar que nuestra fuerza haya abandonado la lucha. Sigamos llenando las calles y pintando los muros con nuestros colores”.

¿Cómo explicar el supuesto bajón electoral del Frente? Con una matriz no populista y componedora con las elites locales, el centroizquierda uruguayo logró cimentar una década de crecimiento económico con ampliación del welfare state local, que tenía tamaño pigmeo en la era bipartidista coloranca. En consecuencia, los uruguayos pusieron, mayormente, la boleta del Frente en cada convocatoria a los cuartos oscuros. Pero, advierten los especialistas, esa moda política estaría perdiendo su encanto. Según la consultora Factum, el desenamoramiento con el Frente está prendiendo fuerte en la capital nacional; paradójicamente, la plaza distrital donde comenzó la luna de miel entre el electorado y el progresismo uruguayo cuando la izquierda cantó bingo, por primera vez, cuando ganó la principal Alcaldía del país en noviembre de 1989. “En Montevideo, tradicional reducto electoral de la izquierda, el Frente perdió siete puntos en el último año, y en el interior bajó apenas dos. Según nuestros estudios, las fortalezas del Frente Amplio están hoy entre las personas mayores y los niveles sociales bajo y medio bajo. Y las debilidades en los sectores de nivel medio alto y medio, personas con educación universitaria o terciaria y secundaria, adultos medios y los jóvenes”. La disección del desertor frenteamplista tiene un identikit social para nada críptico: es capitalino, posee estudios, llega a fin de mes con cierta holgura, y aún está lejos de jubilarse.

Recapitulando, la franja etaria uruguaya más joven no sintoniza demasiado con la candidatura del septuagenario Tabaré. El bunker del Frente puede minimizar ese dato recordando el peso decisivo de la tercera edad en el padrón electoral. Sin embargo, el alejamiento de la base social sub 30 con respecto al Frente pone al oficialismo en una peligrosa situación de bonanza cortoplacista. Los votos (oficialistas) están, pero parecen no tener herederos, podría ser la conclusión. “La mención de la Sub 20 por parte de Tabaré (criticó a su contrincante Lacalle Pou por su supuesta inexperiencia, argumentando que ciertos temas de Estado no pueden ser administrados a una corta edad) en lugar de ayudarle, fue contra él: primero, porque de alguna manera los jóvenes sintieron un desprecio hacia ellos, y no hacia Lacalle Pou; y, además, pensando en términos futbolísticos, para los jóvenes, y para muchos uruguayos, la selección Sub 20 fue vicecampeona del mundo. Por lo tanto, la respuesta del Consejo de Sabios Ancianos fue tomada como una respuesta contra los jóvenes. Para buena parte de los electores uruguayos el Frente no propone nada nuevo. Y lo peor es que los sectores frentistas muestran un anquilosamiento que asusta”, apuntó el periodista uruguayo, y ex vicecanciller ecuatoriano, Kintto Lucas, en su blog personal. Topolansky, Tabaré y la cúpula frenteamplista minimizan las críticas. “No es la primera vez que las encuestas anticipan nuestro entierro”, aducen. “Siempre se equivocaron, octubre no será la excepción”, se perjuran y buscan convencer a los indecisos.

Miradas al Sur

Política, carisma y religión Por Carlos Sprei Economista. UNGS americalatina@miradasalsur.com

Carismática, pobre, severa, humilde, negra. Evangélica. Portadora de una mayúscula legitimidad. Encanta a las audiencias con su discurso suave. Su figura política y humana está atravesada por los milenarios secretos amazónicos. Por donde pasa, despierta simpatías. Compite con Lula por devastadores orígenes, plagados de malarias, hepatitis, una infancia de trabajo recolectando caucho y hambre. Su leyenda se agiganta porque carga con el orgullo de haber sido una de las fundadoras del Partido de los Trabajadores(PT) en el Acre, alejada región del Amazonas que es frontera con el Perú y Bolivia, y desde allí haber fundado en la región, junto al emblemático Chico Mendes, la Central Única de Trabajadores (CUT). La lucha por la defensa de la Amazonia y de los campesinos - “siringueros” (recolectores de caucho natural) contra el poder de los ruralistas emprendida por la CUT provocó el asesinato de Mendes en 1988. Su frágil salud, fruto de varias malarias, tres hepatitis y una contaminación por mercurio pesado limitan su alimentación y agigantan su pequeña figura física. Marina Silva es un resumen vivo del Brasil profundo, silencioso, que indaga por la fuerza de la vida ante la adversidad. La imagen simbólica de Marina Silva es superior a ella como candidata.

Se unió al PT en 1985 y transitó una rápida carrera política. Fue electa concejal, diputada provincial y senadora. Se graduó en Historia y es madre de cuatro hijos. En 2003, Lula la nombró ministra de Medio Ambiente. En 2008, en vísperas de que el gobierno votara un nuevo programa denominado Plan Amazonia Sustentable (PAS), presentó su renuncia al cargo. El PAS reunía diversas iniciativas, acciones y proyectos destinados a promover el desarrollo económico de la región amazónica, ampliar la infraestructura y proteger el medio ambiente. En juego estaba una definición estratégica de cómo el gobierno del PT iría a actuar en el futuro frente a la dicotomía Desarrollo Económico vs. Protección del Medio Ambiente. El PAS colocaba sobre la mesa una árida discusión nunca acabada y siempre renovada, que envuelve temas tan sensibles como la desforestación de la Amazonia, obras hidroeléctricas y centrales térmicas, los impactos ambientales del progreso económico a partir de la construcción de grandes carreteras en la región, la aprobación de la siembra con productos transgénicos y un nuevo Código Forestal (propuesta que propició en el Congreso brasileño debates bastantes similares a los que sucedieron en la Argentina cuando se votaron la ley de los glaciares y los limites a la minería a cielo abierto en la región cordillerana). Marina, fiel a sus orígenes, no concordó con el rumbo de los proyectos y renunció al cargo de ministra y al PT, y partió para la organización del Partido Verde. Su compromiso, por lo menos en lo discursivo, es con sus orígenes y con los dilemas del desarrollo económico en la región, con énfasis en la protección ambiental y el desarrollo sustentable.

Sacude la elección de 2010, cuando desde el Partido Verde obtiene casi 20 millones de votos y obliga a una segunda vuelta entre Dilma Rousseff y el candidato del PSDB, José Serra.

Uno de sus principales apoyos humanos y políticos proviene de uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, el ex padre franciscano Leonardo Boff, que sostiene que “Marina encarna la nueva política”. Boff cita una frase de Max Horkheimer para explicar cómo entiende el compromiso político y militante de Marina: “Una política sin teología es puro negocio, teología significa aquí la conciencia de que el mundo no es la verdad absoluta, que no es el fin; teología es la esperanza de que todo no acabe en la injusticia que tanto marca el mundo, que la injusticia no tenga la última palabra”. Para Boff, la reciente experiencia capitalista hace imposible continuar con el tipo de crecimiento económico retrógrado que se propone la acumulación a costa de devastar la naturaleza y de profundizar las desigualdades sociales. Sostiene que hay que estigmatizar esa modernización conservadora y socialmente generadora de tantas víctimas en el campo y las ciudades.

