DURMIENDO CON EL ENEMIGO, OPINION.

Durmiendo con el enemigo
Por Demián Verduga
dverduga@miradasalsur.com

Cuál es la relación de las fuerzas políticas con el Grupo Clarín. La bronca de los socialistas porque el holding ningunea a Binner. El recuerdo de los radicales sobre las presiones a Alfonsín. El futuro debate del per saltum.

Ninguna fuerza política argentina ha hecho de la derogación de la ley de medios una bandera. Ni siquiera cuando la oposición tuvo mayoría en el Parlamento, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2011, el bienio en que predominó el Grupo A, se planteó la posibilidad. Esto se explica en parte porque aquella mayoría opositora también estaba compuesta por fuerzas que habían acompañado la Ley, como el socialismo, algo que habría que recordar antes de señalarlos con el dedo. Además de estos motivos visibles, hay alguno subterráneo: las operaciones políticas que el multimedio ha hecho durante tantos años de hegemonía, de las que han sido víctimas casi todos los partidos del sistema político.

Antes de seguir, una salvedad en honor al rigor: sí hubo un dirigente opositor que propuso la derogación de la ley de medios. Fue Eduardo Duhalde durante la campaña electoral del 2011, el ex presidente que en las elecciones generales sacó el 5,86% de los votos.

Los radicales. Cuando se habla sobre la relación con Clarín con los operadores políticos del radicalismo, lo primero que destacan es que en el partido “nadie se olvida de lo que le hicieron a Raúl Alfonsín”. Hoy está ya muy claro el nivel de presión que el Grupo ejerció sobre el gobierno radical cuando pretendía la modificación de la ley de radiodifusión de la dictadura para poder comprar Radio Mitre. Esa presión tuvo su clímax cuando Alfonsín contestó, en el discurso –ya celebre– que dio en la inauguración de la Sociedad Rural el 12 de febrero de 1987.

Un dato más actual para subrayar es que por ahora la agenda política de los boinas blancas no se centra en el 7/D ni en lo que pasará en los días subsiguientes. “Nuestras prioridades son otras”, remarcó un asesor del bloque radical de la Cámara baja. El leitmotiv que la UCR ha elegido para instalarse en el escenario político es oponerse a la supuesta intención de reformar la Constitución que impulsarían algunos sectores del kirchnerismo. La idea de la reforma es difícil de comprobar, ya que desde el Gobierno nadie la ha puesto sobre la mesa. Lo importante del dato en este caso es que el tema le ha servido a los radicales para intentar ponerse como eje de la oposición, convocando a una multisectorial, armando foros, orquestando un acuerdo entre los senadores opositores, etcétera, y sin poner en el centro al 7/D.

Claro que hay algunos matices para remarcar. No todos los correligionarios tienen la misma visión sobre cómo pararse frente al tema. Oscar Aguad, Ernesto Sanz y Silvana Giudici son dirigentes que defienden un alineamiento más nítido detrás de Clarín, y también es cierto que la UCR respalda el accionar de sus representantes en el Consejo de la Magistratura.

Los frenteamplistas. En el Frente Amplio Progresista (FAP) resaltan una cuestión central respecto de su relación con el Grupo Clarín. “Cuando comenzó la campaña electoral del año pasado nos borraron de las páginas del diario, de las radios, y de sus canales de televisión”. Lo que destacan en el FAP es algo que el lector puede comprobar repasando algunos diarios del año pasado. Recibió mucho más espacio el senador Sanz, que lanzó su candidatura presidencial en marzo del 2011 y jamás logró pasar el 1% de intención de voto, que Hermes Binner. En el FAP señalan que luego, cuando Sanz se bajó “empezaron con Eduardo Duhalde y siguieron Ricardo Alfonsín, siempre tratando de bajarnos a nosotros”.

Finalmente fue Binner quien salió segundo en las presidenciales y eso empujó otra operación, sería posible titularla así: “Macri no compitió, pero fue el segundo”. “Lo ponen siempre como si fuera el jefe de la oposición y en realidad el que salió detrás de Cristina fue Binner”, remarcó un diputado nacional del socialismo. El dirigente remarcaba esta situación, pidiendo reserva, para sostener que “siempre intentan ponernos en segundo plano como fuerza política”. ¿Será porque apoyaron la ley de medios?

