Opinión Viernes 13 de Diciembre de 2013 OPINIÓN Por Diego Schurman Policías: sindicalizar para democratizar

El periodista Julio Nudler solía ofrecer su sentido común ante la enmarañada lógica política. Recuerdo cuando los diarios informaban en 2004 sobre la "conducción civil" de la policía bonaerense y él se preguntaba anonadado cuál era la novedad. En efecto, los policías son civiles y siempre lo fueron. Por supuesto que llevan uniformes, al igual que los militares. Pero lo mismo ocurre con los encargados de edificios, los guardas de trenes y hasta los futbolistas. Nadie diría que Lionel Messi es un militar ni que Cristiano Ronaldo ostenta rango en la fuerza, pese a que el presidente de la FIFA, Joseph Hay un error conceptual ya que si la policía fuese militar, como sugieren implícitamente los diarios, no podría ocuparse de la seguridad interior, dado que a los militares les está legalmente vedado. Un completo absurdo: la policía no podría investigar ni combatir el delito. Lo puede hacer precisamente porque es civil. Exactamente igual que la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Aeronáutica, la Policía Ferroviaria y todas las policías provinciales. Todas tienen sus estatutos, como cualquier organismo estatal. "Planteándole la cuestión a los propios policías –decía Nudler–, ellos saben perfectamente, desde luego, que son tan civiles como una maestra o el lechero. Y, sin embargo, para referirse a los no policías utilizan –sobre todo los veteranos– el término civiles, quizá por no haber encontrado en castellano una palabra adecuada que signifique no-policía. Paisano, que posee precisamente la acepción de no-militar (“vestir de paisano”), se emplea mucho más con el sentido de coterráneo, campesino o aldeano. Pero lo cierto es que los policías son juzgados por el Código Penal, como todo paisano, porque es eso lo que son, y no por el de Justicia Militar". Y aquí vamos llegando al punto. El pedido de "democratización" de la policía realizado por Cristina Kirchner implica necesariamente quitarle ese tufillo militar que tanto impregna a la fuerza, por responsabilidad de los propios agentes como también de la sociedad en su conjunto. Para hacer honor al deseo presidencial hay que modificar cuestiones, si se quiere, de forma, como ciertos hábitos de instrucción, que contemplan prácticas de desfile y parada militar. Pero también hay que garantizar derechos y la sindicalización es un camino que va en ese sentido. Los policías son trabajadores de una organización, regida por la verticalidad y la cadena de mandos, que debe bregar por la seguridad de los ciudadanos. Esa misma verticalidad impera en todos los estamentos del Estado y un paradigma de ello es lo que sucede en la propia Rosada. Reducir la sindicalización al derecho de huelga es un error recurrente, o una engaño deliberado, de los que encubren con la verticalidad un sistema de explotación y muchas veces hasta de corrupción. Son aquellos que quitan todos los derechos por la observación o reparo a una mínima parte de los mismos. Los promotores de la sindicalización policial no evaden la pregunta central, la que genera el debate de fondo. ¿Podrían los uniformados ejercer su derecho de huelga y dejar desguarnecida a la población? ¿Podrían cruzarse de manos mientras delante de sus ojos un sector avieso ostenta título de saqueador? Antes de sacar conclusiones permítanme estos otros dos interrogantes ¿Pueden los cirujanos desentenderse de las operaciones de urgencia por estar en desacuerdo con sus salarios? ¿Pueden los empleados eléctricos "bajar la palanca" y dejar sin luz a una ciudad para hacer oír sus reclamos a la empresa? En todos los casos la respuesta es "no" y sin embargo existen organizaciones sindicales que cobijan a médicos y a trabajadores de compañías eléctricas. ¿Por qué los policías no podrían reivindicar mejores salarios y condiciones laborales? El artículo 14 bis de la Constitución no impide la sindicalización de la policía ni tampoco hay una negativa por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que deja librado la decisión a los países que la conforman. El Ministerio de Trabajo no otorgó la "personería gremial" a ninguna organización policial. Es decir, que más allá de que se presenten como sindicato –tal es el caso de, por ejemplo, el sindicato de policías y penitenciarios (Sinpope) o el sindicato de policías bonaerenses (Sipoba)– no tienen la facultad de refrendar ningún acuerdo paritario en representación de un colectivo. Es peor que eso: ni siquiera lograron la "inscripción gremial", un paso previo a la "personería", que no es otra cosa que un simple reconocimiento legal. Dicho de otro modo, para la ley, estas organizaciones, no existen. En un interesante artículo de la periodista Ana Vainman, publicado el 5 de este mes en Tiempo Argentino, se dio cuenta de la postura de dirigentes sindicales, algunos cercanos y otros lejanos al gobierno nacional. La mayoría de ellos se inclina por viabilizar la sindicalización. Es cierto que la policía fue parte del andamiaje represivo de la última dictadura cívico militar y que algunos de sus miembros son eslabones de redes de narcotráfico y de corrupción. No es exclusivo de este sector ni es óbice para denegarles la posibilidad de asociarse o reclamar mejores salarios, equipamiento y preparación. Al contrario, una mayor democratización interna sería una herramienta necesaria y de protección para aquellos uniformados honrados que quisieran denunciar a sus superiores inescrupulosos. A esta línea suscribe Raúl Zaffaroni. El juez de la Corte Suprema cree que urge la necesidad de "repensar la estructura policial" para que los efectivos puedan "discutir horizontalmente las condiciones de trabajo". Nadie pone en tela de juicio la particularidad de un sector que debe imponer el orden ni la capacidad de coerción que implica portar un arma. Por eso mismo, como proponen algunos proyectos de ley que duermen el sueño de los justos en el Congreso, la posibilidad de organizarse gremialmente debería ir de la mano de una restricción del derecho de huelga, como ya sucede en otros países donde la fuerza está sindicalizada. Ampliar derechos –al fin y al cabo, uno de los lemas del actual gobierno– siempre amplía obligaciones: los acuartelamientos, como los registrados en los últimos días, son repudiables desde todo punto de vista, y mucho más si no son el final de un recorrido que incluye petitorios, negociaciones y advertencias de malestar previas. Se trata de una afrenta a las instituciones democráticas, son eminentemente desestabilizantes, y no sólo atentan contra la paz social sino también –como quedó en evidencia con la proliferación de zonas liberadas– contra la vida misma. Para decirlo con palabras de Nudler, los policías "son civiles que trabajan de policías y no tienen por qué ser tratados como 'no-civiles', así como no deberían ser, en ningún caso, inciviles"., lo haya caracterizado como "el comandante".