Entretanto, en un plano más terrenal, la fórmula política y económica de Marina reúne las fuerzas más conservadoras del capitalismo brasileño. Vice en la chapa política de Eduardo Campos, candidato por el Partido Socialista Brasileño (PSB), terminó afiliándose a este partido por los atrasos burocráticos y trabas legales que provocaron que su nuevo partido político, “La Red de Sustentabilidad”, no obtuviera a tiempo el registro en la Justicia Electoral brasileña. Ese concepto de red, de network, es una propuesta que estaría más asociada a la modernidad emprendedora capitalista que a la práctica política emancipadora y transformadora. Para muchos asombra el tratamiento de partido político como “red”, lo que lleva a dudar sobre sus objetivos y limitaciones. El trágico accidente aéreo que le costó la vida al candidato Eduardo Campos puso nuevamente a Marina ante un destino ines­perado. La suma de decepcionados con la política tradicional del bipartidismo brasileño y la antigua clase media bastante castigada por el modelo económico implementado por el gobierno Dilma, que priorizó el asenso social de las clases más sufridas de la pirámide social, constituyen su base electoral. Para entender el rápido crecimiento de Marina en los últimos sondeos electorales que le dieron un 29% en la preferencia de voto para las elecciones presidenciales del 5 de octubre próximo, se sumaron a los desencantados económicos y políticos los sectores juveniles que afloraron a la escena pública en las extensas movilizaciones populares anti Copa en 2013. El PSB es un hibrido político que reúne candidatos emigrantes de la derecha y de la izquierda, que buscan más que nada una oportunidad electoral a una representación con consistencia ideológica y programática. El partido expresa un discurso moderno, pero con una praxis política más en sintonía con las recientes experiencias socialistas erráticas europeas de Zapatero y Hollande, donde el mercado siempre es el que tiene la primera y la última palabra. Maria Alice Setúbal, nieta del fundador del Banco Itaú, segundo banco privado de Brasil, y una de sus principales herederas y Guillermo Leal, su vice en 2010 y dueño de Natura, la multinacional de productos de belleza identificada con el cuidado al medio ambiente, especialmente en la Amazonia, que es donde está radicada su principal base de obtención de materias primas, son los dos principales pesos pesados financiadores de la campaña. Los ejes económicos de su programa fueron definidos por Eduardo Giannetti da Fonseca, miembro del consejo de economistas de la poderosa Fiesp (Federación de las Industrias del Estado de San Pablo), y por André Lara Resende, uno de los idealizadores del “Plano Real” del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Su programa económico propone un retorno a los archiconocidos ejes programáticos neoliberales, ya repetidos hasta el cansancio, superávits públicos gemelos (fiscal y comercial), menores metas de inflación (de 6,5 % a 4,5% anual) y cambio fluctuante, acompañados de una ley que promoverá la autonomía del Banco Central. Recordemos que los sectores bancario y financiero son los principales beneficiarios de las políticas implementadas por la autoridad monetaria. Para las visiones más ortodoxas de la economía, la inflación y el dólar se controlan utilizando una alta tasa de interés que retire dinero de circulación y reduzca el consumo. Sin dudas, el Banco Itaú sería uno de los mayores favorecidos por la aplicación de esta futura política monetaria, ya que los bancos privados son los grandes detentores de la deuda pública brasileña.

Más allá de los símbolos que apuntan a Marina como la candidata que captura la insatisfacción con la vieja política, sus apoyos no representan un cambio. Para la candidata de izquierda del PSOL (Partido Socialismo y Libertad), Luciana Genro, “Marina se parece más a una segunda vía del PSDB, una opción que la derecha está buscando en caso de que no consiga avanzar con la candidatura de Aecio Neves. La derecha convivió muy bien con Lula y Dilma, pero el PT ya no controla el movimiento de masas, como se vio en junio de 2013. Y ésta era la principal actitud que la derecha le exigía al PT. Ahora ellos prefieren eliminar los intermediarios y gobernar con sus propias manos, no quieren más tercerizar el poder con grupos oriundos de la clase trabajadora que gobernaban de acuerdo a los intereses del capital, Marina puede ser útil para el sistema dando una nueva cara a lo viejo de siempre”, concluyó Genro.

Curiosamente, la prensa anti PT saluda con énfasis los nuevos sondeos electorales, aunque todavía no considera a Marina una candidata totalmente confiable. Para Carlos Pagni, de La Nación, “Marina encarna mejor que nadie la vocación de cambio de la sociedad brasileña. Un cambio de contornos poco definidos. Como ella”. Juan Arias de El País, en una línea bastante similar, sostiene “Marina es difícil de encuadrar, es un personaje tan complejo, enigmático, poliédrico y al mismo tiempo con fuerte magnetismo y rigor ético que la hacen simpática ante los más jóvenes y los desencantados con la política. El lema que gobierna su vida proviene de los Evangelios, que según dice le piden “ser sencilla como una paloma y astuta como una serpiente”. Será cierto que en política es más lo segundo que lo primero, se pregunta Arias. Para la columnista de Clarín, Eleonora Gosman, el momento actual, “es un fenómeno que merece cautela”.

Marina agrada pero no convence al establishment, que apostaba sus fichas al candidato Aecio Neves. Resta acompañar el devenir del proceso electoral, que tuvo su inicio televisivo la semana pasada. Marina navega entre la falta de consistencia de sus propuestas genéricas, los apoyos partidarios propios y las nuevas adhesiones que su candidatura suscita. El PT y el PSDB instalan la duda: ¿Marina debe ser tratada como un fenómeno avasallador, un ícono de la ecología o una trampa verde? Esta nueva situación tomó de sorpresa al PT y al candidato Aecio Neves, que fue el más perjudicado con la emigración de votos para el fenómeno Marina. Es de suponer que el presidente Lula pasará a tener un papel más activo en la campaña de Dilma y el partido tendrá que replantearse su mística movilizadora y demostrar a la sociedad brasileña que la chispa partidaria todavía arde en pro de las transformaciones sociales y económicas. Para Aecio y el PSDB la situación es aún más dramática. Se supone que cuentan con el apoyo de la prensa y tv hegemónicas para realizar un esfuerzo extra de denuncias con el objetivo de romper la reciente alianza y encanto entre Marina y sus seguidores.

La TV Globo busca endosar un escándalo a Marina por la compra del avión en el que murió Eduardo Campos

Este escenario de cambios tan abruptos en las preferencias electorales no tardó en despertar al mayor formador de opinión del país, la TV Globo. En un reportaje similar al realizado con los otros candidatos a la presidencia, durante el principal noticiero nocturno del país que cuenta con una audiencia de más de 90 millones de teleespectadores, el último 27 de agosto, Marina fue acusada de cómplice de “testaferros” por haber utilizado el avión que mató al candidato Eduardo Campos. La TV Globo concluyó antes del relatorio final de la Policía Federal que el avión fue comprado por un amigo de Campos, el empresario Joao Carlos de Lyra, quien adquirió la aeronave Cessna a través de empresas fantasmas y sin condiciones financieras. El entrevistador buscó acorralar a Marina con repetidas preguntas acerca de si ella sabía sobre el origen del avión y cuál fue el mecanismo de su compra. La respuesta de Marina fue simple y lógica. Ella nada sabía sobre el procedimiento de esa supuesta compra e informó que se trataba de un préstamo del empresario al comité del partido y que el PSB iría posteriormente a pagar por su utilización. Fue desproporcional y de mala fe el tratamiento que recibió la candidata. Ella se comprometió a apurar la denuncia y ante la repetida indagación de si el hecho de haber viajado en ese avión la candidata no lo consideraba un accionar digno de “la vieja política” que ella tanto critica, Marina respondió que no le habían informado acerca de ninguna irregularidad sobre los propietarios de la aeronave. Pero la práctica de la denuncia amarilla avanzó. Para Clarín, en su edición digital nocturna del jueves 28 de agosto, el candidato Eduardo Campos era el testaferro del empresario y su socio en la compra del avión. No hay originalidad en las denuncias. No hay ninguna prueba de que el ex candidato Eduardo Campos participara en la adquisición de la aeronave. Se repiten denuncias vulgares para herir la candidatura de Marina Silva.

Las urgencias de Aecio marcan la cancha para los medios locales y sus repetidores asociados. Nada de lo que informa la Tv Globo es inocente.

Marina se acerca a Dilma y vencería en una segunda vuelta
Por Carlos Sprei. Economista. UNGS
americalatina@miradasalsur.com

Encuestas electorales.

Las recientes y diversas encuestas electorales en Brasil presentan resultados similares. Los sondeos efectuados por los tres principales institutos de opinión pública coinciden en sus resultados preliminares. El interés en este sondeo estaba dado porque se trataba de la primera encuesta donde aparecía la opción presidencial de la candidata Marina Silva en reemplazo del candidato del PSB Eduardo Campos, fallecido en un accidente aéreo el 13 de agosto pasado.

De acuerdo con las diversas encuestas estimuladas (la que les da a los entrevistados las opciones de nombre de los candidatos), los sondeos que fueron realizados entre los días 20 y 25 de agosto y que tienen un margen de error entre 2 y 3%, demuestran coincidencias absolutas en los resultados. Dilma ganaría el primer turno y sería vencida en el segundo. Dilma arranca con 34%, Marina la sigue con 29%, y el candidato del PSDB, Aecio Neves, presenta un 19% en la preferencia del electorado. O sea que Marina captó buena parte del electorado de Aecio, y de votos en blanco e indecisos. El sondeo apunta que hay un 7% que pretende votar en blanco y todavía existe un alto número de indecisos, el 8% del total de electores. La simulación de un segundo turno entre Dilma y Marina confirma los peores temores del PT, a partir de la consolidación de la candidatura de la ex ministra de Medio Ambiente. En esta eventual segunda vuelta, Dilma sería derrotada por 45% contra 36% de los votos válidos. Desde el inicio de la campaña electoral, la candidatura de Dilma está estancada oscilando en valores similares. Entretanto, el peor problema que enfrenta su candidatura radica en que permanece estable el porcentaje de electores con fuerte rechazo a su nombre (34%), mientras Marina presenta el menor rechazo entre los candidatos(10%), lo que indica posibilidades futuras de crecimiento en su base electoral.

