lunes, 26 de septiembre de 2016

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ENFOQUE El desplome

 Por Claudio Scaletta
En el segundo trimestre la economía ingresó en una fuerte recesión. Los números oficiales hablan de una caída interanual del 3,4 por ciento. Cuando esto sucede significa que por detrás del indicador de síntesis, el “-3,4”, existen montones de malas noticias cuyo sólo relato resulta agobiante. Se evitará aquí el trance, pero es inevitable destacar que, a pesar de la contracción de la actividad, los ajustes de precios relativos decididos por la Alianza PRO (devaluación, modificaciones arancelarias y subas tarifarias) provocaron en paralelo un significativo aumento de la inflación.
Los economistas cercanos al gobierno piden paciencia e insisten en las maravillas que llegarán en ese futuro que siempre se aleja. Se trata del mito (neo)clásico del esfuerzo asimétrico para arribar al paraíso. Pero los datos del presente eximen de mayores comentarios. Los números son números. Como podía preverse apenas conocida la naturaleza de la nueva política económica, la economía se desplomó. Y a diferencia de otros momentos históricos, la caída fue inducida por el ajuste.
En la experiencia histórica era al revés, se explicaban los ajustes con la excusa de la contracción de la actividad. Hoy los ideólogos de Cambiemos recurren al ingenio comunicativo e insisten que los padecimientos actuales son pura culpa del pasado. El relato es conocido: la pesada herencia, pero llevada al límite. Cuanto peores son los resultados del presente, aun peor resulta aquel pasado. Tanto es así que a nueve meses de iniciado el nuevo gobierno la prensa corporativa sigue abocada a la narración de los males pretéritos.
En el camino aparecieron también cuestiones más complejas. El descalabro técnico en materia tarifaria no podía atribuirse al gobierno anterior, pero para estos casos los grandes CEO a cargo de las principales áreas del Estado optaron por mostrarse humildes y pedir comprensión. Dijeron que están aprendiendo, aunque sea a costa del erario y los consumidores.
Efectivamente, existía una herencia. En el último gobierno kirchnerista la reaparición de la escasez relativa de divisas introdujo fuertes tensiones, situación que en medio del cambio de tendencia del escenario global a partir de la crisis estadounidense de 2008-2009, provocó, a partir de 2011-2012, un freno en el ciclo largo de crecimiento iniciado en 2003. Restricción externa y economía que avanza más despacio no son precisamente el mejor de los mundos, pero a pesar de ello, salvo momentos puntuales, durante los 12 años largos de la anterior administración los salarios siempre continuaron ajustándose por encima de la inflación, dato que es necesario memorizar.
La economía de fines de 2015 demandaba correcciones. La estructura económica, el aparato productivo, no conoce puntos de llegada y era necesario trabajar para resolver aquello que estaba generando las tensiones: transformar la estructura para volver a correrse de la restricción externa, tener un plan de producción como el diseñado por la Fundación DAR (Daniel Scioli) para decenas de cadenas sectoriales y regionales. Trabajar sobre las industrias deficitarias en divisas y aumentar la producción de energía. Mejorar la situación de endeudamiento para financiar una transición sin dolor, sin sobresaltos, una de las funciones genuinas de tomar deuda. Cuidar las divisas para importar los insumos de los procesos productivos y movilizar los recursos internos para mejorar la infraestructura. Para que esto funcione, la macroeconomía debía mantener una demanda pujante, lo que supone cuidar y mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Se trataba de un conjunto de correcciones para recuperar el crecimiento sostenido. Nada en este camino indicaba que el instrumento para lograrlo era una indispensable poda de los salarios y la consecuente caída de la demanda y la actividad.
La Alianza PRO repitió durante la campaña que nadie perdería nada de lo que ya tenía, pero a poco de asumir sus ideólogos comenzaron a repetir que aquello que la mayoría tenía “era una ficción”. La gente hasta se había “acostumbrado a comer barato”. Había llegado el tiempo de sincerarse, de provocar “un cambio cultural”. No lo dijeron antes de las elecciones, lo dijeron después. Si cumplieron, en cambio, con el núcleo duro de su base electoral. El ganador había sido el hijo de Franco Macri y desde el día cero comenzó a beneficiar a su clase. El objetivo número uno fue mejorar la rentabilidad empresaria por dos vías: La baja de salarios, lo que demando un mix de aumento acelerado del desempleo combinado con paritarias por debajo de la inflación, y cuyo resultado fue la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que ya supera los 10 puntos promedio, y la eliminación de aranceles al agro, a la minería y a commodities industriales a pesar de la fuerte devaluación, una combinación única. En paralelo se sobreactuaron las señales amistosas hacia el poder financiero internacional vía un arreglo apurado y carísimo con los fondos buitre, más la progresiva y también acelerada eliminación de toda restricción para girar divisas al exterior. El objetivo de estas señales de mercado fue conseguir el mix deseado de endeudamiento y lluvia de inversiones internacionales que, supuestamente, disparará alguna vez el crecimiento económico. Endeudarse, se sabe, es mucho más fácil que conseguir inversiones, más si se cuenta con la pesada herencia de un endeudamiento en divisas por debajo de los 20 puntos del PIB. La deuda se disparó y el país ocupó el triste récord de colocación entre los países emergentes, pero gracias a la liberación de restricciones buena parte de los recursos obtenidos financiaron la salida de divisas.
En síntesis: no se produjo nada parecido a la transformación de la estructura productiva para alejar la restricción externa y poder crecer. Tampoco hay señales del prometido boom de infraestructura, apenas un ñoqui VIP, con rango de ministro, que teóricamente preside un presunto Plan Belgrano. La situación externa no sólo no mejoró, sino que empeoró. Ya se prevé que el déficit comercial continuará hasta el final de la actual administración. Mientras tanto la inversión continúa cayendo y los inversores internacionales hicieron saber que todavía no están seguros. No comen vidrio, saben que un modelo que no crece ni crea empleo no es políticamente estable y, por ahora, prefieren observar el desenlace de 2017.
Toda decisión de política económica es una decisión de transferencias entre clases, sectores y regiones. La actual administración ya decidió y los resultados que se observan son los previstos por la teoría económica. La recesión y la caída de poder adquisitivo de las mayorías no son la consecuencia de errores, sino de un plan deliberado. Al igual que los inversores internacionales, las clases hegemónicas locales también observan, todavía sin preocupación, cuál será la sostenibilidad de largo plazo del nuevo modelo.

