De Alemania, llegan nuevas pruebas sobre la masacre de Napalpí Por Gerardo Aranguren

Se trata de fotos y cartas descubiertas a 91 años de la brutal represión en la que murieron más de 400 personas de los pueblos tobas y mocovíes. Los documentos, que fueron interpretados por una antropóloga del CONICET, permiten reconstruir el contexto de la matanza.

Fotos y cartas guardadas en Alemania desde principios del siglo pasado aportan nuevas pruebas sobre la mayor masacre indígena del país: la matanza de Napalpí, en Chaco, en 1924. Los documentos fueron descubiertos a más de 91 años de la brutal represión desatada por un centenar de policías y civiles que asesinó a más de 400 personas de los pueblos tobas y mocovíes para disciplinar un reclamo por mejores salarios y derechos laborales.

Hace poco más de un año, la masacre comenzó a ser investigada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia con la expectativa de llegar a un juicio por la verdad, ya que los posibles responsables materiales y políticos del hecho ya han muerto.

A partir de documentación inédita que vio la luz pública después de casi un siglo, la antropóloga argentina Lena Dávila, becaria doctoral de CONICET, comprobó que la represión continuó durante varios meses después de la matanza y que tuvo como blanco a quienes había logrado escapar a la balacera del 19 de julio. Los sobrevivientes de la masacre fueron perseguidos con la intención de aniquilar a los posibles testigos y así garantizarse impunidad.

A pesar de la distancia con los hechos, esta documentación permite entender el contexto en el que se cometieron esos delitos, los intentos de encubrimiento de las autoridades provinciales y policiales, así como el rol de la prensa.

La investigadora se encontró con estas pruebas durante sus trabajos en el Instituto Ibero-Americano de Berlín sobre el antropólogo alemán Robert Lehmann-Nitsche (1872-1938), quien residió en el país por casi 30 años. En junio de 1924, el científico alemán había viajado a la Reducción de Napalpí como parte de una investigación, sin embargo siempre negó públicamente haber presenciado la masacre. A partir de fotos y cartas entre Lehmann-Nitsche y su colega argentino Enrique Lynch Arribálzaga, Dávila pudo demostrar que no sólo fue testigo de esos hechos sino que además eligió callar por miedo a las represalias contra él y Lynch Arribálzaga, quien había sido director de la reserva indígena y permanecía en Chaco.

“Me había preguntado por su silencio en Napalpí. Él había hablado a favor de las reservas y los pueblos indígenas, pero cuando tuvo una verdadera oportunidad para defenderlos no lo hizo. Para muchos de los que veníamos tratando el tema, era obvio que había visto lo que había sucedido en la reserva”, comentó Dávila.
El primer hallazgo fue de dos fotografías de Lehmann-Nitsche, una en la reducción y otra frente al avión utilizado para reconocer el campamento indígena antes del ataque. En la foto también figuran militares y civiles que participaron de la matanza. En sí, esas dos imágenes son suficientes para demostrar que el antropólogo estuvo en Napalpí en esos días en la reducción pero además, la antropóloga encontró correspondencia del argentino Lynch Arribálzaga con el alemán en la que se daba a entender su conocimiento de los hechos, así como el temor a que fueran perseguidos por la policía chaqueña y el entonces gobernador de la provincia, Fernando Centeno, quien había ordenado el ataque.

“Ya había visto Ud. la forma franca y sensacional como han sido revelados al Congreso los sucesos de Napalpí de que fue Ud. testigo”, le dice Lynch Arribálzaga en relación a la investigación que había iniciado el diputado nacional socialista Francisco Pérez Leirós. El antropólogo argentino residía en Chaco y tenía miedo de la represalia policial luego de que su nombre surgiera en la investigación del Congreso. El objetivo de la citación era buscar quién había filtrado la información de la masacre y “descubrir una o más víctimas en quienes vengarse”. Por esa razón, le confiesa en la carta que debió contar que la fuente era el propio Lehmann-Nitsche, quien ya se encontraba en Buenos Aires “fuera del alcance del machete policial chaqueño” y dispuesto a declarar sobre las “atrocidades cometidas contra los indios”. “Se lo prevengo por consiguiente, para que estén prevenidos, por si llegan a molestarlos, interrogándolos por intermedio de esa policía, en cuyo caso creo que Uds. deben ser lo más parcos de palabras que puedan y, sobre todo, procuren evitar el dar el nombre de ningún residente en el territorio que haya colaborado en la pesquisa, para no exponerlo a persecuciones. Por fortuna Uds. se hallan lejos, repito”, insistió.

Diez días más tarde, advertido por su colega argentino, Lehmann-Nitsche negó conocer lo que sucedió en la masacre al ser interrogado por carta por Centeno. “Contestando las preguntas del Sr. Gobernador con respecto a que si yo podía afirmar que he presenciado el encuentro de los indígenas con la policía durante mi permanencia en Napalpí en el mes de julio del corriente año, como así también que yo luego proporcionara datos o pruebas que revelen excesos cometidos por la policía en las personas de los indígenas me es grato manifestar que no he presenciado esos hechos ni sumado datos o pruebas que con ellos se relacionen”, se retractó el investigador. Días después, el alemán realizaría gestiones para evitar represalias contra Lynch, quien le agradeció la intención: “Lo deseable es que no sólo yo goce de este privilegio, sino todos los habitantes de esta parte del país, y esto no se alcanzará mientras se mantengan malos funcionarios como agentes de gobierno. Por fortuna el asunto de la investigación no está muerto.”

Al momento de ese intercambio de correspondencia, los testigos y sobrevivientes de la matanza indígena eran perseguidos y asesinados. El resto de hombres de la reducción, los que debían seguir aportando la mano de obra a los ingenios y algodonales, recibieron una cinta blanca en el brazo para evitar la represalia.
“La fuerza de haber encontrado las cartas y las fotos no sólo pone fin a ese debate sobre si Lehmann-Nitsche sabía o no, sino que comprueba que la represión continuó durante muchos meses e incluso siendo aniquilamiento, porque fueron a buscar a quienes habían escapado. Muestra la desigualdad que vivían los pueblos originarios y la desprotección”, analizó Dávila y señaló que el temor de los dos antropólogos es una medida de la violencia en la que se vivía: “Si alguien de clase alta, con contacto en Buenos Aires y fuera del país vivía con miedo, qué le quedaba a personas que ni siquiera eran consideradas ciudadanas, que no tenían los mismos derechos como los pueblos originarios.”

