domingo, 28 de junio de 2015

MARIA LAURA GARRIGOS DE REBORI SE REFIRIO AL CASO DEL JUEZ CABRAL “Se dio cumplimiento a la ley

 Por Ailín Bullentini
La presidenta de la Cámara de Casación Nacional y titular de la asociación civil Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, relacionó el “revuelo” que provocó el reemplazo del juez Luis Cabral en su subrogancia de la Sala I de la Cámara Federal con el año electoral y la falta de conocimiento de “cómo funciona el Poder Judicial”. “Cabral no fue removido de la Casación, porque ahí nunca fue titular”, aseguró y concluyó que los nombramientos que el Consejo de la Magistratura realizó el viernes pasado –reemplazó a Cabral y a los otros dos integrantes de la sala– fueron “en cumplimiento de una ley aprobada en el Congreso”. Además, criticó a la oposición que se hizo eco del tema: “Son unos ignorantes”, opinó.
–El asunto de Cabral no debería haber levantado el revuelo que levantó. Pero todo tiene que ver con que no se conoce cómo funciona el Poder Judicial. Si allí las reglas fueran transparentes y de conocimiento público, ninguno de los equívocos de esta cuestión se hubiera producido. La realidad es que Cabral estaba subrogando una de las vocalías de Casación desde hacía cuatro años. El es juez del Tribunal Oral Federal número 9. Los otros dos jueces que subrogaban en la Sala 1 de Casación con él eran miembros de otras salas de la misma instancia y estaban cumpliendo doble tarea. Con la nueva ley de subrogancias en vigencia, la Cámara pidió al Consejo de la Magistratura que la cumpla y eso fue lo que ocurrió. Se solucionó un problema que persistía desde hacía mucho.
–¿Por qué tanto tiempo suplentes cubriendo espacios vacantes? ¿Y los titulares?
–Los concursos de estas vocalías se están sustanciando. El Consejo de la Magistratura está tomando los exámenes. Se tardó, pero la verdad es que este año comenzó a funcionar el Consejo. El anterior estaba medio paralizado. Pero el problema también estaba en el sistema de subrogancias, con el que hubo muchas idas y venidas y finalmente la semana pasada se sancionó una ley que lo regula y que deroga dos leyes anteriores en la materia y el artículo 31 del decreto número 1285, del 1958, que también tenía injerencia en el asunto.
–¿Por qué la situación anterior en cuanto a las subrogancias era un problema?
–Antes de esta nueva ley, las subrogancias quedaban atadas a la interpretación de la ley: había, por lo tanto, varias interpretaciones y todas válidas, lo que ocasionó que, por ejemplo, secretarios estén subrogando vacancias durante años. Incluso, designados por la Corte Suprema, sin el acuerdo del Senado para trabajar como jueces. La nueva norma estableció que solo pueden ser subrogantes los integrantes de una lista de conjueces que ha recibido acuerdo del Congreso nacional. Cuando la ley entró en vigencia, la Cámara de Casación Federal resolvió enviar las cinco licencias que tiene –dos más además de las de Cabral y el resto de la Sala 1– al Consejo de la Magistratura, que tomó la lista de conjueces aprobada por el Parlamento y nombró por orden de aparición a sus integrantes en cada lugar. Eso fue lo que ocurrió, nada de ilegal o inconstitucional, sino todo lo contrario.
–Cabral justamente criticó su remoción por esas dos razones: la calificó de ilegal e inconstitucional...
–Lo que pasa es que Cabral no estuvo de acuerdo con la cuestión. Pero lo que ocurrió en su caso no es de ninguna manera una remoción, sino un nombramiento de un juez subrogante de acuerdo a la nueva ley. Y flaco favor le hace al Poder Judicial que se muestre en esa posición. Si consideraba que era ilegal, no debió haber avalado con su voto ese procedimiento, como lo hizo: votó en contra, claro. Debió haberlo manifestado en ese momento. El no es titular de esa vocalía en Casación, sino del Tribunal Oral Federal número 9, adonde deberá volver a partir de ahora y el cual, con su regreso, comenzará a funcionar con más energía ya que por contar con magistrados subrogantes también en su integración, jueces que tienen que cumplir con otros cargos además, estaba funcionando a media máquina. El nombramiento de Cabral como subrogante en Casación no tuvo tampoco acuerdo legislativo. Su cargo allí fue siempre transitorio. Lo que hizo el Consejo el viernes está dentro del cumplimiento de la ley, una ley que se votó en el Congreso, que obtuvo mayoría y así fue aprobada.
–Desde la oposición política y mediática relacionaron el hecho con el inminente fallo de esa sala sobre la constitucionalidad del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA. El fiscal Raúl Pleé pidió que se respete el voto de Cabral sobre el tema. ¿Cree que tiene relación?
–No me parece. Es una resolución que se espera desde hace más de dos años y que debió haber salido a principio de este. Pero como no hay control sobre el tiempo de trabajo del Poder Judicial en los tribunales pasan estas cosas.
–¿Qué cosas?
