La resolución del juez Mahmoud Kamel Al Rashidy sentencia que la Hermandad Musulmana fue parte central de una conspiración global para “derrocar al Estado” en 2011.
Por Ezequiel Kopel
La revolución egipcia está terminada. No culminó la semana pasada con la absolución del exdictador Hosni Mubarak sino hace un año y medio, en junio de 2013, cuando una abrumadora mayoría de sus ciudadanos salió a apoyar el golpe militar que derrocó al presidente electo Mohamed Morsi.
El gobierno de Morsi, primer mandatario ungido en Egipto por el voto popular y representante del partido islámico Hermandad Musulmana, duró sólo un año y estuvo signado por las numerosas críticas que despertaron las leyes que pretendió instalar con el fin de profundizar su poder presidencial, junto a un claro intento de “islamizar”, aún más, el sistema judicial egipcio junto a la sociedad toda. No obstante, las iniciativas de Morsi se intentaron aplicar dentro del régimen de la ley y el sistema parlamentario.
La revolución duró dos años, lapso donde en cualquier calle de El Cairo o en los bulevares de Alexandria se discutía fervientemente, como nunca antes, de política y fue ultimada por las mismas personas que le dieron vida a esa “primavera”: los mismos egipcios.
Abdel Fattah el-Sisi, el jefe militar que derrocó a Morsi y luego fue ratificado por la población como la máxima autoridad del país en las elecciones presidenciales de este año –sufragio en el cual la Hermandad Musulmana estuvo proscripta- afirmó hace diez días que acepta el fin de las acciones legales contra Mubarak y que “ahora Egipto debe mirar hacia el futuro y no volver nunca atrás”. El exdictador estaba acusado de vender gas a Israel en forma espuria y de ordenar a la policía que asesinara a manifestantes durante los primeros días de la revolución de 2011. Nunca fue juzgado por sus violaciones a los derechos humanos, la represión de disidentes políticos, la censura a a la libertad de expresión, la corrupción de su gobierno ni por perpetuarse en el poder durante más de tres décadas, simplemente porque hasta el día de hoy no existen leyes en el Código Penal egipcio que sancionen estas acciones.
Casi 850 personas fueron asesinadas durante las protestas de enero y febrero de 2011 pero los jueces sólo juzgaron 239 casos, por los cuales en 2012 Mubarak recibió una condena a cadena perpetua; aunque el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión debido a un "fallo técnico" en el archivo de la causa y ordenó un nuevo juicio. Ahora, con la sugestiva afirmación del presidente Sisi de que “Egipto debe mirar al futuro”, sumado a un Poder Judicial totalmente subordinado al gobierno, las chances de que Mubarak vuelva a ser condenado son escasas (el fiscal puede apelar el veredicto ante el Tribunal de Casación y, si es revocado, ese mismo Tribunal sería el encargado de encabezar un tercer juicio). Asimismo, vale recordar que Mubarak fue condenado este año a tres años de prisión por desviar fondos públicos para la construcción de mansiones para él y su familia. Sospechosamente, la condena emitida en mayo pasado, terminó ese mismo mes: debido a que el exdictador se encuentra preso desde mayo de 2011, la Justicia egipcia la considera cumplida pues, según la opinión de juristas y militantes de derechos humanos, el Código Penal de Egipto considera el inicio de las penas el mismo día de su detención.
La resolución del juez Mahmoud Kamel Al Rashidy, que consta de 280 páginas, es un claro ejemplo de manipulación sobre los hechos ocurridos tres años atrás. A través del documento queda implícito que el magistrado se mueve más allá de los límites del caso y considera que una conspiración sionista-estadounidense complotó para dividir el país (obviando que esos dos países apoyaron a Mubarak hasta su hora final). Rashidy sostiene que sus “descubrimientos” están basados en los testimonios de “sabios de la Nación” (todos leales a Mubarak) como el fallecido jefe de la Inteligencia Omar Suleiman, el ex jefe del Ejército Hussein Tantawy, el ex primer Ministro de Mubarak Ahmed Nazif y el periodista Ibrahim Eissa (quien, en el primer juicio, acusó a la policía de asesinar activistas pero en el nuevo proceso de 2014 afirmó que Mubarak era un presidente patriótico que de ninguna manera había autorizado el uso de la fuerza contra los manifestantes muertos). También agrega que la "Hermandad Musulmana fue parte central de la conspiración iniciando los actos violentos y ayudando a “grupos terroristas” como el Hamás palestino y elHezbollah libanés a infiltrarse en el país y montar un “plan perfecto” para “derrocar al Estado” el 28 de enero de 2011. De esta manera, para la Corte egipcia, Mubarak fue echado por una inverosímil alianza entre la Hermandad Musulmana, el estado de Israel, el grupo chiíta Hezbollah, el gobierno de los Estados Unidos y el movimiento palestino Hamás.
A su vez, cualquier afirmación en la prensa egipcia que ponga un manto de duda sobre el accionar de su Poder Judicial y la resolución del juez encargado del caso será motivo de encarcelamiento, según las draconianas leyes impuestas por el presidente Sisi para preservar el “respeto” a instituciones como el Ejército, la Policía y la Justicia. En un informe-anuario de la ONG “Reporteros sin fronteras” sobre la libertad de prensa, Egipto ocupó la posición 159 sobre 180 países y destacó que, al menos, una decena de periodistas están detenidos, acusados por el delito de circular “noticias falsas”.
El juez Rashidy concluye la justificación de la sentencia al exdictador con una peculiar oración: "El fallo a favor o en contra, después del final de su vida, es para la historia y para el último juez: Dios". Mientras que Dios aún no se pronunció, la historia ya juzgó y condenó a Hosni Mubarak.
Fotos de Ezequiel Kopel
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