Eran casi las cuatro de la tarde del martes 27 de noviembre de 1973 cuando Antonio Tito Deleroni, abogado de presos políticos y dirigente del Peronismo de Base local, se encontraba junto a su esposa Nélida Arana, Chiche, en la estación de trenes de San Miguel, localidad cabecera del ex partido de General Sarmiento (Buenos Aires). Minutos antes habían terminado una larga sobremesa con otros militantes en el restaurante La Positiva, ubicado frente a la estación. Mientras arribaba un tren proveniente de Capital Federal, un joven se acercó rápidamente a la pareja y al tiempo que extraía un arma comenzó a increpar a Deleroni: “Así que vos andás con mi mujer”. Chiche, previendo la situación, intentó cubrir a su esposo interponiéndose entre ambos, pero fue en vano, el atacante no dudó en efectuar tres disparos sobre ella, luego derribó a su esposo de un culatazo en la cabeza y una vez en el piso le disparó siete balazos a quemarropa. El hecho causó conmoción entre la gente; sin embargo, a pesar de la cercanía de la comisaría –se hallaba a escasos 40 metros del lugar–, la policía no se haría presente en ningún momento; fue un agente de civil que viajaba en la formación ya detenida quien daría persecución y apresaría al agresor. Identificado luego como Julio Ricardo Villanueva, no tenía una mujer que lo vinculara a Deleroni. Era sin embargo un ex custodio del Ministerio de Bienestar Social y miembro de la Agrupación 20 de Noviembre, de la localidad de San Martín. Al comparecer ante el juez manifestó ser un “depurador de marxistas dentro del Movimiento” y “actuar según las directivas del documento reservado”.
El enfrentamiento interior. La asunción presidencial de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, marcó el regreso del peronismo al poder tras dieciocho años de proscripción, y la apertura de una nueva etapa en la que el restablecimiento de una democracia plena supondría el fin de la violencia política ejercida de manera creciente desde el golpe de estado de la “Revolución Libertadora”. Sin embargo, estas esperanzas de pacificación encontrarán su fin rápidamente al constatarse que el proceso de violencia abierto casi dos décadas atrás no alcanzó su resolución con la salida electoral, sino que, por el contrario, terminaría agudizándose ante la imposibilidad del nuevo gobierno de institucionalizar las fuerzas sociales movilizadas. En ese sentido, la llegada del peronismo al poder marcaría el inicio de un abierto enfrentamiento entre los sectores más reaccionarios del movimiento y aquellos que, surgidos durante los años de proscripción del peronismo, hacia 1973 se hallaban representados por la llamada “tendencia revolucionaria”. Este enfrentamiento tendrá un punto de no retorno con los trágicos sucesos producidos el 20 de junio en Ezeiza –el día del regreso definitivo de Perón al país, cuando la seguridad ubicada en el palco compuesta por hombres de distintas agrupaciones del sindicalismo y la derecha peronista abrieron fuego sobre las columnas de Montoneros y FAR que intentaban ocupar posiciones en el frente de acto–, y se extenderá a todos los ámbitos del movimiento con la “depuración ideológica” impulsada luego del asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci –presumiblemente a manos de Montoneros–.
El estudio de la violencia política al interior del peronismo durante el período constitucional de 1973-1976 constituye un campo de fundamental importancia para entender implementación gradual del terrorismo de Estado en nuestro país y la responsabilidad civil en la represión antes de la última dictadura. Una revisión crítica de este tiempo nos mostrará que, lejos de constituir una excepción al interior del período constitucional de 1973-1976, la Triple A y el Operativo Independencia fueron hitos de una escalada represiva dirigida desde el gobierno constitucional peronista –que contaría con un amplio apoyo dentro del arco político y social– destinada a eliminar al enemigo interno, identificado con la subversión. El regreso a la democracia de 1983 supuso el olvido de estas responsabilidades en favor de una recomposición del entramado social y político; lo cual significó condenar como responsables de la tragedia vivida únicamente a militares y guerrilleros.
A cuarenta años de estos hechos, la situación no se ha modificado sustancialmente. En enero de 2007, el juez Oyarbide imputó a Isabel Perón en la causa Triple A, lo cual propició que en determinados medios se hicieran conjeturas sobre la posible responsabilidad del ex presidente en la conformación de esta agrupación parapolicial. A la mañana siguiente la Capital Federal amaneció cubierta de afiches de “La Fraternidad” que expresaban un amenazante “No jodan con Perón”. La causa hoy en día tiene alrededor de 2000 víctimas y ningún culpable.