EL PESO DEL PAGO DE LOS INTERESES RECUPERA PROTAGONISMO EN EL PRESUPUESTO Volver a depender de la deuda

 Por Raúl Dellatorre
Alfonso Prat-Gay presentó el Presupuesto y dijo que no recibe órdenes del FMI. No las necesita.
Imagen: Bernardino Avila.
Después de una década y media, el pago de intereses recuperó protagonismo en los presupuestos nacionales. La previsión del resultado del ejercicio 2016 hecha por el gobierno indica que se destinarán, este año, casi el doble de recursos que los asignados a ese mismo fin en 2015. Y sobre el valor de este año, en el próximo se espera un incremento adicional del 32,3 por ciento, aumento que es casi el doble de lo que el gobierno estima como inflación para 2017. Traducido en cifras: si en 2015 se pagó por intereses aproximadamente 96.600 millones de pesos, en 2016 se alcanzarían los 186.500 millones, un 93 por ciento más que el año anterior; y en 2017, el Presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso prevé pagos por el equivalente a 246.629 millones de pesos. No es magia: es el resultado de la política de endeudamiento que encaró el actual gobierno para cubrir un déficit fiscal creciente que no resolvió ni redujo, ni siquiera parando la inversión en obra pública, despidiendo personal y postergando promesas de reducción de impuestos y retenciones.
La partida de intereses pasará a representar, en 2017, el 11,5 por ciento del total de Gastos Corrientes en el Presupuesto Nacional. Casi al nivel del total de las Remuneraciones de la Administración Nacional (12,3 por ciento de los mismos Gastos Corrientes). La razón para semejante salto en los compromisos de pagos de renta a los acreedores hay que buscarla en la evolución del déficit fiscal y cómo ha decidido encararlo el gobierno de Cambiemos. La estrategia fue terminar de una vez con el conflicto abierto con los fondos buitre de la forma más simple, aceptando las condiciones impuestas por el acreedor; y aprovecharse de la situación de bajísimo índice de endeudamiento que le dejó el gobierno anterior, para salir a buscar financiamiento interno y externo, pagando tasas exorbitantes en ambos casos. Parte de ese endeudamiento del Tesoro Nacional es a corto plazo, con lo cual el pago de sus intereses impacta sobre las cuentas de 2016. Y otra parte es a mediano plazo, acumulando compromisos para los años próximos. Según los analistas, el resultado a la vista no es más que el comienzo de un sendero de permanente expansión de la cuenta de intereses.
En opinión del economista de EPPA Horacio Rovelli, especialista en Presupuesto y administración pública, “el gobierno cierra con importante déficit fiscal este año y el que viene, y debe endeudarse para abonarlos; así crece la deuda y crecen los servicios de la misma, año tras año”. Advierte, además, que “paralelamente, el mismo gobierno estima que el país va a tener todos los años déficit comercial. Las importaciones superan a las exportaciones en 1866 millones de dólares en el año 2017, en 3800 millones en 2018, y en 4929 millones en el año 2019”, lo cual incrementará la necesidad de financiamiento en divisas. Con respecto a los dos primeros gobiernos kirchneristas, Cambiemos transforma los superávit mellizos en déficit mellizos.
Aunque desde un enfoque político diferente al de EPPA, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que preside el economista Rafael Flores, también destaca que “estas estimaciones muestran un cambio sustancial con respecto a los primeros objetivos de reducción del déficit que se había fijado el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, que apuntaban a llegar a un resultado negativo del 3,3 por ciento del PIB para 2017”. La previsión del gobierno es que el año actual cierre con un déficit apenas superior a los 396 mil millones de pesos, equivalentes al 5 por ciento del PBI. El Presupuesto nacional que armó para 2017 arroja un resultado negativo de casi 481 mil millones de pesos, superior en 85 mil millones al de este año pero una décima inferior como proporción del PBI (4,9 por ciento), en el caso de que se cumpla su pronóstico de crecimiento del 3,5 por ciento. Si esa meta no se alcanza, no sólo aumenta en proporción al PBI el déficit financiero, por una simple cuestión matemática, sino que es probable que no se cumplan las expectativas de ingresos por el impacto sobre la recaudación de un crecimiento menor al previsto. La consecuencia, en tal caso, no es distinta a la que vienen produciendo las distintas políticas aplicadas por Cambiemos: necesidad de mayor endeudamiento.
El gobierno actual resolvió poner a los subsidios a la energía y el transporte en el eje de la discusión presupuestaria, explicando que la postergación de los megatarifazos al que se vio obligado, elevó el desequilibrio fiscal. ASAP agrega un argumento más para justificar el déficit: “a diferencia de lo que ocurrió con otros aspectos de la política económica, en la política fiscal el gobierno ha elegido un camino más gradual, que apunte primero a consolidar una recuperación de la actividad económica y no a profundizar la recesión con un fuerte ajuste del gasto público”.
Rovelli, en cambio, en su análisis comparativo de los presupuestos del gobierno anterior y el actual, sostiene que el kirchnerismo mantuvo un presupuesto equilibrado mientras las retenciones a las exportaciones recaudaban más de lo que debía pagar por subsidio a las empresas por el servicio de energía y transporte, pero ya en 2015 “seguir apuntalando la energía y el transporte barato para la población y la producción se hizo a costa de sacrificar el equilibrio presupuestario”. Los subsidios para sostener el modelo de crecimiento basado en el mercado interno, señala, “explican en su totalidad el déficit fiscal en el kirchnerismo”. En cambio, subraya que el actual gobierno “permite aumentos siderales de las tarifas públicas, despide gente (‘la grasa del Estado’, según el ministro) y el déficit fiscal igual es considerable y sólo lo van a financiar con el ‘blanqueo’ y nuevas deudas. Y es peor, porque han parado la obra pública (rutas, viviendas, construcción y refacción de escuelas, hospitales y demás edificios públicos), gastando menos de la mitad de lo que estaba asignado y, en valor nominal, menos de lo que se había gastado a esta altura el año pasado”.
Bajo esa perspectiva, el ingreso de “dólares financieros, vía deuda y blanqueo de capitales, pero en una situación de desequilibrio comercial sistemático y la necesidad de hacer frente al pago de los intereses y del capital de la deuda, señalan el camino que conduce al estrangulamiento del sector externo”. Una historia tristemente conocida.

