SE HACE JUSTICIA

29 REPRESORES PROFUGOS FUERON ARRESTADOS EN 2012 Y PRINCIPIOS DE 2013 Buscados y encontrados El Ministerio de Seguridad elaboró un protocolo para investigar el paradero de quienes tienen pedido de captura. Los casos importantes, los todavía pendientes. Por Victoria Ginzberg El represor de la ESMA Gonzalo Sánchez vivía en Brasil, donde trabajaba en un astillero como técnico naval. Estaba prófugo desde 2005. Fernando Jorge Carril fue jefe del Destacamento de Inteligencia de Paso de los Libres. Había salido del país en 1996, vivía en Venezuela, e incluso había tramitado la ciudadanía de ese país. La Justicia lo buscaba desde 2005. Ana María Grimaldos se apropió, junto con su marido, el ex comandante del grupo de tareas de la ESMA Jorge Raúl Vildoza, del hijo de desaparecidos Javier Penino Viñas. Su arresto demoró 24 años. Ellos son algunos de los 29 prófugos acusados por delitos de lesa humanidad que fueron encontrados y detenidos durante 2012 y lo que va de este año. Se trata de un número significativo, si se tiene en cuenta que la lista actual de represores buscados suma un poco más de 60 nombres. El avance se relaciona con la puesta en práctica, por parte del Ministerio de Seguridad, de un protocolo con criterios de actuación para la búsqueda de personas prófugas de la Justicia, con especial atención a los involucrados en delitos de lesa humanidad. Esto implicó, como primer paso, preguntar a los magistrados a qué fuerza de seguridad le habían asignado la investigación sobre el paradero de los prófugos en sus causas. Ocurre que, algunas veces, los jueces o fiscales se limitaban a pedir las detenciones, pero no ordenaban ninguna pesquisa específica a alguna fuerza de seguridad, lo que en la práctica significaba que la única medida de búsqueda era incluir al represor en una lista, es decir, que solo podía ser encontrado si pasaba una frontera o un semáforo en rojo. Desde la cartera que conduce Nilda Garré no quisieron dar precisiones sobre las medidas concretas adoptadas para no poner sobre aviso a los involucrados. Según pudo saber Página/12, como parte de las nuevas medidas se modificaron criterios de comprobada ineficacia, como el poner una consigna en el último domicilio registrado en el padrón sin antes investigar si la persona en cuestión o su familia seguía viviendo en el lugar. En forma paralela, la ministra dispuso la suspensión de haberes a todo aquel personal de la policía y de las fuerzas de seguridad con pedido de detención hasta tanto no se presente ante la autoridad judicial que lo requiere. El Ministerio de Justicia también reforzó la actividad vinculada con la búsqueda de acusados por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. La unidad destinada a ese tema se convirtió en un Programa Nacional y se aumentó el número de represores incluidos en el fondo de recompensas: actualmente son 42. El año pasado se hicieron efectivos seis pagos. “Recibimos información todo el tiempo, incluso somos conscientes de que a veces nos llaman personas ligadas a los represores para despistar, pero durante el año pasado, en seis oportunidades los datos recibidos fueron determinantes para la captura de los prófugos”, explicaron desde el Programa. Uno de esos casos en los que la recompensa fue decisiva fue el del represor tucumano Juan Carlos Benedicto. Se trataba de un prófugo importante porque se escapó mientras estaba detenido en un hospital debido a que había alegado que tenía problemas psiquiátricos. A partir de la información recibida, Garré se puso en contacto con el entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo y una comisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria viajó para buscar al represor en la ciudad de Encarnación. Garré también había hecho gestiones personalmente en otra oportunidad. Fue a fines de 2011, a raíz del hallazgo de Luis Enrique Baraldini, quien había sido jefe de policía de La Pampa durante la última dictadura. Cuando fue encontrado en Bolivia la ministra se comunicó con su par de ese país. Baraldini, un coronel retirado que también participó del alzamiento carapintada encabezado por Mohamed Alí Seineldín, había sido ubicado en Santa Cruz de la Sierra en 2009 vinculado a una banda que atentó contra el gobierno de Evo Morales. Pero no fue arrestado hasta diciembre de 2011. El listado de prófugos es siempre variable, porque a medida que los juicios vinculados al terrorismo de Estado avanzan, los jueces ordenan nuevas detenciones y algunas de ellas se frustran. Según los últimos datos conocidos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, los buscados por la Justicia por estos crímenes suman 62, aunque en esa nómina figuran algunos acusados que fueron encontrados fuera del país y actualmente se está tramitando su extradición. Lo interesante de los arrestos de 2012 y los primeros meses de 2013 es que se encontraron personas que se habían fugado hace varios años o que habían incluso salido del país antes de la reapertura de las causas contra los represores y luego no pudieron ser hallados. Entre estos casos está el de Sánchez, quien era conocido por sus víctimas de la ESMA como “Chispa”. El represor, detenido en Angra dos Reis por Interpol, participó del operativo en el que se asesinó al escritor Rodolfo Walsh y les contaba a los secuestrados cómo tiraban a sus compañeros al mar. Estaba prófugo desde 2005 y tenía pedido de captura internacional desde 