Por Javier Lewkowicz
Luego de los fallos de la Corte Suprema y de la celebración de la audiencia pública del gas, las pymes vuelven a enfrentarse al impacto del tarifazo, que es demoledor y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Mientras el Gobierno está definiendo todavía la situación del gas, las boletas de luz volvieron a llegar con los nuevos precios. Página/12 muestra varios casos y detalla el de Cueroflex, una empresa recuperada de San Martín que pasó de pagar entre 50 a 60 mil pesos a 350 mil pesos pesos mensuales. Los integrantes de la cooperativa calculan que próximamente entre los tres servicios tendrán que enfrentar el equivalente a la masa salarial correspondiente a 80 trabajadores, en un contexto donde las ventas siguen un 20 o 30 por ciento por debajo de los valores del año pasado. “Es un abismo. El Gobierno tiene que presentar alguna alternativa”, plantean. Para peor, la cooperativa, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Energía, no abonó la boleta de luz de junio, que ahora Edenor les reclama con una multa de 80 mil pesos. Por lo que el último mes les llegaron 813 mil pesos. El caso es representativo de la situación de miles de pequeñas empresas.
El tarifazo dominó un tiempo la agenda mediática. Sobresalieron las noticias de los fallos judiciales, el supuesto equilibrio político de la Corte Suprema en su relación con el Gobierno, los errores del ministro de Energía, Juan José Aranguren y las quejas de las entidades de consumidores de cara a la audiencia pública. A los usuarios residenciales del gas, el Gobierno ofreció una relativa moderación del aumento, en donde también incluyó a último momento a los no residenciales. El efecto de esa decisión oficial es incierto porque todavía no se emitieron las nuevas boletas del gas. En el caso de la luz, los amparos en la Justicia permitieron apenas prorrogar en cierta medida el pago de las boletas, pero el nuevo cuadro tarifario sigue plenamente vigente y salvo casos aislados, las empresas volvieron a aplicarlo luego del fallo de la Corte. Luego del ruido mediático, los puestos de trabajo vuelven a ponerse en riesgo por el tarifazo.
La empresa Cueroflex está ubicada en San Martín y fue recuperada por sus trabajadores hace cuatro años. Emplea a 80 personas que trabajan con cuero reciclado. La factura de Edenor del período que va de principios de enero a principios de febrero, el de mayor producción para la firma, fue de 46.700 mil pesos. De principios de febrero a principios de marzo subió a 178 mil pesos; de principios de marzo a principios de abril, a 267 mil pesos; de principios de abril a principios de mayo, a 365 mil pesos y de principios de mayo a principios de junio quedó en 214 mil pesos. La siguiente boleta les llegó con vencimiento el 30 de junio, anticipado según el cronograma que venían registrando. El importe fue de 382 mil pesos. Esa boleta coincidió con el fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien dio lugar a un pedido de amparo por parte del intendente de San Martín Gabriel Katopodis. La magistrada ya había hecho lugar a un recurso similar para La Matanza, a partir de la presentación de la intendenta Verónica Magario.
Los trabajadores de Cueroflex averiguaron en el Ministerio de Energía y les sugirieron no pagar esa última boleta. Fue el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron, quien les anticipó en ese momento que el Ministerio de Desarrollo Social iba a lanzar un subsidio para las cooperativas, con lo cual no era conveniente abonar la última boleta. Luego las facturas les llegaron a un precio menor por la aplicación de los amparos, fue de 108 mil pesos con vencimiento el 8 de agosto y 83 mil pesos el 1º de septiembre. Esas boletas fueron abonadas. Luego del fallo de la Corte Suprema en contra de una medida cautelar que a nivel nacional había frenado el aumento en la luz, la empresa recibió la nueva facturación. Fueron 354 mil pesos correspondientes a septiembre que se sumaron a otros 459 mil pesos de la boleta adeudada de junio. A pesar de la directiva del Ministerio de Energía para que la empresa no pague la boleta, Edenor en la actualidad reclama por la factura de junio el importe completo más una multa de casi 80 mil pesos. Su deuda total con Edenor asciende a 813 mil pesos. “El Gobierno nos decía claramente que no pagáramos la boleta de junio porque iba a haber cambios luego de las movilizaciones y los reclamos del movimiento cooperativo. Ahora tenemos que enfrentar esta situación y nadie nos atiende. La deuda es impagable y van a seguir llegando facturas que no podemos afrontar”, explicó Reisch a este diario.
Cueroflex es un botón de muestra de la realidad de miles de pymes que enfrentan el nuevo cuadro tarifario. Esta situación mantiene en vilo a trabajadores y empresarios, que más temprano que tarde buscarán alguna respuesta de parte del Gobierno nacional. El tema no es sólo la multiplicación de los costos de los servicios públicos sino también el contexto de caída de las ventas en el que se produce el sacudón.
Página/12 accedió a otros casos ilustrativos del sector de empresas recuperadas. El restaurant y pizzería La Casona, ubicado en Corrientes y Maipú, pasó de 8 mil a 40 mil pesos de electricidad y de 1500 a 12 mil pesos de gas. La cooperativa del Hotel Bauen sufrió un aumento de la luz de 24 mil pesos a 100 mil pesos, de 65 mil a 218 mil en agua y de 15 mil a 40 mil pesos en gas. La fábrica de empanadas y tartas La Litoraleña pasaron de 12 mil a 50 mil mensuales de luz y de 1000 a 8000 de agua. El cuestionamiento de las pymes no pasa por aumento sí o no sino por la violencia del incremento y el contexto en el cual se aplicó.
“No podemos pagar las boletas. Son unos 360 mil pesos de luz y nos vendrán 250 mil pesos de gas. Es prácticamente la plata que destinamos al pago de los salarios, una locura. Las ventas se cayeron un 30 por ciento mientras están entrando zapatos de Brasil, es un momento muy difícil”, dijo a este diario Jorge Reisch, de la cooperativa Cueroflex. Cuando en su momento la empresa planteó su situación en el Ministerio de Energía, Chambouleyron, les sugirió “trasladar al precio el aumento del costo”. “Si hacemos eso, ¿a quién le vamos a vender con la recesión que hay?”, se pregunta Reisch. No quedó nada de las promesas oficiales de acceder a un subsidio por tratarse de una pyme recuperada.
Por otro lado, Cueroflex mantendrá una audiencia con Edenor en Defensa del Consumidor porque considera que el amparo de la jueza Forns para el distrito está vigente hasta octubre. En ese caso, todavía no correspondería aplicar el nuevo cuadro tarifario. “Hay muchas empresas en esta situación. Miles de casos de disputas de este tipo con las empresas en donde por lo general se termina pagando la boleta. El caso de Cueroflex es distinto porque está en juego la continuidad de la empresa”, explica Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Edenor respondió a este diario que “después del fallo de la Corte la situación se despejó para todos los distritos salvo para La Matanza y Pilar, que tienen amparos vigentes. Es decir que con esas excepciones la empresa ya está aplicando el nuevo cuadro tarifario”.
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