SALTUM, MARIO WAINFELD, OPINION

Saltum, saltum, saltum pequeña langosta: El Senado aprobó el proyecto de reglamentación del per saltum, que derivará a Diputados en pos de una rápida aprobación que se da por hecha. El tablero electrónico mostró una mayoría holgada para el oficialismo: 43 a 26. El decibelímetro arrojó marcas más parejas, altas para ambos sectores. El debate previo y el de ayer fueron acalorados, con un ambiente calefaccionado por el inminente 7D.

También abundan proyectos de bancadas variopintas sobre el instituto, la polémica se enardece por su posible uso táctico e inmediato. El per saltum produce evocaciones desoladoras por la manera en que lo manejó el menemismo. La oposición alerta sobre un revival, el oficialismo aduce que el mundo cambió.

La medida permite que en casos de “gravedad institucional” expedientes judiciales salteen una instancia (la segunda, la de apelación ante la Cámara) y pasen a la Corte Suprema para evitar dilaciones disfuncionales. La decisión sobre la admisibilidad de los reclamos recae en la Corte, la ley no le impone (no podría hacerlo) qué es “gravedad institucional” o una lista taxativa de casos que salten la valla. O sea, resuelve el Poder Judicial, lo que no excluye que la norma hoy y aquí le marque la cancha.

Los integrantes de la Corte, su presidente Ricardo Lorenzetti en especial, refunfuñan contra la oportunidad de la ley. La baja reputación de la institución entre sectores informados de la opinión pública se suma a sus críticas en voz baja.

Otro aspecto que les preocupa es, en sustancia, de sobrecarga de trabajo. Abrir ese recurso significará que haya muchos litigantes que traten de apurar el paso hacia la Corte. No solo lo hará el Estado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, si así lo marcan las circunstancias. Sin ironizar ni un poquito, bien podría hacerlo Hugo Moyano en su demanda por ser reconocido auténtico titular de la Confederación General del Trabajo.

La Corte deberá analizar pilones de expedientes, imaginan con lógica en el cuatro piso del Palacio de Tribunales. E ir elaborando una jurisprudencia que regule y desaliente el uso indiscriminado del per saltum. La decisión compete al Tribunal, es (de cajón) irrevisible. O sea que la ley puede considerarse un gesto de presión pero no una injerencia del Legislativo o el Ejecutivo en el Poder Judicial.

Tampoco es fundada la alegada inconstitucionalidad del proyecto de ley, por vulnerar la garantía de la doble instancia. Eso podría ser razonable si la Corte Suprema tomara expedientes antes del fallo de Primera Instancia (en jerga se llama “avocamiento”). Pero como hay un fallo inicial y el máximo Tribunal debe sentenciar en los expedientes que eleve (no puede rebotarlos por formalismos, como ocurre en otros recursos) la doble instancia está garantizada.

Es difícil exagerar cuan antagónico es el contexto en el Consejo de la Magistratura y, en cierta dosis, en el Poder Judicial. Jueces que se recusan, otros que militan como Ricardo Recondo, otros que dan pasos al costado, alguno que se victimiza. Un buen ejemplo es el camarista Martín Farrell, quien el martes renunció a la subrogación que ejercía. Farrell goza de la generosa jubilación de los Magistrados, fue convocado por la Cámara de su Fuero para cubrir una vacancia. Es floja praxis que un jubilado, exento de la responsabilidad del juicio político, ocupe un sitial estratégico. Y, comentan avezados colegas suyos, tampoco es ideal que vuelva al ruedo, cuando está a mil por hora un conflicto entre el Gobierno y la más grande corporación de Medios. Hay presiones cruzadas, como destacó Lorenzetti sin que Clarín registrara la mitad que le corresponde. Y los jueces, que gozan de amplia estabilidad, deben tener espalda para ejercer su competencia. Farrell, susurran en el primer nivel de la Corte, fue cambiando de parecer día a día. Eso sí, mantuvo una línea de conducta que fue victimizarse y culpar a otros. Tan es así que el habitualmente medido Lorenzetti lo citó ayer a su despacho para decirle que la misión del juez es juzgar y no escudarse en la conducta de terceros para omitir su principal deber: instar los trámites y juzgar. No explicar por qué no lo hace.

Peguemos un brinco, volviendo al per saltum. La ley es una jugada táctica, en una coyuntura en que se juega fuerte. Pero respeta garantías, incluyendo la división de poderes y busca que causas de gran relevancia no se eternicen. En promedio, es razonable. La Corte tendrá la última palabra. Se le agregan laburo y presión, pero tiene manos libres y poder para decidir.

GB