Treinta años de construcción democrática

La construcción democrática que comenzó en 1983 estuvo condicionada por un conjunto de aspectos producto de las grandes transformaciones regresivas operadas por la acción de la dictadura. COMENTARIOS 0 Info NewsInfo NewsInfo News En función de la brevedad referiré las tres que considero centrales: los crímenes de lesa humanidad, resultado del terrorismo de Estado; la novedosa deuda externa consecuencia de una política deliberada de transferencia al Estado de adeudos privados y de una política de endeudamiento financiero diseñada y ejecutada para condicionar y limitar la gestión estatal y, aunque menos visible en lo inmediato, el peso de las corporaciones herederas de la nueva relación establecida por la dictadura y su poder económico, financiero y político ante el Estado democrático. Estos duros condicionamientos explican los esfuerzos y los límites del primer gobierno democrático del período, encabezado por Raúl Alfonsín. Respecto de los primeros, baste recordar los intentos de una política económica que eludiera los planes de ajuste bajo la gestión de Bernardo Grinspun; la denuncia pública de las amenazas corporativas sobre la naciente reconstitución democrática; el ejemplar juzgamiento a las juntas militares y la cerrada resistencia a los intentos golpistas; los esfuerzos por constituir un frente de países deudores; una política exterior que buscó cerrar diferendos tradicionales por vía pacífica y que realizó avances significativos en la integración regional. La etapa de los '90 planteó una contradicción central en el proceso de construcción democrática. Se avanzó en el desbaratamiento y el debilitamiento estatal ampliando el endeudamiento público, por la venta de valiosos activos del Estado a precios irrisorios, por su creciente desfinanciamiento consecuencia de la ruinosa privatización de la gestión de los recursos de la seguridad social y la reducción de los aportes patronales. Se verificaron retrocesos significativos en los derechos sociales por la precarización laboral, el aumento del desempleo, el congelamiento del salario mínimo, negociaciones paritarias y jubilaciones y el desfinanciamiento y parcelamiento de los sistemas nacionales de seguridad social, salud y educación pública. Alineamiento incondicional con los Estados Unidos en política exterior, debilitamiento de las estructuras políticas y sindicales, mediatización de la política, fortalecimiento de los conglomerados mediáticos y reversión de los logros alcanzados en materia de Derechos Humanos –pese a los retrocesos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final–, mediante el indulto a los genocidas. Estas tropelías, este programa neoliberal de retroceso de derechos y deterioro generalizado del nivel de vida fueron llevadas a cabo bajo una simbología peronista aunque en choque violento con el sentido común que había creado la tradición peronista de justicia social. El palimpsesto liberal tuvo efectos importantes en la construcción democrática de la Argentina ya que resultó en una forma de vaciamiento del sistema político que se manifestó, entre otros fenómenos, en dos que quisiera destacar. Por una parte, a través de la ruptura explícita del contrato de representación política, –recordar la frase de Menem: "Si decía lo que iba a hacer, no me iban a votar."– Por otra parte, la creciente pérdida de la capacidad y de la legitimidad del Estado para encauzar conflictos, cada vez más visualizado como parte y no como garante universal de un piso básico de derechos y de su ejercicio, típico de un Estado moderno, por ejemplo, en el fallo de la Corte Suprema sobre el rebalanceo en las tarifas telefónicas. La frustración de la esperanza de cambio que significó la Alianza llevó al estallido de 2001 y a un programa básico de rechazo del estado de cosas expresado en el "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo". En mi opinión la crisis de diciembre de ese año no fue producto de la organización de una estrategia opositora social y popular con capacidad suficiente para poner en crisis el modelo neoliberal. Hubo una contestación social como resultado de una crisis inmanejable, consecuencia de las propias medidas y de los programas económicos neoliberales. En otras palabras, la hegemonía del capital financiero desarrolló un esquema de alianzas y de gestión de su programa tan