Nota de Tiempo Argentino
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) anunció ayer la apertura de una investigación penal para determinar si existieron maniobras especulativas en torno al dólar que motivaron la brusca suba de la divisa la semana pasada. El área de Fraudes Económicos y Bancarios de la fiscalía antilavado que comanda Carlos Gonella busca determinar la existencia de posibles maniobras delictivas contra el orden público económico-financiero, a partir de la operatoria de la petrolera Shell en el mercado cambiario. La pesquisa se extenderá también a otros sectores productivos que incrementaron sus precios a partir de la nueva cotización, de manera injustificada, y abarcará ilícitos cambiarios, fraudes al comercio e industria o defraudaciones contra la administración pública que pudieran haberse producido.
Para confeccionar un expediente preliminar, la Procelac solicitó la entrega de "informes detallados" sobre los movimientos que se registraron en torno a la cotización del dólar en el mercado mayorista durante los últimos días de la semana pasada. La requisitoria incluye a las principales entidades financieras privadas y al Banco Central, con un monitoreo minuto a minuto de cuál fue la evolución de las operaciones en la plaza local. Ayer por la tarde comenzó a ser remitida parte de la información y desde la Procelac solicitaron formalmente la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) que preside José Sbatella, ante la posibilidad de tener que analizar reportes por maniobras sospechosas.
"Iniciamos la investigación el viernes a partir de lo que se denunció públicamente para conocer si existió una operación de compra de divisas por encima de su cotización y ya observamos con preocupación la suba de precios en alimentos e insumos para la construcción", sostuvo el fiscal general Gonella. "Las presuntas conductas de manipulación en el dólar dentro del mercado cambiario con una finalidad desestabilizadora afectan al orden público económico-financiero; en tanto lesionan el normal desarrollo del mercado, como también su confiabilidad y estabilidad, pudiendo configurarse un daño que impactaría a todo el sistema y un perjuicio a los intereses económicos de la Nación", afirmó la Procuración General de la Nación a través de su portal de noticias.
El mismo jueves, desde el gobierno habían salido inmediatamente a señalar a Shell como responsable del alza en el precio del dólar. Una oferta de compra de divisa a $ 8,70 por unidad realizada por la petrolera anglo-holandesa al filo del cierre de las operaciones desconcertó al mercado que, minutos antes operaba con una cotización que oscilaba en torno a los $ 7,24, lo que también puso en alerta al Banco Central y al Ministerio de Economía. El titular de la cartera económica, Axel Kicillof, confirmó que la empresa presidida por Juan José Aranguren realizó la operación –sin aparente racionalidad– y motivó la intervención del BCRA para intentar contener la escalada.
Por su parte, ante la información que publicó Tiempo Argentino sobre la operatoria, Shell ensayó una desmentida en la que sostuvo que la compra neta realizada fue por 1.561.000 dólares a través del HSBC en una transacción "de rutina", fruto del saldo de importaciones, exportaciones y dividendos. Así también indicó que su titular fue autorizado a la compra de 2800 dólares con fines de viajes al exterior la semana anterior, validados por la AFIP. Además, la compañía afirmó que las operaciones cambiarias "fueron legales, conocidas y previamente autorizadas por las autoridades gubernamentales que entienden en la materia, el BCRA y la AFIP".
MEDIDAS. Según pudo confirmar Tiempo, el área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac que dirige Pedro Biscay giró pedidos a la autoridad monetaria y a las entidades bancarias para cumplimentar una serie de medidas preliminares que apuntan a determinar la posible comisión de "delitos de acción pública que atentarían contra el orden público económico".
En ese marco, se libró un oficio a la Gerencia de Exterior y Cambios del Banco Central de la República Argentina para que remita todas las constancias de operaciones de compra y venta de divisas realizadas el 23 de enero por Shell y por el propio Aranguren. Allí se solicita que se especifique quién las realizó, cuál fue el motivo, el horario en el que se produjeron y el precio de compra. También qué agente las autorizó y cuál fue la posterior reacción del mercado.
Al HSBC –que canalizó las operaciones cambiarias de la petrolera– se le pidió que remita todos los pedidos de compra y venta de dólares solicitadas por la empresa en esa fecha. Lo mismo para el resto de las transacciones similares registradas a partir del mediodía y hasta el cierre de la jornada. El mismo criterio de informe fue cursado vía oficio al Banco Francés y al Banco Citi –quienes también fueron convocados para cumplir el pedido de la empresa– con datos de la operatoria de Shell, su titular, y el resto de las operaciones desde las 12:00 y hasta el fin de esa jornada.