Los números acaban con las observaciones de aquellos que veían en Marina una candidata de paso, circunstancial, sin peso propio para enfrentar las poderosas maquinas electorales del PT y el PSDB, en lo que dio a llamar el “tradicional” bipartidismo brasileño. En una elección donde abundan los lugares comunes, Dilma está posicionada como una persona autoritaria, intolerante, mandona, “La gerente” del nuevo desarrollismo brasileño, una tocadora de obras y proyectos que garanticen el crecimiento y la lucha contra la desigualdad. Marina se posicionó en el escenario opuesto, una persona reflexiva, amable, abierta a nuevas propuestas y cambios de rumbo, la mujer de origen humilde que lucha contra el sistema para acabar con las injusticias que impone el desarrollo, una “sheriff” de la naturaleza y una garantía del desarrollo sustentable, aunque nunca fue muy bien explicado en qué consiste este concepto. Marina lanza flores a izquierda y derecha, promete continuar con los programas sociales del PT e implantar las antiguas directrices del neoliberalismo del Plano Real. Ni Dilma es la gerente del proyecto ni Marina propone ninguna novedad.

Miradas al Sur

EL PAIS › LA TRANSVERSALIDAD DE LA REPRESION, LA XENOFOBIA Y LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Muchos machos malos

Por Horacio Verbitsky

Imagenes:DyN, Joaquín Salguero y Télam.

La seccional Capital de H.I.J.O.S equiparó los hechos de violencia institucional y estigmatización cometidos por la Policía Metropolitana con los de la Policía Federal y la Gendarmería. Allí militaron los diputados nacionales Horacio Pietragalla y Eduardo De Pedro y el Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Carlos Pisoni, todos ellos miembros de La Cámpora. El Secretario General de esa organización, Andrés Larroque, ya había expresado su desacuerdo con el desalojo del asentamiento Papa Francisco y su forma. H.I.J.O.S responsabilizó en el mismo plano al jefe de gobierno porteño Maurizio Macrì, su ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y al Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, quien compite con Macrì, Sergio Massa, Daniel Scioli y José De la Sota, los machos malos de la política que basan su proselitismo electoral en la promesa y la práctica de la represión al conflicto social y a quienes infringen la ley penal, sin reparar en formas ni derechos.

Los votos de la mano dura

Con el inequívoco título “Ni represión ni deportación: derechos e inclusión para todos”, la declaración engloba el desalojo y los asesinatos de Jonathan Mareco, Brian Ayaviri, Gabriel Vaca y Mario Gustavo Ruíz en las villas de Lugano y Barracas. Síntoma del malestar que el uso ilimitado de la fuerza y las declaraciones provocativas de Berni producen en toda la militancia, la declaración repudia “categóricamente la represión y criminalización de la protesta social como respuesta a los reclamos de los sectores más vulnerados de nuestro pueblo” y denuncia la salvaje represión “a vecinos, militantes de derechos humanos y legisladores”. Además de impugnar “los hechos de violencia institucional cometidos por la Gendarmería, fuerza a cargo de Sergio Berni”, rechaza “los discursos estigmatizadores hacia los migrantes, expresados por el Secretario de Seguridad de la Nación, que desconoce los avances de nuestro país en materia de integración de los pueblos, como la Ley de Migraciones”. (La deportación sin juicio de inmigrantes fue reclamada por Berni con el aval de la Ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, quienes atribuyeron a los extranjeros una extravagante relevancia del 19 por ciento en la comisión de delitos. Según el Censo de 2010, los extranjeros constituyen el 4,5 por ciento de la población y de acuerdo con el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) en 2012 representaban el 6 por ciento de la población de las cárceles argentinas, más de la mitad sin condena. Sólo el 0,20 por ciento de los extranjeros que habitan el país están privados de su libertad. Si estos son los datos estructurales, el 19 por ciento de detenciones en un fin de semana más que las alegadas prácticas delictivas de los inmigrantes revela el sesgo policial selectivo contra ese sector). H.I.J.O.S añade que el conflicto habitacional no es una demanda exagerada de ningún vecino sino la deuda pendiente de una democracia de 30 años. “Los sectores más vulnerados de nuestro pueblo son la palanca de cambio de los tiempos electorales. Por eso se reprime a quienes protestan: así se pretende sumar votos de quienes piden mano dura.” También afirma que “la impunidad para los genocidas, vigente durante décadas, fue la peor escuela para la violencia institucional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” y dice que Luciano Arruga, Andrea Viera, Walter Bulacio, Alan Tapia, Facundo Rivera Alegre, Lautaro Bugatto, Sebastián Bordón y tantos otros no fueron víctimas de una bala policial perdida sino “de la violencia institucional de la democracia”. Destaca que “mientras hay un proyecto nacional de inclusión social que recupera y amplía derechos, y una convocatoria a la participación política, cuyo principal destinatario es la juventud, la Metropolitana y la Gendarmería tienen como principales víctimas a esos mismos jóvenes” y reclama “Basta de violencia institucional”.

La Metropolitana sigue fiel al diseño de su conducción política, en una línea de coherencia que cubre desde los desalojos a patadas de indigentes que duermen en la calle hasta el uso desproporcionado de la fuerza letal en el Parque Indoamericano, el Hospital Borda, la sala Alberdi, el Teatro San Martín, denunciados desde la oposición al macrismo. Pero ahora Berni archivó los “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, elaborados por el Ministerio de Seguridad en 2011, para sistematizar los mejores estándares alcanzados. Sus operativos con la Policía Federal y la Gendarmería contra trabajadores y organizaciones sociales que cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales se apartan de la política de no represión de la protesta social: personal de civil simulaba ser parte de la protesta, en la primera línea formaron policías armados y se utilizaron balas de goma para dispersar manifestantes, en una actuación que puso en riesgo a los manifestantes, a los integrantes de las fuerzas y a terceros. La intervención directa y la represión suplantaron a la mediación que pudiera gestionar los formatos de las protestas junto con la habilitación de interlocución política de los reclamos.

Eduardo De Pedro es apoderado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y uno de los más próximos interlocutores de la presidente CFK. H.I.J.O.S Capital sigue siendo su lugar de referencia. La mención al proyecto nacional señala un alto grado de contradicción al interior del kirchnerismo, por más que Berni haya comenzado a presentarse como “un peronista ortodoxo”, como si fuera algo más que una emanación del poder presidencial, de reubicación improbable en otro contexto político. Sus pujos de autonomía son tan ostensibles como algunos comentarios machistas sobre Cristina que se permite entre hombres.

Los casos

Sólo durante la dictadura militar y la presidencia de Carlos Menem las más humildes viviendas habían sido arrasadas con topadoras ante la vista impotente de quienes ni siquiera pudieron rescatar su ropa y sus enseres elementales. A este escándalo de prepotencia y cobardía contra gran número de mujeres y niños se sumó la denuncia de la jueza María Gabriela López Iñiguez, contra la Policía Metropolitana y el fiscal porteño por haber excluido de la expulsión ordenada por ella la franja lindera con la Villa 20, aquella que según el gobierno local estaría bajo el control de delincuentes y narcotraficantes, con lo cual se justificó el operativo. Menos se supo de los cuatro asesinatos incluidos en la declaración de H.I.J.O.S Capital:

n El 7 de agosto, en la misma Villa 20 de Lugano, Brian Ayaviri (de 19 años) y Jonathan Mareco (de 17) fueron acribillados a balazos por personal de la Brigada de Robos y Hurtos de la PFA, que se desplazaban sin uniformes y en un automóvil sin identificación, en cuyo apoyo acudieron patrulleros de las comisarías 36ª y 52ª. La versión policial dijo que se había producido un enfrentamiento luego de una persecución de veinte cuadras por el robo de un vehículo por parte de cuatro adolescentes. Pero los vecinos y uno de los sobrevivientes lo niegan. Dicen que los jóvenes estaban en un auto estacionado, del que bajaron con las manos en alto ante la intimación policial, pese a lo cual les dispararon. Al día siguiente, la Gendarmería sofocó con dureza las protestas del barrio y Berni ratificó la inverosímil información policial. Algunos testimonios involucran en el episodio a Rubén “Percha” Solares, un ex policía de la zona de Lugano retirado desde 2010 que en 2013 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por un caso similar. Según los vecinos, “El Percha” volvió al barrio hace unos meses, no saben si como parapolicíal junto a sus antiguos compañeros o reincorporado a alguna fuerza de seguridad, pero en cualquier caso como patrón del barrio y avanzada de la Federal.