ineficiente y avara que logró poner en crisis al conjunto del sistema, a punto tal que consumó vía un derecho de excepción, la redefinición más global de relaciones jurídicas y comerciales de la historia nacional-inmovilización de depósitos, devaluación asimétrica y pesificación compulsiva de los ahorros en dólares previamente garantizados por ley. La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, en 2003, abrió una nueva etapa en la transición democrática en la medida que se hizo cargo del programa genéricamente expresado en las movilizaciones del 2001 y buscó superar el núcleo de los condicionamientos de la etapa anterior. Uno de los ejes principales de acción gubernamental del kirchnerismo estuvo dirigido a la remoción de los obstáculos legales que impedían el juzgamiento de los crímenes de la dictadura cívico-miliar asumiendo la agenda histórica del movimiento de los Derechos Humanos, sintetizada en Memoria, Verdad y Justicia. La reivindicación del funcionamiento pleno del Estado de Derecho para investigar, juzgar y condenar los crímenes de la dictadura condensó un imponente consenso social. Se restableció así un aspecto liminar en lo legal y en lo moral para la construcción democrática argentina –en línea con el primer gobierno democrático, pero sin la gabela de la teoría de los dos demonios y en otra relación de fuerzas con el partido militar–, al plantear la necesidad imperiosa de averiguar la verdad de lo ocurrido en los años terribles de la represión, de conservar cuidadosamente su memoria como doloroso patrimonio colectivo y de llevar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad a responder por sus actos ante los jueces penales ordinarios –no ante tribunales especiales–, con todas las garantías legales del Estado de Derecho, de las que no gozaron sus víctimas. La renegociación de la deuda externa y la salida del default fue otro de los elementos importantes de la gestión en el contexto de la recuperación de los instrumentos de la soberanía económica y de la reconstrucción de la capacidad de rectoría económica del Estado. Acumulación de reservas, política de desendeudamiento –pago completo al Fondo Monetario Internacional–, reconstitución de las finanzas del Estado incluyendo variadas acciones como la reestatización de la administración los fondos jubilatorios hasta el perfeccionamiento de los instrumentos de recaudación. La vuelta del Estado en la seguridad social, la salud, la educación, la ciencia y la tecnología –con un financiamiento estatal sin precedente– y la cultura. En el marco regional, la priorización de las alianzas como el Mercosur y la construcción de nuevas asociaciones -Unasur-, y sobre todo, el rechazo a la propuesta estadounidense en Mar del Plata del ALCA, entre otras iniciativas. La lucha por recuperar la centralidad de la política como instrumento de conducción del conjunto social llevó al kirchnerismo a afirmar el principio de autoridad presidencial y a reivindicar la autonomía de la autoridad política legítimamente constituida para arbitrar sobre los conflictos de intereses y garantizar ejercicios de derechos básicos por parte del Estado y de los ciudadanos en diferentes esferas sociales, económicas y políticas. Ese camino condujo al choque con las corporaciones mas importantes del país: la pulseada de 2008 con la corporación agraria por una porción de la renta extraordinaria del campo argentino y la batalla por la desmonopolización con los gigantes mediáticos regulada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, batalla que todavía está en curso, a pesar del fallo de la Corte Suprema sobre su constitucionalidad. Estas confrontaciones mostraron los limites que aún existen para que las instituciones de la democracia tengan la capacidad de contener y regular los conflictos con los núcleos duros de poder permanente, beneficiarios principales de la dictadura militar, reacios a cualquier afirmación real del poder democrático que limite sus privilegios o reduzca las desigualdades que los benefician materialmente. En síntesis, este brevísimo recorrido histórico muestra que nuestra democracia en estos 30 años ha tenido en primer lugar el mérito de la continuidad, pero dentro de esa continuidad hubo claras diferencias. Se sucedieron diversos contextos, diferentes capacidades y distintas posibilidades en la calidad del ejercicio democrático.