–Que en lugar de ser los tiempos judiciales previsibles de acuerdo con el Código de Procedimiento, adquieren la vertiginosidad o la lentitud de los tiempos políticos. Acá no solo se judicializa la política, sino que también se politiza el Poder Judicial. Por otro lado, a esta altura del partido, habiendo pasado lo de Nisman (la denuncia del fiscal contra la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios de su gobierno por encubrir a Irán en el atentado, y su posterior muerte) el tema del Memorándum no me parece crucial políticamente. No obstante, es un año electoral: cualquier cosa se pone bajo la luz mediática, van a haber tapas de diarios todos los días con temas como estos. En Justicia Legítima tenemos la idea de que se va a hacer aprovechamiento de toda cosa posible y no de manera uniforme: los medios sobreexponen algunas cosas y esconden otras. En Casación Nacional analizamos la semana pasada el recurso que discutió el sobreseimiento de (el jefe de Gobierno porteño, Mauricio) Macri y policías por la represión en el Borda. Ese fallo está por emitirse, pero nadie dijo nada de esto. Por eso plantemos desde la asociación que todos los candidatos a presidente deberían manifestar qué piensan hacer con el Poder Judicial.
–La oposición se hizo eco de la situación. Elisa Carrió denunció a la Presidenta y Macri llamó a la sociedad a movilizarse...
–Son denuncias que caerían en saco roto, pero que en un año electoral cumplen con su objetivo. Pero la verdad es que son ignorantes los dirigentes que actúan de esta manera. No les importan las instituciones. Ignoran lo que están diciendo y de qué se están quejando. Desconocen las leyes y tienen muy mal asesoramiento.

› MACRI Y LOS GRANDES EMPRESARIOS QUIEREN CONVERTIRLO EN UN NUEVO NISMAN Una movida para cubrir a Cabral de gloria

Por Martín Granovsky


Los precandidatos presidenciales Mauricio Macri y Elisa Carrió y la Asociación de Empresarios Argentinos buscan que julio quede signado por una epopeya: la transformación del ex juez subrogante de la Cámara de Casación Luis Cabral en una bandera republicana al estilo de la que pudo haber sido, y no fue, el fiscal Alberto Nisman.
Carrió ya demandó penalmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los miembros del Consejo de la Magistratura que el jueves desplazaron a Cabral de la Casación. La denuncia de Carrió, por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento”, fue sorteada y cayó en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Gerardo Pollicita.  
Ayer Macri dijo que el Gobierno “está permanentemente hostigando a la Justicia” y llamó a escalar la protesta. “Me parece que la sociedad se tiene que movilizar y oponerse a este tipo de arbitrariedad y me parece bien que se estén barajando amparos que impidan que esto suceda”, dijo el precandidato del PRO. Para Macri, “la Justicia tiene que ser un poder independiente”. Informó el jefe de Gobierno porteño que “nosotros vamos a adherir a la marcha del 14”.
Se refería a la convocatoria para el 14 de julio a las 19 en Plaza de Mayo realizada por el sector tradicionalista de los jueces y fiscales en defensa de Cabral, un antiguo simpatizante del escritor Jorge Abelardo Ramos que en estos años se convirtió en un movedizo operador de la ultraconservadora Asociación de Magistrados.
La fecha coincide con dos hechos históricos, la Revolución Francesa de 1789 y el comienzo del debate en el Senado que al día siguiente, 15 de julio de 2010, dejaría sancionada la ley de matrimonio igualitario.
En 1789, el abate Emmanuel Sieyes comenzó preguntándose qué era el Tercer Estado y se contestó que los campesinos y los sectores medios urbanos ya no necesitaban a los otros dos estamentos sociales, el clero y la nobleza. Según escribe el historiador George Rudé en su libro La Europa revolucionaria, Sieyes sostenía que los 24 millones de plebeyos de Francia eran la nación misma y que por lo tanto podían ignorarse los deseos de los 20 mil miembros de las minorías privilegiadas.
Más pedestre, hasta ahora la marcha está convocada por el caso de un ex presidente de la Asociación de Magistrados como Cabral que, además, no integraba la Cámara Nacional de Casación Penal por concurso.
Ayer fue muy duro el ex vicepresidente y actual candidato a senador por Mendoza Julio Cobos. “Sería bueno que a este repudio se sumen los gobernadores, senadores, diputados y las legislaturas provinciales, en defensa del Poder Judicial y de la República”, dijo. Interpretó Cobos que “esta conducta del Gobierno, para que no se resuelva la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán, tiene todas las connotaciones de un fuerte avasallamiento contra uno de los poderes de la Constitución”. La declaración de Cobos remite a una especulación. La Cámara de Casación debe expedirse sobre la constitucionalidad del pacto firmado entre la Argentina e Irán y aprobado en mayoría por el Congreso en 2013. El acuerdo con Irán ya es abstracto, porque el gobierno de Teherán ni siquiera lo hizo ratificar por su Parlamento ni dio indicios de que siquiera intentaría comenzar a cumplirlo, pero como está visto sigue provocando coletazos aun después de muerto. La Sala I de Casación, que tenía el tema bajo su incumbencia, estaba integrada, hasta la remoción de Cabral, por éste y por Juan Carlos Geminiani y Ana María Figueroa. Las versiones circulantes en Tribunales indicaban que Figueroa fallaría a favor de la constitucionalidad y Geminiani en contra. En cuanto a Cabral, las mismas versiones señalaban que su posición fue oscilante durante el último mes, y pasó de la intención de declarar inconstitucional el pacto a la de fallar por su constitucionalidad para, finalmente, volver al principio. Si esto fuese cierto, el fallo debería haberse encaminado, con Cabral, hacia un dos a uno en contra del Gobierno. Pero si fuese verdad que Cabral pensó por un instante en votar en favor de la constitucionalidad, ¿qué cuestión de principios pudo haberlo hecho cambiar hacia un lado o hacia otro? Este diario consultó ayer a legisladores, jueces y fiscales. Uno de ellos, que pidió reserva de su identidad a cambio de hablar sinceramente, recomendó prestar atención a la votación del Consejo de la Magistratura en el caso Cabral.