La masacre

Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 1924, cuando una grupo de policías, gendarmes, militares y colonos de la zona enviados por el gobernador de Chaco, Fernando Centeno, reprimió a los tiros una protesta de las comunidades indígenas. El reclamo era por mejores condiciones laborales ya que la provincia les impedía a los miembros de la reducción trabajar fuera del territorio, donde conseguían salarios más altos, y había quitado del 15% de lo que ganaban en las cosechas de algodón a fin para costear los elementos de trabajo. Eso desató el reclamo de la suspensión de ambas medidas. En las protestas se produjeron ataques a los campos de algodón y robo de ganado, pero no hubo violencia. Pero la concentración de indígenas disparó los prejuicios de las élites justificados a través de los diarios. «

La justicia

Casi un siglo después de los hechos, la masacre comenzó a revisarse.

Mientras los juicios por los crímenes de la dictadura eran juzgados, las comunidades indígenas de Chaco se preguntaban por qué seguían impunes los hechos de Napalpí. La respuesta se produjo el año pasado con una investigación iniciada por la fiscalía federal de Resistencia que logró recabar el testimonio del único sobreviviente de la matanza que permanece con vida, Pedro Balquinta, de 107 años y el expediente judicial de la época, en el que la justicia local encubrió el hecho.

"El Estado argentino todavía tiene grandes deudas con los pueblos originarios. Se ha avanzado mucho con los juicios en el campo de los derechos humanos pero sobre los pueblos originarios esa reparación histórica es un camino que falta recorrer. Sería una gran noticia que esto llegara a juicio y se pudiera juzgar como crimen de lesa humanidad y mostrar que, pese a que la historia oficial intentó borrarlo, siguen perdurando en la memoria y en los propios relatos de los miembros de estos pueblos. Forman parte de su historia, de nuestra historia, de cómo se construyeron los Estados en Latinoamérica", manifestó Dávila.

El rol de los medios

"Había habido conflictos con algunos criollos, con la policía. Pensar que ningún indígena se sobrepasaba es ir al otro extremo. Había mucha desigualdad de fuerzas. Los medios tendieron a aumentar la tensión en la zona. Los diarios reproducían una idea de malón o revuelta, de peligro para los criollos que vivían en los alrededores", analizó la antropóloga.

El diario La Nación advertía por supuestos alzamientos indígenas a los que mencionaba como "malones" y describía "la situación de desamparo en que se encuentran aquellos lugares de donde se han visto obligados a huir para poner a salvo sus vidas ante las amenazas constantes de los malones de salvajes y la absoluta falta de medios eficaces para defenderse". Días después de la masacre, el diario centenario minimizó y justificó la matanza al sostener que "las fuerzas policiales se tuvieron que limitar a incendiar la toldería y a dejar a unos cuantos muertos en el lugar del suceso". Tanto La Nación como el diario La Voz del Chaco se limitaron a reproducir la versión oficial señalada por el gobierno de Chaco: que se había tratado de luchas entre Tobas y Mocovíes y que sólo habían muerto cuatro personas en manos de la policía. "No sería posible responsabilizar a la policía por la muerte de los asaltantes mencionados, pues bien podría ser el resultado de una venganza ejecutada por los indios tobas recluidos desde hace tiempo como rehenes por los mocovíes, y que en la huída al restituir su libertad, hubieran cometido tales venganzas, dado el antagonismo que existe entre ambas tribus", sostenía el diario centenario.

Las reducciones indígenas

En 1911, tras una campaña militar sobre el Chaco, se creó la reserva indígena de Napalpí para "acostumbrarlos a la vida sedentaria del agricultor", según su primer director, Lynch Arribálzaga.

En ese momento, explicó Dávila, las alternativas estaban entre el exterminio o la asimilación. "En 1880 la opción fue el exterminio en el sur y en el norte el disciplinamiento porque se requería mano de obra para la expansión de ingenios y algodonales. La opción del respeto de la diversidad cultural no existía. El tema volvía una y otra vez como problema indígena. En 1910 Lehmann-Nitsche propone que en Argentina se crearan reservas al estilo de Estados Unidos, donde supuestamente pudieran vivir a su manera y que pudieran trabajar en los ingenios y el obraje, dos cosas que no tenían nada que ver con sus medios de vida y que eran de tremenda explotación", detalló.

"En la reducción había una escuela de la que participaban los niños. La educación era una de las claves, la otra era el trabajo. Buscaba volverse el modelo a seguir y contribuir a la transformación de los indígenas, para que abandonaran sus prácticas y se volvieran 'ciudadanos'. El respeto por su tradición no era una opción y tampoco habían desaparecido (como sostenía el antropólogo argentino Juan Bautista Ambrosetti, 'por la codicia del blanco, el alcohol, las enfermedades de los blancos...') La alternativa era incorporarlo", agregó la antropóloga.

31/08/15 iNFO|news

 

ELECCIONES Apostando al Kaos Por Felipe Deslarmes

Las denuncias de fraude presentadas por la oposición luego de las elecciones a gobernador en Tucumán que dieron como ganador al candidato del FpV Juan Manzur, por 54,40% contra el 40,75% de su adversario radical José Cano, que reunía a todo el arco opositor, invitan a revisar los resultados y las estrategias territoriales del oficialismo y de la oposición, pensando en las elecciones de octubre.

No es casualidad que las marchas realizadas fueran fogoneadas particularmente en la capital provincial por los medios hegemónicos que lograron movilizar a un grupo importante de ciudadanos. La capital es el único territorio provincial donde no ganó el FpV y donde la oposición concentró esfuerzos, tal vez ya especulando con armar una revuelta, tal vez no.

Los resultados de las PASO presidenciales realizadas sólo 15 días antes permiten una comprensión más completa del caso de Tucumán. Así, el FpV ganó en Jujuy con el 41,68%; Salta, con el 43,8%; Catamarca, con el 51,59%; Santiago del Estero, con el 66%; Formosa, con el 60,1%; Chaco, con el 54,65%; Misiones, con el 57,4%; Corrientes, con el 50,2%; Entre Ríos, con el 39,4%; Santa Fe, con el 33%; La Rioja, con el 40,5%; San Juan, con el 54,4%; La Pampa, con el 39,8%; Neuquén, con el 35,6%; Río Negro, con el 44,6%; Chubut, con el 47,3%; Santa Cruz con, el 44,3%; Tierra del Fuego, con 47,2%; Buenos Aires, con el 39,5%; y Tucumán, con el 57,1%.

