“Correspondía abrir la investigación" acusado de emitir un dictamen elaborado por Clarín “Correspondía abrir la investigación", afirmó el fiscal Jorge Di Lello en Radio América sobre su colega José María Campagnoli, por su actuación en una causa que involucra al empresario Lázaro Báez. Se hizo lugar a la denuncia de la financiera SGI, investigada por lavado, y apuntó al estudio Sáenz Valiente, que asesora al multimedios.

INFOnews El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer la imputación de su par del fuero ordinario José María Campagnoli en los términos de la denuncia que lo acusó de haber recibido un dictamen elaborado por abogados del Grupo Clarín, en una causa por extorsión que involucra al empresario patagónico Lázaro Báez. Pero, además, pidió que se investigue si la participación de Campagnoli en ese expediente se hizo de manera paralela a la que se tramitaba en el fuero federal, tal como lo denunciaron los abogados del directorio de la financiera SGI, investigada por presunto lavado de dinero. En diálogo con el programa Dadyman de Radio América, Di Lello consideró: "Correspondía abrir la investigación porque estando involucrado un colega en una cuestión así, parecería que hubiera habido un tipo de actitud corporativa entre colegas, cuando tiene cierta verosimilitud, para no generar sensación de inseguridad”. Di Lello solicitó varias medidas de prueba, entre ellas, las copias de una causa civil donde un letrado del estudio Sáenz Valiente adjuntó como prueba el borrador de un dictamen de Campagnoli, en lugar del documento original, cuyas diferencias con el auténtico fueron reveladas por Tiempo Argentino. El fiscal también imputó al abogado Hernán Miguel Frisone, del estudio jurídico Sáenz Valiente & Asociados, que representa al multimedios, "y a quien lo haya acompañado" en la maniobra denunciada por el lado del Grupo Clarín. El objetivo de la medida, que ya fue elevada al Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 6, es corroborar la denuncia presentada en la Justicia Federal el 12 de septiembre pasado por Jorge Chueco, abogado que instrumentó la venta de SGI a Helvetic Services Group, por la que el financista Federico Elaskar afirmó en televisión que había sido extorsionado y luego se desdijo. En rigor, Di Lello impulsó la imputación en los términos del artículo 180 y para que se investigue, en base a las pruebas aportadas en la denuncia, si existió una maniobra para direccionar la pesquisa, tal como afirmó Chueco. En la denuncia –que originalmente recaló por sorteo en el juzgado a cargo del juez Daniel Rafecas, que se excusó por haber sido denunciado por el Grupo Clarín en el marco de la causa Papel Prensa– se aseguró que Campagnoli intervino de manera "ilegal" en el expediente en el que, según se afirmó, "debió pervertir el objeto procesal de la causa transformando una investigación por el delito de administración infiel en una causa por extorsión", y a Elaskar, de acusado a víctima. Allí adjunto también la prueba que confirmaría la hipótesis de que existió una "confabulación" a partir de un expediente que obra en la Justicia Civil por un amparo que promovió Edgardo Raúl Levita contra la firma Artear, del Grupo Clarín, en el que Frisone aportó una "copia del dictamen emitido por el fiscal Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela". En realidad, se trató de un borrador, sin valor oficial, que no contaba con las firmas de los funcionarios judiciales ni con el membrete del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También estaban incompletas las partes dispositivas y sensibles de la investigación del fiscal, que detalló el 22 de mayo un entramado empresario que vinculaba a Báez y al resto de los imputados con maniobras financieras ilícitas. Según Chueco, ese documento "fue un antecedente del dictamen que luego de hacerle unos pequeños cambios, el fiscal Campagnoli suscribió y presentó en la causa", pero que, según subrayó, habría sido impulsado desde el holding con el objetivo de perjudicar en términos electorales al gobierno nacional, por su cercanía con Báez. MEDIDAS DE PRUEBA. Ahora, Di Lello pidió al juzgado que encabeza Rodolfo Canicoba Corral –pero que por licencia es subrogado por su par Marcelo Martínez de Giorgi– que solicite al Juzgado Civil Nº 105 la totalidad de la causa por el amparo solicitado por Levita para evitar ser mencionado periodísticamente en los medios en el contexto de esta causa por presunto lavado. La medida ad effectum videndi et probandi –es decir, para tenerlo a la vista– apunta a confirmar cómo obtuvo el abogado del multimedios el borrador de un dictamen que no era oficial y por qué lo adjuntó como una prueba válida. A eso se suma el objetivo de verificar las diferencias entre ambos documentos. Además –y es uno de los puntos salientes del requerimiento elevado ayer–, Di Lello pidió que le sean remitidos todos los dictámenes de Campagnoli en la causa por presunta extorsión contra Elaskar por la venta de SGI. Y solicitó asimismo una "amplia certificación" de la causa que comanda el titular de la fiscalía de Saavedra y Núñez para determinar si existió un desvío del objeto procesal original para avanzar en paralelo con una investigación que ya estaba en trámite en el fuero federal y que excedía su competencia, tal como fue denunciado por los abogados defensores, que ya intentaron varias veces apartarlo del expediente. Otra solicitud fue que se envíe la denuncia interpuesta por el propio Campagnoli sobre la cual se basó su expediente, al día siguiente de que fuera emitido el programa Periodismo Para Todos, donde se expuso una presunta maniobra de lavado.