Se pronunciaron en contra de que siga la subrogancia del suplente eterno los consejeros Gabriela Vázquez, Julián Alvarez, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Candis, Héctor Recalde, Ruperto Godoy y Pablo González. Votaron en contra el propio Cabral, que no se abstuvo aunque el tema fuera él mismo, los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas, y el juez Leónidas Moldes. Faltaron los votos del diputado radical por Corrientes Gustavo Valdés y el del senador radical por Chaco Angel Rozas. Valdés adujo que perdió un vuelo y luego repudió la remoción de Cabral. Rozas estaba en el exterior. El hecho es que no votaron, lo cual se suma a que, al revés de la dureza de Cobos, el dirigente radical Ricardo Alfonsín también cuestionó la decisión del Consejo de la Magistratura, pero llamó a resolver el tema en las urnas. También Ernesto Sanz, jefe radical y precandidato a presidente en el espacio de Macri y Carrió, dijo que “la única manera de frenar esto es cambiar el gobierno en las elecciones para cambiar la mayoría en el Consejo de la Magistratura, porque todo lo demás es inocuo”. Es decir que, al menos por el momento, el énfasis radical está puesto en el 25 de octubre, día de las elecciones presidenciales, y no el 14J, día de la Revolución Francesa y, ahora, de Cabral.
El candidato a presidente del Partido Obrero, Jorge Altamira, criticó ayer que el gobierno haya cambiado “subrogancias opositoras por subrogancias oficialistas”.
Tanto Alfonsín como Sanz y Altamira, al colocar la lupa sobre el Consejo de la Magistratura y sobre el voto popular, incorporaron al debate público que la integración del Consejo es el gran tema a discutir. Si esto es así el Consejo sería, para ellos, un órgano sometido a la legitimidad popular. No dijeron si además esa legitimidad es superior al espíritu corporativo del sector conservador del sistema judicial, pero el tema bien podría formar parte de un debate en los próximos días.
La subrogancia de Cabral ya es antigua. Data de 2011, aducía razones de urgencia institucional y había sido cuestionada por el fiscal general Jorge Auat y por el Centro de Estudios Legales y Sociales. También la criticó entonces un juez de Casación, Alejandro Slokar: “Habiéndose modificado sustancialmente las condiciones que dieron origen a la designación del doctor Luis María Cabral en calidad de subrogante, con el reconocimiento a su tarea y gratitud por los servicios prestados, corresponde dejarla sin efecto”, opinó el camarista.
A la Asociación Argentina de Empresarios se sumó el abogado de la AMIA y la DAIA, Miguel Bronfman, para quien separar a Cabral violaría “el principio del juez natural”. Pero el Consejo de la Magistratura designó para la Sala I en lugar de Cabral al conjuez Claudio Vázquez. Como informó este diario el viernes, el Consejo de la Magistratura argumentó que en el caso de Cabral y de otras subrogancias tenía en cuenta la Ley 27.145 que quitó a la Casación y otorgó al Consejo la facultad de nombrar jueces transitoriamente hasta la realización de los concursos correspondientes.
martin.granovsky@gmail.com

› OPINION A ver cómo funciona



Tratemos de estilizar sin distorsionar. Un sistema político combina las reglas institucionales con las conductas de la ciudadanía, tanto al elegir autoridades como al participar en la sociedad civil.
El sistema argentino se funda en las normas de la Constitución nacional y las provinciales, ya que es federal. Las constituciones no son pétreas porque pueden reformarse, pero sí son rígidas porque cambiarlas en todo o en parte se supedita a mayorías legislativas y populares muy exigentes.
Las leyes electorales se pueden retocar con menos requisitos y, por ende, con más asiduidad.
La combinación del poder nacional y provincial se expresa en el cronograma electoral. Las autoridades provinciales y aún muchas municipales pueden “desdoblar” los comicios locales. Ejercitan ese derecho con entusiasmo y prodigalidad.
La regla de oro del régimen argentino, su mayor pilar, es el sufragio universal y obligatorio.
El pueblo soberano le da vida a esa anatomía. Se moviliza intensamente, por fuera y más allá del calendario electoral. Participa masivamente cuando vota, con cifras que no son las primeras en el mundo, pero sí muy elevadas en términos comparados.
Sus pronunciamientos reflejan o rediseñan la diversidad geográfica y política. Las compulsas nacionales y distritales arrojan resultados muy disímiles. La comparación entre lo que va sucediendo en los distritos que eligen gobernador y las presidenciales seguramente lo demostrarán. No será la primera vez, propende a ser la regla.
Se conocen en 2015 veredictos surtidos. Algunos son definitivos, otros están insinuados en las primeras vueltas o en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ellos hay trazas de continuidad, pero no son estáticos.
Neuquén, Salta, Santa Fe y Río Negro revalidaron a sus gobiernos. Hay dos provincias en las que perdió el oficialismo. La primera fue Mendoza y hoy se agregará Tierra del Fuego, con cualquier resultado.
Si esta columna tuviera una tesis sería: el sistema político tiene su container de defectos, pero es representativo (en alta medida), federal (bastante) y republicano (en dosis pasable). Es mejorable, más vale pero cumple sus cometidos básicos. Su vitalidad deriva de la intensa intervención popular. El pueblo es protagonista, demandante y celoso de sus conquistas o derechos. Tanto en el cuarto oscuro cuanto en calles, rutas y plazas.