n El 22 de agosto dos agentes del Departamento de Ingeniería Clínica e Infraestructura de la Policía Federal, también de civil y en otro auto sin identificación, mataron frente a la Villa 21 de Barracas a Gabriel Vaca (de 41 años) y Mario Ruiz (de 43). La policía informó que fue un tiroteo entre dos asaltantes y sus víctimas, que resultaron ser policías y se defendieron. Los vecinos aseguran que les dispararon a quemarropa sin mediar palabra. A ambos les dieron un primer tiro para inmovilizarlos y después los remataron. La violenta reacción del barrio incluyó la quema del auto de los policías, que fueron detenidos. Al mismo tiempo las llamativas entraderas contra personas famosas tienden a difundir el miedo y legitimar cualquier actuación policial.

El peor año

Todo esto indica que la Policía Federal ha vuelto a sus prácticas tradicionales, de procedimientos inventados para crear clima y hacer número, y de hostigamiento y ejecuciones de jóvenes por las Brigadas de Robos y Hurtos y de las comisarías de la zona sur de la Capital, como las de Ezequiel Demonty en 2002, Camila Arjona en 2005 o Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco en 2009. Desplazada de allí en 2011 por la Gendarmería y la Prefectura, debido a las prácticas violentas y los altísimos niveles de corrupción y connivencia en el manejo de los mercados ilegales en barrios y villas, el retorno de la Federal se produce como parte del relajamiento del control y la conducción política.

El ministerio de Seguridad dictó en mayo de 2013 Pautas de actuación en caso de enfrentamientos armados con personal policial. Pero en julio, cuando el ministro ya era Arturo Puricelli, el jefe de la Policía, Román Di Santo, resolvió no publicar su aplicativo en la Orden del Día, con lo cual se disolvió en la nada. La contrarreforma en los papeles tiene su correlato en las calles. Un documento distribuido ayer por el Centro de Estudios Legales y Sociales informa que el número de personas muertas por las fuerzas federales tuvo un incremento vertical: de 15 en el primer cuatrimestre de 2012, a 36 en el mismo periodo de este año. A este ritmo, la cantidad anual de víctimas sería la más alta en todo el ciclo de gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires, cuya policía ha duplicado su letalidad en enfrentamientos desde 2005 mientras su gobierno utiliza la cantidad de “delincuentes abatidos” como indicador de éxito de su plan de “emergencia en seguridad”, eximió de todo control a las policías municipales y habilitó en forma provisoria agencias de seguridad privadas en las que se desempeñan personas que por sus antecedente deberían ser legalmente excluidas. La policía realiza un 20% más de detenciones y según la propia información oficial sus intervenciones son cada vez más violentas. La muerte de Sabrina Olmos, de 15 años, en el patio de su colegio de Morón a consecuencia de un operativo de la Bonaerense muestra las consecuencias del uso de la fuerza en el espacio público. El padre de la niña es un afiliado al sindicato de Camioneros, que no computó este hecho en sus reclamos por la inseguridad.

Prevención o transa

Al mismo tiempo, se desnaturalizó el Cuerpo de Policía de Prevención Barrial (CPPB). Su creación por el Ministerio de Seguridad, en 2012, como organismo separado de la policía tradicional, apuntó a modificar la relación histórica entre las fuerzas de seguridad y los habitantes de los barrios pobres. Con formación en técnicas de mediación, articulación con las organizaciones sociales y coordinación con otras agencias no represivas, su llegada a las villas procuraba limitar el rol de la Policía Federal, dados sus graves antecedentes, y ser el germen de una nueva policía. Su actal colonización por la Federal y el regreso a las viejas prácticas abusivas sobre la población contó con el aval político, a partir de la designación del comisario Arnaldo Neira a cargo del nuevo cuerpo. Neira había sido relevado como jefe del Grupo Especial de Operaciones Federales, GEOF, capacitado para la violencia extrema frente al crimen organizado, cuando uno de sus miembros asesinó en su cama al joven Alan Tapia, contra quien no había cargos por ningún delito. A Neira y los suyos no le interesaron los vínculos con las organizaciones sociales de los barrios y sus modos de relación con los vecinos son el abuso verbal, la violencia física y los gases lacrimógenos. Las patrullas de a tres fueron reemplazadas por grupos de nueve o diez policías. Esa práctica de saturación no corresponde a una policía de proximidad sino a los operativos militarizados de Gendarmería, Prefectura a o la Bonaerense de Scioli. Las prepotentes brigadas han vuelto a controlar el territorio y lo hacen notar a los tiros, mientras el médico Berni, quien también afirma ser abogado, exhibe sus anhelos ocultos, disfrazándose de militar. Este Zelig que se mimetiza con el escenario de cada actuación sería cómico si no fuera trágico. De allí baja la orden de no hacer nada que moleste o genere revuelo en las fuerzas, con el argumento falaz de que son los propios barrios los que exigen dureza con “los pibes que andan en cualquier cosa” y alegando que estos hechos de violencia policial no generan problemas de gobernabilidad ni inhiben la llegada al territorio.

EL PAIS › OPINION Kirchnerismo y peronismo

Por Edgardo Mocca

Resulta curioso ver cómo conviven en la oposición mediático-política dos posiciones visiblemente contradictorias: mientras cada iniciativa política o legal del Gobierno es atacada con ferocidad –la gran mayoría de las veces por estatista y populista– se sostiene que el Gobierno no tiene ningún proyecto, que no ha habido cambios en el país y que todo se reduce a la concentración del poder bajo un decorado retórico que invoca transformaciones inexistentes en la realidad. Esta pirueta argumentativa ronda una cuestión fundamental para el juicio sobre el presente y el futuro político argentino. Se trata ni más ni menos del modo con que entendemos estos últimos once años, el lugar histórico que tienen y, en última instancia, la naturaleza política de los gobiernos de los Kirchner.

Apoyados en algunas encuestas, los voceros mediáticos dibujan un futuro político de “normalización”, después de las elecciones del año próximo. En cualquiera de las hipótesis predominantes sobre el resultado electoral –incluido el triunfo de Scioli– se da por sentado una especie de disolución de la fuerza hoy gobernante y de reaparición intacta del “peronismo” tal como era antes de esta última década. El kirchnerismo tendría como destino la de una corriente interna del Partido Justicialista o una fuerza exterior al partido que reagruparía militantes “progresistas” en espacios claramente minoritarios. Es decir, más o menos como funcionaba el sistema político antes del derrumbe de diciembre de 2001. Se celebra ese nuevo orden político futuro como una garantía de consensos, tolerancias, diálogos y todo aquello en lo que consiste “realmente” la democracia.

El propósito de este texto no es discutir pronósticos electorales, ni de ninguna otra índole, sino pensar la experiencia política que estamos haciendo desde la perspectiva de las identidades político-partidarias. ¿Qué es, finalmente, el kirchnerismo? ¿Cuál es su relación con el peronismo? Para discernirlo hay que despejar el camino de la contradicción lógica de la que hablábamos al principio: los gobiernos de estos años no fueron neutrales, ni fueron pura publicidad transformadora; si así fuera no se justificarían los enconos, sin antecedentes en estos años de democracia, que enfrentó y enfrenta. Difícilmente sea la simple retórica la que desata esas pasiones. Hay distintos matices en la oposición partidaria al Gobierno, pero es muy difícil discutir la existencia de una partitura central de la que pocos se apartan y corresponde a las líneas editoriales de las cadenas noticiosas dominantes que, a su vez, se articula con el punto de vista de los sectores económicos concentrados. Existe, claro está, un muy diverso arco de críticas –muchas de ellas razonables– que se hacen desde la oposición política. Pero las escenas políticas y parlamentarias realmente memorables de estos años rodearon verdaderas discusiones políticas de época: las retenciones a las exportaciones agrarias, el sistema jubilatorio, el estatus del Banco Central, la soberanía energética, entre muchas otras. Lo que hoy mismo se está discutiendo –la propuesta de ley de pago soberano de la deuda externa– toca la cuestión sensible y decisiva del desendeudamiento como palanca de desarrollo independiente. Es decir, hay una hoja de ruta que se fue construyendo no en laboratorios teóricos, sino en medio de los conflictos políticos más intensos de estos años de democracia.