2009. Otro ejemplo es el de Ana María Grimaldos de Vildoza, quien se pudo mantener prófuga durante 24 años. Fue encontrada luego de haber ingresado al país con documentos falsos a partir de un trabajo de investigación que incluyó meses de escuchas telefónicas. El arresto se concretó luego de un allanamiento de un departamento ubicado en Olivos. Ella está imputada por la supresión de estado civil y apropiación de Javier Penino Viñas, junto con su esposo, el represor Vildoza, quien todavía continúa prófugo, y por quien el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos. Cuando fue detenida, Grimaldos dijo que era viuda, pero hasta el momento la muerte de Vildoza no pudo ser corroborada, lo que hace pensar que la mujer “mató” a su esposo para desalentar su búsqueda. Vildoza fue uno de los jefes del grupo de tareas de la ESMA. Ambos huyeron del país en 1986, cuando todavía no tenían pedido de captura, para evitar que el niño que se habían apropiado recuperara su identidad, cosa que de todas formas ocurrió en 1998. Entre otros represores con pedido de captura que todavía no fueron hallados están Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Ricardo Luis Von Kyaw, Héctor Schwab, Juan Miguel Wolk y Eduardo Alfonso. Vázquez Sarmiento es un oficial de la Fuerza Aérea y apropiador de Ezequiel Rochistein, quien recuperó su identidad. Von Kyaw es del Ejército, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, reconocido por su actuación en el centro clandestino La Cacha y señalado como el entregador de un niño nacido en cautiverio. Schwab fue funcionario en Tucumán durante la intervención del represor Antonio Domingo Bussi. Teniente coronel retirado y luego empresario del área de la seguridad privada, se convirtió en financista de los grupos que reclaman la libertad de los represores, cuya cara visible es Cecilia Pando. En 2008 lo citó la Justicia tucumana, pero nunca se presentó. Alfonso, que llegó a secretario general del Ejército durante el gobierno de Fernando de la Rúa, estuvo preso por el asesinato de Domingo García y el secuestro de Beatriz Recchia, que estaba embarazada cuando se la llevaron. La Cámara Federal de San Martín lo liberó y cuando la Cámara de Casación iba a ordenar nuevamente su arresto salió del país vía Uruguay como cualquier hijo de vecino. Está prófugo desde mayo del año pasado. Diez días antes se escapó Wolk, ex jefe del centro clandestino Pozo de Banfield. El represor estaba bajo el régimen de arresto domiciliario. Cuando se lo revocaron y la policía fue a buscarlo para llevarlo a la cárcel de Marcos Paz, no lo encontró. Ellos son parte de la tarea pendiente de la Justicia y las fuerzas de seguridad. Lompizano, detenido El comisario Hugo Ernesto Lompizano, uno de los siete policías acusados en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra, se entregó ayer ante la Policía Federal luego de no presentarse en la audiencia del viernes, cuando debían comenzar los alegatos. El policía quedará detenido hasta el martes a la espera de que se reanude la audiencia judicial en los tribunales de Retiro. Según fuentes del caso, Lompizano se presentó al mediodía de ayer junto a su defensora en el Departamento Central de la Policía Federal, adonde llegó en automóvil desde San Martín de los Andes, Neuquén. Su abogada, Norma Bouyssou, había argumentado que el acusado estaba de vacaciones y “no consiguió pasaje” para regresar a tiempo. “Se entregó Lompizano. Se presentó en el Departamento Central de Policía. Viajó en auto desde San Martín de los Andes. El martes alegamos”, confirmó desde su cuenta de Twitter, Pablo Ferreyra, hermano de Mariano. Cuando estaba por comenzar la audiencia, los jueces del Tribunal Oral Criminal No21 resolvieron postergarla hasta el martes, luego de escuchar la opinión de los abogados querellantes y la fiscal María Luz Jalbert. Tanto los letrados del Centro de Estudios Legales y Sociales como María del Carmen Verdú reclamaron que se revoque la libertad bajo caución de la que gozaba Lompizano y que el Ministerio de Seguridad tome las medidas para garantizar su presencia. Su ausencia podía ser fundamento de un pedido de nulidad por no haber estado presente al momento de los alegatos. “Los acusados gozan de derechos y de garantías. En el caso de garantías, existen algunas que son de carácter irrenunciable. Entre ellas, la presencia durante la etapa de alegatos. Los acusados tienen que escuchar las acusaciones, lo quieran o no”, afirmó el tribunal, dando lugar al pedido de detención y postergación de la audiencia. La Gendarmería de San Martín de los Andes no había logrado dar allí con el acusado. Su abogada sostuvo que ya había emprendido su viaje de regreso por ruta y consideró que no estaba obligado a informar de su viaje, ya que no tenía prisión preventiva. Lompizano, que se desempeñaba en la Dirección General de Operaciones, está acusado de abandono de persona junto a los otros siete policías, por no evitar la agresión de la patota de la Unión Ferroviaria, que terminó con el asesinato de Mariano Ferreyra y dejó otros tres heridos de bala en octubre de 2010. Entre los acusados se destacan los ex líderes sindicales de la Unión Ferroviaria Juan Carlos “Gallego” Fernández y José Pedraza, señalado como instigador del crimen. El juicio oral se inició en agosto del año pasado con 17 imputados y el viernes comenzaba su etapa final, que ahora será retomada el martes. 17/02/13 Página|12 GB