Si esta columna expresara (apenas) una opinión agregaría que es muy valioso que sea así. Y no diría “por suerte” porque no es la fortuna la que moldea nuestro presente y nuestro futuro: es una construcción colectiva y tensamente democrática. En el dialecto del cronista “tensamente democrática” no es un oxímoron, para nada. Casi al contrario.
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PASO a los partidos: Las PASO organizan un régimen signado por un debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, que es palpable y que está de moda exagerar.
Los partidos congregan menos adhesiones firmes o afiliaciones reales que treinta años atrás. Han sufrido un desgaste que se vincula entre otros factores a sus desempeños. Esa causal de alejamiento es una prueba de la sagacidad ciudadana, aunque se pregone lo contrario.
Se postula que los partidos no existen y se lamenta el deceso. No se observa mucho qué ocurre en otras latitudes lo que sería aleccionador porque en muchas también se cuecen habas.
Pero volvamos a nuestra querencia borroneando observaciones para un politólogo islandés recién llegado a la Argentina y ganoso de no arrastrarse por prejuicios. No hablamos de nuestro amigo, el politólogo sueco que hace su tesis de posgrado sobre este país, que vive acá hace rato y no come vidrio.
Licenciado Olaf de Islandia: sospeche de las verdades reveladas de la Vulgata dominante y mire con sus propios ojos. Le contarán que los partidos no existen más y llorarán lágrimas de cocodrilo. No crea nada o, mejor, no crea todo. Observe, por favor.
El oficialismo nacional es la fuerza más poderosa, la que gestiona más distritos. Créase o no, el Frente para la Victoria (FpV) es el partido más grande, el que congrega más adhesiones y es competitivo en casi todos los territorios. Tiene primera minoría en ambas Cámaras del Congreso.
La Unión Cívica Radical atraviesa una etapa no gloriosa pero es el segundo partido. Tiene presencia en todo el territorio nacional. Posee la segunda minoría en Diputados y Senadores. No es segurísimo pero le apuesto un asado: cuando termine la ronda de elecciones a gobernador será el segundo partido que gestiona más provincias, detrás del FpV.
El PRO es un partido dominante en la Ciudad Autónoma. Le ha costado expandirse más allá, pero algo consiguió. Ha formado cuadros, crece su representación parlamentaria nacional. Es el principal challenger del kirchnerismo en las elecciones de octubre. Como su estructura de cuadros y fiscales es acotada, se alió con los radicales, en un ejercicio de racionalidad instrumental similar al que tentó el Frepaso a partir de 1997 cuando se armó la Alianza.
Si se focaliza en las provincias hay partidos distritales que gravitan, incluso con proyección nacional. El Movimiento Popular Neuquino es añejo y clásico, mantiene presencia decisiva en el Congreso desde 1983.
El socialismo santafesino amagó serlo, ahora parece que ha quedado confinado en su frontera.
Desde 1983 hay varios partidos que accedieron a gobernaciones por primera vez: el Frente Grande en Capital, el socialismo, el PRO, el de la gobernadora fueguina Fabiana Ríos que hoy comienza a sellar la retirada.
El mapa de los últimos años en las provincias matiza el (monó) tono bicolor de los inicios de la recuperación democrática.
Se habla de alternancia y diversidad, como virtudes. Lo son, a condición de que el pueblo las decida. Pronunciarse por la continuidad es uno de los tantos derechos ciudadanos que minorías estrechas de miras subvaloran, en aras de un ideal abstracto.
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Resquicios y oportunidades: El método proporcional D’Hondt arropa el voto a las fuerzas minoritarias y propicia una presencia variopinta en la Cámara de Diputados nacional o en las provincias con población numerosa. De nuevo: cotejando con la experiencia internacional esa representación es alta. Democracias instaladas y alabadas no otorgan posibilidades similares, ni por asomo. Son ejemplos drásticos Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile (que ahora trata de mejorar su sistema). Abundan otros casos algo menos sectarios que se ahorran en homenaje a la claridad y la síntesis.
Parlamentos con representación multicolor, en las proporciones que el soberano demarca... he ahí otra virtud.
Tal vez no lo sean los alicientes que la práctica parlamentaria concede para la subdivisión de las bancadas y la proliferación de mini bloques o bloques unipersonales. Saben ser concesiones al individualismo en una proporción alta de casos, que nunca llega a la unanimidad.
La labilidad de los límites partidarios, la eventual anuencia de los votantes y los requisitos amigables para armar nuevos partidos potencian las perspectivas de dirigentes con capacidad de crecer. Pueden no tener bandería, querer mudarla o ser tránsfugas, hay de todo en las viñas del Señor.
El sistema funcionando cataliza la emergencia de candidatos taquilleros con camisetas flamantes o algo así. El diputado Francisco de Narváez en 2009, su colega Sergio Massa en 2013 produjeron batacazos en “la provincia” pescando dentro del amplio acuario justicialista. Los votantes los validaron, por razones contingentes y en ejercicio de sus derechos, que incluyen el de “equivocarse”. Se subrayan las comillas, claro.
El santafesino Miguel del Sel, quien perdió por el canto de una uña la oportunidad de ser gobernador, es otro caso. Se podrá aducir que vestía la camiseta amarilla de PRO pero, si se mira bien, se notará que en la joint venture (que seguramente tocó a su fin) el hombre hacía de locomotora y el macrismo de furgón.