ECONOMIA › LAS COMPRAS DE DOLARES PARA ATESORAR Y PARA VIAJAR AL EXTERIOR SUMAN 25.728 MILLONES DESDE EL COMIENZO DEL GOBIERNO DE MACRI HASTA FIN DE AGOSTO. Brotes verdes

 Por Alfredo Zaiat
Las cifras que proporciona el anexo estadístico del balance cambiario del Banco Central son muy ilustrativas de los brotes verdes en la economía. En el período enero-agosto, la demanda para atesoramiento de dólares, ahorro en divisas transferido al exterior y turismo a otros países fue de 23.106 millones de dólares. Brote verde es la figura botánica que economistas ofrecen para explicar el inicio de una recuperación del nivel de actividad. El único que hoy muestra la economía de Macri es la compra de dólares pese al esfuerzo de su amplia red de voceros de que sean de la actividad económica. Si se agregan las compras de diciembre a partir del día 10, cuando comenzó la liberalización del mercado cambiario con la nueva administración, la suma trepa a 25.728 millones. Este monto es el principal indicador para evaluar la intensidad de la presión cambiaria en la gestión macrista. Si no fuera por la inmensa red oficial de sugestión colectiva desplegada en estos meses, esta impresionante dolarización de activos sería anotada como una de las corrida cambiarias más impresionante de los últimos años.
Restado los ingresos de dólares contabilizados en esos rubros, el resultado neto sigue siendo igual muy elevado, al sumar 14.599 millones desde el inicio del gobierno de Macri hasta fin de agosto. Es en el período que teóricamente hubo un shock de confianza en el mundo de los negocios. Hasta ahora, más allá de deseos de funcionarios y consultoras de la city macristas, el único brote verde de la economía es la fuga de ahorro en pesos hacia el dólar. Este acelerado proceso de dolarización fue atendido con los billetes obtenidos del vertiginoso endeudamiento externo a nivel nacional, provincial y del sector privado. Otra vez, como en el ciclo económico iniciado en 1976 que estalló en el 2001, la deuda externa esta financiando la fuga de capitales.
Es tal el desequilibrio de las cuentas fiscales provocado por el Ministerio de Finanzas y Deshacienda y la intensidad de la corrida cambiaria que el ritmo de endeudamiento externo no puede detenerse pese a la promesa oficial. El gobierno necesita más dólares para cubrir el déficit fiscal auto infligido, por la eliminación de aranceles de exportación (retenciones) y reducción de impuestos, y la recesión económica que deteriora los ingresos tributarios. También los necesita para atender la demanda creciente de divisas que se fugan y para cubrir la demanda para viajes al exterior. Para no desentonar con la devaluación rápida de la palabra oficial en estos meses, Finanzas anunció que habrá una nueva emisión de deuda en mercados europeos. El secretario Deutsche Bank de Finanzas, Luis Caputo, había asegurado en un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, a principios de mayo, que el país no volvería a tomar deuda del exterior hasta el 2018. Hace pocos días el ministro Alfonso Prat-Gay adelantó que antes de fin de año el gobierno emitirá un bono nominado en euros.

Dolarización

No hay lluvia de inversiones ni shock de confianza en los primeros diez meses de la administración Macri. Los discursos de apoyo y de satisfacción de corporaciones locales y extranjeras por las políticas pro mercado son útiles para encubrir una acelerada dolarización de activos, en niveles iguales o superiores a las peores corridas padecidas por el kirchnerismo, en 2008 y 2011. El elemento diferente es que las actuales autoridades no consideran que la fuga sea un problema, e incluso el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, manifiesta despreocupación por esa dolarización o por el stock de reservas. Afirma que la apertura plena de la cuenta capital (ingreso sin restricciones de capitales especulativos y facilidad de endeudamiento externo) no exige acumular reservas. Asegura además que la reducción de la tasa de inflación desalentará la compra de dólares y fortalecerá las colocaciones en pesos. En caso de alcanzar el objetivo de una desaceleración de precios, en situaciones similares, como en la convertibilidad, no hubo una menor dolarización, por el contrario, se profundizó. La respuesta que ofrece Sturzenegger es que ahora el tipo de cambio es libre, y que su ajuste lo definirá el mercado. Lo que minimiza el titular del Central es que en ese esquema puede avanzar el atraso del tipo de cambio, y en ese caso también aumentará la presión compradora de dólares, y si por el contrario se produce una devaluación habrá un nuevo shock inflacionario, lo que desalentará la inversión en pesos y fortalecerá la opción de acumular dólares.
Esa tendencia a la dolarización de ahorros por una u otra expectativa de los agentes económicos (atraso cambiario o devaluación) se profundizó en julio pasado cuando las compras en bancos y casas de cambio se ubicaron en un piso de 1500 millones. Al mes siguiente las compras brutas de billetes totalizaron 1567 millones concretadas por unos 647.000 clientes. Casi la mitad fue por operaciones de hasta 10.000 dólares. El Central eliminó el monto tope para la adquisición mensual de dólares por cliente. Primero repuso el máximo de 2 millones mensuales, luego lo elevó a 5 millones, para finalmente dejarlo sin límite. De ese total de compradores contabilizados por el Central en agosto pasado, 38.820 personas o empresas (6 por ciento) concretaron operaciones por encima de 5 millones sin justificar cuál sería el destino de esos dólares. A esas transacciones se le agregaron las compras de dólares canalizadas vía transferencias al exterior de libre disponibilidad, que en ese mes totalizaron 776 millones efectuadas por unos 700 clientes, y más de la mitad por sumas superiores a 5 millones.
El Banco Central reafirma en el último reporte del balance cambiario que las nuevas regulaciones establecen que las operaciones se pueden cursar sin la obligación de justificar con documentación cada una de ellas. Además que las compras de dólares dejaron de estar sujetas a un límite de monto y que se eliminaron las restricciones de acceso al mercado vinculadas a operaciones de derivados con contrapartes del exterior. También señala que se simplificaron las normas en materia de pagos de importaciones de bienes y de servicios, rentas, transferencias corrientes y activos no financieros no producidos y que se flexibilizaron las regulaciones en materia de ingreso y cancelación de deudas financieras.

