LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACION Uso y consumo de la TV Digital Abierta

Por Washington Uranga

Un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Maestría en Industrias Culturales (MIC) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) sobre el uso y consumo de la Televisión Digital Abierta (TDA) en Argentina concluye que, si bien la penetración es baja, de apenas el 5 por ciento en términos absolutos en relación con el total de la muestra (ver Gráfico 1), el porcentaje aumenta significativamente (al 20 por ciento) cuando se toma en cuenta solamente a aquellas personas que no tienen servicio de cable (TV paga). A ello debe agregarse que entre quienes probaron y/o usan la televisión digital existe un alto nivel de aceptación: el 76 por ciento baleará los contenidos y la nitidez de la TDA respecto de la televisión tradicional, en tanto que el 65 por ciento de los consultados aprecia positivamente la variedad de la programación.

El estudio, encabezado por los investigadores Guillermo Mastrini, Martín Becerra y Santiago Marino, contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y se concretó a través de una muestra realizada en los partidos bonaerenses de San Fernando y Quilmes, concretada en tres etapas entre octubre de 2011 y marzo del 2013. El equipo de investigadores se completa con Julián Gadano, Tomás Bieda, Ana Bizberge, Raúl Perea y Carla Rodríguez Miranda.

Entre los principales hallazgos subrayados por los investigadores se señala la “alta penetración de la TV analógica e incipiente propensión al recambio hacia aparatos digitales (LED, LCD, etc.)” y, al mismo tiempo, el “crecimiento de la penetración de computadoras en sus distintas versiones y de la conexión a Internet, de acuerdo con las cifras de encuestas nacionales”.

La baja penetración alcanzada hasta el momento por la TDA de acuerdo con la muestra estudiada está claramente relacionada con la dificultad para acceder a los decodificadores. En otro nivel el trabajo deja en evidencia que la penetración de la televisión digital terrestre (18,6 por ciento) sigue siendo sumamente inferior a la televisión analógica (81,4 por ciento) según se consigna en el Gráfico 2.

Por otra parte, el acceso a la TDA está casi exclusivamente basado en las políticas gubernamentales de fomento de la TDA, tal como queda demostrado en el dato de que el 98 por ciento de los usuarios recibieron el decodificador de modo gratuito por parte del gobierno nacional. En este mismo sentido se advierte que los jubilados son quienes mayoritariamente (40 por ciento) accedieron a un decodificador de manera gratuita, seguidos de quienes se encuentran desocupados (22 por ciento) y quienes realizan trabajo manual (18 por ciento) no calificado respectivamente.

En la investigación de la MIC, que aborda además otros aspectos del consumo televisivo, se afirma también que “en términos generales puede indicarse que el nivel de conocimiento sobre la televisión de alta definición entre los encuestados es bajo”, aunque se admite que este hecho puede estar relacionado con “el segmento socioeconómico de la muestra donde la renovación del parque de televisores hacia los nuevos equipos se da de manera más lenta”. Por la misma razón el 48 por ciento de los encuestados no responde ante la declaración de que “la TV HD es diferente”, sólo un 20 por ciento está “totalmente de acuerdo” con la aseveración y un 22 por ciento “de acuerdo”. Entre los abonados al cable que reciben TV en HD, el 88 por ciento acordó que es notoria la diferencia entre el sistema estándar y la alta definición. Pero la gran mayoría de quienes aún no acceden a la televisión de alta definición no está dispuesta a pagar una diferencia por el pasaje entre las dos tecnologías.

Otro dato interesante que resulta del estudio es que para la mayoría de los entrevistados es muy difícil imaginar la vida sin televisión, entendiendo que la TV es un acompañante y una avenida de entrada y salida del mundo. Según se señala textualmente: “Entrada a un mundo que resulta una entelequia. Un mundo inaccesible, que no se puede aprehender, de realidades complejas; por ejemplo el ‘mundo de la política’. Y es también salida de la propia realidad. La TV muestra otras realidades deseadas y ratifica o conforma el aspiracional”. En el mismo sentido se afirma que “la TV es mucho más que una fuente de entretenimiento: es una fuente de conocimiento. Donde los televidentes se informan y aprenden, de una forma ‘poco costosa’ y efectiva”. Se agrega también que “una de las virtudes que los usuarios de TDA reconocen es que ‘enseña’, a diferencia del cable que sólo entretiene porque lo único que quiere es vender”.