Por otro lado, en Córdoba ganó el oficialismo delasotista encuadrado en UNA, con el 38,7%; en San Luis ganó Compromiso Federal (el partido gobernante) con el 45,1%; en Mendoza ganó Cambiemos (la alianza del Partido radical con el PRO) con un 36,11%, y en CABA ganó Cambiemos con el 41,66%.

Tucumán arde

Merece un apartado revisar el resultado de las PASO nacionales en las mesas tucumanas cuyas urnas fueron quemadas: en el departamento de Lules, donde se quemaron 27 urnas, sólo 15 días antes (en las PASO para Presidente) el FpV sacó el 61,5% de los votos. De 7.643 votos, 4.500 fueron del FpV; Cambiemos lograba 1.258 y UNA, 1.061. En Monteros, en las 2 urnas quemadas, de un total de 525 votos, el FpV obtenía 410, seguido de Cambiemos con 91 y de UNA, con 15. En Cocha, en las 4 mesas cuyas urnas ardieron, de 917 votos, eran para el FpV 685, contra los 104 de Cambiemos y los 69 de UNA. Finalmente, en Cruz Alta, con siete urnas que totalizaban 1963 votos, el FpV se alzó con 1564, Cambiemos con 155 y UNA con 124. Así fue que entonces en las PASO para Presidente, el FpV lograra el 57,14%; la Alianza Cambiemos llegara al 20,13%; UNA conquistara el 16,26%; el FIT tuviera su 2,04%; la Alianza Progresistas llegara al 1,40% y el resto, entre todos, sumaran un 3,03%.

Estos últimos resultados son los que llevan a la oposición a apoyar entre todos al candidato radical José Cano, acompañado de una campaña feroz que incluyó hasta un libro denostando al candidato del FpV, editado y publicado con un tiempo tan calculado que casi no le daba tiempo a reclamar defensa sin descuidar su propia campaña. Siguiendo la ruta del gerente, las pegatinas por su publicidad llegaron hasta el mismo centro de la CABA.

Como sostiene el politólogo Andrés Malamud, “al peronismo no le afecta el escándalo”. Y el FpV colocó a Manzur 15 puntos sobre Cano. Y aunque en San Miguel de Tucumán –allí donde nadie quemó urnas–, el resultado daba al Frente Acuerdo para el Bicentenario 18 puntos por encima de Frente para la Victoria (141.166 votos contra 93.392, respectivamente), la elección no era para intendente sino para gobernador de toda la provincia; y entonces, sí, cuentan los votos del interior. Es ahí donde pesan los 406.778 totales que eligieron a Manzur como gobernador contra los 304.623 que optaron por Cano.

Nada de casualidades

Como si se tratara de un guión, más que de un plan pergeñado, la derecha unida en Tucumán reclamó transparencia y boleta única cuestionando el sistema tradicional de voto. A su vez, denunció irregularidades como la quema de urnas en las que rápidamente se demostró la participación de grupos vinculados al opositor José Cano.

Demostrando que la oposición ha decidido hacer de las elecciones un talk show donde se prioriza el escándalo televisivo para convocar a los ciudadanos a manifestarse indignados, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reveló que “no ha habido ninguna denuncia sobre un caso específico de un posible fraude” por parte de la oposición en Tucumán, salvo las irregularidades y las 42 urnas quemadas.

En ese sentido, el Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, señaló que pretender “trasladar las críticas sobre la modernidad de un sistema de votación a la veracidad de ese sistema” es de “mala fe”. Y recordando que son 32 los años de utilización del sistema de votación tradicional, puntualizó: “Estamos ante una conducta reiterada de aplicar el mote de fraude ante cualquier situación donde no les satisface el resultado electoral”.

Hipocresía

Más allá de las posibilidades de mejoras de un sistema, resultan sospechosas las críticas a una forma de manifestación de la voluntad popular. En Tucumán, donde hay un sistema tradicional y donde ganó el FpV, el PRO lideró las críticas al sistema eleccionario hablando de “fraude”. En Salta, donde ganó las elecciones a gobernador el FpV y donde el sufragio se desarrolla desde hace años con voto electrónico, el PRO y sus socios del radicalismo denunciaron “fraude”. Otro caso es el de Santa Fe, donde hay boleta única y ganó el Socialismo; allí también el PRO denunció fraude. Incluso en la CABA, cuando el resultado por el candidato del PRO no arrojó los resultados arrolladores que necesitaba su candidato, Macri cuestionó públicamente que “si nuestros fiscales se van a las 18 horas (como quien ficha en un trabajo) nos van a volver a robar la elección”. Allí también se realizó el escrutinio con voto electrónico impuesto por su partido.

En las redes sociales rápidamente salieron a burlarse del candidato del PRO, Mauricio Macri, mostrando situaciones ridículas en la que también se lo ve gritando “fraude”.

Y, sin embargo, un caso bien distinto es el del FpV. Cuando pierde elecciones considera la necesidad de reforzar su trabajo militante. Y así ocurrió en las elecciones de junio en Río Negro, donde el gobernador y ex kirchnerista Alberto Weretilneck (Alianza Juntos Somos Río Negro) logró su reelección imponiéndose con un 52% sobre el kirchnerista Miguel Ángel Pichetto, que alcanzaba un 33% y admitía la derrota apenas conocidos los primeros cómputos. En esa elección, la Alianza Frente Progresista lograba un 10% y el histórico radical Horacio Massaccesi apenas el 3%. Tampoco se habló de fraude cuando perdió Córdoba, San Luis, Mendoza o CABA.

Se “calló” el sistema

En el mundo hay casi 300 países. Sólo 7 utilizan el voto electrónico e incluso cinco prohibieron su implementación, entre ellos, Alemania.

Algo de lo que los medios hegemónicos no hablan, es que para la derecha argentina, no hay sistema ni elección que valga cuando el resultado no es el que pretenden. Sin embargo hay ciertos objetivos que se plantearon y que consiguieron (al precio de desgastar las instituciones y al sistema democrático), como que no fuera la tapa de todos los medios que el kirchnerismo ganara la gobernación de otra provincia. Incluso, la denuncia de fraude y de represión con la que titularon los diarios o las fotos de violencia enviadas desde las redes sociales que en realidad eran de conflictos en otras partes del mundo, sirvieron a sus objetivos.