Bicicleta

La amplia desregulación del mercado cambiario está acompañada de una impresionante emisión de títulos de deuda Lebac equivalente a la totalidad de la base monetaria y que terminará devengando intereses por más de 200 mil millones de pesos en el año. Este déficit cuasi fiscal creciente, que tarde o temprano se monetizará, es una presión adicional a futuro sobre la cotización del dólar. Para dilatar ese desenlace de la bicicleta ofrecida en bandeja al sistema financiero, la tasa de interés está siendo mantenida por encima de la inflación proyectada. Pero esa estrategia monetaria y cambiaria ahoga a la actividad productiva, sumergiendo a la economía en un círculo vicioso recesivo.
El millonario costo financiero de las Lebac para desalentar la dolarización de activos, objetivo que apenas lo está logrando, tiene como resultado un acelerado deterioro patrimonial del Banco Central. La entidad monetaria también ha instrumentado una política que ha derivado en una perdida de calidad en la integración de reservas (casi toda es en dólares de deuda externa) y ha dispuesto una desarticulación de la normativa de regulación financiera. Es un combo de medidas que constituye una fuente de inestabilidad inquietante. Se trata de una lógica neoliberal en desuso puesto que las propuestas de organismos internacionales conservadores (FMI, Bank for International Settlements - BIS-) orientan a que las bancas centrales de economías periféricas dispongan de mecanismos macroprudenciales básicos para minimizar los riesgos de crisis: control de capitales especulativos, acumulación de reservas, evitar el descalce de monedas. La gestión de Sturzenegger hace todo lo contrario.
La aceleración de la dolarización está poniendo presión sobre las reservas, que sólo se están alimentando de divisas que ingresan por vía de deuda. En el lapso enero-agosto, la inversión extranjera directa sumó apenas 1642 millones de dólares, pero la remisión de utilidades y dividendos a casas matrices totalizó 1916 millones. El saldo fue negativo en 274 millones. En lugar de una lluvia de inversiones, hasta ahora lo que ha sucedido es un retiro de fondos neto de la economía argentina por parte de empresas internacionales, agentes económicos a los que el gobierno está dirigiendo todo su esfuerzo de convocatoria. Sólo se han registrado ingreso de capitales de carácter especulativos, atraídos por elevadas tasas de interés de las Lebac y para jugar en la plaza bursátil con acciones y bonos. El monto de esos capitales fue de 1291 millones de dólares hasta fin del mes pasado, que por sus características resulta ser muy volátil. Permanecen en el mercado mientras pueden acumular una diferencia especulativa hasta que en un momento deciden abandonarlo para realizar ganancias, lo que deriva en inestabilidad financiera. El último informe de FIDE advierte que “el hecho de que el magro aumento de las reservas internacionales esté constituido por dólares ‘prestados’ se suma al listado de fenómenos que han provocado un aumento de la vulnerabilidad externa”.

Expectativas

El aumento en los despachos de cemento de agosto en 6,6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado fue el dato clave para lanzar la campaña oficial “brotes verde”. Funcionarios, analistas que actúan como voceros oficiosos, periodistas que hasta hace poco se hacían denominar independientes y consultores de la city empezaron a difundir que ese indicador de consumo de cemento es una señal fuerte de la reversión del ciclo recesivo general. Tan entusiasmado estuvieron con las mayores ventas de Loma Negra, Cementos Avellaneda y Holcim (Juan Minetti) que los motivó a sentenciar que ya se produjo el punto de inflexión y se ha iniciado el sendero del crecimiento. En los últimos días medios oficialistas han empezado a dibujar escenarios positivos para los próximos meses cuando no existen indicadores consistentes de salida de la recesión. Es un aporte al optimismo fomentado por el departamento de propaganda y realidad virtual de la Jefatura de Gabinete de Ministros, concentrado en construir expectativas positivas acerca de las perspectivas económicas y en montar escenas publicitarias insólitas, como la un viaje simulado del presidente en un colectivo del conurbano. Sin subestimar la probada capacidad de esa dependencia pública de influenciar sobre un sector de la sociedad para convencerla de la existencia de una mejoría general pese a la caída real de su poder adquisitivo, la información de cada uno de los sectores industriales de agosto muestra resultados negativos sin señales por ahora de un cambio de esa tendencia. Por el momento, en los casi diez meses de gobierno de Mauricio Macri, el único brote verde que se ha consolidado fue la compra de dólares para atesoramiento y compra de pasajes y viajes al exterior.
azaiat@pagina12.com.ar