Los entrevistados fueron consultados asimismo acerca de su apreciación sobre el nivel de “politización” de la televisión argentina. Seis de cada diez respondieron que la TV “es plural”, pero la mitad asegura igualmente que la TV es cada vez más oficialista (ver Gráfico 3). Según se afirma en el estudio, “esta opinión podría obedecer al aumento de la publicidad oficial en la transmisión de contenidos de interés general” como el fútbol y, en general, los eventos deportivos. Pero por otro lado se advierte que para parte del público “el ser ‘oficialista’ no es necesariamente contradictorio con ser ‘plural’”.

También hay una valoración cualitativa de los contenidos televisivos. El 48,4 por ciento de los encuestados sostiene que los contenidos no son “ni malos ni buenos”, poniendo en evidencia una postura que los investigadores califican de “escéptica”. A ello se agrega que el 34,6 por ciento sostiene que los contenidos son “buenos” y apenas el 12,4 por ciento los califica de “malos”. Para el 1,7 por ciento son “muy buenos” y para el 0,3 por ciento son “muy malos” (ver Gráfico 4).

Entre las recomendaciones que se derivan del estudio se subraya que, debido precisamente al alto grado de aceptación que muestran quienes accedieron a la TDA, “la política acertada sería una mayor inversión en difusión y extensión del servicio”. En la misma línea se señala la importancia de “fomentar la generación de nuevos contenidos y las pantallas de distribución a partir de los programas destinados” a la ampliación del servicio de la TDA, así como “diseñar modelos de sustentabilidad y/o rentabilidad para la producción de contenidos, a través de esquemas o alianzas público-privado-comunitarias que incluyan el desarrollo de los servicios interactivos, móviles y a demanda, los cuales se presentan como llave que podría atraer a nuevos usuarios”.

* El texto completo de la investigación puede encontrarse enhttps://es.scribd.com/doc/238478587/InformeTDA-Para-Web

EL PAIS › STOLBIZER Y LOS ALCANCES DE SU DENUNCIA POR HOTESUR La precisión del caso

La diputada nacional Margarita Stolbizer, quien presentó la denuncia por la que el juez federal Claudio Bonadio allanó las oficinas declaradas ante la Inspección General de Justicia como sede de Hotesur, que administra el hotel de la Presidenta, Alto Calafate (ver página3), aclaró que no denunció a la jefa de Estado y que “ninguna de las faltas cometidas por la sociedad son delito”. Además, la legisladora sostuvo que en su presentación solicitó al juez que “se pidiera información” sobre la sociedad, “pero no allanamientos”, sobre lo que agregó “no me voy a hacer cargo de las cosas que hace Bonadio”.

“El delito que yo denuncio es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público de aquellos que, debiendo haber controlado a la sociedad, no lo hicieron”, precisó Stolbizer, señalando a la Inspección General de Justicia. “No es la única vez que lo han hecho y yo hace tiempo que vengo cuestionando a la IGJ”, agregó.

Si bien aclaró que en su denuncia solicitó que se requiriera “información” sobre la situación de Hotesur, la líder del GEN señaló que los allanamientos ordenados por Bonadio le parecieron “razonables”. Dijo al respecto que el juez “hizo lo que tenía que hacer. El domicilio constituido (por Hotesur) en la IGJ es el de la calle Lavalle. El comunicado (de la empresa) dice que en el año 2010 habían cambiado de domicilio hacia Santa Cruz. Ahora, en el 2012, consta en la Inspección de Justicia que se realizó una asamblea y esa asamblea fue en la calle Lavalle, entonces hay demasiada mentira en el medio y es bastante razonable que el juez haga un allanamiento en el domicilio que la empresa denunció”, agregó.

