MEGAJUICIO ESMA I

Los vuelos de la ESMA y los que falta investigar
Por Diego Martínez

En la megacausa de la ESMA se juzga a seis pilotos que participaron en los vuelos de la muerte.
Imagen: Rafael Yohai

En la megacausa de la ESMA que comenzó la semana pasada, se juzgará por primera vez a pilotos que participaron en vuelos para exterminar secuestrados. Si bien hay testimonios de otros casos, no hay imputados.

Los vuelos de la muerte, denunciados por Rodolfo Walsh en el primer aniversario del golpe de Estado, llegaron a juicio 35 años después. El modo en que se instruyeron verdaderas megacausas derivó en que los primeros imputados por su actuación específica en la fase final del proceso de exterminio y desaparición de la dictadura no sean quienes impartieron órdenes a aviadores y tripulantes, cuya responsabilidad es más simple de probar, sino marinos y prefectos acusados como ejecutores directos: tres por confesiones en privado, tres por documentos que sobrevivieron a la destrucción planificada de pruebas. Mientras el Tribunal Oral Federal Nº 5 que juzga a represores de la ESMA se dispone a escuchar a testigos de relatos macabros en primera persona y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúa identificando víctimas que el mar devolvió a las costas, sigue pendiente la imputación de quienes integraban estructuras superiores y cadenas de mando por encima de los autores materiales.

El método de arrojar personas desde aviones y helicópteros lo aplicaron las tres fuerzas armadas y varias fuerzas de seguridad, incluso antes del golpe de Estado. El suboficial Luis Martínez declaró en 1981 que grupos de tareas de Seguridad Federal interrogaban a los secuestrados en el tercer piso de Azopardo 680 y luego recurrían a vuelos nocturnos que despegaban desde un sector de aeroparque custodiado por la Fuerza Aérea. “Estos hechos se remontan a 1975-1976 porque luego comenzó a funcionar Club Atlético”, precisó. Tomás Francisco Toconas, militante del PRT secuestrado el 26 de junio de 1975 en Monteros, Tucumán, fue asesinado y arrojado desde un helicóptero, y terminó enterrado como NN en el cementerio de Pozo Hondo, Santiago del Estero. El coronel Albino Zimmermann, jefe de policía de Antonio Bussi, llegó a jactarse en reuniones familiares de haber tirado a guerrilleros desde helicópteros a los montes tucumanos.

Poco después del golpe de Estado comenzaron aparecer cuerpos en las playas. A fines de abril de 1976, el océano devolvió seis cadáveres en un balneario de Rocha, Uruguay. El séptimo apareció el 1º de mayo, 150 kilómetros al norte, y fue identificado hace apenas dos meses: es Luis Guillermo Vega Ceballos, chileno, militante del PRT, secuestrado en La Boca el 9 de abril. Con ese dato se rastrearon las huellas dactilares de militantes caídos junto con Vega Ceballos, un perito de Prefectura viajó a Rocha y del cotejo con las huellas tomadas al primer grupo se identificó a Nelson Valentín Cabello Pérez, también chileno. No se conocen testigos de sus cautiverios y se ignora dónde estuvieron.

A mediados de mayo de 1976, siempre en Uruguay, aparecieron los cuerpos atados y torturados de María Rosa Mora y Floreal Avellaneda, secuestrados un mes antes en Vicente López. Las huellas dactilares de Mora y el tatuaje con las iniciales de Floreal permitieron identificarlos. El joven de 15 años fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. Días después aparecieron tres cuerpos en Colonia. Uno fue identificado este año: se trata de Roque Orlando Montenegro, que había sido secuestrado en febrero junto a su mujer, quien continúa desaparecida, y a su hija. Aquella niña, Victoria Montenegro, fue robada y criada con una identidad falsa por el coronel Herman Tetzlaff, oficial de Inteligencia destinado en Campo de Mayo.

Ex jerarcas del que fuera el mayor centro clandestino del país fueron condenados por el caso Avellaneda, entre otros. Los ex miembros del Batallón de Aviación 601, de Campo de Mayo, en cambio, siguen impunes. La investigación judicial se activó el año pasado con la llegada de la jueza federal Alicia Vence, que les tomó declaración a casi 400 conscriptos. Varios recordaron haber visto hombres y mujeres con vendas y capuchas a quienes descargaban de camiones y subían a helicópteros y aviones con destino desconocido. Del resto de los cuerpos aparecidos en costas uruguayas en 1976, el único identificado fue Horacio Adolfo Abeledo, estudiante de Antropología y militante del PRT. Abeledo fue secuestrado el 21 de julio y su cadáver, junto a otros tres, apareció en Colonia en septiembre. Su identidad se conoció el año pasado y se ignora dónde estuvo en cautiverio.

