EL CELS PRESENTO SU INFORME ANUAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA Una reforma para la seguridad pública

Presentación: Tres décadas de democracia, por Horacio Verbitsky “Las fuerzas de seguridad se depurarán con la sanción de normativas que apunten a la seguridad democrática y la participación activa de la ciudadanía”, planteó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la presentación del CELS. Por Ailín Bullentini La reforma del sistema de seguridad pública es la necesidad más urgente a treinta años de la recuperación de la democracia, entre el cúmulo de logros y deudas de estas tres décadas en lo que respecta a los derechos humanos, eje central del nuevo informe elaborado por el Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Las fuerzas de seguridad se depurarán con la sanción de normativas que apunten a la seguridad democrática y la participación activa de la ciudadanía”, señaló en ese sentido el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, durante su exposición en la presentación del informe correspondiente a 2013, de la que también participaron el periodista y presidente del organismo, Horacio Verbitsky; el diputado nacional por la UCR Ricardo Alfonsín, el ministro de la Corte Suprema Enrique Petracchi y Sofía Tiscornia, integrante de la comisión directiva del CELS. El informe difundido oficialmente ayer, el número 18 que elaboró el CELS sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el país, tiene en esta ocasión un motivo especial: los 30 años de la democracia. Su rol de introductor de la mesa de presentación del documento anual le sirvió a Verbitsky para destacar la importancia de los intervinientes y las asistencias al evento, pero sobre todo para anclar el mensaje: a modo de exposición, leyó el Acuerdo para una Política de Seguridad Democrática, documento que diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, referentes de la política, gremios y personalidades académicas elaboraron, sellaron y presentaron en diciembre de 2009. En esos párrafos, el presidente del CELS contextualizó una respuesta posible a los acuartelamientos de algunas policías provinciales, las protestas y los saqueos sucedidos la primera semana de diciembre, que demostraron que las instituciones responsables de la seguridad del país aún no están plenamente adecuadas al estado de derecho. También remarcó que la problemática “no es de un partido, sino que es general” y destacó la coincidencia de los espacios políticos frente a esos hechos, “una reacción que no fue lo suficientemente difundida por los medios de comunicación”. Además de llevar los saludos de la Presidenta, Capitanich se explayó acerca de la necesidad de reformar las políticas de seguridad y las instituciones que las implementan. “Es imprescindible, en algunas provincias argentinas, una profunda depuración de las fuerzas con una ley de seguridad democrática”, abogó el jefe de Gabinete, tras reiterar su análisis sobre los hechos de los primeros días de diciembre: “Hay que analizarlos como modus operandi asociados a procesos de desestabilización” que sucedieron “casualmente durante los festejos de los 30 años de la democracia” y que apuntaron a generar “temor y zozobra entre la población” y “caos en las cuentas fiscales de las provincias”. “Nada es casual”, remarcó. Capitanich, quien fue presentado por Verbitsky como el primer gobernador –durante su gestión en Chaco– que no sólo puso en marcha el acuerdo por una seguridad democrática, sino que también ordenó la conformación de un Comité de Prevención de la Tortura enfocado en la violencia institucional, planteó que “más democracia significa más reforma en el sistema de seguridad pública”. “Hoy tenemos una oportunidad extraordinaria porque existe en nuestra presidenta la convicción de que hay que realizar estos cambios”, concluyó. Sofía Tiscornia, quien integra la comisión directiva del CELS y fue una de las creadoras del primer programa del organismo dedicado exclusivamente a la violencia institucional, recordó a su turno que el CELS “antes como ahora ha pensado en estos temas”, en referencia a la seguridad pública –recordó un informe elaborado en 1998, titulado “Inseguridad policial”– y a la violencia institucional, temas