La voz del pueblo es la voz de DiosPor Alberto Dearriba
Los manifestantes se adjudicaron ser "el pueblo", pero la calle no mide más legitimidad que las urnas.
Tras la contundente manifestación de anteayer, no pocos "bienpensantes" de distinto color político, coincidieron en insistir que el gobierno debe escuchar las demandas de ese colectivo heterogéneo que clamó por "libertad", rechazó la re-reelección y exigió centralmente contener la inflación y la inseguridad.
Es obvio que los dirigentes políticos deben escuchar a sus ciudadanos, lo cual suele expresarse en la sentencia latina "vox populi, vox dei". Pero para cumplir con esa máxima, hay que determinar primero si "el pueblo" son los miles de personas que se manifestaron contra el gobierno en las calles o los que se incluyen en los 12 millones que votaron por la reelección de Cristina Fernández. ¿Dónde está el pueblo? Porque tampoco es correcto suponer que la multitud, que tiene obviamente un valor político como emergente de un sector, mide más precisamente la legitimidad que una elección.
Los miles de manifestantes que llegaron hasta el Obelisco en representación del 46% que no votó a Cristina Fernández, interpelaron repetidamente a la otra mitad de la ciudadanía: "Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?"
Si complicado es determinar dónde está "el pueblo", más aún es definir políticas que contengan a todos. El kirchnerismo morigeró algunas de las contradicciones más descarnadas del capitalismo, pero hay otras que resultan insalvables por naturaleza. O se protege a los sectores más frágiles, o se favorece un proyecto que apunte hacia arriba.
La decisión de sostener un mercado interno generoso beneficia tanto a la base de la pirámide social como a los sectores medios. Pero los planes sociales son rechazados por buena parte de la clase media. Si abandonara esas políticas, el gobierno perdería su razón de ser y los que marcharían para cuestionarlo serían otros. Aplicar las medidas que difusamente expresan los caceroleros, implicaría definir un modelo de país antitético, al que sostiene el kirchnerismo desde hace nueve años. No habría Dios que justifique una estafa semejante.
LA INFLACIÓN. Los caceroleros culpan al gobierno del alza de los precios, de negar el flagelo y de truchar la medición. En realidad, las remarcaciones las producen los formadores de precios, ya que el Estado ha contenido hasta lo imposible las tarifas de los servicios públicos y los combustibles. Y si la presidenta no habla de inflación, no es porque la niegue, sino porque no quiere alentarla. Erróneamente, el gobierno se embarcó en una intervención de la medición del Indec de la cual nunca salió. Se lo puede acusar de no transparentar la estadística, pero no de ser responsable de la inflación, ya que es víctima de ella. Aleatoriamente, Cristina Fernández ha señalado que el gobierno no tiene una meta antiinflacionaria, sino de crecimiento. Entre actualizar permanentemente los salarios en paritarias o frenar el desarrollo con ajuste, eligió la primera opción. Se trata de una política opuesta a la que proponen los economistas ortodoxos, a los cuales prefieren los caceroleros. No es que el gobierno sea sordo al tañido de las cacerolas, sino que prioriza el salario y el consumo.
Si para contener la delincuencia los opositores proponen la mano dura, para frenar el alza de precios, la mayoría parece inclinarse por la mano invisible del mercado. Porque resulta francamente inverosímil que estos adalides de las libertades estén dispuestos a bancar una política de precios máximos con aplicación de la Ley de Abastecimiento.
Aunque muchos de ellos resultarían el pato de la boda, la mayoría de los caceroleros parece demandar entonces un ajuste fiscal que recorte la inversión pública, el crecimiento, el empleo, el salario y el consumo popular con el objetivo de frenar la inflación. Precios máximos o monetarismo y ajuste, son dos opciones a la política actual. No hay otras recetas alternativas a la actual. Como en otras cuestiones, no es que el gobierno no escuche, sino que piensa distinto. Por otra parte, la inflación no fue impedimento para que Cristina fuera reelecta.
LA INSEGURIDAD. Los manifestantes exigen terminar con la inseguridad y afirman que al gobierno no le importa que los delincuentes maten a mansalva. ¿Suponen que la inseguridad real –exagerada por los medios– le concede algún rédito político al gobierno y por eso "no hace nada"?
En el fondo de la demanda, está obviamente la propuesta de mano dura. Cuando piden "hacer algo" están diciendo "mano dura". Para el gobierno, la elevada delincuencia de las últimas décadas es un producto de la exclusión social masiva producida en los '90, que no se cura comiéndose al caníbal, sino con puestos de trabajo, educación, una justicia que funcione aceitadamente y policías honestas. En las dos primeras premisas ha habido avances claros, en la tercera y en la cuarta no. La justicia no actúa con celeridad y ejemplaridad. Y permanentemente estallan situaciones en la Federal y en las policías provinciales que revelan que la polícía no es solución, sino parte del problema.
El gobierno sabe obviamente que la seguridad es una de las principales preocupaciones populares, pero descree de una solución a balazos. Intuye que un piedra libre para el gatillo fácil generaría más inseguridad y muertes inocentes, especialmente entre los hijos de los hogares más pobres. A su juicio, el camino para reducir la delincuencia es el crecimiento, el empleo, la inclusión social y la educación. Y aunque no pueda admitirlo públicamente porque ello generaría más inseguridad, ese camino demanda décadas porque apuesta a futuras generaciones.
LIBERTAD Y DIKTADURA. El reclamo más incongruente de cuantos realizaron los caceroleros es el de la "libertad", contra la "diktadura" y de mayor calidad instucional, mientras alentaban paralelamente ciertas consignas de tufillo antidemocrático como "que se vaya". ¿De qué libertad hablan quienes se manifestaron sin ser molestados mientras los medios constataban la libertad de prensa?
En realidad, no pocos caceroleros pertenecen a un sector social al cual siempre se le facilitaron operaciones especulativas. La única libertad claramente conculcada en la Argentina es hoy la de atesorar dólares. El gobierno les niega ahora divisas porque las necesita para pagar una deuda que no contrajo y para sostener la importación de insumos para la industria. De un lado están los que reclaman librecambio y del otro los que quieren que se vuelvan a cerrar industrias y a perder empleo.
La libertad de cambio que exigen implicaría una megadevaluación de impacto regresivo sobre los ingresos fijos y un retorno a los mercados de capital a los cuales la Argentina sólo ingresaría con intereses onerosos por efecto del default. Para constatarlo, está la Fragata Libertad retenida en Tema, por lo cual los caceroleros también culpan a Cristina.
En la Argentina hay libertad de mercado, aunque las posiciones dominantes ya no tienen piedra libre. Algunas pancartas reclamaban que "no quiero que me persigan", cuando en realidad los "perseguidos" son evasores de impuestos. No los corren para matarlos sino para que paguen. Si la libertad es el imperio de la economía sobre la política, es cierto que está afectada, porque el kirchnerismo repuso el valor de la política sobre el mercado.
En cambio, es más congruente la demanda de inmovilismo constitucional. Pese a que no tuvieron ningún problema en abrirle la puerta a Menem, los conservadores fueron históricamente antirreformistas. Mucho más ahora, cuando las encuestas predicen que, a despecho de las multitudes que la apostrofan, Cristina Fernández volvería a ganar una elección si el Congreso la habilitara. Es comprensible que no quieran vérselas de nuevo con semejante candidata.
10/11/12 Tiempo Argentino
GB
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