Si la política de estos años no se reduce a ilusionismos y pases de magia, hay que aceptar que quedó abierta una materia muy dura de conflicto político, difícil de clausurar administrativamente y mucho más aún de ocultar debajo de la alfombra de los grandes consensos nacionales. Esa materia de conflicto político y no las simples etiquetas partidarias es lo que estará en juego, por lo menos provisoriamente, en las elecciones de 2015. Ciertamente, esta interpretación no les conviene a muchos de los actores de la escena preelectoral, que prefieren hablar de internas peronistas o de coaliciones interpartidarias como si se tratara de un juego de máscaras vacío de sentido. Es la continuidad o no continuidad de esa hoja de ruta lo que se dirime.

El kirchnerismo ha devenido el nombre de esta experiencia política. Y la cuestión produce urticarias de las más variadas, sobre todo entre quienes consideran (o desean) que el kirchnerismo sea una variante más en el eterno péndulo peronista y por lo tanto le niegan consistencia específica y descreen de su futuro. Claro que el kirchnerismo es peronismo. No hace falta ser muy perspicaz para percibir que sin la tradición histórica, sin la estructura partidaria y sin el peso nacional del peronismo hubiera sido inconcebible la experiencia política de estos años. Pero la cuestión no se reduce al código genético del movimiento que gobierna, involucra al tipo de lucha política que se libra hoy en la Argentina. La existencia de antagonismos en el interior del peronismo, lejos de ser nueva, recorre gran parte de la historia del movimiento. Lo que le ha agregado la experiencia de estos años a estas tensiones es justamente que es una experiencia de gobierno y no de cualquier gobierno, sino uno que desarrolló una agenda de ruptura en sus líneas principales respecto de la historia de las últimas décadas. Lo hizo además invocando el ADN peronista, con sus tres banderas históricas repensadas en las nuevas condiciones de la época. La centralidad del trabajo, la cuestión de la soberanía nacional y la política de memoria, verdad y justicia sobre el terrorismo de Estado fueron el modo de manifestación de esa herencia histórica.

Ahora bien, candidaturas peronistas habrá varias en las primarias y es muy probable que también en las elecciones de octubre la identidad peronista sea un activo electoral a ser esgrimido por más de un candidato. Además, nadie puede desconocer la existencia de un electorado tradicionalmente no peronista que apoya al gobierno actual; sin contar con la gran amplitud de horizontes ideológicos y políticos que se nuclean alrededor del kirchnerismo en el mundo artístico, cultural e intelectual. Por otra parte la palabra “peronismo” como sello de identidad política en la Argentina de hoy necesita aclaraciones adicionales. Se necesitan para saber, por ejemplo, si la persona que la invoca quiere mantener el actual régimen público de los aportes jubilatorios o volver al sistema privado-financiero o si propugna la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la vuelta a la “autonomía” del Banco Central o el regreso al endeudamiento masivo de las épocas anteriores.

Claro, el peronismo supo tener siempre latente en su interior la discusión sobre lo que Carlos Altamirano llamó “el peronismo verdadero”, como si hubiera una esencia intemporal del movimiento. Por mucho tiempo la reivindicación del peronismo verdadero se hizo desde sectores combativos políticos y sindicales del movimiento, como santo y seña de la lucha contra burócratas o conservadores en su interior. Hoy reaparece entre quienes impugnan al Gobierno bajo la forma de un peronismo abierto al diálogo y garantía del orden, contra un Gobierno innecesariamente conflictivo. No hay una esencialidad peronista al margen del tiempo y las coyunturas, aunque sí puede hablarse de herencias históricas que vienen desde el nacimiento en 1945 que, como vimos, los gobiernos kirchneristas invocaron e invocan con mucha coherencia. Decía Antonio Gramsci que la historia de un partido político no se reduce a la de sus congresos, sus luchas internas, sus declaraciones y plataformas; es la historia de un país, vista desde una perspectiva de partido. El kirchnerismo es, en última instancia, el peronismo de una época, el de la democracia reconquistada, el de la más grave crisis de la historia nacional contemporánea, el de un viraje muy pronunciado en la política económica, social e internacional de nuestro país. No puede hablarse del presente y del futuro del peronismo sin resolver su relación con este período político.

La cuestión del futuro del kirchnerismo no está escrita en algún lado y esperando ser develada. Es una cuestión que se resolverá en la lucha política, en la lucha por el poder. No son pocos los que están interesados en reducirlo a una circunstancia pasajera de la política argentina, para volver al “país normal” y se mueven activamente a favor de esa perspectiva. Pero no habrá triunfo de una u otra voluntad política al margen del curso que tomen los acontecimientos, es decir al resultado concreto de las luchas. Al margen de si se mantiene un rumbo general después de 2015 o si se revierte drásticamente. A las actuales expectativas y previsiones electorales le falta un condimento muy importante: no se sabe todavía cuál será la política electoral y el candidato de quienes hoy gobiernan y expresan la continuidad del rumbo.

“El kirchnerismo es una manera de mirar el mundo y al país dentro de él”, dijo Cristina Kirchner en uno de los reportajes que dio el año pasado. “Una manera que viene del peronismo y agrupa a muchos que no son peronistas”, agregó. Los días que estamos viviendo pondrán a prueba la consistencia de esa concepción política. La idea de una “herencia” del peronismo preocupa a muchos porque la identifican con su desaparición. Sin embargo, la herencia es, en política, la única manera de seguir vivos.

EL PAIS › EXCLUSIVO: EL CANCILLER TIMERMAN EXPLICA POR QUE LA ARGENTINA QUIERE UNA CONVENCION SOBRE LA DEUDA “Ahora, que la ONU vote”

 Por Martín Granovsky

El canciller Héctor Timerman explicó a este diario qué busca el gobierno argentino tras el anuncio de que el Grupo de los 77 y China promoverán que el martes 9 la Asamblea General de la ONU vote la necesidad de redactar una convención sobre reestructuración de deudas soberanas.

–¿Por qué ahora?

–Porque después del fallo del juez Thomas Griesa y de la campaña encarada por los fondos buitre de lobbying y de ataque publicitario, muchos países se dieron cuenta de dos cosas. Una, que la situación se estaba volviendo explosiva. Y otra, que el vacío legal es enorme. Ante esta realidad muchos dijeron: “Lo que le pasa a la Argentina puede ser nuestro futuro”.

–¿En qué sentido?

–Las medidas de Griesa mostraron que es imposible la reestructuración de deuda soberana en condiciones justas sin un acuerdo entre todos los países. Hasta nuestro caso, muchos países habían aceptado negociar con los fondos y pagar lo que pedían los buitres. Este gobierno se negó a hacerlo porque las decisiones del juez Griesa son violatorias de la soberanía argentina. Si son violatorias, son inaceptables por parte de la Argentina. Y además son ilegales, porque entorpecen acuerdos de la Argentina con terceras partes que no formaban parte del litigio. Más aún: el fallo de Griesa es imposible de aplicar. De paso, conviene tener en cuenta que la ONU viene hablando de la cuestión de la reestructuración de la deuda. Lo debatió mucho en los últimos 12 años.

–¿Cuál es el cambio, entonces?

–Que evidentemente no alcanza con buscar consenso. El consenso total no existe. No se logró nunca. Por eso el G-77 lleva el tema a la Asamblea General. Ahora, que la ONU vote. La otra razón del cambio está dada por los propios hechos recientes. Por un lado, no hubo un acuerdo con los buitres que respetara lo pactado ya con el 92,4 por ciento de los bonistas. Por otro lado existió el fallo de Griesa. En tercer lugar, la Argentina no se dio por derrotada. Esa serie de factores es lo que converge en la moción ante la Asamblea General.

–El viernes mismo el sector privado emitió criterios para la autorregulación a través de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, la ICMA para usar las siglas en inglés.