El muerto. José Antonio Pastor Deleroni era el máximo dirigente del Peronismo de Base en el partido de General Sarmiento y un referente del peronismo revolucionario en la zona noroeste de Buenos Aires. A pesar de su juventud –tenía 31 años–, contaba con una larga trayectoria militante: al igual que muchos de los que iniciaron su militancia política en aquellos años, tuvo un paso por Tacuara, con quienes participaría en la ya mítica toma del frigorífico Lisandro de la Torre, llevada a cabo por “la resistencia” en tiempos de Arturo Frondizi. Al iniciar la carrera de Derecho se uniría a la primera Juventud Peronista (surgida a fines de los años ’60, anterior a la JP Regionales fundada por Montoneros), y sería uno de sus fundadores en la localidad de José C. Paz. Luego de recibirse sería parte del grupo de abogados peronistas comprometidos que entendían que, en el contexto de la dictadura de la “Revolución Argentina”, el ejercicio de la profesión debía estar indisociablemente ligado a la militancia política y social. Por ello, con la conformación en marzo de 1968 de la CGT de los Argentinos, Deleroni pasaría a integrar su cuerpo de letrados. Será miembro fundador de la Comisión de Familiares de Detenidos (Cofade) y actuará como defensor de numerosos presos políticos; entre ellos, militantes de las FAP detenidos en Taco Ralo, de militantes detenidos en los penales de Trelew y Rawson, y de los ex Tacuara Gustavo Roca y Carlos Arbelos, detenidos en el buque Granaderos y partícipes del asalto al Policlínico Bancario de 1963.
Hacia el año 1971, junto a un grupo de colegas conformaría la Asociación Gremial de Abogados, una agrupación surgida ante la necesidad de nuclear a los profesionales del derecho “defensistas” en una entidad que le diera respaldo a su labor, al tiempo que denunciaba la represión y la entrega llevada a cabo por la dictadura. Durante la campaña llevada adelante por el Frejuli para las elecciones de marzo de 1973, Deleroni fue uno de los más asiduos oradores en los actos llevados a cabo por la tendencia tanto en el partido de General Sarmiento como en el vecino partido de Moreno. Quienes lo conocieron lo describen como un militante incansable, siempre dispuesto a prestar ayuda a los más necesitados desde su unidad básica, la “Facundo Quiroga”, o brindando su representación legal sin hacer distinción entre presos políticos y comunes. Nunca le tembló el pulso –dicen– para firmar los hábeas corpus en los difíciles tiempos de la dictadura inaugurada en 1966.
El asesino. Al momento de cometer los asesinatos, Julio Ricardo Villanueva tenía 27 años, y era abogado al igual que Deleroni, al comparecer ante el juez Segovia del juzgado número 4 de Morón, declaró domiciliarse en Medrano 70, 2° piso, dirección en la que funcionaba la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Justicialista, una institución dependiente del Consejo Superior del Justicialismo y destinada a la formación de cuadros políticos. La Asociación Gremial de Abogados pudo constatar que Villanueva poseía una causa anterior, abierta en agosto de 1973, en el Juzgado Nacional de Primera instancia en lo criminal de instrucción Nro. 10 de Capital Federal, a cargo del Dr. José María Orgueira, quien le dictó prisión preventiva por tenencia de armas y munición de guerra, al ser detenido en un automóvil portando una pistola calibre 45, un revólver calibre 32 y gran cantidad de munición. En el marco de esta causa el imputado declararía desempeñar funciones como personal de custodia en el Ministerio de Bienestar Social, y ser responsable de la agrupación “20 de Noviembre” de la localidad de San Martín.
La agrupación “20 de Noviembre” tendría desde su origen una estrecha vinculación con el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. De reciente formación hacia 1973, tenía como antecedente más “importante” su participación en la “masacre de Ezeiza”, donde integraría el personal de custodia aportado por el líder sindical. En este trágico episodio sería asesinado uno de sus hombres, el capitán del ejército (Re) Roberto Chavarri, en un enfrentamiento en el que también resultara muerto un reconocido conmiembro de Montoneros: Beto Simona, y José Luis Nell resultara gravemente herido.
Según dijo ante el juez, “al momento de su detención se encontraba presto a partir en misión depuradora hacia la provincia de Mendoza”. Otros datos de importancia aportados por la “Gremial de Abogados” dicen que el día 23 de noviembre –cuatro días antes de asesinar al matrimonio Deleroni–, Villanueva presentó ante el juzgado un pedido de devolución de documentos de identidad y efectos personales en papel con membrete del Consejo Superior de la Juventud Peronista de la República Argentina. Finalmente, en dicha causa Villanueva declaró que las armas que portaba le fueron suministradas por un jefe militar, por pertenecer a un denominado “servicio de inteligencia peronista” (SIP).