ECONOMIA › “PICHONES DE ARANGUREN” Respuesta de Energía

Luego de la nota publicada en este medio (“Pichones de Aranguren”) el miércoles14 de septiembre, en la que se hace referencia a supuestas incompatibilidades de diversos funcionarios del Ministerio de Energía y Minería para el ejercicio de su cargo, se estima pertinente hacer las siguientes aclaraciones.
El ingeniero Sebastián Kind, conforme a lo informado el 30 de Junio de 2016 a la Oficina Anticorrupción, se desempeñó como presidente de la firma AIRES RENEWABLES S.A. hasta su renuncia a dicho cargo el día 9 de diciembre de 2015, es decir, con anterioridad a la designación como Subsecretario de Energías Renovables de la Nación. En cuanto a su carácter de accionista de la misma firma, y tal como ha sido informado a la mencionada Oficina Anticorrupción, que el día 23 de diciembre de 2015 formuló una oferta de opción de venta y/o compra de la totalidad de la participación accionaria, la cual fue aceptada en fecha 29 de diciembre de 2015, habiéndose perfeccionado la transferencia el día 20 de abril de 2016, no teniendo ninguna otra participación en la mencionada firma. En relación a la empresa Byknar S.A., de igual modo y en la misma fecha he informado a la OA que se trata de una compañía constituida en el extranjero, que no opera en la Argentina, por lo que no tiene relación alguna con la función pública. De cualquier modo, se informa que no ha habido intervención alguna del ingeniero Kind, en el ejercicio de su cargo, en ninguna cuestión relacionada con las empresas antes mencionada, tal como lo prescribe la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188.
Con relación al ingeniero Alejandro Sruoga corresponde señalar que, previo a la aceptación del cargo de Secretario de Energía Eléctrica, era dueño (en un 99 por ciento) de SyA Consultoría SRL, una empresa de asesoramiento a través de la cual desarrollaba su actividad profesional independiente. La empresa fue constituida en el año 2000 y su capital social era de 12.000 pesos. Al asumir el cargo en la función pública en diciembre de 2015, liquidó anticipadamente la empresa para no interferir con el ejercicio del cargo público. A tal efecto ya se inscribió la liquidación en la Inspección General de Justicia. Cabe también destacar que no ha habido intervención alguna de Sruoga, en el desempeño de su cargo, en ninguna cuestión relacionada con la firma antes mencionada.
Respecto del doctor Santiago Dondo debe señalarse que, contrariamente a lo indicado en la nota periodística, no tiene ninguna acción en ninguna empresa. Ante escribano transfirió su participación en la sociedad civil que conformaba su estudio de abogados, antes de asumir en la función pública. Incluso hizo retirar su nombre de la cartelería y sitio web de la firma. También se desprendió de las acciones que tenía en otras empresas. No es parte ni tiene acciones en ninguna consultora.
En el mismo sentido, con relación al ingeniero Alberto Brusco, corresponde aclarar que, contrariamente a lo indicado en la misma información periodística, no tiene acciones de ninguna empresa. Así consta en su Declaración Jurada presentada en AFIP y en la Oficina Anticorrupción.
Con respecto a la tenencia accionaria de la ingeniera Andrea Heins en la firma de Energy Performance, debe señalarse que dicha empresa no realiza actividades reguladas por el Estado ni es proveedora del Estado ni se postulará para serlo, por lo que no se han presentado situaciones de posible incompatibilidad legal. En cualquier caso, corresponde aclarar que la Ing. Heins, no ha intervenido ni podrá intervenir en ninguna actuación particularmente relacionada con los asuntos con los que hubiera estado vinculada y que pudiera tramitar en la dependencia a su cargo.
Lo mismo debe informarse respecto de los ingenieros Jorge Marcolini y Marcos Pourteau, también mencionados en la nota periodística, quienes han respetado en todo momento el deber de abstenerse de intervenir en cuestiones particularmente relacionadas con la empresa o asuntos con los que hubieran estado vinculados previamente en el sector privado.
En todos los casos, tanto los mencionados arriba como en el caso de los restantes funcionarios del Ministerio, la designación y el desempeño de profesionales provenientes del sector privado en sus respectivos cargos públicos se ha realizado dando cumplimiento tanto a los criterios de idoneidad y capacidad técnica como a los principios de transparencia y probidad.
En este sentido, debe recordase que la normativa de Ética Pública, en particular, el Decreto Nº 862/01, señala en sus fundamentos que “a los efectos de poder contar con los profesionales más prestigiosos y actualizados se hace necesario ampliar las posibilidades de designación de personas que actúen en áreas del sector privado vinculadas directa o indirectamente con las actividades que deban desarrollar desde el sector público.” Es decir que la propia legislación valora favorablemente la posibilidad de que el Estado absorba profesionales considerados idóneos, provenientes del sector privado.
Sin embargo, es importante tener presente que la circunstancia de provenir del sector privado implica el deber de abstenerse de actuar en cuestiones particularmente relacionadas con la empresa o asuntos con los que el funcionario estuvo vinculado (Ley 25.188, art. 15), y esa restricción se ha respetado y deberá seguir respetándose en todo momento por los funcionarios de este Ministerio.
Ministerio de Energía y Minería de la Nación
* La nota a la que hace referencia la carta a este diario enviada por el Ministerio de Energía se titula “Señal para el público, negocios para privados” y hace referencia a la venta de las acciones del ministro Juan José Aranguren de la compañía Royal Dutch Shell, informada por el propio ministerio. Se señala en dicha nota la forma en que el presidente Mauricio Macri presentó el hecho intentando quitarle relevancia, a la relación que existe entre otros funcionarios del área con empresas que podrían estar bajo su órbita de control. Lo relatado por la nota que ahora envía el Ministerio agrega precisiones sobre dichas relaciones, en cuanto a las fechas en que los mismos dejaron de pertenecer o se desprendieron de sus tenencias en las mismas, pero no invalida lo que intenta expresar la nota en cuanto al criterio que mantiene el gobierno nacional en esta cuestión.

Raúl Dellatorre

COMO ANTICIPO PAGINA/12, FLEXIBILIZARON EL CONTROL DE DISTRIBUCION DE LOS MEDICAMENTOS Luz verde a una desregulación peligrosa