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El cierre con simetrías: El cierre de listas del sábado pasado combinó trenzas, zancadillas, acuerdos contrarreloj. En promedio fue prolijo sin desbordes ni sorpresas.
El afán entusiasta de minimizar todo hecho político y de indignarse ante “casi todo” dificulta la observación y el costumbrismo. Si se los ejercita, pueden advertirse simetrías entre las tácticas del FpV y la UCR en la conformación de las boletas de diputados y senadores. Las diferencias entrambas son conocidas y difíciles de exagerar pero hay semejanzas de objetivos. El básico es tratar de conservar las bancas que se arriesgan, dentro del marco de lo factible. Los radicales lo hicieron pulsando con los correlig... perdón con los vecinos de PRO o yendo por su lado, cuando les convino o donde no pudieron evitarlo.
El FpV privilegió las candidaturas de los integrantes de La Cámpora, por directiva expresa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es racionalidad pura contar con bancadas fieles por convicciones, en un contexto que facilita las deserciones. Los (relativamente) jóvenes militantes o dirigentes obtuvieron espacios importantes y vistosos. Pero no los lanzó a candidaturas fantasiosas o desproporcionales a su potencial. Irán al Congreso, tal vez tengan un bloque que exprese algo así como la décima parte de los diputados. Deberán foguearse, laburar y remar para defender posiciones, ganar reputación y aspirar a ser competitivos en instancias futuras.
El oficialismo trata de apuntalar posiciones, lo que es punto uno de la bolilla uno de la política democrática. El politólogo finlandés nos regaña por gastar espacio en señalarle tamaña obviedad: es un graduado en universidades de excelencia y conoce el paño.
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Qué hizo y qué dejó de lado: Sin embargo, caro Olaf, usted se quedó pegado a la tele hasta la medianoche del sábado 20. Se comió el amague de los zócalos de TN que mantenían un imaginario suspenso sobre la candidatura de Cristina. Ya se conocían las boletas, ya estaba escrito pero la jugada se sostenía. El politólogo sueco, más acriollado, se fue a pasear por el Conurbano con su más que amiga pero no novia, la colorada progre. La pelirroja solo le acepta analizar el pedido de casamiento si el FpV gana en primera vuelta. Así que nuestro científico milita un poco, sin privarse de otras diversiones más personales.
Los medios dominantes y demasiados dirigentes que le hacen coro profetizaron y cuestionaron que la presidenta se postularía para ir al Parlasur, en pos de conseguir fueros. No hubo tal, los augurios se desmintieron por enésima vez.
Durante años blandieron el espantajo de la reforma constitucional y la re-re-re. A veces maquinaron un camino ilegal, parlamentario, chavista. No sucedió.
En este año se dio por hecha la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema. A siete, a nueve ¿quién da más? Era medio rarón porque el kirchnerismo no tiene quórum para sumar el cortesano que falta según las leyes vigentes. Podría cambiar el número hipotético de supremos, mediante una ley nueva pero jamás podría llenar las vacantes.
Estamos frisando julio, no viene pasando.
Una lectora o un lector suspicaz podrían argüir que no se hizo porque no se contó con las mayorías institucionales requeridas. El cronista opina que la presidenta jamás quiso forzar la reelección ni ampliar la Corte, pero eso es solo un parecer subjetivo. Más cierto es que la legalidad demarca límites que no se franquearon, porque la institucionalidad existe a niveles altísimos para la tradición nativa.
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El candidato y la líder: La candidatura del gobernador Daniel Scioli es un dato ineludible. Seguro que mide mejor en las encuestas de preferencia ciudadana que en “el disco duro K”, si eso existe. Factiblemente, la presidenta hubiera querido otro desenlace pero se acomodó a lo que marca el tablero.
Llega al final de su segundo mandato en mejores condiciones que los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. El líder radical debió apañarse con la candidatura de Eduardo Angeloz, que pertenecía a otra línea y profesaba otra ideología partidaria. Incluso el alfonsinismo lo acompañó en una interna muy despareja. Angeloz fue cruel con el mandatario en apuros: hasta forzó la renuncia del ministro de Economía Juan Vital Sourrouille, un favorito de Alfonsín.
Menem intentó llegar a la re-re-re y enfrentar al delfín que le marcaba el tablero: el gobernador Eduardo Duhalde. Este debió torcerle el brazo con el concurso de los compañeros gobernadores peronistas. Se dice que la mala onda de Menem determinó la victoria de la Alianza. Por ahí se simplifica de más, como es habitual: el avance de la Alianza parecía incontenible ya en 1997 cuando el líder riojano todavía confiaba en perpetuarse.
Cristina Kirchner terminará su mandato en un contexto de estabilidad y sustentabilidad mucho mayor. Su imagen pública es incomparablemente más elevada que la de los presidentes aludidos. Es aventurado imaginar cómo se llevaría con Scioli si este llegara a la Casa Rosada. La falta de antecedentes históricos entorpece imaginar horizontes o escenarios.
Lo cierto es que el FpV propone un candidato corrido más al centro (o centro derecha) que su ideal porque las circunstancias políticas lo determinaron. Y que fortalece espacios con dirigentes más del “palo” para contrapesar, custodiar o debatir. Es un modelo de sucesión prolijo, no clásicamente populista porque las preferencias ciudadanas marcan territorio.
Olaf insiste: “¿Entonces Cristina no quiere perder? ¿No quiere dejar un terreno minado, las arcas fiscales devastadas, la ingobernabilidad clavada desde el 11 de diciembre?”. Y calla.