Pero un caso particular merece ser estudiado con detenimiento: el hecho de que el mismo candidato opositor reconociera en Tucumán que fueron sus “dirigentes” los que quemaron urnas con votos. Sin siquiera cuestionarlo, o criticarlo, que lo hubiera hecho un sujeto aislado, al reconocerlo y al haberse repetido en varias ciudades, podría inferirse un modus operandi. Además, el hecho de que un candidato a gobernador dijera que quienes eligió para conducir sus espacios sea quienes cometen un delito que implica negar el valor del voto popular y en sí mismo al sistema democrático.

Agentes de kaos

Mauricio Macri incitó a la ciudadanía “a que se siga movilizando” porque “lo que sucedió en Tucumán no pude volver a repetirse el 25 de octubre”, mientras que Cano reclamaba que los tucumanos volvieran a votar sólo gobernador y vice (¿hasta que ganen?).

Las próximas elecciones son por gobernador de Chaco, el 23 de septiembre (ver resultado de las PASO) y luego sí, el 25 de octubre las presidenciales.

Para los medios hegemónicos y para cierta construcción de la realidad, parecería que los desmanes –no sólo los de Tucumán– los hacen sólo los peronistas. ¿Será que el desorden que critican referirá a haber logrado que el pueblo coma? ¿Cargará el peronismo con haber arrancado derechos que llevan incluso al voto femenino o a las jornadas de 8 horas y el aguinaldo o el derecho a vacaciones? Como dijo la Presidenta: no vienen por ella, sino por todo el pueblo argentino; por los derechos de los trabajadores; por la dignidad; por el destinatario del excedente. Y es de esperar que continúen embarrando la cancha.

30/08/15 Miradas al Sur 

DERECHOS HUMANOS La desestabilización también busca impunidad

En el último tramo de la campaña electoral, la agenda desestabilizadora del golpe blando se multiplica: corridas sobre el precio del dólar mediante la inflación del costo del billete en el mercado ilegal. Repetidas denuncias de fraude electoral que quedan en la nada. Operaciones periodísticas que sólo se sostienen en las batidas de parche de los medios hegemónicos pero que no pueden mostrar un solo dato cierto. Fogoneo de la agitación en las calles con marchas por lo que venga.

El objetivo de estas y muchas otras maniobras articuladas no es –no por falta de deseos sino por imposibilidad concreta– lograr una escandalosa salida anticipada del actual gobierno sino limar la legitimidad del próximo para someterlo al cumplimiento de una serie de condiciones que permitan implementar lo que podría sintetizarse como una “restauración conservadora”.

Aunque aquí el fenómeno adquiere las características particulares que impone la coyuntura electoral, no se trata de una movida circunscripta a la Argentina sino que forma parte de una ola que pretende llevarse puestos o por lo menos disciplinar a todos los gobiernos populistas y/o progresistas de la región. El bombardeo constante que sufren Dilma Rousseff en Brasil y Nicolás Maduro en Venezuela son los casos más evidentes.

En este contexto, el diario La Nación se puso a la cabeza de una campaña –de la que participan también otros actores– que pretende incluir en el pliego de condiciones a imponerle al próximo gobierno la impunidad de los responsables de delitos de lesa humanidad.

Armas editoriales

A lo largo del mes, el viejo dinosaurio del periodismo argentino se despachó con una andanada de editoriales que no dejan dudas. Los títulos ya lo dicen todo: el primero, del 3 de agosto, dice “Lesa venganza”; a éste le siguieron “Memoria y reconciliación”, el 16 de agosto, y “Reconciliación, indultos y amnistías”, el 21 de este mes.

En el que titula pervirtiendo la noción de lesa humanidad, La Nación hace una encendida defensa del ex ministro de Gobierno de la dictadura en la Provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, imputado en decenas de crímenes de terrorismo de Estado, a quien presenta como una víctima indefensa de una revancha política y se exige que se le otorgue prisión domiciliaria. En los otros dos –insistiendo con una idea ya planteada en el primero–, La Nación busca reinstalar la teoría de los dos demonios para equiparar a los responsables del terrorismo de Estado con los integrantes de las organizaciones revolucionarias para, a partir de ahí, mostrar que la Justicia –manipulada por el Gobierno– los midió con diferentes varas. En definitiva, si los últimos están libres, por qué no liberar a los primeros.

Que los crímenes cometidos por la dictadura –secuestros, desa­pariciones, asesinatos, ejecuciones disfrazadas de enfrentamientos, siguen las firmas– utilizando todos los recursos del aparato del Estado para aniquilar a un sector de la población estén tipificados como imprescriptibles por la justicia internacional tampoco le impide a La Nación descalificar la ley, votada por unanimidad en julio pasado por el Congreso, que prohíbe amnistiar, indultar o conmutar las penas de los delitos de lesa humanidad.

La cruz y la espada

La Nación no está sola en su ofensiva. También este mes, la Universidad Católica Argentina realizó un curioso encuentro de “reconciliación” en sus claustros, que quiso simbolizar una suerte de abrazo de los dos demonios. Participaron la periodista y senadora Norma Morandini –cuyos hermanos fueron desaparecidos por la dictadura– y Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, que fue capturado por el ERP y se suicidó mientras estaba en cautiverio. (La Nación, al informar sobre el encuentro, publicó falazmente que Larrabure había sido “torturado y asesinado” por la guerrilla).

Allí también habló el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Casaretto, quien se despachó con una muy sesgada interpretación de las ideas de memoria, verdad y justicia que provocó un fuerte cuestionamiento por parte de los organismos de Derechos Humanos. “Tenemos que llegar a saber toda la verdad. No queremos de ninguna manera eliminar la justicia. El camino es memoria, verdad y justicia, pero parecería ser que hay una ecuación que no termina de funcionar, porque cuando más justicia aplicamos, parece que menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada. (…) En la Argentina privilegiamos la justicia, que por otra parte no es una justicia totalmente imparcial. (…) Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia, que va en contraposición con la verdad”, dijo el monseñor.

La cúpula de la Iglesia Católica Argentina, los medios hegemónicos, algunos sectores de la Justicia que hacen lo imposible por demorar las causas en las que están imputados ex jueces, empresarios y funcionarios civiles de la dictadura, y parte de la clase política argentina apoyan –de manera abierta o encubierta– esta operación por la impunidad que marcaría un enorme retroceso para la Argentina.

Sus ideólogos necesitan que el próximo gobierno –por convencimiento, por fragilidad ideológica, por conveniencia o por debilidad– implemente medidas políticas que la concreten. Algo muy difícil de lograr, porque el costo para el gobernante que se atreva a hacerlo será enfrentar a centenares de miles de personas en la calle.