Estación San Miguel. El asesinato de Tito Deleroni y su esposa Nélida Arana fue llevado a cabo el día 27 de noviembre de 1973 en el andén de la estación de trenes de San Miguel. Testigos presenciales señalaron que, minutos antes de las cuatro de la tarde, Julio Ricardo Villanueva había llegado al lugar en un automóvil Fiat 128 junto con otras cuatro personas, e ingresado al restaurante en el cual se hallaba el matrimonio. Cuando la pareja se dirigió a la estación, Villanueva los seguiría junto con otra persona que permanecería apostada a unos metros del andén. Una vez llevado a cabo el ataque, ambas personas comenzaron la retirada caminando tranquilamente hasta que oyeron la voz de alto efectuada por un agente de la Policía Federal de apellido García Videla, quien viajaba franco de servicio en una formación que acababa de llegar. En ese momento se produciría una persecución que terminaría con la detención de Villanueva, mientras su cómplice logró darse a la fuga en el automóvil en el que habían llegado. Tras el ataque, Deleroni fallecería de manera inmediata a causa de los siete impactos de bala recibidos; su mujer, en cambio, sería trasladada con vida al Hospital de San Miguel, para finalmente fallecer a las 3 de la mañana del día 28 de noviembre, luego de sufrir dos paros cardíacos. Durante el tiempo de sobrevida Chiche dijo haber reconocido a sus atacantes, a quien señalaría como miembros del Comando de Organización (C de O).
Ambos asesinatos fueron enérgicamente repudiados desde distintos sectores políticos y la prensa haría una amplia cobertura de los hechos. La Asociación Gremial de Abogados, a través de su secretario general Carlos González Gartland, denunció: “Este nuevo asesinato se inscribe en el contexto de una campaña de intimidación terrorista que ya ha costado la vida de numerosos militantes populares, como Razetti, Fredes, Aquino y tantos otros que caen víctimas de la acción de grupos que cuentan con llamativa impunidad”, y presentó ante el Congreso Nacional un pedido de conformación de Comisión Investigadora, entregando además un grueso volumen en el que se detallaban una serie de atentados contra instituciones y personas, ocurridos en distintos puntos del país desde julio pasado, en el marco de la “depuración ideológica” emprendida.
Antes de su asesinato, Deleroni recibió varias amenazas, vinculadas tanto a su actuación como defensor de presos políticos, como a su militancia en el PB local. Dos de las últimas causas en las cuales intervino como letrado le valieron enfrentarse a sectores de poder: se hace referencia a los casos Maillmann y Casariego. El primero de ellos, ocurrido en el mes de septiembre de 1973, fue el secuestro y tortura del militante peronista Sergio Joaquín Maillmann, hecho que habría sido llevado a cabo por personal policial del 5° Cuerpo de la Policía Federal, quienes habrían utilizado para el operativo un automóvil perteneciente a una funcionaria del Ministerio de Bienestar Social. Por su parte, el militante peronista Alberto Casariego denunció ante el Juzgado Penal N° 2 de San Martín haber sido víctima de secuestro y apremios ilegales por parte de personal policial de la comisaría de San Miguel, quienes –según dichos del denunciante– invocaban responder órdenes de Carlos Enrique Martínez, hermano de la vicepresidenta Estela Martínez de Perón y vecino de la localidad de Bella Vista. En ambos casos, Deleroni interpuso pedidos de hábeas corpus e impulsó las correspondientes investigaciones. Poco después de intervenir en esas causas, Deleroni recibiría en su domicilio una foto del asesinado secretario general de la CGT con la inscripción: “Mataremos a los bolches putos y faloperos”, firmado por un llamado “Comando depurador José Rucci”.
La impunidad con la que se actuó en el asesinato de los Deleroni quedó claramente evidenciada cuando, en 2005, familiares de las víctimas iniciaron un pedido de reparación económica ante la Secretaría de Derechos Humanos, amparados por la Ley 24.411 (que establece un beneficio para los familiares de personas desaparecidas o muertas como consecuencia del accionar represivo, con anterioridad al 10 de diciembre de 1983). En el legajo abierto por dicha Secretaría, consta la solicitud elevada por el Departamento de Leyes Reparatorias a los ex juzgados en lo penal número 3, 4 y 6, al Renaper y a la Comisaría 1ra de San Miguel, para que dichas instituciones remitan copia de la causa 4/3675/2495, caratulada: “Antonio Pastor Deleroni vma. s/ homicidio simple”. Sin embargo, en todos los casos la respuesta fue negativa, no se tiene copia ni se halla registrada causa alguna sobre el hecho. Todo indica que poco después del sangriento episodio el sumario de instrucción iniciado por el juez de turno desapareció, al igual que el autor material de los asesinatos, de quien no se tuvo más noticias por mucho tiempo.
