EL JUEZ FEDERAL FERNANDO POVIÑA HABLA DEL PROCESAMIENTO DE CARLOS PEDRO BLAQUIER“En el fallo no hay un prejuicio ideológico”
Es juez federal en Tucumán, pero hace seis meses se hizo cargo de las causas sobre el terrorismo de Estado que estaban paralizadas en Jujuy. Analiza el aporte puntual de Ledesma en los secuestros y también explica que “la represión ideológica la ponemos dentro de un contexto de intereses económicos”.
Por Alejandra Dandan
“Estamos entrando en una nueva etapa judicial, porque estamos viendo el aporte de los civiles que fueron cómplices o coadyuvaron en los hechos de esa época, algo que hay que investigar y que tiene como antecedentes otros procesos. Yo cito a Nuremberg, resoluciones de la Justicia en Estados Unidos no muy lejanas para que no se crea que en el fallo hay un prejuicio ideológico. Acá se está haciendo una investigación judicial. Estamos dando fundamentos a aportes relevantes desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos interesa a nosotros.”
Fernando Poviña asumió en el juzgado federal de Jujuy hace seis meses por una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Es juez federal en Tucumán, donde trabaja causas sobre crímenes de lesa humanidad y viaja dos días a la semana a Jujuy. Durante esos seis meses, avanzó en las investigaciones más emblemáticas relacionadas con la última dictadura que estaban paralizadas por el Poder Judicial en el territorio del Ingenio Ledesma. Procesó al dueño de la empresa, Pedro Blaquier, y a su gerente administrativo, Alberto Lemos, por complicidad en grado primario por el secuestro de 29 personas durante el terrorismo de Estado. Probó que Ledesma colaboró en los secuestros prestando sus vehículos en los traslados. Y tuvo en cuenta la condición de referentes sindicales de las víctimas y persecución hacia ellos de la empresa. En un largo apartado histórico, que será útil para otras causas, analizó el ensamble ideológico entre Ledesma, los grupos industriales y la dictadura.
–¿Cuales son las imputaciones contra Blaquier y Lemos?
–En cualquier causa siempre se trata de ver primero los autores directos. En esta causas hay autores mediatos: personas de “atrás”, que manejaban todo. En este caso, Luciano Benjamín Menéndez. Y también hay personas que ayudan a cometer un delito, que son partícipes o cómplices. En esta causa ya fue procesado Menéndez, máxima autoridad militar en el norte. Lo que estamos viendo ahora es la participación de aquellas personas que no eran “funcionarios”: son civiles que actúan dentro de un patrón común que está dado por la acción del “principal” o autor.
–¿Qué se observa y en qué causas?
–Son dos causas sobre hechos que sucedieron en el departamento Ledesma y zona de influencia, cuya característica es que hay una empresa absolutamente dominante en la situación pública y privada, porque es el que da mayor cantidad de trabajo a todos los pobladores y que tiene una influencia muy grande, como lo marcamos en la resolución.
–Usted la llama “pequeño Estado”.
–Uno de ellos lo dice en la indagatoria. Ellos se hacen cargo de todo, en el sentido de que parte de los argumentos de la defensa fue decir que donde el Estado no llegaba, llegaban ellos. Muchas veces lo que hacían, lo hacían más por obligaciones legales que por buena voluntad. Lo que tuvo en común la selección de personas secuestradas en esa época y en ese lugar específico es que muchas eran luchadores gremiales, sindicalistas o referentes sociales, relacionados con la lucha y reivindicaciones en el sector agroazucarero: y agroazucareros ahí significa una sola empresa.
–¿Cómo se articulan Ledesma y la persecución militar?
–Las autoridades militares desarrollaban un plan de persecución, eliminación o amedrentamiento general a toda clase de trabajadores, pero dentro de todas las persecuciones masivas, acá hicimos foco en la actividad agroazucarera, porque tuvo que ver con ellos, con las reivindicaciones del sector trabajador de esa actividad. De allí surgen las dos causas: Arédez, que se refiere a quien fuera intendente constitucional de General San Martín (Luis Arédez). Allí describimos que los propios vecinos lo impulsaron a ser intendente y que quiso cobrarle un impuesto a Ledesma. Fue médico de la empresa, antes había sido médico del gremio de los azucareros. Y tuvo problemas en la empresa porque recetaba medicamentos por fuera del vademécum que ellos autorizaban, porque consideraba que era lo que correspondía. Luego, trabajaba en hospitales y estaba vinculado con el gremio de los trabajadores azucareros.
–Usted dice que el grupo del primer expediente eran referentes sociales más definidos y que en el segundo se llevaron a muchos “por las dudas”.
–La mayoría de las víctimas de la causa Arédez eran referentes que ya estaban en las listas negras y fueron detenidas el propio 24 de marzo. Las detenciones fueron particularizadas, fueron a buscarlos a las casas, por su actividad. Por eso marco la diferencia que existe entre la forma de la prueba de uno y de otro caso. En la causa de “la Noche del Apagón”, si bien eran personas que estaban sindicadas con algún tipo de vinculación familiar o de referencia con el movimiento sindical o social, como los hermanos Garnica, no eran las cabezas del movimiento, que ya estaban detenidas el primer día. Por eso uso la frase de Ibérico Saint Jean, era lo que quedaba, se los llevaron para evitar que salga algo, por las dudas. Luego de pasar por distintos destacamentos, los llevaron al centro clandestino de Guerrero. Muchos de ellos, posiblemente por los interrogatorios crueles, hayan perdido la vida ahí, pero eso todavía estamos investigándolo. Fue como una segunda oleada: simpatizantes que fueron secuestrados por oleajes en detenciones colectivas. Apagaban la luz y sacaban a todos de las casas que tenían marcadas.
