El inquietante caso de un narcocomisarioSi Tognoli pudo borrar o no datos, advertir o no a cómplices, no parece algo muy importante.
Por Eduardo Anguita
Al momento de escribir estas líneas, el –hasta el viernes– jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, permanecía en la delegación de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) que él mismo dirigía. Esa era la antesala para su declaración ante el juez federal Carlos Vera Barros, quien lleva la causa que lo señala como un factor clave en la operación de venta ilegal de drogas pero con conexiones con otros delitos aberrantes como la trata de personas.
La historia fue destapada por la edición del viernes de Página/12, con datos precisos de los seguimientos realizados durante meses por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de una investigación llevada a cabo por la fiscal federal Liliana Bettiolo. Había dos causas iniciadas en sendos juzgados de esa provincia. Una a cargo del juez Marcelo Bailaque y otra a cargo del juez Carlos Vera Barros. Ambos magistrados delegaron la investigación en la fiscal Bettiolo quien decidió recurrir a la PSA, una fuerza que participó con éxito en investigaciones complejas por delitos de lesa humanidad o de narcotráfico.
La fiscal, en la causa que tramita Bailaque, pidió 18 allanamientos, incluyendo la Comisaría 18, donde hubo un escándalo cuando un narco, conocido como Ojito, pidió recuperar su automóvil de alta gama. El juez accedió a 14 allanamientos que no incluían ni la comisaría ni los domicilios de altos jefes policiales, entre los que estaba Tognoli. Por su parte, Vera Barros tenía una causa donde se juntan venta de narcóticos con protección a prostíbulos donde puede haber relaciones con trata de personas.
Ante la falta de determinación de los jueces, alguien decidió que esta historia tomara estado público. El hecho de que Tognoli haya tenido la chance de enterarse por un diario es extraño. Pero sin entender la información previa todo podría ser interpretado de modo capcioso. Se supone que una investigación compleja, que mantuvo el secreto durante tanto tiempo y que tuvo en la mira a un jefe policial de tanto rango, debe ser conducida con rigor. Y si los magistrados no proceden, los investigadores también se ven en la obligación de actuar con decisión. Eso le dio a Tognoli esas importantes 48 horas que se tomó hasta presentarse voluntariamente nada menos que ante las TOE. En el medio, lo que se sabe es que dio una entrevista desde la clandestinidad, presentó su renuncia y nombró como abogado a Eduardo Jauchen, un letrado muy bien vinculado a la justicia y que tuvo entre otros clientes al ex arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni, quien finalmente fue condenado a ocho años de prisión por delitos sexuales.
Si Tognoli pudo borrar o no datos, advertir o no a cómplices, no parece algo muy importante, ya que antes de esos dos días estuvo observado por expertos que tomaron el recaudo de escuchar –con autorización– su teléfono y seguir sus pasos.
En ese sentido, el gobernador Antonio Bonfatti equivocó el camino: su mayor preocupación fue cargar contra la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por no haberlo informado antes de esto. Es, por lo menos, desafortunado pensar que una investigación bajo orden judicial sobre un funcionario de Santa Fe (el jefe policial es un funcionario político más allá de que tenga un grado policial) debe perder su status y la obligación de Garré era alertar al gobernador sobre algo que está en la órbita de la fiscal Bettiolo.
Es más, el secreto de la información recolectada por la fiscal no tiene por qué llegar a la ministra de Seguridad. Hay quienes están tentados en arrebatarse y tratar de explicar esto como una pelea entre los planes políticos del gobierno nacional y los del socialismo santafesino. Ese análisis puede quedar para los reduccionistas, para los que pretenden ver todo bajo la lupa de operaciones políticas y dejan de lado algunos asuntos extremadamente complejos y preocupantes.
UN CASO. A fines de 2006, el entonces gobernador Felipe Solá citó a este cronista a la sede de la gobernación. "Necesito que me ayudes con un plan de comunicación para un plan de abordaje integral en la zona más compleja del conurbano." Solá tenía un puntero que señalaba rutas en un mapa satelital que tenía como foco un territorio atravesado por la contaminación del río Reconquista y los terrenos de relleno de la CEAMSE. Se trata de un conglomerado de barrios donde viven más de 100 mil bonaerenses, un tercio o más de la población del partido de San Martín. Sin cloacas ni obras de saneamiento, encima el camino del Buen Ayre fue construido sobre altura y contribuye al anegamiento de los barrios pobres. Solá fue terminante: "Tenemos información de inteligencia de que muchos de los delitos tienen bases operativas en algunas de esas villas y que las bandas tienen protección policial.
Si no actuamos con una mirada integral de la seguridad, con trabajo, vivienda, obras de saneamiento y participación comunitaria no vamos a poder mejorar los índices de criminalidad." Tras el pedido-ofrecimiento del entonces gobernador junto a un grupo de gente, este cronista recorrió varias barriadas.
Entre los participantes estaba el actual secretario de Seguridad, Sergio Berni. La iniciativa tomada por Solá se cortó por un hilo débil: terminada la idea de la re-reelección provincial, el plan se diluyó. Cabe recordar que el ministro de Seguridad provincial era León Arslanian y que en su equipo estaba Martha Arriola, dedicada al área de Seguridad Comunitaria.
Empezaban otros tiempos. Con la buena imagen de Daniel Scioli y también con su absoluta determinación de aceptar a los jefes de la bonaerense y terminar con lo hecho por Arslanian. A tal punto que, por pedido expreso de los jefes policiales a través de su primer ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, el ministro no tenía más el control telefónico sobre los jefes policiales que sí tenía Arslanian. El dispositivo era muy simple: cada jefe policial debía tener un teléfono prendido que lo contactaba con un enlace con el ministro.
Esos teléfonos podían ser rastreados por satélites y de ese modo había un sistema de control de gestión que le permitía a Arslanian dar órdenes que se cumplieran o enterarse rápidamente de dónde estaba alguno de los jefes en momento de suceder algo que no fuera combatir el delito sino dejar de combatirlo o, lo que es peor, ser parte del delito.
Eso es control. Como se controla, por ejemplo, a la policía catalana –los mozos de Escuadra– al imponerles tener cámaras de seguridad en las salas de interrogatorio. En realidad, ¿qué más quiere un funcionario policial, un fiscal, un gerente de ventas o un intendente, que tener eficaces sistemas de auditoría? Esta vez fue Santa Fe y, sin soslayar el caso concreto de Tognoli, mañana será otro. No puede haber autogobierno policial y tampoco puede haber sistemas de control improvisados. Se requiere profundizar las experiencias como las llevadas a cabo por Arslanian y continuar con la línea de Garré y agregar todos los sistemas de control y participación ciudadana más las mejores técnicas de control de gestión.
23/10/12 Tiempo Argentino
GB
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