En marzo de 1977, antes de caer acribillado, Walsh denunció en su Carta Abierta a la Junta Militar que “entre 1500 y 3000 personas han sido masacradas en secreto”, sugirió que los cuerpos aparecidos en Uruguay eran parte “del cargamento de torturados hasta la muerte en la ESMA” y apuntó que se arrojaban “prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea” de El Palomar. Los testimonios de 33 conscriptos le permitieron al fiscal Federico Delgado confirmar el dato: hubo vuelos de la muerte que partieron de El Palomar y se hicieron desde aviones Hércules C-130 y Fokker F-27. El juez Daniel Rafecas hizo suyas las conclusiones de la investigación, que incluyó más de 600 testimonios de colimbas y empleados civiles, pero ni el jefe de la base está imputado por ese delito. El motivo: no hay víctimas identificadas.

En junio y julio de 1977 se produjeron los dos vuelos que confesó el ex capitán Adolfo Scilingo, el único represor que admitió públicamente su participación. El primero fue en un avión Skyvan de Prefectura, el segundo en un Electra de la Armada, y ambos partieron desde Aeroparque. Por esas treinta ejecuciones, el marino fue condenado en España, donde purga una pena de 1084 años de prisión. El civil Gonzalo Torres de Tolosa y el capitán Carlos Daviou, mencionados por Scilingo como partícipes de los vuelos, integran la lista de 68 acusados del megajuicio que comenzó la semana pasada. A 18 años de la confesión, ningún miembro de la estructura de conducción de la aviación naval o de Prefectura, partícipes de la asociación ilícita que además trasladó por todo el país a personas privadas ilegalmente de su libertad, fue indagado por su aporte de aviones y hombres al terrorismo de Estado.

A fines de 1977 aparecieron en costas de San Bernardo y Santa Teresita los cuerpos de varios familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz, el 12 de diciembre. El EAAF identificó a la monja francesa Léonie Duquet, a Angela Aguad y a tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Una investigación de la Procuración General de la Nación, a partir de las planillas de vuelos que Prefectura le entregó al fiscal Miguel Angel Osorio, permitió el año pasado dar por primera vez con el registro de un vuelo de la muerte: el Skyvan PA-51 despegó de Aeroparque el 14 de diciembre de 1977 a las 21.30, dos horas después de que las monjas francesas fueran obligadas a fotografiarse con una foto de Montoneros detrás para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada. El avión voló tres horas y diez minutos, sin pasajeros, y volvió al punto de partida. De las 2758 planillas aportadas por Prefectura, es la única que tiene por objetivo la “navegación nocturna”. Tres de los cuatro tripulantes rinden cuentas ante el TOF Nº 5: son los pilotos Enrique De Saint George, Mario Arru y Alejandro D’Agostino. El cuarto era el mecánico David Fernández, ya fallecido. Los superiores de los acusados, incluido el prefecto Hilario Fariña, ex jefe del Departamento de Aviación de Prefectura, entrevistado por Página/12 el año pasado, todavía no fueron citados a indagatoria.

El 18 de febrero de 1978 apareció en Las Toninas el cuerpo de Roberto Arancibia, ex miembro del comité central del PRT y fundador del ERP. Había sido secuestrado en mayo de 1977 y fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. En diciembre de 1978, el mar arrojó en playas bonaerenses los cadáveres de los últimos cautivos del Olimpo, de los cuales nueve fueron identificados. La semana pasada, el juez Rafecas procesó como partícipes necesarios de los homicidios a los represores que los tuvieron en su poder hasta el momento del “traslado”. La principal pista sobre los ejecutores directos la aportó en 1995 el ex gendarme Federico Talavera, ex guardia del Olimpo, quien admitió que cada veinte días y hasta que se cerró ese centro clandestino, transportaba a secuestrados adormecidos en un camión Mercedes-Benz rumbo a la base de El Palomar, donde los cargaban en un Hércules de la Fuerza Aérea. Dispuesto a hablar en televisión en los viejos tiempos de impunidad menemista, ahora el paradero de Talavera es para la Justicia un misterio.
GB