30/08/15 Miradas al Sur

El perro y el elefante Por Eduardo Aliverti

Cuál es el límite, si acaso lo hubiera, resulta una pregunta tan obvia como pertinente para hacerse al cabo de esta semana.

Lo primero que salta a la vista es un tucumanazo mediático, por cierto que bien trabajado desde el espectacularismo. Con entre 27 y 40 urnas quemadas en una localidad o en un par –según la versión que quiera tomarse– sobre 3601 en el total de la provincia, se montó un show de fraude generalizado. Horas después, la inconcebible represión de la policía tucumana contra unos cientos de manifestantes permitió redondear el dibujo de poco menos que una situación incontrolable. Y dio la excusa a fin de que la dirigencia opositora nacional se juntara para la foto en un reclamo de “transparencia” completamente abstracto, no sólo por lo incomprobado de las denuncias de fraude a gran escala sino, y sobre todo, porque las propuestas de reemplazar el sistema de votación en menos de dos meses –y en todo el país– pueden caber únicamente en la cabeza de un delirante. De hecho, y aun cuando fuere posible en lo técnico, la propia candidata a vicepresidente de Cambiemos, Gabriela Michetti, admitió que en esta elección no puede hacerse reforma electoral alguna porque la oposición no dispone de los votos parlamentarios suficientes para impulsarla. De todas maneras, está o debería estar claro que el aquelarre de acusaciones persigue con exclusividad el objetivo de embarrar la cancha creando un clima de podredumbre e inestabilidad institucional. El análisis frío, tanto de las pruebas ofrecidas cuanto de los delitos e irregularidades comprobados, no permite sacar otra conclusión. Ni siquiera sería necesario recordar antecedentes y a partir de allí extraer deducciones como, por caso, que el macrismo también denunció fraude en Salta, con boleta electrónica, y en Santa Fe, con boleta única. O que no hubo ninguna queja en los distritos donde triunfó la oposición. Un dato notable son las declaraciones del fiscal general de Tucumán, también sometidas a manipulación periodística. Según tituló la prensa opositora, Gustavo Gómez dijo que “ya están dadas las condiciones” para pedir la nulidad de los comicios. Sin embargo, contradiciéndose durante la misma nota, en radio Mitre, el funcionario señaló que no había que descartar una anulación de los comicios y que las irregularidades, analizadas por la Junta Electoral, podrían traer como consecuencia la nulidad absoluta del acto electoral. Afirmación por una parte y uso de potenciales por la otra, como fuere el fiscal tucumano advirtió que ningún partido político pidió de modo formal la invalidación de las elecciones provinciales. Este aspecto resalta en todas las denuncias de fraudulencia que se hicieron en todos los distritos, desde que se abrió el proceso electoral: son periodísticas, no judiciales.

El esquema de votación tucumano, ni qué dudarlo, es casi surrealista. Hubo más de 25 mil candidatos para 345 cargos, entre gobernador y vice, 19 intendentes, 49 miembros de la Legislatura unicameral, 184 concejales y 93 comisionados rurales. En la provincia rige una ley de lemas, denominada sistema de acoples, que permite anexar colectoras no solamente a las postulaciones ejecutivas máximas, sino también a las municipales y provinciales. Para ponerlo en números concretos que no tuvieron circulación mediática y que dan una mejor dimensión de ese laberinto, en el cuarto oscuro había 1275 combinaciones de ese tipo (leyó bien, no es figurativo: 1275). Hasta el momento, y tal vez es tan curioso como respecto de los 1,20 metros que tenía la boleta catamarqueña, no hay noticias de que alguien haya presentado al Guinness una cifra electiva semejante. Sin embargo, precisamente por esa insondable cantidad de opciones, veedores de la Junta Electoral tucumana calcularon que, por mesa, hubo entre 15 y 20 fiscales partidarios. Cualquiera habrá visto imágenes televisivas en las que, por momentos, parecía haber más fiscales que gente esperando para votar. Como dijo otro fiscal, Jorge Di Lello, al actuar de oficio ante la indescriptible denuncia de Felipe Solá acerca de que le robaron 196 mil votos en las últimas primarias nacionales, la ciencia ficción indicaría un operativo de hipnosis colectiva capaz de involucrar a todos los presidentes de mesa y todos los vocales, que son elegidos por sorteo, más todos los fiscales de todos los partidos, de forma tal que prácticamente ninguno de ellos habría visto ni robos escandalosos de boletas ni maniobras semejantes. Más aún, el procedimiento hipnótico tendría que haberse extendido al acto de contabilizar los votos y cargarlos en el despacho del conteo. Pero no es todo, porque además es necesario que en el escrutinio definitivo haya otro dispositivo de ensoñación para que nadie se dé cuenta de nada.

El 9 de agosto pasado, fecha de las PASO, en Página/12 se publicó un artículo de Martín Granovsky que incluía consulta al director nacional electoral. El título acabó siendo incontrastable: “Una forma de llanto anticipado”. Alejandro Tullio explica allí que “fraude no es cualquier maniobra, sino un conjunto de maniobras capaces de alterar un resultado”, y que, a un promedio de 300 personas por mesa, para alterar el voto de unos 10 mil ciudadanos se necesita ser eficaz en 33 o 34 mesas, en cuyo caso se estaría hablando de fraude absoluto o, dicho en otras palabras, que no queda validado ningún voto salvo el que surja del fraude. Por otro lado, agrega Tullio, la comprobación histórica es que la participación electoral, o falta de ella, es pareja en todas las mesas. Y por si fuera poco, al ya no haber mesas de varones y mujeres, “los promedios se emparejan aún más, porque las mesas se van ordenando alfabéticamente y todas las características –sociales, de clase o de compromiso con el acto electoral– se reparten de manera pareja”. Como adosa Granovsky y a esta altura, a quién puede ocurrírsele que un fraude de escala masiva puede darse con unos 18 millones de celulares inteligentes en el país, capaces de transmitir y recibir datos y sacar fotos con definición cada vez más alta, “fotos (y filmaciones) de falsificadores de votos y fotos (muy fidedignas) de pruebas sobre que esas falsificaciones existieron y no fueron un simple producto de la fantasía de un dirigente político”. Otro apunte del colega es que, “si se habla de fraude efectivo, la alteración de votos debería ir para el mismo lado. Eso supondría un acuerdo de amplio alcance geográfico y prácticamente la inexistencia de fiscales, no sólo del principal oponente sino de los demás. ¿O acaso lo que imaginan los que denuncian fraude es que los fiscales cuyos partidos no entablen una disputa especial con otro, o no participen de una interna caliente, mirarán siempre para otro lado y, encima, todos juntos para ese lado?”. En síntesis, y como resumió la volanta de ese artículo, “los controles cruzados, la tecnología, los testigos y la falta de antecedentes (en Argentina, desde 1946) hacen inútil la discusión sobre el ‘fraude’”.