Fue hace unos años que se acercó a un periódico de la localidad de San Miguel una mujer que buscaba información de un familiar suyo, llamado Julio Ricardo Villanueva, quien según dijo habría desaparecido a mediados de 1974. Resulta llamativo constatar que alrededor de esa fecha –el 12 de julio de 1974–, Leandro Salato sufriría un atentado al ser emboscado en la puerta de su domicilio y alcanzado por una ráfaga de ametralladora disparada desde una camioneta tipo furgón que se desplazaba a gran velocidad. Gravemente herido con ocho proyectiles en su cuerpo, sería intervenido de urgencia en el Hospital de San Miguel y lograría sobrevivir. En ambos casos no se pudo precisar la autoría de los hechos; sin embargo, hay quien cree saberlo al recordar los cánticos entonados por la multitud que acompañó los restos del matrimonio Deleroni hasta el cementerio local: “Tito, te vamos a vengar/ si no es un Montonero será uno de las FAP”.
Es historia
El “documento reservado” y la “depuración ideológica” del peronismo
La “depuración ideológica” del peronismo será el nombre con el que se conocerá a la “purga” llevada a cabo entre mediados de 1973 y 1974 contra la “infiltración marxista” al interior del movimiento, en nombre de la ortodoxia y el verticalismo. Será oficializada –ya que en los hechos había comenzado en la “masacre de Ezeiza”– a partir del denominado “documento reservado” dado a conocer el día 1º de octubre de 1973 en una reunión llevada a cabo luego del asesinato del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973 –a tan sólo dos días del triunfo electoral de Perón–. La reunión fue convocada por el presidente provisional Raúl Lastiri, y el ministro del Interior, Benito Llambí, y llevada a cabo en la quinta presidencial de Olivos. Junto con ellos se hallaban presentes los gobernadores peronistas, el secretario general del Consejo Superior del Movimiento Peronista, José Humberto Martiarena, y el propio Perón. Esta “depuración” contará con una cara legal, conformada por la legislación represiva sancionada durante el interinato de Raúl Lastiri y el gobierno de Perón (Ley de Asociaciones Profesionales, Ley de Prescindibilidad, Ley de Reforma del Código Penal –entre otras–) y las intervenciones a las provincias consideradas afines a las organizaciones armadas; y una cara ilegal, presente con el Navarrazo, Ezeiza y el accionar de las organizaciones paraestatales como la Triple A y la Concentración Nacional Universitaria (CNU). El inicio de esta “caza de brujas macarthista” fue anunciado desde los diarios La Opinión y Crónica del 2 de octubre de 1973. Ese día, en su primera edición, el diario La Opinión dedicaría íntegramente su primera plana a anunciar las “Drásticas instrucciones a los dirigentes del Movimiento para que excluyan todo atisbo de heterodoxia marxista”. El informe en cuestión reproducía íntegramente el “documento reservado” que comienza señalando: “El reciente atentado llevado a cabo contra el compañero Rucci marca el punto más alto de la escalada de agresiones que el enemigo marxista lleva adelante de manera sistemática contra el movimiento”. Sostiene que tales agresiones forman parte de una guerra emprendida por la infiltración de grupos marxistas, y advierte sobre la vulnerabilidad de los sectores juveniles frente a ellos. En cuanto a las directivas, declara el estado de movilización de todos los elementos que integran el movimiento, y hace un llamamiento a la reafirmación doctrinaria y al verticalismo. En sus puntos más polémicos instruye: “En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará”. En otro párrafo señala que se utilizarán “todos los medios de lucha que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad”. Aclarando que “la necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito”. Como señala la historiadora Marina Franco (Un enemigo para la nación, FCE, 2012, pág. 57) “[…] paradójicamente, la efectividad del Documento Reservado dependió de la máxima publicidad de la política propuesta, y ello se logró en todo el entramado macro y micropolítico”. Efectivamente, el “documento reservado” tendrá una amplia difusión en el movimiento peronista, lo cual es constatable en las numerosas cartas enviadas al Ministerio del Interior desde distintos puntos del país denunciando “infiltrados”, así como la gran cantidad de presentaciones “espontáneas” por el mismo motivo ante la policía de Buenos Aires, documentadas en los archivos de la Dipba.
MIRADAS AL SUR
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