Cuando ser pobre no es delito, pero parece Por Demetrio Iramain

El calvario que padeció una familia boliviana que reside en la Argentina por un grave problema judicial y la puerta que se le abrió a través del Programa ATAJO.

Agosto no fue tan frío como otros, dicen los que tienen gas natural. Qué vivo. En la Villa 21-24 de Barracas, la impresión meteorológica es difícil de contrastar. Llega octubre y la casa no calienta todavía. La injusticia, por su parte, golpea y sigue igual.

Aprieta, arrincona, abrevia la condición humana como el agosto más frío del siglo. La pobreza, la distancia entre el sistema de administración de justicia y la realidad, las manifestaciones de la desigualdad y el trato desparejo que hacen jueces y fiscales, no dan tregua, como el calor que empieza a incomodar hacia fines de noviembre.

Ramona vive en la villa de Barracas desde hace cinco años. Cuatro meses atrás, se acercó hasta la oficina del Programa ATAJO (por Agencia Territorial de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación), sobre la Avenida Iriarte, para plantearle a su equipo de atención jurídica la situación por la que se encontraba atravesando su madre, Viviana. Ese programa, creado hace medio año por la procuradora Alejandra Gils Carbó, atiende en cinco villas de Buenos Aires, cuerpo a cuerpo, las demandas jurídicas y de todo tipo de la población violentada por la pobreza y el destrato institucional.

Según relató Ramona, su madre, al cruzar el puente que une La Quiaca y Villazón, fue detenida por Gendarmería. Era febrero de este año. Entre sus pertenencias no llevaba drogas, ni armas, sino 139 mil pesos, que había obtenido en la Argentina, mediante un préstamo otorgado por el Banco de Jujuy. Ese dinero, cobrado en Jujuy pero llevado al lado boliviano de la frontera para hacer compras, su madre lo traía nuevamente hacia la Argentina, para alcanzárselo a su otra hija, Elvira, para que pueda comprarse una vivienda. Elvira tiene una situación familiar complicada: vive sola con dos niños y no hace mucho decidió denunciar a su ex pareja, tras tantos años de padecer violencia y todo tipo de maltratos.

El frío helaba aún más la casa de Elvira cuando había golpes y gritos de por medio. Desde de que se animó a denunciar a su marido y abandonar la casa, debe mudarse continuamente. Le cuesta instalarse y alquilar un lugar fijo donde vivir. En la habitación que está ocupando actualmente en la villa de Barracas, la dueña no le permite que la visiten. ¿Qué hace una mujer boliviana, con sus largas trenzas y poleras oscuras, que cruza caminando la frontera sur de su país con el extremo norte argentino, con semejante suma de dinero? Si la mujer vistiera como una estudiante de Ciencias Sociales, una becaria sueca, una antropóloga camino de su trabajo de campo, la Gendarmería le habría preguntado por el destino final de su aventura o el objeto de su investigación. Pero no.

Inicialmente, Viviana fue detenida e imputada por lavado de dinero y contrabando y, si bien fue liberada apenas le dejaron demostrar el origen lícito de los fondos, el dinero quedó en poder del Juzgado federal interviniente. La distancia entre la letra fría de la ley, la interpretación que de ella hacen jueces y fiscales federales, y la realidad de Viviana, no distingue entre una eventual infracción aduanera, un contrabando, o una salida posible a su situación de extrema vulnerabilidad social y económica.

Al recibir la inquietud de Ramona –la hija de Viviana–, y con la cédula de notificación en la mano, los responsables del ATAJO de Barracas se pusieron en contacto con el Juzgado Federal de Jujuy, donde les fue suministrada información detallada del estado de la causa, que transmitieron inmediatamente a Ramona.

Según lo expresado en el juzgado, restaba un informe de la AFIP para dar traslado del expediente a la fiscalía y recién entonces ordenar la entrega del dinero.

En octubre las cosas continuaban más o menos iguales. Más más que menos. Tan iguales a la situación insostenible en la cotidianeidad de Elvira. Fue entonces que el equipo ATAJO abrevió el recorrido y se comunicó directamente con el responsable de la agencia de AFIP en Jujuy, quien respondió que el informe había sido presentado en tiempo y forma al juzgado solicitante, y que el mismo había resultado favorable para la imputada, entre otras razones porque la mujer no registraba antecedentes penales, mucho menos de contrabando. A pesar de ese informe, el dinero seguía retenido en un plazo fijo con renovación automática en la sucursal jujeña del Banco Nación.

Un mes después, a principios de noviembre, el juzgado dictó la falta de mérito y corrió vista a la fiscalía para que se expidiera respecto de la devolución del bendito dinero. Para Viviana y Ramona, y Elvira especialmente, el dictamen fue alentador. Creían estar próximos a la solución. Pero otra vez no.

Según expresó en su resolución, el fiscal no se expediría acerca de la devolución de los 139 mil pesos, porque la falta de mérito de Viviana no implicaba su sobreseimiento, ni que la investigación quedara cerrada.

El 26 de noviembre, el equipo del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia presentó un nuevo oficio ante el juzgado en el marco de la causa, dando cuenta de la situación de vulnerabilidad de la madre y de sus hijas. Esta vez sí.

Cuatro días después de elevado el escrito, el 1 de diciembre, el juzgado dictó el sobreseimiento, ordenó la devolución del dinero y encargó al Programa ATAJO la notificación de la resolución a las personas beneficiadas con el resolutorio. Según contó la abogada María Constanza López, coordinadora jurídica del ATAJO Barracas, el reintegro del dinero a su legítimo acreedor, así se haya dictaminado su sobreseimiento, no es frecuente mientras la causa siga abierta y la investigación no haya terminado formalmente.

¿Habrá Ramona podido contarle a Elvira la novedad, lo alentador de la resolución judicial, la solución al alcance de la mano? ¿O la dueña de la casa donde la mujer y sus dos hijitos alquilan una habitación habrá impedido que su hermana la vea y le cuente la buena nueva?

Ahora Viviana, la madre de las dos hermanas, deberá concurrir al juzgado federal de Jujuy, retirar el oficio correspondiente y presentarse en la ventanilla del Banco Nación para recuperar el efectivo. Toda la familia está abocada a encontrar una casa para Elvira y sus hijos. La casa en la que debiera estar viviendo desde febrero de este año, cuando empezó el calvario judicial.

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