Accidentes y tragedias sobre rieles El sistema ferroviario y el juego del Gran Bonete

Todos juegan y nadie sabe quién tiene lo que se ha perdido: la seguridad para viajar en tren. Por Ana Vainman Sábado 7:30 de la mañana. Un tren no frenó al ingresar en la estación Once. Impactó contra los paragolpes y se subió al andén. Dejó 99 heridos. Fue en el mismo andén en el que 20 meses atrás una formación entera se hacía acordeón y mataba a 51 personas y hería a 700. Un nuevo tren de la misma línea que el 13 de junio pasado terminaba con la vida de tres y lastimaba a 300 en la estación Castelar. Los sujetos de las oraciones anteriores son los trenes. Las personas de carne y hueso con distinto grado de responsabilidad sobre lo que pasó, juegan al gran bonete. Como en el tradicional juego de los chicos, todos los involucrados en el accidente dicen no tener aquello que se le perdió al Gran Bonete y se señalan entre ellos. Los principales actores involucrados son el gobierno –que luego de años de desidia y falta de control a los concesionarios comenzó a ocuparse seriamente de los trenes después del accidente de Once del 22 de febrero de 2012–; los empresarios que tenían las concesiones de las distintas líneas y que dilapidaron (o se robaron) fortunas que el Estado les había girado en concepto de subsidios; las conducciones de los gremios ferroviarios (La Fraternidad y la Unión Ferroviaria) que por acción u omisión contribuyeron al desguace del ferrocarril y sacaron tajada; algunos trabajadores que realizan sus tareas con negligencia y los familiares de las víctimas de los accidentes que reclaman justicia y se angustian ante cada nuevo siniestro. Los cruces entre estos grupos son múltiples y van desde acusaciones clásicas hasta las más elaboradas teorías conspirativas. En líneas generales, para el caso del último accidente de Once, el gobierno apuntó al motorman por no haber frenado y luego haber intentado robarse el disco rígido que contenía las imágenes de la cabina del tren, que se dañó de tal modo que la filmación no se podrá recuperar. También acusó a la empresa concesionaria de la línea Sarmiento –la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento Sociedad Anónima (UGOMS), empresa de Betino Roggio y Gabriel Romero– de no realizar los controles necesarios y por eso decidió sacarles la concesión y dejar que el Estado, finalmente, gerencie la línea. La gota que rebalsó el vaso, según dio a entender Randazzo, fue que el maquinista Julio Benítez sólo fue apercibido por cometer infracciones, actitudes negligentes y hasta desafiantes, que pudieron comprobarse en un video difundido ayer. Inmediatamente después del accidente, algunos funcionarios, como el secretario de Seguridad Sergio Berni, fueron más allá de la exclusiva "falla humana". Berni sugirió que el origen del choque pudo haber sido "una operación política" vinculada con los comicios del próximo domingo. En la misma línea estuvo la segunda candidata a diputada por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio: "Yo tampoco descarto una hipótesis de sabotaje." Y ayer el ministro Randazzo aseguró que no "descarta el sabotaje" y que le "llama la atención que los tres accidentes se hayan dado en la misma línea". Pero la política de cargar las tintas sobre la responsabilidad de los maquinistas no quedó ahí sino que las medidas implementadas por el ministro Randazzo desde el accidente de Once de hace 20 meses hasta ayer tendieron a reforzar los controles sobre los motorman, cosa que generó tensiones con La Fraternidad. Tantas tensiones causó que ese gremio conducido por Omar Maturano amenazó en más de una oportunidad con ir al paro y con abandonar la CGT oficialista. Los dirigentes de La Fraternidad resistieron la colocación de las cámaras en las cabinas de conducción y la realización de los controles toxicológicos previos a que tomasen las formaciones. Y seguramente resistirán las anunciadas ayer: exámenes psicofísicos bajo supervisión de Fuerza Aérea; ingreso del guarda a la cabina cuando el motorman viaje sólo para el ingreso en las cabeceras y reducción obligatoria de velocidad al entrar en las estaciones. No se descarta que La Fraternidad reaccione nuevamente ante estas medidas. Como ocurrió con los anteriores incrementos de los