El objetivo es conocer al detalle la operación en la que Shell compró divisas en el mercado mayorista a un valor sensiblemente mayor al vigente al momento. Esto se suma a que el BCRA no tiene posibilidad de prohibir una transacción en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), sino evaluar el riesgo de impacto en las reservas, lo que lo obliga a intervenir en el mercado. Algo que finalmente se produjo para evitar la estampida y por lo que tuvo que desprenderse de U$S 100 millones. Durante esa jornada –la segunda de la semana en la que se verificó un salto en el valor de la moneda extranjera– el dólar mayorista culminó a $ 7,75 para la venta por unidad, después de alcanzar un máximo intradiario de $ 8,50.
PRÓXIMO PASO. Desde la Procelac adelantaron que la segunda instancia de la pesquisa apuntará a que la Secretaría de Comercio Interior entregue un relevamiento de precios en diversos rubros en los que se puedan constatar aumentos injustificados de precios al consumidor sin correlato con el valor de componentes importados. Industria siderúrgica, alimentaria y construcción serán los objetivos a monitorear para trazar una hipótesis delictiva que pueda confirmar la existencia de maniobras especulativas para forzar una devaluación y un aumento sostenido de precios.
"Directo al ciudadano"
El titular de la Procelac, Carlos Gonella, explicó los alcances de la investigación preliminar iniciada a partir de las denuncias de varios medios periodísticos, confirmada luego por el propio gobierno. "Lo importante es verificar proactivamente si en esa maniobra inusual que obligó al BCRA a salir a equilibrar hubo un impacto negativo en la autoridad monetaria", afirmó el fiscal sobre la pérdida de reservas que ocasionó la intervención del Central luego de la transacción del 23 de enero. "Con el transcurso de los días, y través de la suba de los precios en aquellos bienes cuya cadena de valor no depende de la divisa extranjera detectamos también que al no tener insumos importados en su composición no había razón para trasladar los costos al consumidor", sintetizó ante la consulta de Tiempo Argentino. A partir de recibida la información comenzará la etapa de análisis, que "podría terminar en una denuncia penal", advirtieron desde la unidad. Los hechos investigados podrían configurar maniobras de criminalidad económica que tendrían la finalidad de manipular y desestabilizar el mercado cambiario, poniendo en peligro su normal desarrollo, con el consecuente perjuicio que podría acarrearle al Estado nacional y al público en general. "El impacto del orden económico financiero implica un daño en todo el sistema económico cuyas consecuencias van directamente al ciudadano común", aseguró Gonella.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) anunció ayer la apertura de una investigación penal para determinar si existieron maniobras especulativas en torno al dólar que motivaron la brusca suba de la divisa la semana pasada. El área de Fraudes Económicos y Bancarios de la fiscalía antilavado que comanda Carlos Gonella busca determinar la existencia de posibles maniobras delictivas contra el orden público económico-financiero, a partir de la operatoria de la petrolera Shell en el mercado cambiario. La pesquisa se extenderá también a otros sectores productivos que incrementaron sus precios a partir de la nueva cotización, de manera injustificada, y abarcará ilícitos cambiarios, fraudes al comercio e industria o defraudaciones contra la administración pública que pudieran haberse producido.
Para confeccionar un expediente preliminar, la Procelac solicitó la entrega de "informes detallados" sobre los movimientos que se registraron en torno a la cotización del dólar en el mercado mayorista durante los últimos días de la semana pasada. La requisitoria incluye a las principales entidades financieras privadas y al Banco Central, con un monitoreo minuto a minuto de cuál fue la evolución de las operaciones en la plaza local. Ayer por la tarde comenzó a ser remitida parte de la información y desde la Procelac solicitaron formalmente la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) que preside José Sbatella, ante la posibilidad de tener que analizar reportes por maniobras sospechosas.
"Iniciamos la investigación el viernes a partir de lo que se denunció públicamente para conocer si existió una operación de compra de divisas por encima de su cotización y ya observamos con preocupación la suba de precios en alimentos e insumos para la construcción", sostuvo el fiscal general Gonella. "Las presuntas conductas de manipulación en el dólar dentro del mercado cambiario con una finalidad desestabilizadora afectan al orden público económico-financiero; en tanto lesionan el normal desarrollo del mercado, como también su confiabilidad y estabilidad, pudiendo configurarse un daño que impactaría a todo el sistema y un perjuicio a los intereses económicos de la Nación", afirmó la Procuración General de la Nación a través de su portal de noticias.
El mismo jueves, desde el gobierno habían salido inmediatamente a señalar a Shell como responsable del alza en el precio del dólar. Una oferta de compra de divisa a $ 8,70 por unidad realizada por la petrolera anglo-holandesa al filo del cierre de las operaciones desconcertó al mercado que, minutos antes operaba con una cotización que oscilaba en torno a los $ 7,24, lo que también puso en alerta al Banco Central y al Ministerio de Economía. El titular de la cartera económica, Axel Kicillof, confirmó que la empresa presidida por Juan José Aranguren realizó la operación –sin aparente racionalidad– y motivó la intervención del BCRA para intentar contener la escalada.