que “no siempre fue sencillo relacionar a los derechos humanos”. “En ese informe se anticipaba algo que hoy se debate: que eso que llamamos inseguridad y está tan ligado al control y manejo de los mercados ilegales tiene sus raíces en el autogobierno de las policías, en la venia de los Tribunales, en el manejo del poder penitenciario y en la complicidad o negligencia de grupos políticos”. Por último, abogó por la participación ciudadana, a la que nombró como “responsabilidad”. “No se trata de pensar sistemas integrales o de copiar modelos que funcionan en otras sociedades: hay que conocer las burocracias policiales, tribunalicias y penitenciarias, trabajar con quienes resisten y apoyan la vida democrática desde dentro de ellas”, insistió. Alfonsín y Petracchi se dedicaron, en el marco de la presentación, a destacar los “logros” en el campo de los derechos humanos de la transición democrática llevada a cabo por el gobierno de Raúl Alfonsín. “Hubo logros durante la transición democrática de Alfonsín que resultaron las bases para los avances en derechos humanos que se obtuvieron luego”, consideró el hijo del ex presidente y atribuyó a ese gobierno un “cambio cultural”, a través del Juicio a las Juntas: “Nos permitió reconocernos como sociedad, ver todo el horror que habíamos permitido”. Alfonsín insistió en la contextualización de cada medida tomada –exigió que se analicen de esa manera también las insurrecciones policiales de este diciembre– y sentenció que con el Juicio a las Juntas “se terminó con 170 años de impunidad en la historia del país”. EL INFORME 2013 DEL CELS ANALIZA LAS ACTUACIONES POLICIALES Y PENITENCIARIAS La violencia que discrimina El Informe 2013 del CELS analiza la violencia policial y de otras fuerzas de seguridad sobre las poblaciones de jóvenes varones y pobres como modos de aumentar la discriminación. La tortura y muerte en las cárceles. Los modos de control y subprotección. Por Horacio Cecchi Del Informe 2013 presentado por el CELS, dos ejes están dedicados a analizar críticamente los sistemas aplicados de seguridad, especialmente sobre poblaciones vulnerables, y la vida y muerte en las cárceles que, no casualmente, tiene como protagonistas a los mismos integrantes de esas poblaciones. El primero de los ejes analiza la violencia –especialmente la policial, aunque no quita la lupa a otras fuerzas de seguridad–, aplicada sobre poblaciones pobres, en especial jóvenes, violencia que señala como un ámbito de reproducción de las desi-gualdades sociales. Los planes de seguridad y control del delito, como los aplicados con presencia de Gendarmería en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, también son analizados críticamente: subprotección y sobrevigilancia de los barrios más vulnerables, lo que de por sí implica un soporte y aumento a la discriminación mediante la ocupación territorial y control de los sectores más pobres. Completa el capítulo la falta de reformas del sistema de seguridad como una deuda no resuelta con la sociedad. El segundo eje está dedicado a las cárceles, tortura, muerte y abandono en los lugares de detención. En ambos casos, la violencia institucional se muestra naturalizada hacia los sectores más pobres, como una suerte de multiplicación de las condiciones de discriminación a través de la mano punitiva estatal. Al inicio del capítulo 2, el informe sostiene la “persistencia de prácticas de violencia institucional y su concentración sobre sectores vulnerables”, y lo sostiene con números: en 2012 fallecieron 148 personas en hechos en los que tomó intervención personal policial en CABA y conurbano, lo que representa un aumento en relación con los 131 del año anterior. De los 148, a su vez, 41 eran policías o funcionarios de seguridad (otras fuerzas, como Gendarmería). Un dato interesante que destaca el informe y que renueva información que suele disolverse en la noticia policial es que el 66 por ciento de los policías federales muertos lo fueron en áreas del suburbano y se encontraban fuera de servicio. Esa cifra no es patrimonio de la Federal. La respuesta armada de policías de franco en defensa de bie-nes personales en situación de robo es un espacio habitual en los casos que involucran a policías. El