El mismo se rectifica, recordando el punto uno de la bolilla uno. No pregunta qué pasará en el futuro porque, ilustrado como es, conoce la módica y sensata repuesta: habrá que ver.
mwainfeld@pagina12.com.ar

FUERTE DISPUTA CON LABORATORIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS Sobreprecios de medicamentos

Por Alfredo Zaiat
El cisplatino es una droga para el tratamiento del cáncer. El Ministerio de Salud la compra para abastecer programas nacionales de provisión gratuita de medicamentos esenciales. La convocatoria es por licitación pública y los laboratorios presentan ofertas. En la última hubo sobreprecios del 178 por ciento respecto al valor de la oferta de marzo de este año, y del 71 por ciento en relación con el de referencia determinado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Frente a estos aumentos injustificados, el Ministerio de Salud envió una nota a la Secretaría de Comercio detallado la situación, denunciando los sobreprecios y alertando sobre el riesgo de desabastecimiento de ese fármaco en los planes nacionales. La situación crítica se resolvió en un mes, en un tiempo muy breve teniendo en cuenta los canales burocráticos del Estado, aplicando la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, que reemplazó a la ley de Abastecimiento. Es un caso que revela por qué esta norma es motivo de resistencia por parte de grupos económicos concentrados y, a la vez, cuál es su utilidad para evitar abusos de firmas con posición dominante. Al mundo de la ortodoxia económica alimentado por el establishment tan preocupados por el aumento del gasto público, este caso lo pone en aprietos: la intervención estatal a través de esa cuestionada ley permitió un ahorro sustancial de recursos públicos, además de garantizar la provisión de una droga indispensable para el tratamiento del cáncer en un programa oficial de cobertura gratuito.
El Ministerio de Salud envió el 14 de mayo pasado una nota a la Secretaría de Comercio denunciando sobreprecios que le impedían comprar la droga cisplatino. Comercio emitió una resolución el 9 de junio comunicando a los laboratorios involucrados que por las facultades conferidas por la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo fiscalizará el stock existente de esa droga en sus plantas. Además les comunicó que estaban obligados a presentar ofertas iguales o menores al precio de referencia establecido por la Sigen, hasta cubrir el abastecimiento del mercado y el pedido realizado por Salud. En caso contrario, iba a ser multadas. Esa resolución fue notificada a los laboratorios y al ministerio. Con ese documento oficial, el 11 de junio Salud convocó para la compra directa por urgencia a los laboratorios y dos de ellos (ambos nacionales) se presentaron el 24 de junio y ofertaron por el precio testigo, cubriendo el total de lo demandado.
El jueves último se efectivizó la compra. La fecha de entrega será en los próximos quince días. Sólo por esta operación que redujo el precio pretendido inicialmente por los laboratorios de 1.238.462 pesos al definido por la Sigen de 725.510 pesos, generó un ahorro para el Estado de 512.952 pesos para los próximos seis meses. Este es uno de los caso pero que se repiten en otras drogas que el Ministerio de Salud está interviniendo para garantizar el abastecimiento sin sobreprecios (ver cuadro).
En los procesos de contratación de medicamentos para HIV, tuberculosis y cáncer los laboratorios ofertaron con sobreprecio. Se trata de medicamentos esenciales que se distribuyen a través de programas sanitarios nacionales a lo largo de todo el país. El comportamiento abusivo e injustificado fue tanto de los laboratorios extranjeros como de los nacionales. En el cuadro se observa un listado de medicamentos de diferentes programas del Ministerio de Salud (HIV y Banco de Drogas Oncológicas). Sobreprecios del 26 al 1317 por ciento respecto de los precios de referencia de la Sigen y de los de compras anteriores. Esas variaciones no sólo imposibilitaban legalmente a Salud la compra de esas drogas en esos términos, sino que además le planteaba un conflicto: tener que decidir frente al gasto desmesurado en un rubro (en este caso de medicamentos) sobre qué otra área o programas de salud recortar presupuesto. Para eludir esa disyuntiva, Salud apeló a la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. Con la resolución favorable, espera que el caso de la droga cisplatino actúe de disuasivo y discipline a los laboratorios. Si la resistencia persiste, todavía le queda otras herramientas de regulación: la importación de emergencia autorizada por desabastecimiento o por subas desproporcionadas de precios a través de compra directa, por ejemplo a laboratorios de India o China con precios muchos más baratos.
El 5 de junio pasado, los ministerios de Economía y Salud emitieron una resolución conjunta que dispuso una ampliación en la reglamentación para las excepciones en la inscripción en el registro de medicamentos de la Anmat, paso previo para la comercialización del producto (artículo 2 del decreto 150/192 que ordena la creación de ese organismo público). El ministro de Salud, Daniel Gollán, incorporó en las excepciones, además de por una situación de emergencia, las que emergen por subas desmedidas de precios o por desabastecimiento. Ante esa eventualidad, Salud puede comprar medicamentos que no están anotados en el registro o importando de países del anexo 2 detallados en ese decreto. La Anmat luego deberá realizar un control lote por lote para garantizar la calidad. Y si aún las firmas proveedores locales no alinean sus precios o normalizan el abastecimiento, queda la posibilidad de subir de categoría a India y China (los precios son mucho más baratos) del anexo 2 al 1 (alta vigilancia farmacológica) de ese decreto, donde están detallados los países donde los trámites de aceptación no superan de 2 a 3 meses frente al año promedio en el otro listado. Mediante una vía abreviada para la inscripción en el registro de medicamentos las operaciones se concretan con más facilidad incluso para la participación de licitaciones públicas.
