Lo aseguró un socio del estudio Latham & Watkins que asesora a inversores con más de 5200 millones de euros en deuda argentina
Con ayuda del Deutsche Bank, un grupo de bonistas reestructurados se encuentra trabajando para realizar un waiver (una resignación) de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers).
Ayer, la agencia Reuters informó que un grupo de bonistas reestructurados de deuda argentina está trabajando para remover la cláusula llamada RUFO, que impide que el emisor (en este caso la Argentina) ofrezca mejores términos a los acreedores que no participaron en sus canjes de deuda (de 2005 y 2010).
Christopher Clark, un socio del estudio Latham & Watkins, que asesora a bonistas con más de 5200 millones de euros en deuda argentina, dijo a IFR (agencia vinculada a Reuters especializada en economía y finanzas) el jueves que están trabajando en una solicitación de consentimiento por la cláusula.
"Estamos avanzando y trabajando con Deutsche Bank para progresar lo más rápido que sea posible en solicitación", dijo Clark, quien agregó que se está negociando un pedido consentido que permita modificar parte del prospecto del bono.
La cláusula RUFO hace extensiva cualquier oferta a los holdouts que tenga mejores condiciones que las de las reestructuraciones de 2005 y 2010. Esto pone una traba a las negociaciones entre la Argentina y los buitres, que tienen una sentencia favorable del juez Thomas Griesa para cobrar U$S 1660 millones. Aceptar un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2014, fecha en la que dicha cláusula vence, permitiría reclamos del resto de los tenedores de bonos, lo cual, como explicitó el ministro de Economía, Axel Kicillof, tendría como efecto demandas por entre U$S 120 mil millones y U$S 500 mil millones.
Los fondos buitre tampoco aceptaron la propuesta argentina de una medida cautelar que permitiera esperar hasta fin de año, para poder llegar a una resolución sin efectos colaterales en el resto de los bonistas. En tanto, Griesa les obedeció y bloqueó los pagos que el país realizó en tiempo y forma, evitando que el dinero llegue a los acreedores, quienes son sus propietarios. En ese contexto, las calificadoras de riesgo calificaron a la República como en estado de default selectivo, junto con todos sus títulos.
A partir de un acuerdo entre Argentina y los holdouts, los bonistas recobrarían la certidumbre sobre la recepción de los fondos correspondientes y se beneficiarían por el aumento en la cotización de los títulos. Por ello, los eurobondholders han pedido reiteradamente a Griesa la posibilidad de que las entidades financieras les revelaran la información de los bonistas del canje para pedirles el denominado "waiver". En la misma línea, Clark confirmó que "estamos avanzando y trabajando con el Deutsche Bank para progresar lo más rápido posible hacia una solicitud".
Sin embargo, tal operación no es tan sencilla. Para renunciar a la RUFO se necesita agrupar a los dueños del 75% de cada una de las series emitidas, o un 66% de cada una si entre todos suman el 85% de la deuda. Según el HSBC, la cifra en cuestión equivale a de U$S 56 mil millones, por lo que las tenencias de Latham & Watkins sólo alcanzaría a cubrir un 10% de los bonos necesarios.
Además, algunas series muy pequeñas de tan sólo U$S 95 millones en total podrían dificultar la resignación de la RUFO si los poseedores de U$S 25 millones deciden no aceptar las consideraciones. Por ello, alcanzar las mayorías especiales necesarias puede tiempo, y el gobierno ha declarado repetidamente que en el marco de la RUFO no habrá una negociación fructífera con los fondos buitre. «
Ayer, la agencia Reuters informó que un grupo de bonistas reestructurados de deuda argentina está trabajando para remover la cláusula llamada RUFO, que impide que el emisor (en este caso la Argentina) ofrezca mejores términos a los acreedores que no participaron en sus canjes de deuda (de 2005 y 2010).
Christopher Clark, un socio del estudio Latham & Watkins, que asesora a bonistas con más de 5200 millones de euros en deuda argentina, dijo a IFR (agencia vinculada a Reuters especializada en economía y finanzas) el jueves que están trabajando en una solicitación de consentimiento por la cláusula.
"Estamos avanzando y trabajando con Deutsche Bank para progresar lo más rápido que sea posible en solicitación", dijo Clark, quien agregó que se está negociando un pedido consentido que permita modificar parte del prospecto del bono.
La cláusula RUFO hace extensiva cualquier oferta a los holdouts que tenga mejores condiciones que las de las reestructuraciones de 2005 y 2010. Esto pone una traba a las negociaciones entre la Argentina y los buitres, que tienen una sentencia favorable del juez Thomas Griesa para cobrar U$S 1660 millones. Aceptar un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2014, fecha en la que dicha cláusula vence, permitiría reclamos del resto de los tenedores de bonos, lo cual, como explicitó el ministro de Economía, Axel Kicillof, tendría como efecto demandas por entre U$S 120 mil millones y U$S 500 mil millones.
Los fondos buitre tampoco aceptaron la propuesta argentina de una medida cautelar que permitiera esperar hasta fin de año, para poder llegar a una resolución sin efectos colaterales en el resto de los bonistas. En tanto, Griesa les obedeció y bloqueó los pagos que el país realizó en tiempo y forma, evitando que el dinero llegue a los acreedores, quienes son sus propietarios. En ese contexto, las calificadoras de riesgo calificaron a la República como en estado de default selectivo, junto con todos sus títulos.
A partir de un acuerdo entre Argentina y los holdouts, los bonistas recobrarían la certidumbre sobre la recepción de los fondos correspondientes y se beneficiarían por el aumento en la cotización de los títulos. Por ello, los eurobondholders han pedido reiteradamente a Griesa la posibilidad de que las entidades financieras les revelaran la información de los bonistas del canje para pedirles el denominado "waiver". En la misma línea, Clark confirmó que "estamos avanzando y trabajando con el Deutsche Bank para progresar lo más rápido posible hacia una solicitud".
Sin embargo, tal operación no es tan sencilla. Para renunciar a la RUFO se necesita agrupar a los dueños del 75% de cada una de las series emitidas, o un 66% de cada una si entre todos suman el 85% de la deuda. Según el HSBC, la cifra en cuestión equivale a de U$S 56 mil millones, por lo que las tenencias de Latham & Watkins sólo alcanzaría a cubrir un 10% de los bonos necesarios.
Además, algunas series muy pequeñas de tan sólo U$S 95 millones en total podrían dificultar la resignación de la RUFO si los poseedores de U$S 25 millones deciden no aceptar las consideraciones. Por ello, alcanzar las mayorías especiales necesarias puede tiempo, y el gobierno ha declarado repetidamente que en el marco de la RUFO no habrá una negociación fructífera con los fondos buitre. «
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