caso de Lautaro Bugatto, el joven futbolista de Banfield muerto por el bonaerense fuera de servicio David Benítez, fue tomado como ejemplo de la intervención policial. Bugatto estaba en la puerta de su casa cuando Benítez disparó, intentando evitar el robo del ciclomotor en el que circulaban su hermana y su hija. Hirió a uno de los presuntos ladrones y una de sus balas perforó el pulmón de Bugatto y le provocó la muerte. La respuesta armada de policías de franco no encuentra resolución por el momento (la única que no está obligada a portar armas estando de franco es la PSA) y se enmarca en un área compleja donde la ley se entremezcla con la cultura de la “vocación”. Lautaro no es la víctima típica de la violencia policial, ya que no forma parte del grupo varones jóvenes pobres, sino que se trata de un chico de clase media. Eso marcó la diferencia, sostiene el informe, en la respuesta inmediata del gobernador Scioli y el ministro de Seguridad Ricardo Casal, que ofrecieron su inmediato apoyo a la familia. Sin embargo, por debajo, la Bonaerense pudo desarrollar la habitual cobertura de camaradería, destruyendo pruebas. El Informe 2013 también analiza lo que denomina “poblaciones subprotegidas y sobrevigiladas”, apelando a una denominación del criminólogo Robert Reiner, quien sostiene que la arbitrariedad policial se distribuye en forma desi-gual en la sociedad. Planes de “intervención territorial”, como el Centinela, en la zona sur, son caracerizados en el informe como discriminatorios. Casos como el del chiquito Kevin, en la villa Zavaleta, vigilada por Prefectura, y muerto de un disparo que lo alcanzó en su casa durante un enfrentamiento entre bandas de narcos, muestra que la seguridad es relativa y la vigilancia se vuelca sobre las mismas víctimas. También se menciona, entre otros, el caso del joven Alan Tapia, baleado durante un allanamiento del GEOF en el barrio Mitre, definido por los medios y las versiones policiales como un barrio “peligroso”. Con esa argumentación, el policía acusado Rodrigo Valente declaró que creyó que el chico iba a disparar, se asustó y disparó primero. Además del disparo, el CELS señala el maltrato “a las casas allanadas, a las familias, el abusivo uso de la fuerza, el manejo oscuro de la información, el abuso de autoridad reiterado y la falta de un trato adecuado a todas las personas afectadas evidencian formas de intervención diferenciales de las agencias del sistema penal”. Está claro: en Barrio Norte, antes de allanar tocan el timbre. El informe agrega prácticas habituales de abuso y hostigamiento a jóvenes de las restantes fuerzas de seguridad, como el “verdugueo”, “las detenciones irregulares no registradas”, “amenazas para cuando cumplan la mayoría de edad”, “hostigamiento a chicos ajenos a actividades delictivas”, “prácticas de fichaje”, “intimidación con contenido sexual a las chicas”. El Informe 2013 también avanza sobre los vínculos narco policiales y la repercusión que tiene sobre la violencia sobre los jóvenes pobres. Respecto del ámbito carcelario, el informe “da cuenta del alto número de detenidos que fallecen en todo el país, de casos extremos de tortura y muerte, de la violencia extendida, de los graves problemas de salud que padecen las personas privadas de libertad y de la arbitrariedad con la que se rige la vida en esos espacios”. Señala además que los sistemas de gestión penitenciaria no han sido reformados en su estructura desde la última dictadura militar. “La situación carcelaria debe entenderse como parte de un sistema penal que recae con fuerza y hostilidad sobre los sectores más vulnerables, reforzando los estereotipos, las dinámicas de la violencia y la exclusión. Y, en el extremo, ocasionando la muerte de las personas que lo atraviesan.” horaciolqt@yahoo.com.ar Falta de políticas de control La falta de justicia como respuesta del Poder Judicial y las dificultades para establecer políticas de control que se mantengan y profundicen en el tiempo también forman parte del análisis del Informe 2013. El caso Candela, especialmente el Informe Candela elaborado por la Comisión de Seguimiento del caso, es tomado como uno de los ejemplos. El CELS recuerda las revelaciones que demostraron que la muerte de la chiquita