Aunque sea difícil de creer por lo bien que tratan los medios del establishment a Mauricio Macri, en el PRO también miran a Clarín con una dosis de desconfianza. “Es como acariciarle la pata al tigre”, remarcó un diputado del macrismo. El mismo referente sostuvo que “nadie en la oposición piensa que defender al Grupo es cuidar la libertad de expresión”. De todos modos, todos los opositores tratan de cuidar los espacios mediáticos que tienen para mostrarse a la sociedad. Aquí es donde radica el poder político de los medios. Por eso, aunque sea reiterativo señalarlo, hay que volver a remarcar que nada bien le hace al sistema político la concentración mediática. A la larga, siempre le juega en contra.

Se viene el per saltum. Este panorama de fondo tiene un debate de coyuntura que se juega en la superficie. Como suele suceder, allí las posiciones cambian. El próximo 14 de noviembre la Cámara de Diputados discutirá la reglamentación del per saltum. La norma se aprobó el miércoles pasado en el Senado por 43 votos a favor y 23 en contra, y a la mañana siguiente recibió dictamen en las comisiones de la Cámara baja. El tema se disparó por un hecho concreto: un grupo económico –Clarín– ha podido gambetear una ley aprobada por el Parlamento. Lo ha hecho durante tres años, utilizando una medida cautelar que parecía extenderse hasta el infinito. La Corte Suprema le puso como fecha límite el 7 de diciembre, pero la dilación judicial podría continuar. ¿Qué herramienta jurídica puede generar la democracia para evitar en el presente y el futuro una situación como esta? Una de las herramientas posibles, según el Gobierno, es el per saltum.

“Es un recurso extraordinario que se podría solicitar cuando la demora en una causa puede producir perjuicio al derecho federal y que este perjuicio no pudiera repararse después”, le explicó a Miradas al Sur la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La figura del per saltum implica “saltar instancias” para darle mayor celeridad a determinadas causas, exceptuando las penales. La Corte podría intervenir y pronunciarse antes que las cámaras de apelación. Esto sucedería ante el pedido de una de las partes en pugna en un juicio determinado. Los supremos son los que deciden si acceden a la solicitud. La reglamentación que se aprobó en el Senado establece que la intervención puede hacerse en situaciones de “marcada excepcionalidad” y cuando hay “gravedad institucional”. “La norma –explicó Conti– describe la gravedad institucional. Ocurre cuando las cuestiones sometidas a juicio exceden el interés de las partes y se proyectan sobre el interés general.” La reglamentación también establece que el per saltum sólo puede aplicarse luego de una sentencia definitiva en primera instancia o en las resoluciones comparables con ellas en sus efectos. (Una cautelar que dura tres años es comparable en sus efectos con una sentencia definitiva).

Las críticas del arco opositor tienen varios puntos en común. Uno de ellos es que la norma se debate en medio del conflicto por la aplicación plena de la ley de medios. “Nos preocupa porque está vinculado de un modo directo con esta causa –le remarcó a este medio el diputado de la UCR Miguel Bazze–. Casi toda la oposición piensa que es un proyecto inspirado por esta situación. Creo que es una exageración por parte del Gobierno”.

Este medio le preguntó al diputado radical si no era grave que un grupo económico pudiera evitar durante tres años el acatamiento de una ley aprobada por el Parlamento. El dirigente contestó:

–En algún momento esto terminaría resolviéndose en la Justicia. Creo que el Gobierno paga un costo muy alto por algo que no es trascendente.

Bazze remató señalando algo esperable: “No vamos a acompañar esta ley. Podríamos haberla apoyado si se hubiera planteado en otro contexto, pero en este no”. Al igual que el diputado radical, referentes del PRO y el FAP que fueron consultados por este semanario sostuvieron que no acompañarían la reglamentación. Y también pusieron el acento en que era un mal momento por el conflicto de la ley de medios.

Una breve reflexión sobre esta cuestión del contexto, que es un argumento recurrente en los debates políticos. Casi todas las disputas legislativas, en la Argentina y el mundo, se producen en medio de los conflictos que esas mismas leyes pretenden resolver. La reestatización de la mitad más uno de las acciones de YPF, la anulación del servicio militar obligatorio a fines de la década del ’90, la aprobación de la Ley de Divorcio en los ’80, las normas antiesclavistas del siglo XIX, fueron leyes que se plantearon al calor de los conflictos. Es una verdad histórica sobre cómo funciona el proceso político. En este caso no pasa nada distinto.

04/11/12 Miradas al Sur

GB