Por Fernando Krakowiak
El gobierno flexibilizó el Sistema Nacional de Trazabilidad implementado para monitorear la distribución de remedios y evitar ventas en negro, adulteración de productos y fraude al Estado con la presentación de troqueles falsos destinados a cobrar subsidios. Tal como anticipó Página/12 el 30 de julio, los grandes laboratorios venían presionando desde la asunción de Mauricio Macri para reducir el número de productos a los que se les hace ese seguimiento y así bajar sus costos. Con la nueva resolución publicada el viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) quitó del sistema de monitoreo 93 principios activos clave correspondientes a remedios con un gran volumen de ventas y para intentar disimular esta polémica decisión, difícil de justificar ante la opinión pública, sumó otros 49 principios, aunque en este último caso corresponden a medicamentos de baja demanda.
En el mercado se venden unas 70 millones de unidades de medicamentos por mes. Desde 2011, el sistema de trazabilidad fue implementándose gradualmente hasta abarcar a unas 7,5 millones de unidades. Con esta nueva medida, unos 3,8 millones de unidades dejarán de tener ese seguimiento. Esto sucede porque entre los 93 principios activos que se retiraron del listado figuran once psicotrópicos de gran demanda que habían sido incorporados al sistema en enero de 2013. Por ejemplo, Anmat decidió ahora dejar de monitorear los principios activos de los medicamentos Alplax (Alprazolam), Lexotanil (Bromazepan), Rivotril (Clonazepan) y Rohypnol (Flunizepan). Ese tipo de productos representan una parte significativa de la facturación de los laboratorios y al mismo tiempo constituyen un universo sensible porque algunos consumidores los suelen mezclar con alcohol para drogarse.
En reemplazo de estos medicamentos incorporaron otros que en algunos casos no los conocen ni los farmacéuticos por su escasísima demanda. Por ejemplo, los principios activos del relajante muscular Atracurio Gray (Belisato de Atracurio), el antiviral Tivicay (Dolutegravir), el antihipertensivo Opsumit (Macitentan) y el antineoplásico Ibrance (Palbociclib).
El sistema de trazabilidad permite conocer el origen, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de toda la cadena de distribución, incluyendo laboratorios, distribuidoras, operadores logísticos, droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales. El seguimiento se realiza a partir de la colocación de un código único por producto que es auditado por la Anmat. El envase puede tener un dispositivo electrónico, un código de barras o un código datamatrix, pues cualquiera de ellos cumple con la condición de que no pueden ser quitados sin dejar una marca evidente.
Este sistema de control tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los pacientes al evitar la comercialización de remedios adulterados o falsificados, pero además sirve para evitar ventas en negro y la estafa al Estado con la presentación de troqueles truchos, la porción del envase del remedio que se recorta para luego ingresar al mecanismo de reintegro de las obras sociales. El troquel es fácilmente falsificable porque, si bien funciona como un cheque al portador, no incluye ninguna medida de seguridad.
La causa conocida como “la mafia de los medicamentos” es uno de los antecedentes más resonantes que llevó a implementar el sistema de trazabilidad para reemplazar los troqueles. En 2010 la Justicia comprobó el fraude al Estado a través del cobro de subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE), con la presentación de troqueles falsos por tratamientos complejos que nunca se realizaron y medicación que nunca se suministró a los pacientes. Por esta causa fueron procesados y presos como integrantes de una asociación ilícita el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, y el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo. Además, en febrero de 2011, el entonces juez federal Norberto Oyarbide procesó a Juan Rinaldi, ex titular de la Superintendencia de Seguridad de la Salud y del APE, responsable de los reintegros a las obras sociales.
La primera etapa en la implementación del sistema de trazabilidad comenzó en mayo de 2011 e incluyó una serie de productos de alto costo, como oncológicos, HIV y hemoderivados. La implementación de esa disposición se completó en su totalidad. En marzo del año siguiente, Anmat amplió la lista incorporando principios activos de remedios que podían ir de 200 a 100.000 pesos. “De los 350 productos farmacéuticos que se expenden bajo receta incluidos en la primera etapa del Sistema de Trazabilidad, que comenzó a implementarse el año pasado, ahora pasarán a controlarse unos 2300 medicamentos. Esto abarcará psicofármacos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos y antiparkinsonianos, entre otros productos”, aseguró entonces el interventor de la ANMAT, Carlos Chiale. En el sector estiman que la trazabilidad se aplicó a cerca del 75 por ciento de los productos de ese segundo listado.
En enero de 2013 hubo una nueva ampliación que sumó una serie de psicotrópicos aunque su cumplimiento siempre fue relativamente escaso, en torno al 15 por ciento del listado, por la resistencia del Mercado. A su vez, en enero de 2015 Anmat concretó una última ampliación del listado al sumar principios activos de alto costo, con un cumplimiento cercano al 85 por ciento.
El objetivo final era reemplazar por completo el sistema de troqueles durante este año, pero los laboratorios han venido demorando su cumplimiento y presionaron para flexibilizar el sistema circunscribiéndolo sólo a los medicamentos más costosos, como era al inicio. Así se lo manifestaron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) al ministro de Salud, Jorge Lemus, y a Carlos Chiale. A partir de ese lobby se llegó a la disposición 10.564 publicada el viernes en el Boletín Oficial que incorporó 49 principios activos en un listado que figura como Anexo I y sustituyó los anexos de las disposiciones de Anmat de 2012, 2013 y 2015, que en conjunto incluían 391 principios activos, por un nuevo listado de 298 principios activos que se incluyó como Anexo II. Al comparar ese Anexo II con las disposiciones de los años anteriores se puede comprobar cuáles son los 93 principios activos que ahora fueron dejados al margen, entre los cuales figuran los psicotrópicos.
El argumento de los principales laboratorios, que también controlan distribuidoras y droguerías, es que la trazabilidad encarece sus costos por la logística que conlleva. Desde el gobierno, les hicieron saber a los empresarios desde un inicio que era muy complicado políticamente dar marcha atrás con el sistema porque no habría manera de justificarlo. Por lo tanto, inicialmente les ofertaron flexibilizar los plazos de cumplimiento de las distintas disposiciones vigentes al menos hasta 2017. A los laboratorios, esa propuesta les pareció insuficiente y exigieron que Anmat publicase una nueva disposición reduciendo la cantidad de principios activos que deben ser monitoreados a través del sistema de trazabilidad. A cambio, ofrecieron desacelerar la suba de precios de los medicamentos e incluso condonar parte de las deudas que el PAMI tiene con ellos, aunque este último punto todavía no está cerrado.
La novedad se conoció al mismo tiempo que los laboratorios nacionales, principales impulsores de la flexibilización del régimen de trazabilidad, informaron que irán a la Justicia para frenar la aplicación de otra resolución, publicada el 12 de septiembre, que supuestamente flexibiliza el otorgamiento de patentes para la venta de medicamentos en el mercado local y traslada esa responsabilidad a organismos de terceros países. Fuentes del sector relativizaron a Página/12 que eso fuese a ocurrir, pues dicen que el Ministerio de Producción seguirá siendo el encargado de emitir las patentes, e incluso arriesgaron que esa queja podría ser parte de un fuego de artificio destinado a hacer pasar como desapercibida la decisión publicada el viernes en el Boletín Oficial referida a la trazabilidad.
El principal problema de la flexibilización del sistema de trazabilidad es que supone la posibilidad de que continúen los fraudes contra el Estado que protagonizan las empresas del sector y las obras sociales, con complicidad estatal, y que en muchos casos afectó a los pacientes de manera directa porque la reducción de los controles facilita la adulteración de remedios.