estaba rodeada por vínculos narcopoliciales. Y señala que la recomendación de la comisión de retirar a Hugo Matzkin como jefe de la Bonaerense no sólo fue desatendida, sino que al poco tiempo los mismos legisladores que intervinieron en la investigación votaron una ley propuesta por Scioli-Casal que significó la ampliación de las atribuciones policiales. También analiza las dificultades que se produjeron tras el retiro de Nilda Garré del Ministerio de Seguridad y el efecto de “disgregación de importantes medidas de control sobre efectivos policiales investigados” y otro tipo de arbitrariedades. LA SITUACION EN ARGENTINA Y LA REGION El avance de los juicios Encauzado el proceso de Justicia por delitos de lesa humanidad en la Argentina, el CELS dedica un extenso capítulo de su informe a analizar la situación en países de la región que padecieron dictaduras. Si bien América latina “protagoniza un giro hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente”, la región es “un espacio actual de disputas, debates, promisorios avances y graves retrocesos en materia de verdad, justicia, reparación y memoria”, destaca la socióloga Lorena Balardini. El capítulo se titula “América latina en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad. Una mirada en clave regional”, y analiza en particular las situaciones que atraviesan los procesos en Chile, Uruguay, Brasil y Perú. Las amnistías y sus efectos aparecen como uno de los puntos centrales del análisis. En el caso de Chile, la amnistía no fue anulada, hecho que provoca “serios efectos en la legitimidad y en la estabilidad del proceso” y que explica “los ‘rodeos’ que la Justicia de ese país realizó para juzgar esos delitos”, explica la profesora Cath Collins, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, autora del apartado sobre ese país. En Brasil, “la cuestión de la amnistía es más compleja, porque no partió de una estrategia de impunidad, sino de un reclamo de derechos de las víctimas”. Marcelo Torelly, coordinador de Memoria Histórica de la Comisión de Amnistía de Brasil, desarrolla las diferentes formas “en que una interpretación amplia de la amnistía por parte del Poder Judicial ha impedido hasta el momento la posibilidad de juicios”. En Uruguay, “la vigencia de la Ley de Caducidad no impidió del todo los juicios durante el gobierno de Tabaré Vázquez, aunque las trabas a la judicialización persistían”, destaca el informe. A pesar de la anulación parlamentaria mediante la sanción de una nueva norma, que devolvió la pretensión punitiva al Estado, el avance de los procesos se complicó por los planteos de inconstitucionalidad posteriores, que obtuvieron el visto bueno de la Corte Suprema oriental, destaca el CELS. Más allá de las amnistías, el rol de las organizaciones de derechos humanos y de los poderes del Estado es central para comprender avances y trabas. En la Argentina se combinaron la lucha histórica de los organismos con el apoyo del Estado para reabrir los juicios, pese a los obstáculos que durante años impuso el Poder Judicial. En Perú, luego de hitos como la sentencia de la Corte Interamericana en la causa Barrios Altos y del juicio al dictador Alberto Fujimori, el Estado “abandonó todo el impulso de la reforma del sistema de Justicia e incluso retrocedió respecto de los avances logrados en materia de Justicia”, explica Jo-Maire Burt, directora del proyecto de investigación Human Rights Trials in Perú. En Uruguay, a pesar del “leve impulso” que significó la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman, la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831 (de imprescriptibilidad) derivó en “un preocupante cambio de escenario”. El informe enumera un “lento avance de los juicios, sobrecarga de trabajo de la jueza Marta Mota –y posterior apartamiento forzoso–, falta de recursos y dificultades para lograr que el Estado y las Fuerzas Armadas cooperen con la investigación judicial”. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Perú, Brasil y Uruguay “las Fuerzas Armadas siguen teniendo un alto nivel de incidencia en las decisiones políticas e ignoran abiertamente los pedidos de información para acelerar y esclarecer graves violaciones a los derechos humanos”. 18/12/13 Página|12