AGUAD Y SUS MIEDOS

El día que Aguad no puso objeciones

El diputado convalidó con su voto la lista de candidatos para los juzgados civiles y comerciales vacantes. Lo prueba el acta de la audiencia de la Comisión de Selección de Magistrados del 5 de julio.

 Por Sebastian Abrevaya

El origen del conflicto que tiene paralizado al Consejo de la Magistratura se remonta al cinco de julio pasado, cuando la Comisión de Selección de Magistrados de ese organismo resolvió, por ocho votos contra uno, elevar al pleno del Consejo la nómina de candidatos para ocupar las vacantes de cinco juzgados del fuero Civil y Comercial, entre ellos el Número 1, que tiene pendiente de resolución la causa interpuesta por el Grupo Clarín para evitar adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hubo al menos dos actores centrales de aquel encuentro y que continúan teniendo un rol clave en la crisis que vive el Consejo. Por un lado, el consejero juez Ricardo Recondo, acusado por digitar la designación irregular de jueces subrogantes, y por el otro el diputado Oscar Aguad, que había votado a favor de la elevación del concurso en la comisión y posteriormente se manifestó en contra de su aprobación en el pleno del cuerpo.

En el acta 8/12 del Consejo figuran detalladamente los acontecimientos de aquel encuentro, en el que el diputado Aguad acompañó la propuesta del oficialismo. Al comenzar a tratar el cuarto punto del orden del día, Aguad pide una nueva postergación del concurso, que ya se había demorado en otras dos oportunidades y que había consumido ya dos años y medio. El oficialismo, atento a las críticas que le venían realizando por la gran cantidad de vacantes en el Poder Judicial y la trascendencia de la causa por la ley de medios, decide avanzar con la terna, compuesta entonces por Silvina Bracamonte, Víctor Trionfetti y Carmen Palacios, y por los candidatos complementarios Marisa Garsco, Marcelo Bota, María Lorena Gagliardi y José Luis Cassinerio.

En ese contexto, Aguad y el representante de los jueces, Mario Fera, solicitan un cambio en la nómina, pero no referida a Gagliardi, objetada posteriormente como vinculada con el oficialismo, sino a los lugares 7, 8 y 9. Se propone en esos puestos a Javier Pico Terrero, Alejandro Maraniello y José Luis Cassinerio. El representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, acepta la propuesta y finalmente se propone que sea tratada en la siguiente reunión del plenario del Consejo. Recondo cuestiona el desplazamiento de Cassinerio al noveno lugar y Fera le replica que se debe al “destacado desarrollo expositivo” que tuvieron Pico Terrero y Maraniello en las entrevistas personales. A la hora de evaluar el puntaje de los jueces, se toman los antecedentes judiciales y académicos, se realiza un examen escrito y uno oral.

Gagliardi, originalmente ubicada en el puesto 16, fue reposicionada en el puesto 8 luego de que se corrigieran errores en la puntuación de sus antecedentes, ya que no se había tenido en cuenta su función como directora del Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe). Finalmente, tras la entrevista personal, se la ascendió al sexto lugar, así como Fera y Aguad propusieron ascender a Pico Terrero y Maraniello. El tema se saldó con la elevación de la terna, acompañada por el voto de Aguad, Fera, Ordiales, Carlos “Cuto” Moreno, Stella Maris Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes y Manuel Urriza contra el de Recondo.


“No es difícil tener antecedentes para ser juez. El problema es saber cuál es la intencionalidad de los jueces que se van a designar. Nosotros creemos que todo el concurso está sospechado”, dijo Aguad tras fracasar las reuniones del plenario del Consejo, producto de abroquelamiento de la oposición. El argumento de los radicales tiene que ver con supuestas manifestaciones de Gagliardi, en las que habría dicho que iba a hacerse cargo del juzgado Número 1, que entiende en la causa del Grupo Clarín. Esas sospechas, según la oposición, fueron ratificadas cuando Gagliardi pidió la recusación de Recondo por su actuación en la designación de jueces subrogantes en el fuero Civil y Comercial, que fueron hechas de manera irregular. Para Gagliardi se trató de un “claro caso de forum shopping” y por eso pidió su exclusión en el tratamiento del concurso 258. De producirse la exclusión de Recondo, todavía en análisis, el oficialismo tendría los votos necesarios para aprobar la nómina.

De todas maneras, para evitar esas sospechas, los representantes del oficialismo en el Consejo propusieron elevar la nómina sin Gagliardi y avanzar así en cubrir las vacantes. Ante esa propuesta, los opositores extendieron las sospechas a todos los candidatos.
En el ínterin, el Juzgado Civil y Comercial Número 1 contó con dos magistrados jubilados que fueron colocados por la Cámara Nacional, a contramano de lo que indicaba la ley de subrogancias aprobada en 2008. El oficialismo logró aprobar en el Senado la lista de conjueces para cubrir esas vacantes. Finalmente el juzgado quedó a cargo de Horacio Alfonso, juez del Juzgago Número 2, pero su situación no está del todo firme. Ordiales le dijo a Página/12 que escucharon con preocupación la declaración de jueces en el Consejo, en la que se mostraron desbordados por la cantidad de expedientes que tiene a cargo. Según el representante del Ejecutivo, debería primar la lista de conjueces, incluso en el caso de los camaristas Martín Farrell y Santiago Kiernan, ambos jubilados y exentos de los controles que les corresponden a los jueces naturales.

En el kirchnerismo aseguran que ese cambio de posición por parte de Aguad no responde al concurso en sí, sino a la necesidad de congraciarse con el Grupo Clarín para renovar su banca de diputado nacional, que termina en 2013 y que le permitiría continuar cuatro años más con los fueros legislativos. Aguad tiene pendiente una causa judicial por administración fraudulenta iniciada cuando fue interventor de la ciudad de Corrientes, en 2001. Siendo interventor obtuvo un crédito por 60 millones de dólares otorgado por el Banco Nación para pagar una deuda con la Obra Social de Corrientes y con el Instituto de Previsión Social. Pero esa deuda fue abonada con bonos CeCaCor y no con el dinero otorgado por el Nación. Como Aguad es diputado nacional desde 2005, los plazos para la prescripción de la causa dejaron de correr desde entonces, quedando todavía dos años más desde que deje de tener fueros para que la causa caduque. Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que rechazó la prescripción y ratificó el procesamiento de Aguad, dejándolo al borde del juicio oral, en cuanto pierda los fueros.

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