–El documento de la ICMA revela que los bancos, las financieras y las agencias colocadoras de deuda también se dieron cuenta de que la situación implosionó, que se está transformando en una bola sin freno y que los fondos buitre atacarán a otros. Entonces empezaron a buscar la autorregulación. El caso argentino le mostró al sector privado que no podían seguir así, y les mostró a los Estados que el riesgo lo pueden correr todos. La cifra de deuda soberana que circula en el mundo es enorme. Son 55 billones de dólares, y expreso la medida de la cifra en español: 55 millones de millones. En los Estados Unidos dirían que son 55 trillions. La cifra representa tres veces el Producto Bruto Interno norteamericano.

–¿El número incluye la deuda soberana de los países ricos?

–Están todas las deudas, sea cual sea la relación entre la deuda y el PBI, que en el caso de la Argentina es de las más bajas para un país que viene sufriendo el problema del endeudamiento, con el 42 por ciento del PBI. El documento del ICMA significa que se asustaron el sector privado y el sector público.

–¿Con ICMA y todo el G-77 avanzará igual?

–Sí. Los gobiernos decidieron que después de doce años de esperar y sacar resoluciones es mejor diseñar un marco regulatorio para que la reestructuración de deuda soberana tenga un carácter no solo económico sino también político y social. Las reestructuraciones deben considerar los factores que impactan sobre un país. No pueden comprometer su desarrollo social por la extorsión de un pequeño grupo de financistas que colocaron al borde de una situación insostenible a muchos países. La Argentina tomó contacto con muchos gobiernos y trabajó en muchos foros. Por eso en el mundo ya no solo es visible el punto de mira de grupos interesados en que el tema no se resuelva, sino un enfoque con preocupación sobre la reestructuración de deuda soberana. De hacer un planteo ante el Tribunal de La Haya la Argentina fue al G-77. Siempre buscamos lugares de debate y de acuerdo.

–El voto buscado en la Asamblea General es de mayoría simple.

–Sí. Debe votar en favor de la redacción de una nueva convención una cantidad superior en un voto a los que voten en contra.

–Y no hay veto del Consejo de Seguridad.

–No. Es el mecanismo de la Asamblea General. Después se redactará la convención, claro, y las discusiones seguirán. Esto se enmarca en la mejor tradición de este gobierno, que fue autor o coautor de convenciones como las que tratan sobre el comercio de armas y sobre la desaparición forzada de personas.

–¿Por qué en doce años no se logró un consenso?

–El tema de las reestructuraciones fue presentado como tabú y algunos países insistieron con mucha fuerza diciendo que las reestructuraciones de deuda eran parte de las atribuciones del Fondo Monetario Internacional. Si, en cambio, la ONU resuelve que es una cuestión soberana, eso supone que las reestructuraciones deben ser resueltas de acuerdo con un marco establecido por la propia ONU, donde todos los países tienen un voto. Los que se oponen dicen que la ONU no está capacitada para resolver el tema. Lo cierto es que tampoco el FMI lo resolvió. Hagamos una convención. Las convenciones establecen reglas de conducta y obviamente plantean un terreno pacífico. La Argentina cree en esto. El cambio climático, los derechos de la infancia o los ensayos nucleares no afectan a uno, dos o tres países. Son temas que influyen sobre el mundo entero. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Y lo mismo ocurre con la deuda soberana, sobre todo cuando la situación global muestra que cada vez hay más conexión entre pobreza y violencia. Donde hay más pobreza la violencia es cada vez más salvaje. Como en Africa.

–¿Cuáles serían, en Africa, las condiciones que favorecerían la violencia?

–Africa hizo enormes esfuerzos para reducir la pobreza, pero si no hay transferencia de tecnología, si no hay créditos, si ante la deuda los fondos buitre hasta confiscan la ayuda humanitaria, porque a eso llegaron, habrá actos de violencia desesperada que no se han visto en siglos. Juan Goytisolo, el escritor que se convirtió en experto en el mundo árabe, dijo que la violencia actual en Irak es como una vuelta al siglo VIII. Por supuesto que no voy a hacer la defensa de ninguna dictadura. Solo diré que Libia e Irak fueron invadidos y atacados pero después tuvieron que hacerse cargo incluso de las deudas generadas por los ejercicios militares. La reestructuración de deuda hasta genera conflictos militares.

–¿La Argentina ya está buscando el voto?

–Ni puedo contar la cantidad de cancilleres y presidentes que me llamaron diciendo que sufren problemas parecidos a los nuestros y no hallan el modo de resolverlos. Tal vez sería bueno escuchar de nuevo los discursos de algunos países cuando fuimos a la ONU con el ministro de Economía Axel Kicillof. Yo mismo me sorprendí. La semana pasada hablé con varios cancilleres europeos. Varios me reconocieron que la Argentina tenía un buen argumento cada vez que yo insistía en que el tema de la deuda es un tema de derechos humanos. Se puede comprobar en la Argentina evaluando los niveles de pobreza, de desempleo y de eliminación de la ayuda social en el 2001. Se dirá que fueron producto del default. Pero a la vez fueron producto del endeudamiento y la dificultad para reestructurar la deuda. El default no es un problema argentino, más allá de que la Argentina hoy no está en default y que por eso no se pagaron los seguros de default correspondientes. Las consecuencias del default son expresión del fracaso producido por la falta de reglas internacionales. No hay mecanismos de salida regulados. Los países que han defaulteado no fueron solo los más pobres. La Argentina, ocho veces. Los Estados Unidos, seis.

–Hay muchas opiniones sobre los fondos buitre. ¿Son marginales o son el centro del sistema financiero?

–Son un engranaje más del sistema financiero. Está bien puesto el nombre. En la naturaleza los buitres cumplen una función. Escarmientan. Hacen el trabajo sucio.

–Sobre los animales muertos. Sobre la carroña.

–No solamente. También atacan a los ojos de animales que no están muertos. No son parias del sistema financiero. Son los disciplinadores. Trabajan con los principales bancos del mundo. Paul Singer es uno de los cinco principales donantes del Partido Republicano. Son la parte más fea del sistema capitalista. Tal vez la más extrema. También por eso es que recién ahora quienes integran el establishment financiero decidieron cortarles un poco las alas. Si no, el escenario previsible es que quedará destruido el sistema de deuda soberana. De todos modos, creo que es tarde para una regulación que solo sea privada.

–¿Por qué sería tarde?

–Porque el monstruo que representan los fondos buitre ha crecido de tal manera que no sé hasta qué punto es controlable solo por privados. El poder de lobbying en el Congreso estadounidense es muy grande. Puede llevar a que organismos del Estado dejen de aplicar determinadas políticas en cuya validez creen por temor a que los buitres motoricen aliados para frenar otros proyectos que también son imprescindibles para el gobierno de los Estados Unidos. Alguien podría decir que permitir que actúe libremente en el mundo gente como Singer forma parte del sistema de control del sistema financiero internacional. Pero agreguemos que en Inglaterra está prohibido comprar bonos para trabar una negociación.

–¿Parte del sistema económico o parte de las acciones de la Casa Blanca?

–Parte de lo que hacen los poderosos dentro del sistema financiero internacional para disciplinar a los Estados. Dentro de los Estados Unidos hay una ley de quiebras. Pero los fondos buitre no pueden hacer en esas quiebras lo que hicieron con la Argentina, comprando bonos. En todo caso directamente tienen que comprar una empresa. En ese caso compran empresas y presionan a los obreros. Es decir que los fondos buitre en su carácter de tales solo pueden actuar fuera de los Estados Unidos. Por eso es necesaria la convención. Dentro de la sede de la ONU, en Nueva York, no hay una convención que establezca algo parecido a una ley de quiebras para naciones. Pero al salir de la sede sí hay ley de quiebras. Eso significa que los Estados Unidos se dan cuenta de que para sus problemas domésticos el accionar de los fondos buitre es negativo. Y significa que los Estados Unidos no les impiden actuar fuera de los Estados Unidos.

–¿No sería conveniente buscar una alianza con la Casa Blanca?

–Según fui informado extraoficialmente, en este momento ningún funcionario del gobierno de los Estados Unidos puede hablar de ningún tema específico de la reestructuración de la deuda soberana de la Argentina. Por eso tenemos tanto interés en que el 9 de septiembre se vote y en que durante el 2015 se escriba la convención. Por supuesto, cuando llegue el momento la Argentina presentará su proyecto.

–Si no se cuentan los ausentes y tampoco las abstenciones y el resultado válido es votos positivos contra votos negativos, ¿la propuesta de redactar una convención sobre deuda tiene asegurados los votos positivos?