controles, los maquinistas resistirán las medidas porque seguramente estarán fuera de lo establecido por el convenio colectivo. El abogado Gregorio Dalbón también puso el foco en el motorman y además culpó a los gremios (especialmente a La Fraternidad) de tensar la situación hasta lograr su cometido: la reestatización con control de los trabajadores. "La fraternidad quiere quedarse con el control de los trenes", aseguró el letrado que representa a 400 familias de la masacre de Once, a 80 de Castelar y a 17 de Once II. Dalbón expresó claramente que cree que los maquinistas son los responsables directos de los tres. Ante la pregunta de si consideraba que los motorman habían puesto en riesgo sus vidas para hacer chocar el tren dijo: "Tanto no las pusieron en riesgo porque los tres gozan de buena salud." Dalbón, además, desligó la responsabilidad penal del gobierno por el deterioro del sistema ferroviario en general y aseguró que sí le cabe una responsabilidad civil, que debe verse plasmada en "un resarcimiento económico inmediato" para las víctimas y sus familiares. Es por eso que explicó que está impulsando una norma (como por ejemplo un decreto refrendado por el Congreso) que ofrezca la opción de cobrar una indemnización en el corto plazo por vía administrativa y dejar abierta la posibilidad (excluyente) para aquellos que quieran ir por la vía judicial y reclamar una cifra mayor. La empresa UGOMS se limitó a emitir un comunicado en el que se aclaraba que el tren Chapa 5 que chocó en el andén 2 de la Estación de Once había superado los "chequeos de alistamiento habituales" en la madrugada previa al accidente. Pero la empresa nada dijo de que ya tenía conocimiento de que ese mismo motorman había cometido infracciones que habían sido registradas por las cámaras de seguridad colocadas en las cabinas de conducción y que había sido simplemente apercibido. Las respuestas de los trabajadores, en tanto, no son coincidentes. La Fraternidad se desliga de las acusaciones al gremio y defiende al motorman de las imputaciones. El secretario de Prensa de La Fraternidad, Horacio Caminos, negó la hipótesis del robo de la grabación. "El compañero (Benítez) se encontraba inconsciente. Es muy curioso que alguien que quiera robarse algo lo ponga en su mochila, sabiendo que luego tendrá que ir a declarar ante la justicia." La Unión Ferroviaria a cargo de Sergio Sasia (alineado con la CGT oficialista) guardó un silencio que sorprendió. Los únicos ferroviarios que hablaron fueron Rubén "Pollo" Sobrero, de Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, y Edgardo Reynoso, delegado de la línea Sarmiento. Ambos pertenecen a la misma corriente política, opositora de la conducción de la Unión Ferroviaria. Desde un primer momento, Sobrero denunció que "estuvieron manipulando todas las pruebas" y que "lo que buscan es echarle la culpa a los trabajadores de todo lo que está pasando". Reynoso, en el mismo sentido, dijo que tanto el gobierno como la empresa buscaron un "chivo expiatorio" en el maquinista, que "encubre el proceso de desquicio de todo el sistema ferroviario". Reynoso repitió una y otra vez que ellos bregan por la reestatización "con control de los trabajadores y los usuarios", aunque no aclaró cómo se implementaría esa iniciativa. Randazzo se refirió a la cuestión y dijo que los trabajadores "ya participan" de lo que sucede en el tren y les pidió expresamente colaboración para mejorar el servicio. Entre los familiares de las víctimas tampoco hay homogeneidad. Están quienes cargan contra los maquinistas y hay quienes apuntan al gobierno. Paolo Menghini, papá de una de las víctimas de la tragedia de Once, pidió un sistema ferroviario que prevenga accidentes. "La gente no se salva o se muere por viajar en vagones pintados", lanzó. El motorman dice que no recuerda nada, los sindicalistas guardan silencio o acusan a la administración de Cristina Fernández, el gobierno culpa a los maquinistas y los empresarios deslindan responsabilidades. Todos juegan al Gran Bonete, nadie sabe quién tiene lo que se ha perdido: la seguridad para viajar en tren. Pero el gobierno decidió reestatizar la línea Sarmiento, que no está lejos de ser un reconocimiento de que el que tiene lo que se le perdió al Gran Bonete es el Estado. Infonews