Por su parte, ante la información que publicó Tiempo Argentino sobre la operatoria, Shell ensayó una desmentida en la que sostuvo que la compra neta realizada fue por 1.561.000 dólares a través del HSBC en una transacción "de rutina", fruto del saldo de importaciones, exportaciones y dividendos. Así también indicó que su titular fue autorizado a la compra de 2800 dólares con fines de viajes al exterior la semana anterior, validados por la AFIP. Además, la compañía afirmó que las operaciones cambiarias "fueron legales, conocidas y previamente autorizadas por las autoridades gubernamentales que entienden en la materia, el BCRA y la AFIP".
MEDIDAS. Según pudo confirmar Tiempo, el área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac que dirige Pedro Biscay giró pedidos a la autoridad monetaria y a las entidades bancarias para cumplimentar una serie de medidas preliminares que apuntan a determinar la posible comisión de "delitos de acción pública que atentarían contra el orden público económico".
En ese marco, se libró un oficio a la Gerencia de Exterior y Cambios del Banco Central de la República Argentina para que remita todas las constancias de operaciones de compra y venta de divisas realizadas el 23 de enero por Shell y por el propio Aranguren. Allí se solicita que se especifique quién las realizó, cuál fue el motivo, el horario en el que se produjeron y el precio de compra. También qué agente las autorizó y cuál fue la posterior reacción del mercado.
Al HSBC –que canalizó las operaciones cambiarias de la petrolera– se le pidió que remita todos los pedidos de compra y venta de dólares solicitadas por la empresa en esa fecha. Lo mismo para el resto de las transacciones similares registradas a partir del mediodía y hasta el cierre de la jornada. El mismo criterio de informe fue cursado vía oficio al Banco Francés y al Banco Citi –quienes también fueron convocados para cumplir el pedido de la empresa– con datos de la operatoria de Shell, su titular, y el resto de las operaciones desde las 12:00 y hasta el fin de esa jornada.
El objetivo es conocer al detalle la operación en la que Shell compró divisas en el mercado mayorista a un valor sensiblemente mayor al vigente al momento. Esto se suma a que el BCRA no tiene posibilidad de prohibir una transacción en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), sino evaluar el riesgo de impacto en las reservas, lo que lo obliga a intervenir en el mercado. Algo que finalmente se produjo para evitar la estampida y por lo que tuvo que desprenderse de U$S 100 millones. Durante esa jornada –la segunda de la semana en la que se verificó un salto en el valor de la moneda extranjera– el dólar mayorista culminó a $ 7,75 para la venta por unidad, después de alcanzar un máximo intradiario de $ 8,50.
PRÓXIMO PASO. Desde la Procelac adelantaron que la segunda instancia de la pesquisa apuntará a que la Secretaría de Comercio Interior entregue un relevamiento de precios en diversos rubros en los que se puedan constatar aumentos injustificados de precios al consumidor sin correlato con el valor de componentes importados. Industria siderúrgica, alimentaria y construcción serán los objetivos a monitorear para trazar una hipótesis delictiva que pueda confirmar la existencia de maniobras especulativas para forzar una devaluación y un aumento sostenido de precios.
"Directo al ciudadano"
El titular de la Procelac, Carlos Gonella, explicó los alcances de la investigación preliminar iniciada a partir de las denuncias de varios medios periodísticos, confirmada luego por el propio gobierno. "Lo importante es verificar proactivamente si en esa maniobra inusual que obligó al BCRA a salir a equilibrar hubo un impacto negativo en la autoridad monetaria", afirmó el fiscal sobre la pérdida de reservas que ocasionó la intervención del Central luego de la transacción del 23 de enero. "Con el transcurso de los días, y través de la suba de los precios en aquellos bienes cuya cadena de valor no depende de la divisa extranjera detectamos también que al no tener insumos importados en su composición no había razón para trasladar los costos al consumidor", sintetizó ante la consulta de Tiempo Argentino. A partir de recibida la información comenzará la etapa de análisis, que "podría terminar en una denuncia penal", advirtieron desde la unidad. Los hechos investigados podrían configurar maniobras de criminalidad económica que tendrían la finalidad de manipular y desestabilizar el mercado cambiario, poniendo en peligro su normal desarrollo, con el consecuente perjuicio que podría acarrearle al Estado nacional y al público en general. "El impacto del orden económico financiero implica un daño en todo el sistema económico cuyas consecuencias van directamente al ciudadano común", aseguró Gonella.
No hay comentarios:
Publicar un comentario