Inútil técnicamente, sí, pero no en la interpretación o manipuleo político. Si uno tiene delante un perro y está convencido o necesita convencerse de que es un elefante, pues será un elefante y no habrá explicación que valga. Y si se sabe que no es un elefante pero tampoco conviene decir que es un perro, mejor seguir diciendo que se trata de un elefante porque, como sea, es lo que el auditorio adicto quiere escuchar. En la mañana del lunes, cuando el escrutinio provisorio ya había marcado una tendencia irreversible, el candidato opositor tucumano, José Cano, dijo que, a pesar de las irregularidades, debía admitir que muy probablemente el ganador era Juan Manzur. Pero en simultáneo, los referentes nacionales de Cano insistían con que el centro de la discusión era el fraude. Mientras tanto, el escrutinio definitivo avanza a ritmo de tortuga, al punto de calcularse que estará terminado a mediados de septiembre, y cabe ensayar la hipótesis de que dé ganador a Cano. No importa si es probable o descabellado. Si eso ocurriese, ¿cuál habría sido el fraude determinante, en tanto faltaba el escrutinio definitivo? ¿No era mejor mostrarse con la responsabilidad institucional que pregonan y, en medio de los incidentes en algunas localidades del interior tucumano, y después frente a la represión policial, y con tanta sospecha a cuestas, convocar a la paciencia en espera del resultado concluyente? Desde ya que hubiera sido mejor, en lugar de echarle nafta al fuego. Mejor en todo sentido, salvo para la especulación política.

Se hace difícil no reparar en la secuencia escándalo Nisman, escándalo jueces subrogantes, escándalo efedrina, escándalo Jujuy y escándalo fraude, sólo por tomar las operaciones más destacadas. Probatoriamente van cayéndose una tras otra, y tienen su reemplazo con otra, y otra, y otra. Como también es difícil calcular a cuánto más se animarán en la arena política-crimen, que no sea repetitivo y aunque no deba subestimarse la capacidad de imaginación mediática, quizá corresponda observar al mercado financiero, el dólar blue, las expectativas de fuerte devaluación, su ruta. En esos escenarios es igualmente previsible lo que vayan a intentar, ayudados por los sacudones internacionales, pero para una parte significativa de la población es terreno muy sensible. El miércoles pasado, cuando empezó su discurso ante unos 650 empresarios, inversionistas y operadores financieros, en el aniversario de la Bolsa de Comercio, Cristina lanzó una ironía tan sutil como arrolladora: “Me encanta venir a la Bolsa porque es uno de los pocos lugares donde uno siempre escucha lo mismo”.

No sólo pasa en la Bolsa.

31/08/15 Página|12

“La oposición juega a instalar un clima tóxico”

Macri, Massa y Stolbizer se mostraron juntos para pedir cambios en el sistema electoral.

Los especialistas consultados señalan que “las denuncias y las sospechas” operan “como forma de disimular la falta de propuestas” y consideran que esa estrategia “tiende a consolidar universos electorales ya conformados”. El análisis del macrismo y del kirchnerismo.

Por Nicolás Lantos

Desde las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el oficialismo enfrentó una serie de complicaciones, comenzando por las inundaciones bonaerenses y terminando en el traumático escrutinio tucumano. Sin embargo, lo candidatos opositores, lejos de capitalizar esos problemas para crecer y así achicar las diferencias de cara a la elección de octubre, parecen apostar a que el Frente para la Victoria termine por caer por su propio peso. En eso coinciden los analistas consultados por Página/12, quienes ven que, más que la construcción de uno o más candidatos competitivos por méritos propios, los opositores esperan una “bala de plata” que aleje al electorado de la candidatura de Daniel Scioli y termine por volcarlo, en cambio, hacia la alternancia. O, si no se alcanza ese objetivo de máxima, al menos minar la legitimidad del próximo gobierno a través de denuncias de clientelismo e irregularidades en el sistema de votación.

“Más que buscar ganar, parece que esperan que nosotros perdamos y por defecto los votos terminen volcándose hacia el otro lado”, interpretan en el Frente para la Victoria, con cierto alivio. “Hubo errores no forzados de nuestro lado en estas semanas, sin embargo no fueron aprovechados efectivamente por ninguno de los opositores”, es el análisis de referentes del oficialismo, quienes confían en que esta estrategia resultará insuficiente. “Salvo que haya una hecatombe, y no la habrá, esto no mella realmente en el voto a Scioli”, estiman, aunque advierten que, en este escenario, puede haber “hasta el último día operaciones o situaciones poco claras para limar al gobierno nacional”, que pueden incluir desde corridas contra el valor del peso hasta situaciones de violencia o denuncias contra funcionarios.

En el PRO, socio mayoritario de Cambiemos y eventualmente el espacio con mayor probabilidad de capitalizar una caída electoral del peronismo en favor de la oposición, niegan estar desarrollando una campaña “por la negativa”, aunque aceptan que, a la larga, las elecciones ejecutivas “se tratan principalmente de premiar o castigar al que está en el gobierno” y, entonces, “es lógico que todo gire un poco alrededor de lo que pase” con el candidato del FpV.

“Macri ya logró su primer objetivo, que es despegarse del resto de los opositores para ser el beneficiario de cualquier variación en las intenciones de votos en contra del oficialismo. Ahora, cada décima que pierda Scioli es una décima más cerca para que lleguemos a la Casa Rosada. Por eso, cuando surgen estas situaciones se busca explotarlas ante la opinión pública”, se sincera, fuera de micrófono, un asesor amarillo.

“La oposición mayoritariamente está jugando a instalar un clima enrarecido, una atmósfera tóxica donde predominan las denuncias, las sospechas, como forma de disimular la falta de propuestas para este tramo de la campaña”, analiza Martín Romeo, director estratégico de la consultora Es Viral, especializada en redes sociales. “La generación de esa atmósfera y su eventual mantenimiento en el tiempo tiende a consolidar universos electorales ya conformados, de modo tal que refuerzan espacios, pero su efectividad para conseguir ampliar la base es muy dudosa, por no decir pobre.”