En el cuadro que acompaña esta nota se presentan algunos de los medicamentos con los cuales el Ministerio de Salud ha tenido problemas en las últimas licitaciones públicas por sobreprecios. Sumando solamente estos casos, y de haberse aceptado los sobreprecios ofertados por los laboratorios, se habrían pagado 3.700.000 pesos de más.
Esta tensión por los precios expresa la confrontación del concepto de Salud como derecho o como mercancía. Son dos modelos antagónicos. La política oficial de medicamentos se enfrenta a esa situación reflejada en estos conflictos por precios. Para los laboratorios los medicamentos son una mercancía a la que buscan extraerle la máxima ganancia en la venta al público, y con las compras del sector público pretenden ampliarla aún más puesto que el Estado es el principal cliente.
El Ministerio de Salud invirtió en medicamentos aproximadamente el 25 por ciento de su presupuesto anual en 2014: casi 4000 millones de pesos. De ese monto, 2500 millones fueron destinados para la distribución a través de programas del Ministerio (por ejemplo, provisión gratuita de medicamentos esenciales, el Remediar y otros destinados a diversas enfermedades como el HIV y oncológicas). Dentro de estas compras el 95 por ciento fueron concretadas a laboratorios privados, de los cuales 74 por ciento son nacionales y el 26 por ciento restante extranjeros. Con el programa Remediar se cubrieron 38 millones tratamientos para diferentes patologías por año con un gasto de unos 450 millones de pesos, y 1000 millones de pesos fueron asignados para la provisión de medicamentos del programa Federal Incluir Salud. Además el Estado financió a través del PAMI prestaciones farmacéuticas por 15.821 millones de pesos en el último año.
Desde el 2003, la industria farmacéutica argentina ha crecido en forma sostenida alcanzando ventas de 35 mil millones de pesos en 2014, según un informe elaborado en el Ministerio de Economía. Durante los últimos doce años los laboratorios nacionales lograron describir un salto cualitativo y cuantitativo en su nivel de competitividad generando un aumento de casi 400 por ciento de sus exportaciones y una mayor participación en el mercado local. El sector farmacéutico ha sido uno de los más beneficiados por los créditos oficiales a tasa subsidiada denominado Bicentenario. A través de esta línea, entre 2010 y 2013 la industria obtuvo préstamos por 1043 millones de pesos. Además han recibido beneficios impositivos y subsidios.
En el campo de la salud, el acceso a los medicamentos es uno de los temas más críticos y por ese motivo la intervención estatal es un constante desafío para garantizar el abastecimiento por precio y calidad. En estos años se ha consolidado como una política de Estado para mejorar el acceso de la población a los tratamientos adecuados y oportunos. Los sobreprecios de los laboratorios afectan el despliegue de esa política y la ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo se ha convertido en una primera instancia para ordenar un mercado tan sensible.
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COORDINACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL BANCO CENTRAL PARA CONTROLAR LA ESPECULACION CON EL DOLAR La estrategia para desalentar aventuras

Por Tomás Lukin y
Cristian Carrillo
La operatoria en el segmento ilegal del dólar quedó casi paralizada a lo largo de la semana pasada con los controles desplegados en el microcentro porteño por la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central. De todas formas, los precios que se difunden registraron una escalada. La cotización se desinfló con el correr de los días pero los movimientos alcanzan para despertar preocupaciones y malestares que, según entienden en el equipo económico, deben aplacarse de manera contundente. “Es indispensable que el Banco Central demuestre que mantiene el control del mercado cambiario. Históricamente en los momentos previos a las elecciones hay sectores que intentan condicionar a los gobiernos con golpes de mercado”, explicó a Página/12 el presidente de la autoridad monetaria Alejandro Vanoli. El diagnóstico es similar en el Ministerio de Economía. “La estabilidad económica molesta, por eso empiezan a motorizar las famosas corridas cambiarias y a engañar a la gente para que se vuelque a la compra de dólares”, afirmó Axel Kicillof ante los vaivenes de la cotización blue.
Sanciones millonarias a casas de cambio y bancos, la promesa de nuevos allanamientos en cuevas y la ampliación del grifo de divisas para importar partes, piezas e insumos fueron los últimos movimientos en la estrategia oficial para desarticular las presiones preelectorales sobre los diferentes mercados e instrumentos financieros existentes para acceder a moneda extranjera. Esos elementos se suman a otros mecanismos vigentes como la venta de moneda extranjera para atesoramiento, una herramienta costosa en materia de divisas, y el uso de instrumentos monetarios tradicionales para absorber pesos que en la actualidad colabora para limitar, al menos parcialmente, la dolarización del aguinaldo en el mercado blue.
“Antes de cada una de las elecciones se conjugaron jugadas desestabilizadoras, lanzaron corridas incluso cuando había 50 mil millones de dólares en las reservas y no existían las medidas de administración para el acceso a la compra de divisas como hoy”, ilustró un directivo del Banco Central consultado por este diario. “Las reservas no sólo no caen sino que están en un nivel elevado, no hay dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos de deuda, más allá del permanente reclamo devaluatorio de algunos sectores no hay ruido cambiario grave”, explicó a Página/12 un colaborador del ministro Kicillof.