–El G-77 hará la propuesta. Y sé que ningún país de los 133 se opuso. En los dos últimos meses hubo mucha presión para no tratar el tema, aduciendo que la ONU no es el lugar indicado para hacerlo. Hablé varias veces con funcionarios a cargo de áreas económicas y sociales de la ONU y me decían que ellos sí estaban de acuerdo con alguna forma de instrumento multilateral. Bueno, hagámoslo.

–Pregunté antes si la Argentina no quería una alianza con la Casa Blanca frente a los buitres. ¿El gobierno argentino busca un enfrentamiento con los Estados Unidos?

–No. De ninguna manera. La prueba es haber propuesto concurrir a la resolución pacífica de este embrollo que creó Griesa al Tribunal Internacional de La Haya, que es donde se solucionaron los problemas en forma pacífica.

–Hago la pregunta de otra manera: además de lo legal, ¿la Argentina quiere un enfrentamiento en lo político con Washington?

–No. Una convención no es en contra de nadie sino a favor de todos. Viene a resolver un vacío legal que afecta a la mayoría de los países del mundo. Decir que hay un problema es una actitud propositiva. Decir que hay un vacío jurídico también es propositivo, porque busca solucionar el vacío. Los propios Estados Unidos dijeron en la presentación ante la Corte de Apelaciones que reivindicaban el principio del pari passu.

–Para la Argentina, ¿cuál debe ser el eje de una convención?

–El principio es que sean los propios países los que escriban el marco legal regulatorio para los procesos de reestructuración de deuda soberana, de manera que no afecte el desarrollo. Las condiciones de negociación deben ser equitativas. No se le debe impedir a un Estado que reestructure sus deudas. No se le debe imponer que la reestructuración afecte el bienestar de los países. El objetivo es que los países puedan reestructurar su deuda soberana y que puedan seguir desarrollándose, no empobreciéndose con peores condiciones de vida de las que tenían antes.

–¿El gobierno argentino no tuvo una expectativa excesivamente positiva ante la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿No confió demasiado en que trataría el caso cuando existía también la chance de que no lo hiciera, como ocurrió?

–Dada la magnitud de lo que implicaba la decisión no solo para la Argentina sino para todos los países que tienen problemas de reestructuración de deuda (y la Argentina con los canjes de 2005 y 2010 había dado muestras de que lo quería resolver con la aceptación de los acreedores), la Corte debió haber tomado el caso. El hecho de que no lo haya tomado marca la necesidad de una convención. No se puede dejar en mano de un solo sistema judicial decisiones que son soberanas de otros países. Y en el plano internacional cada Estado debe hacerse cargo de su Justicia, pero en el marco del derecho internacional el Estado está representado por el Poder Ejecutivo. Muchas veces el Ejecutivo argentino asume en el sistema interamericano fallas por sentencias judiciales, e incluso paga las multas correspondientes. La Argentina acepta la jurisdicción de todos los tribunales internacionales. Es uno de los países que más cree en el derecho internacional. Recordemos cuando la Justicia de Ghana hizo lugar a la incautación de la Fragata Libertad. ¿Qué ocurrió después? Existe una Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. La Argentina pensó que el embargo de la fragata era ilegal y recurrió al Tribunal del Mar. Es decir, había una convención y una jurisdicción. Ghana aceptó la incumbencia del Tribunal del Mar. Los jueces establecieron la responsabilidad de Ghana. El Gobierno dijo que era un tema de la Justicia. El tribunal dijo que, como Estado, Ghana era responsable. Ghana entonces ordenó liberar el barco. El problema se resolvió en dos meses. Por eso hacen falta las convenciones. Los países también se manifiestan mundialmente por su voluntad de pertenecer a un sistema internacional. Esa manifestación resulta incongruente con que si un país es pobre será tratado como un paria, y si es poderoso podrá ignorar al sistema internacional.

–Supongamos que el martes 9 la Asamblea General vota a favor de una convención. Supongamos que luego los expertos escriben velozmente esa convención. ¿Se aplicará a la Argentina o solo servirá hacia el futuro?

–No nos adelantemos tanto. Primero hay que ver qué se escribe. Y segundo, hay que tener en cuenta que el caso argentino está abierto. Incluso en los Estados Unidos.

–Me adelanto más. La necesidad de una convención se vota, el texto queda escrito, el instrumento pasa por todas las instancias mundiales y nacionales de ratificación y, luego, los Estados Unidos no aceptan la nueva norma.

–Los países que no acepten la convención tendrán más dificultades al momento de que otros quieran emitir deudas en esos centros financieros. Hoy ya es más seguro emitir deuda en Inglaterra que en los Estados Unidos. Y estoy hablando de un país con el que tenemos pendiente un problema de soberanía. Pero el marco de seguridad es mayor. Lo mismo sucede con el marco vigente en los Estados Unidos hacia adentro de su territorio. Pienso en tres ejemplos. El primero, que en los Estados Unidos la ley del consumidor es durísima. El segundo, que no se permite ningún tipo de monopolio. Sucedió con el petróleo, con las telecomunicaciones y con los medios. El tercero, que los fondos buitre no pueden actuar dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué no nos comparan con los Estados Unidos, con Holanda o con Inglaterra? No digo que esos tres países deban ser necesariamente imitados en todo. Digo que los que cuestionan al Gobierno por esos temas y lo comparan con la situación en otros Estados deberían estudiar bien qué sucede en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Holanda. Y volviendo a los fondos buitre, nadie está exento de ser atacado. El gobernador de Puerto Rico dijo que no le cerraban ciertos números y decidió reestructurar la deuda pública. De inmediato se formó una task force, una fuerza de tareas como la que viene actuando contra la Argentina.

–¿La consultora de Madeleine Albright no fue contratada?

–Para mí ése es otro dato importante. El hecho de que los fondos buitre donantes del Partido Republicano hayan contratado a una ex secretaria de Estado de tradición fuertemente demócrata demuestra que son parte del sistema económico internacional, no marginales.

martin.granovsky@gmail.com

OPINION La casa, el piso y el techo

Por Mario Wainfeld

La nueva moratoria previsional fue hecha ley en Diputados por una mayoría contundente, pluralista y atípica (ver nota aparte). Se procura incorporar a medio millón de jubilados que no pudieron cumplir con los aportes. El sistema no es universal químicamente puro, pero le pasa bien cerca a fuer de muy abarcante y solidario. El derecho se supedita a requisitos objetivos que anulan o minimizan en extremo la discrecionalidad de los funcionarios. Se concibe para ser reconocido “por ventanilla” y no merced a favores personales o políticos.

El porcentaje de cobertura jubilatoria es altísimo, comparado con parámetros internacionales: creció explosivamente desde 2003. Forma parte de un esquema de protección social extendido, muy reparador respecto de los sectores más desfavorecidos.

Un imaginario popular aún vigente conserva memoria y valoración alta del sistema contributivo. Se instaló en épocas de pleno empleo, con alta densidad de aportantes. Sólo se jubilaba quien “se había puesto” durante períodos prolongados, lo que no parecía tan grave porque eran numerosos.

A pocos se les ocurría tomarse en serio jubilar a las empleadas domésticas o al grueso de los peones rurales. De las amas de casa, ni hablar.

La jubilación privada fue una estafa que imprimió un giro individualista al criterio imperante. Simplifiquemos, con fines didácticos, no exhaustivos. Se inducía al “inversor” a pensar: “es mi plata, un banco o financiera me la administra y hace crecer, me juntaré con un toquito cuando llegue el otoño”. Era un curro descomunal, que sintonizaba con el espíritu neoliberal de la época, que no sólo cundía “por arriba”. De la matriz contributiva-ciudadana se pasaba a la idea del individuo aislado que se salvaría solo.

El neoconservadurismo menemista y de la Alianza arrasó con lo que había. El desempleo, la merma sideral del valor adquisitivo, los recortes formaron un combo explosivo que indujo a la baja de cualquier indicador.

A partir del 2003 se fue reconfigurando un sistema que elevó y ensanchó el piso, cambiando las coordenadas básicas. No se teoriza tanto ni hay leyes que lo sistematicen en conjunto pero hoy día predomina un sistema mixto, en parte contributivo y en parte solidario. Cada vez son más quienes, sin haber aportado ni el tiempo ni el dinero “necesarios”, tienen protección cuando se retiran. Es formidable que así sea, para una cosmovisión que cuestione y mitigue la lógica cruel del capitalismo.