Abelardo Vitale, licenciado en Comunicación y analista político, agrega que esta “es una estrategia que tácitamente admite casi la certeza de perder en octubre” para la oposición. “Pareciera ser que están más preocupados en instalar una sospecha sobre el resultado electoral que en modificarlo”, asegura Vitale, que vincula esto con “una especie de síndrome de Estocolmo con los medios”. “Están mas preocupados por agradar en la opinión pública que en las urnas”, como si “instalar un tema exitosamente redundara automáticamente en éxito electoral”. En ese sentido, coincide con Romeo en que este tipo de campaña “refuerza tendencias ya existentes” y profundiza “una polarización que le conviene al oficialismo, que va puntero”.

El punto máximo de esta estrategia fue la conferencia de prensa conjunta que dieron la semana pasada los principales candidatos opositores a la Presidencia para pedir cambios en el sistema electoral, transparentando acuerdos que esperaban guardar hasta después del 25 de octubre. “No sé si esto beneficia a Macri, pero estoy seguro de que el que menos pierde es él. La que más pierde es Stolbizer, que no es coherente con su discurso histórico. En el caso de Massa, creo que va a perder algunos votos de origen peronista”, analiza Vitale, analista de Arte política.

Para Romeo, en cambio, “la campaña de Massa pareciera la más sintonizada en este tramo de la campaña, así como antes de las PASO fue una de las más desintonizadas y sobreactuadas”, y eso puede redundar a su favor.

Por último, ambos coinciden en que difícilmente estas maniobras hagan finalmente mella en el oficialismo. “El Gobierno continúa con su agenda marcada por la gestión que le imprime una dinámica cotidiana y la campaña oficial va succionada a ella. En consecuencia, la dinámica de la gestión se aleja de la agenda que intenta instalar la oposición –asegura el director de Es Viral–. Las próximas elecciones son ejecutivas, se elige a quiénes conducirán los destinos del país. En un contexto socioeconómico estable, la gente vota certezas, propuestas, capacidad de realización, y en ese sentido, resultaría equivocado para la oposición el intento de instalar una atmósfera tóxica para generar nuevas adhesiones”, porque está “desalineada de las preocupaciones centrales de la población, que mayoritariamente no evalúa la situación social, económica y política de la manera negativa que le quieren sugerir”.

31/08/15 Página|12

› REPRESENTANTES DE UNAS 200 ORGANIZACIONES SOCIALES DEBATIERON EN SANTIAGO DEL ESTERO Los medios y su relación con la sociedad

Por Washington Uranga

Desde Santiago del Estero

El paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero se convirtió, este viernes, en dinámico escenario de expresiones de diversidad política y cultural, presentación de experiencias, reconocimiento de nuevos derechos, y antiguas y renovadas exigencias de aplicación de los mismos, durante el desarrollo de la audiencia publica convocada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. A largo de una extenuante jornada de nueve horas sin pausa, 80 personas (jóvenes, adultos mayores, educadores, comunicadores sociales, productores, indígenas, gays, travestis, dirigentes sindicales y sociales, campesinos, intelectuales, jóvenes en situación de encierro, cooperativas y personas sordas...) en nombre de más de 187 organizaciones inscriptas en el orden del día, pusieron en común sus experiencias y plantearon sus demandas superando largamente el tema inicialmente propuesto: “¿Cómo nos ven los medios?”

Las ponencias, restringidas a cinco minutos por orador debido a la extensa lista de anotados, permitieron no sólo pensar en los medios de comunicación y su relación con la sociedad, sino trazar una radiografía de la realidad social, cultural y política, incluidos los logros y aspiraciones, de personas y organizaciones de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, y San Juan.

La jornada estuvo presidida por la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, quien no se apartó un instante del estrado durante toda la jornada, permaneciendo atenta a las presentaciones de cada uno de los participantes y tomando nota de cada una de las intervenciones, hecho que quedó demostrado en la síntesis personal que hizo al finalizar el encuentro. Ottaviano dijo que “las audiencias públicas son una gran oportunidad para conocer realidades, culturas y tradiciones” y afirmó que las mismas se hacen “para establecer políticas públicas, porque lo que aquí se dice, sea un reclamo o una denuncia, puede permitirnos aportar a la construcción de saber colectivo qué estamos haciendo en la Argentina, establecer políticas públicas y consolidar la democracia”.

Las audiencias públicas forman parte de una metodología de consulta a la sociedad establecida por la Defensoría del Público. La llevada a cabo ahora en Santiago del Estero para la zona norte del país es la segunda de las cuatro que se realizarán en 2015 y se suma a las siete hechas en 2014 y a las seis concretadas en 2013.

Al abrir el evento Ottaviano precisó que “la comunicación no es un negocio, es un derecho humano y la información no es una mercancía” subrayando que los “medios tienen que estar al servicio del pueblo argentino”.

Una representante de una asociación de adultos mayores de la provincia del Chaco, hablando con voz temblorosa por la emoción, denunció el maltrato que sufren las personas de su edad en los medios de comunicación, se quejó del uso despectivo del término “viejo” y reclamó que “tenemos mucho que dar y queremos ser reconocidos, no aparecer solo cuando somos víctimas sino también cuando hacemos cosas edificantes”. En el marco de la audiencia fue muy significativa la participación tanto de los adultos mayores como de organizaciones representantes de personas sordas, campesinos e indígenas.

Uno de los planteos más generalizados y transversales a todos los participantes se centró en la necesidad de trabajar en la producción creativa y de información local, dado que los medios de las provincias siguen reproduciendo noticias y distribuyendo información generada en Buenos Aires. Daniel Nieva, de Catamarca, criticó la falta de políticas de comunicación y de incentivos para la producción audiovisual local y regional, y Ana Nicora (Canpo) cuestionó que los medios de Buenos Aires construyen una idea del “campo” en base a los productores de la Pampa Húmeda, y “quieren instalar como causa nacional lo que es el interés de una minoría que excluye al 75 por ciento del país”.

Un representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (Vía Campesina) dijo que “necesitamos como sociedad una comunicación democratizada y democratizante, para ir construyendo una nueva civilización”. En la jornada también hubo lugar para que los niños pidieran su propio espacio en los medios, para que se expresaran los reclamos de visibilidad para identidades diversas, para demandar capacitación para el uso de los medios y mayor inversión pública que facilite la expresión de los sectores populares que hoy no están accediendo a la comunicación masiva.