LOS HOGARES DE CONTENCION PRESENTARAN DOS AMPAROS POR LOS TARIFAZOS Chicos con riesgo aumentado

Por Nicolás Romero
Los tarifazos pegaron en la línea de flotación de muchas organizaciones sociales, también en la de los hogares que brindan atención a alrededor de 600 chicos en situación de vulnerabilidad social en la Ciudad de Buenos Aires. Las entidades afectadas reclaman la aplicación de la ley 27.218, que les permite tener tarifas para entidades de bien público. Piden además que dejen de ser tratadas como entidades comerciales y empiecen a ser consideradas como lo que son: hogares sin fines de lucro para la contención de niñas, niños y adolescentes. Veinte de esas asociaciones armaron Hogares En Red, cuya sede funciona en el hogar Mensajeros de la Paz, para dar visibilidad a sus reclamos y difundir las tareas que llevan adelante. Entre las medidas adoptadas por la Red estará la presentación en los próximos días de dos amparos por el aumento de las tarifas.
A estos hogares y a los cuatro que administra el gobierno porteño llegan desde bebés a jóvenes de hasta 18 años, derivados desde las defensorías comunales del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Todos ellos, arrastrando historias de abandono, de violencia familiar, de abuso sexual; pero siempre con la necesidad de amparo: porque no pueden permanecer con sus familias o porque se quedaron sin familiares. La permanencia es por períodos cortos o a veces más largos y siempre después de una medida dictada por la Defensoría, tras evaluar cuál de estos lugares es el conveniente para cada caso.
Después del aumento de los servicios, hogares que pagaban 1500 pesos de agua pasaron a abonar más de 15.000. Lo mismo ocurrió con el gas –de casi mil pesos a más de 13.000– y otro tanto sucedió con la electricidad. A esto se sumó que las entidades debieron sostener equipos de profesionales, alquileres de casas y aumentos de insumos con altas tasas de inflación y sin la suficiente contrapartida presupuestaria del Gobierno de la Ciudad, porque hay aumentos en los giros pero menores a la inflación o los incrementos gremiales.
En diálogo con Página/12, varios integrantes de la Red contaron la situación por la que atraviesa el sector.
Norberto Kohen, del hogar la Casona de los Barriletes, de Liniers, explicó la presentación de los dos amparos: “Uno es por la falta de aplicación de la ley nacional 27.218, aprobada en noviembre de 2015, que implementa el régimen tarifario específico para las organizaciones sin fines de lucro y en la cual estamos encuadrados los hogares, y el otro contra el tarifazo, con el Defensor del Pueblo, que nos va a incluir de la misma forma en que se incluyó a los clubes de barrio”.
Darío Pompilio, del hogar Mensajeros de la Paz, acotó que “por ley (en alusión a la 2.881, que rige a los hogar de niñas, niños, y adolescentes) el máximo de chicos por institución es de 25 y al mismo tiempo nos exige como mínimo un plantel de entre 13 y 20 trabajadores, según el tipo de hogar. La beca que transfiere la ciudad por cada chico no alcanza con los costos inflacionarios y los tarifazos que aplicaron. Hoy, las becas solo cubren el 50 por ciento de los costos de los hogares. Si no hubiera una organización detrás, sin un trabajo comunitario que nos acompañe, tendríamos que cerrar”.
“Por estas razones vamos a presentar los amparos, ya que si bien estamos atentos a lo que se decida tras la audiencia pública por las tarifas, nosotros queremos que se resuelva la cuestión de fondo, y es que nos apliquen lo que nos corresponde por ley como entidades sin fines de lucro, que equivale a la tarifa familiar más baja”.
Patricia Pérez, de la Asociación Civil Soles en el Camino, contó que se hicieron presentaciones individuales en los entes reguladores y en las empresas, pero “como la ley no está reglamentada la desconocen y las prestadoras nos dicen que no nos pueden incluir en ese régimen tarifario. Por eso también vamos a hacer la presentación con el Defensor del Pueblo, como los clubes de barrios”.
A fines del año pasado, veinte organizaciones armaron la Red de Hogares, que se reúne mensualmente en su sede, para hacer visibles sus problemas, pero también para tener una voz propia, ya que, según sus integrantes, “quienes hablan de los hogares no trabajan actualmente en ellos”.
Entre las tareas que están llevando adelante en busca de esa voz propia es la de intentar homogeneizar ideas, dado que el universo de los hogares actuales proviene de experiencias distintas: algunos desde la filantropía, otros desde diferentes credos religiosos, otros desde profesionales con compromiso con los niños y otros desde la militancia social.
Kohen apunta que “necesitamos difundir lo que hacemos porque estamos orgullosos del trabajo que realizamos, tenemos muy buenas experiencias de reinserción, muchos chicos, después de egresados, vuelven a los hogares a contarnos sus logros o mostrarnos a sus hijos... Si bien sabemos que los hogares no son una solución eterna y estamos comprometidos a discutir alternativas, el tema es qué hacemos con los pibes hoy”.

LUEGO DE LOS FALLOS DE LA CORTE Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS AMPAROS SE ENFRENTAN A FACTURAS IMPAGABLES Pymes contra las cuerdas por los tarifazos