El stock de divisas del Banco Central finalizará el primer semestre alrededor de los 34 mil millones de dólares, 5 mil millones más que un año atrás cuando en medio del peor momento en la disputa con los fondos buitre llegaba a 29 mil millones. Diferentes decisiones como el swap con el Banco Popular de China y la emisión del bono en dólares Bonar 2024 sorteando el bloqueo impuesto por el juez estadounidense Thomas Griesa, entre otras, explican la mayor holgura. Sin embargo, el déficit en la cuenta corriente revela las históricas limitaciones estructurales que enfrenta la economía argentina en materia de disponibilidad de divisas. La radiografía del frente externo real arrojó un rojo de 3700 millones de dólares el primer trimestre más que compensado por el superávit financiero.
“Los controles de las últimas semanas en la city son preventivos, día a día vamos decidiendo en forma coordinada cómo actuar, pero es innegable que hay un componente político y comunicacional cuando intentan generar un psicosis por el dólar”, lanzan desde el equipo económico para recordar los movimientos especulativos de septiembre de 2014 “cuando llevaron la cotización del mercado ilegal hasta 16 pesos”. Con los últimos allanamientos a ocho cuevas financieras se secuestraron 2,5 millones de pesos. Pero, incluso sin arrojar grandes decomisos, esos operativos alcanzaron para llamar la atención de casas de cambio, corredores de cambio, mutuales, sociedades de bolsa y cooperativas de crédito.
Uno de los inspectores del BCRA que estuvo a cargo de los controles en cuevas de San Isidro fue amenazado de muerte el viernes. Recibió un sobre con recortes de diarios pegados donde se puede leer la frase intimidatoria: “Acá tenés todos los dólares para tu hija”. La autoridad monetaria ya realizó la denuncia penal (ver nota aparte). Los allanamientos y controles coordinados entre los distintos organismos continuarán (y se intensificarán) confirmaron a este diario desde la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA. Desde esa dependencia evalúan modificaciones regulatorias para actividades desreguladas como los corredores de cambios que arbitran uno de los canales de financiamiento del segmento blue. Ese trabajo se está realizando en conjunto con el Inaes, el organismo que controla a cooperativas y mutuales.
“Me preocupa que engañen a la gente. Empiezan a agitar. El año pasado decían la temperatura y la cotización del dólar del día. Es un tema altamente político”, enfatizó Kicillof. “Desde octubre del año pasado revertimos en coordinación con otros organismos de regulación financiera esa suerte de banca central paralela que intentaron establecer los especuladores”, explicó Vanoli a este diario. La mayor celeridad en la definición de los expedientes sancionatorios que dormían en esa dependencia es una herramienta complementaria en la renovada estrategia de disciplinamiento del sector financiero. Diez días atrás el Banco Central dispuso multas por más de 45 millones de pesos a casas de cambio y bancos. Esas sanciones que también alcanzaron a 28 directores y socios de entidades como Eves S.A., Puente Hermanos Casa de Cambio (actualmente Cambios ALPE), París Cambio, BICA, Global Exchange, HSBC USA, HSBC Private Bank (Suisse), Caja de Crédito Cuenca, Davatur y el extinto Banco Privado de Inversiones, entre otras. Con esas últimas sanciones, las multas aplicadas desde septiembre pasado superaron los 500 millones de pesos. La normativa vigente exige que los individuos y entidades paguen las multas y luego, si así lo deciden, cuestionen la medida ante la Justicia.
Los controles coordinados se conjugan con las distintas herramientas de política monetaria y administración del comercio exterior desplegadas por el equipo económico. Las mayores tasas de interés para los depósitos y las emisiones de diferentes bonos e instrumentos en moneda local son algunos de los instrumentos tradicionales utilizados. Con esos mecanismos el Banco Central y Economía absorbieron 52.765 millones de pesos en lo que va del año, una cifra significativa. Desde el equipo económico afirman que esa estrategia, analizada con mayor precisión en el suplemento Cash de esta edición, colabora para evitar la dolarización de los excedentes.
El último movimiento de la estrategia fue el incremento a partir del 1º de julio en las divisas destinadas a la importación de insumos, partes y piezas que la industria nacional requiere para operar. El Ministerio de Economía pretende que se utilicen para financiar importaciones y relanzar la actividad manufacturera. Un ejemplo es el sector de ensamblaje de productos electrónicos radicado en Tierra del Fuego cuya disponibilidad de divisas para adquirir componentes asiáticos pasará de 233 a 300 millones de dólares por mes. Los empresarios esperan poder destinar parte de esos dólares a cancelar deudas acumuladas con sus proveedores del exterior. “Incluso con la mayor holgura lograda en el frente financiero tenemos estar muy atentos para desarticular movimientos especulativos en el mercado cambiario”, advierten desde el equipo económico.

Embargos millonarios por la operación ilegal de empresas petroleras en Malvinas

La jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Lilian Herraez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y otros bienes de empresas petroleras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
malvinas-petroleo-348x260La medida judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal, dada a conocer este sábado, fue dictada en el marco de la causa penal iniciada por el gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental del país.
En abril de este año, la jueza federal subogrante, Mariel Borruto, ordenó la realización de las medidas de prueba para “corroborar las hipótesis delictivas” en la causa que investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.

PRO BRITANICO TAMBIEN.

Toda una definición político ideológica. Bandera de que pais? Bandera británica? Saint George Scholl ? Que diran el 2 de Junio? Proclamaran las Malvinas son argentinas? Acaso alguien le puede creer que este funcionario PRO quiera una educacion pública de excelencia? ?