“Medios hegemónicos”, “invisibilidad”, “exclusión”, “democratización”, “participación”, “derechos”, “dignidad” y “justicia” fueron algunas de las palabras que flotaron y se repitieron a lo largo de la audiencia. También fue evidente el nerviosismo de muchos de los expositores que, por primera vez en su vida, participaban de un evento público como el realizado.

Al cierre de la jornada Ottaviano se preguntó “¿a quién representan los medios de comunicación si todo lo planteado aquí está por fuera de su agenda? “¿Dónde están los hechos sociales y políticos positivos’”, agregó, e invitó a los participantes a “apropiarse de la Defensoría del Público porque es una manera de construir la democracia”.

L PAIS › OPINION De Tucumán al Chaco y otros paroxismos

Por Mempo Giardinelli

La verdad es que jamás habría pensado que mi nota sobre la burocracia de la AFIP y sus absurdas normativas que afectan a escritores y artistas argentinos que perciben honorarios por sus trabajos en el exterior y necesitan Certificados de Residencia Fiscal iba a levantar tanta polvareda. Iba a escribir esta semana sobre las muchísimas solidaridades expresadas por honestos ciudadanos, todos contribuyentes que narran similares situaciones kafkianas.

Pero como suele suceder, la realidad se impone y obliga a que sobre ese asunto esta columna vuelva más adelante. Porque ahora mismo el país está conmovido por diversas cuestiones relacionadas con el próximo cambio de gobierno y la desesperación de sectores que se pretenden republicanos pero están mostrando ser capaces de cualquier barbaridad.

Ya lo intentaron con el desdichado caso del fiscal Nisman, a quien utilizaron en vida y luego muerto, y de quien ahora está descubriéndose día a día una enorme y cuestionable fortuna que en mi opinión explicaría que se suicidó en un acto último de vergüenza, lo cual bien merecería respeto mediático y de sus herederos.

Como fuere, la realidad de esta semana combina noticias de crónica roja habitual, el importante accionar cívico contra pedófilos, violadores y asesinos domésticos y la decisión del inefable Juez Bonadio regalando libertad a los involucrados en el millonario escándalo de la AFA. Pero sobre todo se destaca el circo mediático montado para no reconocer el resultado electoral del domingo pasado en Tucumán, por parte de quienes ahora piden, por ignorancia o cretinismo, un imposible tan obvio como que las vacas mugen: que en menos de 60 días y en vísperas de elección presidencial, luego de las PASO nacionales, se cambie el sistema electoral del país.

A la vez temeridad y disparate, ese reclamo les sirve para intentar una unión imposible que de alcanzar el gobierno –el cielo no lo permita– resultaría igual o peor que la Alianza de 1999. Pero además el griterío desautoriza un sistema que fue aceptado por todos y que nos rigió durante décadas, ensalzando ahora irresponsablemente otro sistema que, por muy electrónico que sea, no deja de ser igualmente falible y sospechable que el de las papeletas.

Pero lo de Tucumán fue el colmo. No sólo porque hubo que escuchar tantas barbaridades y mentiras, sino porque se reinstaló la incitación a la violencia.

Un asesor cercanísimo al candidato opositor José Cano, un tal Sr. Salvatore que es de esperar que jamás tenga que salvar a nadie, llamó a quemar la casa de gobierno tucumana. Así nomás. Incitó a la violencia post electoral desde su cuenta de Facebook, llamando a que con “bombas molotov” fueran a “romper todo”. Textualmente: “El pueblo tucumano, lejos de ‘abandonar en paz’ la plaza, se arma con bombas molotov, cascotes, palos y honderas”; “Incendian la casa de gobierno y rompen todo”; “En conferencia de prensa, todos los líderes de la oposición a nivel nacional desconocen rotundamente el resultado”.

Cierto que es difícil, y para muchos imposible, defender al matrimonio Alperovich-Rojkés que por doce años gobernó Tucumán, pero si del otro lado uno observa a ese Sr. Salvatore y a la Sra. Laura Alonso, el panorama es para temblar y bien harían los máximos dirigentes opositores en llamarlos a sosiego.

Hoy, la verdad, el odio antiperonista y antipopular está descontrolado. Y si la furia neoliberal de las derechas en el mundo está desatada, en la Argentina puede decirse que está alcanzando el paroxismo.

Todo lo anterior, y el cambio de tema de esta columna, deviene de que me interesa particularmente el asunto porque las próximas elecciones se realizarán en el Chaco y entonces es menester clarificar a políticos y periodistas gritones.

Es imperativo recordar que en el Chaco, aun en los momentos más duros y polarizados de los últimos sesenta años, el clima electoral fue siempre sereno, respetuoso y pacífico. Por ejemplo cuando el peronista Deolindo Felipe Bittel y el radical Luis Agustín León se sacaban chispas pero el segundo siempre admitía la derrota con la hidalguía que lo caracterizaba, la cual brilló nuevamente cuando perdió ante Florencio Tenev por menos del uno por ciento en 1983. E igualmente sucedió cuando en 2007 el también radical Angel Rozas admitió su derrota ante el actual gobernador Capitanich por una diferencia ínfima, del orden del millar de votos.

Ahora en Mayo, en las recientes PASO, no hubo protestas y todo fue normal, como siempre ha sido electoralmente esta provincia. El escrutinio definitivo, incuestionado, determinó que el Frente Chaco Merece Más (FpV) obtuvo el 59,1 por ciento de los votos; el Frente Vamos Chaco (UCR y aliados) obtuvo el 37,32 por ciento; y el Partido Obrero fue tercero con el 1,93 por ciento.

Nadie sabe qué pasará en las elecciones del próximo 20 de septiembre, pero lo que es seguro, al menos para nosotros los chaqueños, es que no habrá escándalo alguno, como nunca los hubo. Y eso, porque tanto en el peronismo como en el radicalismo de esta provincia hay gente decente, que se respeta por sobre sus diferencias políticas, y porque sus respectivos candidatos serían incapaces de prestarse a un sainete como el que padece la hermana provincia de Tucumán en estos días.

Que no vengan ahora a pretender incendiar también esta provincia. Conozco a Capitanich y a Aída Ayala, me consta que han tenido siempre buen diálogo y trato educado, y ni se me ocurre pensar que se ensuciarían con miserias electorales.