–¿Cuáles son los fundamentos de la prueba sobre Ledesma?
–Es haber puesto a disposición de las Fuerzas Armadas y de seguridad camionetas o vehículos de la empresa sin los cuales no se podían haber hecho los traslados, porque estamos hablando de una época y de un lugar: el interior de la provincia de Jujuy. Las fuerzas no contaban –hasta hoy– con un parque automotor grande. Todo eso está plasmado en los convenios que tenían, en las testimoniales. Por lo tanto, era imprescindible, para llevar a la persona detenida ilegalmente a los distintos lugares, contar con los medios de trasporte. Esos medios de trasporte fueron cedidos por la empresa Ledesma.
–Ellos dicen que los cedieron, pero que no tenían responsabilidad. Usted habla del “mito”.
–Primero dijeron que era todo un “mito”, que no existía. A medida que fuimos avanzando, fueron dando otras explicaciones: que fueron cedidas o, la semana pasada, que a lo mejor hubo un empleado coaccionado a hacerlo. Entonces ese mito nunca fue tal: hay testimonios de la época, incluso de 1975. Lemos explica que cedieron vehículos para el conflicto con Chile en 1978. Hay panfletos previos al golpe que los sitúan, está el “pacto Bussi-Blaquier”, que es un convenio de Gendarmería y la empresa. Hay testigos directos. Los sobrevivientes. Y si usted quiere más, hay un decreto de Illia de 1966, que no habla de camiones, sino de facilitación de lugares, que establecía que Gendarmería iba a tener un lugar en Ledesma a fin de contener todos aquellos movimientos que venían del norte. Esa interrelación indica que, dado el número de detenciones fatídicas de la Noche del Apagón, también se usaron las camionetas del Ingenio.
–Además del aporte material, usted habla del “dolo”.
–El préstamo de las camionetas no fue inocuo. Tenían conocimiento de que iban a ser utilizadas para el traslado de personas detenidas ilegalmente. En ese caso, indicamos las pruebas que existen sobre el señalamiento y la persecución hacia los referentes sindicales que había en la empresa. De eso dan cuenta los propios legajos de los trabajadores: muestran el seguimiento, el comportamiento y las actividades gremiales. Parte del material se logró descubrir en los allanamientos de mayo. Indican que la empresa estaba al tanto de todo lo que estaba pasando con sus propios trabajadores o gremialistas: reuniones, reclamos, con información que trasferían los propios jefes de sección a sus superiores.
–La resolución tiene otro eje importante: el rol de los industriales que acompañaron el golpe y la empresa Ledesma entre ellos. Se analizó la articulación entre políticas económicas, golpes y persecución gremial desde 1960.
–Marcamos que la persecución no era nueva. Analizamos la persecución política y gremial que iba de la mano a tratar de poner un modelo de país que tenía una clara visión económica. Dentro de ese cuadro, enmarcamos el modelo sindical azucarero, lo que pasó con la Fotia y sus dirigentes sindicales antes del 24 de marzo. Mostramos cómo los cupos (de la liquidación de ingenios en Tucumán) pasaron a beneficiar al Ingenio Ledesma. Había una simbiosis de claro beneficio hacia el Ingenio Ledesma, eso se vio luego del cierre de los ingenios tucumanos que eran más chicos, con cañeros dueños de su producción; en cambio Ledesma tenía sus propias tierras y plantaciones y con una mano de obra más desprovista.
–Ubican a Blaquier entre los industriales.
–Allí aparece el nombre de Martínez de Hoz y el Grupo Perriaux. Quiero resaltar que no era algo descontextualizado, sino que estaba todo engarzado en un solo impulso ideológico y económicos. Por un lado, lo que fue pasando con el sector azucarero e industrial con las luchas y organizaciones y la política económica. Y por otro, que los dirigentes de la empresa Ledesma no estaban desconociendo todo esto, porque estaban inmersos dentro de un grupo político económico que contenía estas ideas. No desconocían lo que pasaba, sino que estaban inmersos, dentro de una suerte de pequeño universo que estaba al tanto, apoyando la políticas económicas y sindicales de la ultima dictadura. Un hecho no es aislado, tiene que ver con lo que sucede en su exterior. Estos hechos que se están investigando están enteramente vinculados con un determinada situación política, económica y represiva de una determinada época del país.
–¿Eso no estaba dicho hasta ahora en una causa judicial?
–Lo que se hace de novedoso es que la represión ideológica la ponemos dentro de un contexto de intereses económicos: había ciertas empresas que acompañaban al régimen porque tenían sus intereses económicos de la mano de la política neoliberal que estaba implementando ese régimen de facto.
–¿Por qué no ordenó las detenciones?
–La fiscalía, en este tramo de la causa, había aceptado las eximiciones de prisión (antes de que se asumiera el fiscal Pablo Pelazzo). Hasta ahora siempre estuvieron a derecho y gozan del principio de inocencia. Yo me manejo así en todas las causas. De todas formas, tienen prohibida la salida del país.
17/11/12 Página|12
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