4 años de la ley de Medios: mucho para festejar

Un balance sobre la aplicación de la norma. El conflicto con Clarín. Avances notables que no deberían ser ignorados. Por Enrique de la Calle ¿Se avanzó algo desde que se sancionó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace 4 años? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Adelantamos nuestra respuesta: creemos que sí como también consideramos que no debería soslayarse ese esfuerzo estatal (que no sólo es estatal). Se ha avanzado ante obstáculos evidentes (corporativos) y otros menos conocidos, aunque sospechados. Hay que pulir la gestión pública (hacerla mucho más eficiente) para que acompañe la aparición de “nuevas voces”. Esas “nuevas voces” que deberán construir su camino sin echarle todas las culpas al Estado. En esas tensiones (previsibles) se desarrollaron estos 4 años: ¿se podía esperar otra cosa después de décadas de primar otro paradigma? Algunos interrogantes tal vez nos permitan comprender esas tensiones de las que hablamos: ¿Estaban los cuadros técnicos del Estado preparados para diseñar pliegos, por ejemplo? ¿cuántos empleados tenía el COMFER y cuántos tiene ahora el AFSCA? ¿qué forma jurídica tienen las organizaciones que quieren adjudicar una licencia? ¿tienen una? ¿están preparadas para ofrecer contenidos de calidad? ¿Cómo se van a financiar, más allá del apoyo estatal? ¿disputarán audiencias con el resto de los medios? Es sabido que estos cuatro años estuvieron marcados por el conflicto con Clarín en torno a varios artículos de la ley. Se trata de puntos clave de la norma ya que refieren a uno de sus objetivos centrales, esto es, la desconcentración mediática. Es casi un lugar común pero vale insistir: en nuestro sistema de medios el protagonismo, casi exclusivo, lo tiene el sector privado. Dentro de ese espacio, sobresale Clarín, una empresa que detenta posición dominante en todos los rubros: televisión, cable y radio (y se puede agregar prensa escrita). Era esperable, entonces, que buena parte de los esfuerzos estatales se destinen a resolver ese conflicto medular: ¿Qué pasa con Clarín? ¿Qué se hace con las otras empresas? Sin embargo, vale resaltar que esa tarea se llevó a cabo mientras se aplicaban otros aspectos de la norma, lo que arrojó hechos destacados de gestión. En un par de años el Estado adjudicó casi 1000 licencias de radio, televisión y cable en todo el país, como informó el AFSCA a la Corte Suprema. Hay alrededor de 200 nuevas radios comunitarias, 39 administradas por pueblos originarios. Poco más de 50 cooperativas se incorporaron como proveedores de cable. En simultáneo, se ha puesto en práctica el fondo FOMECA para medios sin fines de lucro y ahora se están dando los primeros pasos para desarrollar y financiar “productoras audiovisuales comunitarias”. ¿Cómo se establece si eso es poco, mucho o nada? Sea cual fuere la respuesta, no debe inhabilitarse el reclamo por una mayor y mejor prestancia estatal para reconocer medios populares. No fue fácil lograr la sanción de la ley de medios. El ambicioso horizonte propuesto obliga (siempre se supo) a un reformismo gradualista que no será sencillo ni de un día para otro. Se han dado valiosos pasos. Desconocerlos es cometer una gran injusticia y un grave error político, que ponen en juego lo actuado (y lo por actuar) y que es funcional a intereses adversos.