Por Javier Lewkowicz
Luego de los fallos de la Corte Suprema y de la celebración de la audiencia pública del gas, las pymes vuelven a enfrentarse al impacto del tarifazo, que es demoledor y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Mientras el Gobierno está definiendo todavía la situación del gas, las boletas de luz volvieron a llegar con los nuevos precios. Página/12 muestra varios casos y detalla el de Cueroflex, una empresa recuperada de San Martín que pasó de pagar entre 50 a 60 mil pesos a 350 mil pesos pesos mensuales. Los integrantes de la cooperativa calculan que próximamente entre los tres servicios tendrán que enfrentar el equivalente a la masa salarial correspondiente a 80 trabajadores, en un contexto donde las ventas siguen un 20 o 30 por ciento por debajo de los valores del año pasado. “Es un abismo. El Gobierno tiene que presentar alguna alternativa”, plantean. Para peor, la cooperativa, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Energía, no abonó la boleta de luz de junio, que ahora Edenor les reclama con una multa de 80 mil pesos. Por lo que el último mes les llegaron 813 mil pesos. El caso es representativo de la situación de miles de pequeñas empresas.
El tarifazo dominó un tiempo la agenda mediática. Sobresalieron las noticias de los fallos judiciales, el supuesto equilibrio político de la Corte Suprema en su relación con el Gobierno, los errores del ministro de Energía, Juan José Aranguren y las quejas de las entidades de consumidores de cara a la audiencia pública. A los usuarios residenciales del gas, el Gobierno ofreció una relativa moderación del aumento, en donde también incluyó a último momento a los no residenciales. El efecto de esa decisión oficial es incierto porque todavía no se emitieron las nuevas boletas del gas. En el caso de la luz, los amparos en la Justicia permitieron apenas prorrogar en cierta medida el pago de las boletas, pero el nuevo cuadro tarifario sigue plenamente vigente y salvo casos aislados, las empresas volvieron a aplicarlo luego del fallo de la Corte. Luego del ruido mediático, los puestos de trabajo vuelven a ponerse en riesgo por el tarifazo.
La empresa Cueroflex está ubicada en San Martín y fue recuperada por sus trabajadores hace cuatro años. Emplea a 80 personas que trabajan con cuero reciclado. La factura de Edenor del período que va de principios de enero a principios de febrero, el de mayor producción para la firma, fue de 46.700 mil pesos. De principios de febrero a principios de marzo subió a 178 mil pesos; de principios de marzo a principios de abril, a 267 mil pesos; de principios de abril a principios de mayo, a 365 mil pesos y de principios de mayo a principios de junio quedó en 214 mil pesos. La siguiente boleta les llegó con vencimiento el 30 de junio, anticipado según el cronograma que venían registrando. El importe fue de 382 mil pesos. Esa boleta coincidió con el fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien dio lugar a un pedido de amparo por parte del intendente de San Martín Gabriel Katopodis. La magistrada ya había hecho lugar a un recurso similar para La Matanza, a partir de la presentación de la intendenta Verónica Magario.
Los trabajadores de Cueroflex averiguaron en el Ministerio de Energía y les sugirieron no pagar esa última boleta. Fue el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron, quien les anticipó en ese momento que el Ministerio de Desarrollo Social iba a lanzar un subsidio para las cooperativas, con lo cual no era conveniente abonar la última boleta. Luego las facturas les llegaron a un precio menor por la aplicación de los amparos, fue de 108 mil pesos con vencimiento el 8 de agosto y 83 mil pesos el 1º de septiembre. Esas boletas fueron abonadas. Luego del fallo de la Corte Suprema en contra de una medida cautelar que a nivel nacional había frenado el aumento en la luz, la empresa recibió la nueva facturación. Fueron 354 mil pesos correspondientes a septiembre que se sumaron a otros 459 mil pesos de la boleta adeudada de junio. A pesar de la directiva del Ministerio de Energía para que la empresa no pague la boleta, Edenor en la actualidad reclama por la factura de junio el importe completo más una multa de casi 80 mil pesos. Su deuda total con Edenor asciende a 813 mil pesos. “El Gobierno nos decía claramente que no pagáramos la boleta de junio porque iba a haber cambios luego de las movilizaciones y los reclamos del movimiento cooperativo. Ahora tenemos que enfrentar esta situación y nadie nos atiende. La deuda es impagable y van a seguir llegando facturas que no podemos afrontar”, explicó Reisch a este diario.
Cueroflex es un botón de muestra de la realidad de miles de pymes que enfrentan el nuevo cuadro tarifario. Esta situación mantiene en vilo a trabajadores y empresarios, que más temprano que tarde buscarán alguna respuesta de parte del Gobierno nacional. El tema no es sólo la multiplicación de los costos de los servicios públicos sino también el contexto de caída de las ventas en el que se produce el sacudón.
Página/12 accedió a otros casos ilustrativos del sector de empresas recuperadas. El restaurant y pizzería La Casona, ubicado en Corrientes y Maipú, pasó de 8 mil a 40 mil pesos de electricidad y de 1500 a 12 mil pesos de gas. La cooperativa del Hotel Bauen sufrió un aumento de la luz de 24 mil pesos a 100 mil pesos, de 65 mil a 218 mil en agua y de 15 mil a 40 mil pesos en gas. La fábrica de empanadas y tartas La Litoraleña pasaron de 12 mil a 50 mil mensuales de luz y de 1000 a 8000 de agua. El cuestionamiento de las pymes no pasa por aumento sí o no sino por la violencia del incremento y el contexto en el cual se aplicó.
“No podemos pagar las boletas. Son unos 360 mil pesos de luz y nos vendrán 250 mil pesos de gas. Es prácticamente la plata que destinamos al pago de los salarios, una locura. Las ventas se cayeron un 30 por ciento mientras están entrando zapatos de Brasil, es un momento muy difícil”, dijo a este diario Jorge Reisch, de la cooperativa Cueroflex. Cuando en su momento la empresa planteó su situación en el Ministerio de Energía, Chambouleyron, les sugirió “trasladar al precio el aumento del costo”. “Si hacemos eso, ¿a quién le vamos a vender con la recesión que hay?”, se pregunta Reisch. No quedó nada de las promesas oficiales de acceder a un subsidio por tratarse de una pyme recuperada.
Por otro lado, Cueroflex mantendrá una audiencia con Edenor en Defensa del Consumidor porque considera que el amparo de la jueza Forns para el distrito está vigente hasta octubre. En ese caso, todavía no correspondería aplicar el nuevo cuadro tarifario. “Hay muchas empresas en esta situación. Miles de casos de disputas de este tipo con las empresas en donde por lo general se termina pagando la boleta. El caso de Cueroflex es distinto porque está en juego la continuidad de la empresa”, explica Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Edenor respondió a este diario que “después del fallo de la Corte la situación se despejó para todos los distritos salvo para La Matanza y Pilar, que tienen amparos vigentes. Es decir que con esas excepciones la empresa ya está aplicando el nuevo cuadro tarifario”.