El diputado Martín Lousteau (FA-Unen) fue uno de los pocos que se abstuvieron. Argumentó que la norma era más generosa con los que no habían aportado plenamente que con quienes lo habían hecho. Su punto de vista es sesgado, aunque (por eso) es coherente con su visión del mundo. Discrimina, sin verbalizarlo, a quienes se quedaron atrás o afuera sin responsabilidades propias. Omite ponderar qué tal se portaron el Estado, los patrones, la sociedad con quienes estaban desvalidos, sus supuestos “privilegiados” de hoy.

Son un colectivo heterogéneo y castigado, excluido o semiexcluido. Comprende a quienes no consiguieron conchabo como consecuencia de las crisis, las políticas antiobreras. O cuyos patrones defraudaron al fisco evadiendo las cargas obligatorias: trabajaron en la informalidad, porque el empleo decente no es, ni siquiera ahora, un derecho concretado para todos.

La nueva ley empareja algo a quienes tienen similares derechos. Las consecuencias son patentes: se amplía el universo, crece la inversión social. La base de la pirámide se hace más ancha, predomina la jubilación mínima, la cima se distancia menos.

Son opciones de política económica social, que justificarían abordajes públicos profundos. Reformas legales innovadoras, que contemplarán o emprolijarán las distintas situaciones.

También será necesario, más pronto que tarde, un pensamiento estratégico acerca de qué hacer con futuras camadas de personas mayores que tampoco estarán “al día” con todos sus aportes. No por falta o culpa propia, sino por falencias del sistema económico-social.

El pensamiento que expresa Lousteau (tan distinto de lo que predicaba hace pocos años) es una versión posible. Acaso sea la que prime en el amplio espectro opositor.

Prolongar esa política de modo sustentable no es labor sencilla, ni en las pampas feraces ni en ningún lugar del globo terráqueo. La expectativa de vida crece, las edades para retirarse se mueven lentamente y suscitan resistencias lógicas de los interesados.

El sistema nacional suda tinta tras treinta años de restricciones en los aportes. Un tercio de la clase trabajadora en la informalidad es un escollo mayúsculo. El kirchnerismo consiguió reducirlo en sus años más prósperos, hace varios que no mueve esa aguja.

Una reforma fiscal agresiva con los estamentos más ricos o con actividades exitosas y demasiado protegidas sería parte de una solución compleja: no parece estar en la agenda de la etapa. El kirchnerismo, da la impresión, no innovará a fondo hasta el fin del mandato presidencial. Las oposiciones con más chances electorales para 2015 sólo piensan en reducir impuestos.

- - -

No es simple progresar: Tras un largo lapso de medidas expansivas, de tendencia universalista (como la Asignación Universal por Hijo, las leyes laborales y las jubilaciones) adivino el momento de centrar la mirada en quienes no accedieron a esas conquistas. La consigna, o el slogan, aplicable es “focalizar para universalizar”. O sea registrar colectivos a los que no llegaron las ampliaciones de derechos. La moratoria es un caso. El programa Progresar es otro. Se dio a conocer en febrero, para dotar de ingresos a jóvenes de escasos ingresos y promoverlos mediante la educación formal o la capacitación laboral.

La hipótesis oficial, que se mantiene ahora, es que podía sumar más de un millón y medio de beneficiarios. De entrada, pudo advertirse que no sería simple que se inscribieran exitosamente todos. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos titulares eran niñas y niños, representados por sus padres o madres especialmente, en este caso son los jóvenes ciudadanos quienes deben gestionar su alta. Es más arduo que lo hagan, sobre todo porque no son para nada un conjunto homogéneo.

Las cifras oficiales no son de fácil acceso. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Anses, Diego Bossio, ponderaron recientemente en 500.000 los pibes y pibas que ya están incluidos en el Progresar. Para julio se arañaba esa cifra según datos extraoficiales, muy confiables, a los que accedió Página/12. Las solicitudes rechazadas por no cumplir los recaudos fijados rozan las 300.000 y hay más de 220.000 pedidos observados por falta de algunos elementos, que podrían superarse.

Una mirada impresionista sugiere que las primeras inscripciones provinieron de trasvasamiento de otros programas nacionales o locales, similares en sus designios pero menos amplios en los beneficios. Y que también llegaron pronto jóvenes avezados, con ciertas competencias o hábiles para hacer valer sus derechos. Estudiantes de hogares muy modestos, por ejemplo. O pibas-madres jefas de hogar, siempre atentas para buscar cómo parar la olla.

Tal vez los núcleos más duros de exclusión sigan sin cobertura, en tendencia. Se irán agregando, si media mucho laburo social, militante o estatal. La desconfianza respecto de lo institucional o del Estado, quizás, sea un factor a remover. De cualquier modo, Progresar es una movida contracíclica y tutelar, en una coyuntura difícil. Un buen ejemplo: incentivar la inversión social, “por abajo”, en un trance recesivo. Otra opción ideológica, dura para implementar, digna para remarcar.

- - -

La clase y el movimiento obrero: Desocupados, changuistas, informales, microemprendedores, laburantes de empresas recuperadas... el “mundo del trabajo” está segmentado. Su abanico es, por ahí, el más amplio de los últimos setenta años. La retórica peronista a menudo usa “clase trabajadora” y “movimiento obrero organizado (MOO)” como sinónimos, expresivos de la “columna vertebral”. Jamás fue estricta la asociación, nunca fue tan impropia como en las décadas recientes.

Concentrada en los trabajadores en relación de dependencia, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresa a un sector, el más aventajado, lo que no equivale para nada a decir una elite.

En un libro imperdible (Ser sólo un número más), la socióloga Paula Abal Medina describe así al MOO: “fragmentado o unido está corroído por las exclusiones: es una realidad demasiado extensa la que le que queda fuera. Una realidad que no representa ni además ni siquiera interpreta y, para peor, muchas veces descalifica y estigmatiza”. Puesta a describir al “sindicalismo camionero” que encarna Hugo Moyano, Abal Medina añade que “es una representación de segmento que, cuando quiso desplazar su conducción al conjunto del movimiento confundió la parte con el todo y por eso terminó subordinando sus alianzas con el gobierno kirchnerista con las necesidades legítimas de los trabajadores ‘del techo’ (...) El sindicalismo se vuelve incapaz de expresar e interpelar e interpelar al universo heterogéneo de la clase trabajadora”. Es difícil sintetizar mejor la trayectoria reciente de Moyano, que siempre fue mejor dirigente de los camioneros que del conjunto.

No es una carencia que lo rezague respecto de otros líderes gremiales. Mayormente es compartida, tanto que “el Negro” fue primus inter pares durante muchos años. El déficit, la mirada sesgada, es patrimonio compartido y demuestra la magra creatividad de una apabullante mayoría de la dirigencia sindical. No capitalizaron una etapa de mejoras generales: cambios legislativos e institucionales progresivos en sesgo, crecimiento del empleo, paritarias anuales y fortalecimiento de sus propios gremios.

El paro del jueves pasado, más allá de abordajes contingentes (que este cronista sobrevoló el viernes) subraya las disparidades del conjunto, que son un reto para los años venideros.

- - -

La casa y el futuro: El kirchnerismo, que arrancó con una visión laborista-desarrollista muy tradicional, fue revisando sus premisas. Lo hizo al percatarse (a veces rápido, a veces con timing, a veces un poco tardíamente) que su visión de país y su modelo de crecimiento no abarcaban a todos los argentinos. Comprendió que la política económica y la laboral se quedan cortas para abordar las necesidades de la clase trabajadora.

Edificó un paradigma de políticas sociales a su modo: como una casa familiar construida por un maestro mayor de obras. De a puchos, agregando dormitorios, sin una planificación fina, respondiendo a los desafíos sucesivos, pensando en que hubiera cobertura social para todos. El piso se ha ampliado generosamente.

La moratoria de las jubilaciones, el Progresar, son dos ejemplos encomiables, presentados en un año difícil.

Las preguntas de cuánto debe mejorarse, cuánto ampliarse, cuánto sostenerse el actual sistema de protección social y de quién capacita para hacerlo son ejes centrales que dirimirán los argentinos con su voto.

El contorno y la región parecen virar o por lo menos guiñar a la derecha. Un avatar azaroso de la historia pone en jaque la reelección de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. El resultado no será inocuo para los argentinos. Los virajes en Europa dan pavor.

Los pueblos definirán su futuro, acá y allá. La proverbial capacidad de los trabajadores argentinos para defender sus conquistas forma parte del cuadro, en buena hora.

mwainfeld@pagina12.com.ar