La diputada también aclaró que ella no tomó los datos del programa Periodismo para Todos para hacer la denuncia, sino que la producción de Jorge Lanata la entrevistó a ella sobre el tema. “Yo tomé documentación pública y oficial. Lo primero fue la declaración jurada de la Presidenta, que tiene una enumeración de bienes y de riquezas realmente extraordinaria, difícil de explicar para un funcionario público. Dentro de todo ese listado aparece una sociedad llamada Hotesur, por la que la Presidenta dice ser titular de un paquete accionario de algo más de nueve millones. La misma declaración jurada dice que hay una deuda con Hotesur de 4 millones de pesos”. Stolbizer añadió que fue a la Inspección General de Justicia “a buscar qué es Hotesur, para saber si ese paquete accionario era el 1 por ciento, el 50 o el ciento por ciento de la sociedad”, y encontró que faltaban presentar los balances de los últimos cuatro años.

“La sociedad de la presidenta de la Nación está constituida en un domicilio falso”, apuntó en otro tramo del reportaje, aunque consultada sobre si ella podía asegurarlo, ya que la empresa alega que funcionaba allí pero luego se mudó, Stolbizer se corrigió: “Yo nunca hablé de la actividad improcedente de la Presidenta, lo que hago es fijar la responsabilidad del delito en los funcionarios públicos que, debiendo controlar, no lo hacían”.

“Mi denuncia es contra los funcionarios de la IGJ por no controlar –indicó–, si después el juez encuentra otra cosa...” Stolbizer se preguntó “de dónde viene el enriquecimiento de la Presidenta”. “Uno tiene que preguntarse qué es lo que pasa con esas cuestiones. No hay nadie en la Argentina que pueda tener un incremento de fortuna tan extraordinario.”

EL OFICIALISMO ESPERA SACAR DICTAMEN MAÑANA PARA EL CODIGO PROCESAL El nuevo Código en comisión

 Por Miguel Jorquera

El oficialismo está dispuesto a avanzar en la Cámara de Diputados con la sanción del nuevo Código Procesal Penal (CPP) a pesar de los cuestionamientos de las distintas bancadas opositoras. Este jueves, antes del mediodía, arrancará el plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto, donde el kirchnerismo y sus aliados darán dictamen al proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que buscarán convertir en ley el próximo jueves 4 de diciembre en el recinto. El presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, ratificó la convocatoria y la decisión de que la Comisión de Justicia será la cabecera del plenario, a pesar de que la diputada macrista Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Legislación Penal, prometía rebelarse ante la convocatoria y hasta recurrir a la Justicia si ella no presidía el debate.

En el plenario del jueves no habrá invitados y el debate se ceñirá a la exposición de las posiciones de cada uno de los bloques. El oficialismo no quiere estirar la discusión. Considera que el debate está agotado y no modificará las posturas ya adoptadas. Sobre todo, después de que la Cámara alta introdujo 42 modificaciones al texto original del proyecto girado por el Ejecutivo al Congreso, muchas de ellas a propuesta de la oposición parlamentaria, que igual votó en contra de la iniciativa.

De hecho, el Frente Renovador de Sergio Massa presentó ayer, bajo el lema de “mano firme del Estado” para “proteger al ciudadano que paga sus impuestos”, su propio proyecto de Código Procesal en el Teatro Astral (ver aparte). Aunque con menos expectativas que cuando con sus críticas arrastró al resto de la oposición y logró postergar el debate parlamentario del nuevo Código Penal, de cuyo anteproyecto habían participado penalistas de distintas corrientes ideológicas, como Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (PRO) y María Elena Barbagelata (PS), entre otros. Luego sus partidos se plegaron al rechazo de Massa.

El kirchnerismo y sus aliados, con mayoría en tres comisiones que integran el plenario, buscarán mañana mismo firmar el dictamen de mayoría que llevarán al recinto de Diputados el próximo jueves 4. De todas maneras, la convocatoria al plenario no estuvo exenta de complicaciones. La macrista Bullrich reclamó que la comisión que preside, Legislación Penal, sea la cabecera del debate porque allí están “concentrados todos los proyectos de reforma al Código Procesal”, denunció públicamente a Domínguez de “fraude” y amenazó con recurrir a la Justicia.

La Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja explicó a través de un comunicado las razones “reglamentarias” por las cuales la Comisión de Justicia, que encabeza la oficialista Graciela Giannettasio, presidirá el debate. Entre ellas, que del reglamento del cuerpo “surge claramente” que “el fuero penal es parte integrante de las competencias del Poder Judicial, al igual que el laboral, administrativo, civil, comercial, etc.” y agrega: “Con este nuevo código cambiarían tangencialmente las funciones del juez, que pasaría de conducir el proceso a arbitrarlo; y del fiscal, quien no sólo sería el titular de la acción penal, sino también quien llevaría adelante la investigación y el proceso”.

La decisión fue ratificada por Domínguez a Bullrich en un encuentro que mantuvieron ayer en el tercer piso del Palacio Legislativo. De todas maneras, la diputada macrista insistió en que no convocará a su comisión aunque sí participará del plenario para exponer su denuncia. Una situación que el oficialismo salvaría con el antecedente legislativo donde la propia Bullrich, como una de las líderes del disuelto Grupo A (que aglutinó a toda la oposición parlamentaria y desplazó de la mayoría al Frente para la Victoria durante 2010-2011), puso en marcha comisiones a pesar de la resistencia a convocarla de parte del oficialista que las presidía.

El kirchnerismo no quiere perder tiempo y aspira a transformar en leyes los principales proyectos que el Gobierno envió al Congreso este año, durante la extensión de las sesiones ordinarias que decretó el Ejecutivo a lo largo de todo diciembre.

Su agenda legislativa en Diputados no sólo incluye la sanción del Código Procesal Penal la semana próxima. Un día antes, el miércoles 3 de diciembre, se realizará la sesión preparatoria donde se elegirán las autoridades de la Cámara baja para el período parlamentario 2015. Además de una sesión prevista para el jueves 11, donde sancionaría la nueva ley de comunicaciones Argentina Digital, que todavía no fue tratada en el recinto del Senado.

INDAGACION JUDICIAL E HISTORICA SOBRE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN CHACO La represión a las Ligas Agrarias

Las Ligas Agrarias llegaron a nuclear a más de 20 mil familias en el nordeste argentino. Fue uno de los movimientos sociales más importantes, una herramienta de organización entre pequeños y medianos agricultores que en los años ’60 enfrentaba la lógica de los monopolios, comercializadores y latifundios. A partir de 1975, sufrieron persecuciones que se incrementaron con el golpe de 1976. La Unidad Fiscal que se ocupa de los crímenes de lesa humanidad de Chaco investiga el asesinato y desaparición de seis de sus dirigentes y militantes y a la vez intenta un camino documental para reconstruir en términos históricos la represión sobre la organización. La semana pasada, el RUV (Registro Unico de la Verdad), HIJOS de Chaco y la Comisión Provincial por la Memoria entregaron documentación a víctimas y sus familias.

“Entendemos que la reparación –dice el fiscal Diego Vigay–, además del juzgamiento de los responsables, debe contener la recuperación de la memoria histórica, con una especial participación de los familiares de las víctimas, a quienes tantas veces se les negó la información sobre el paradero de sus seres queridos, y quienes en distintas circunstancias fueran vilipendiados por ser familiares y en muchos casos incluso siguen buscando a sus seres queridos en la actualidad.”

Las Ligas Agrarias nuclearon uno de los nudos de la represión en el norte argentino. En el movimiento confluyeron dirigentes y militantes de bases campesinas, pero también integrantes de distintas organizaciones armadas y movimientos de curas y de monjas comprometidos con la opción por los pobres. Entre ellos estuvo Alice Domon, la monja francesa que trabajó en el pueblo correntino de Perugorría y años después fue asesinada en la Escuela de Mecánica de la Armada.

“El primer cabildo abierto del agro chaqueño se realizó el 14 de noviembre de 1970 en Roque Sáenz Peña, zona algodonera por excelencia”, señala un informe de la fiscalía. “Bajo el lema ‘Grita lo que sientes’, cinco mil productores se reunieron para discutir sus reivindicaciones y la necesidad de una organización; a medida que las ligas aumentaron su convocatoria, se promovieron protestas masivas y huelgas rurales, y entre ellos empezó a gestarse un discurso antimonopólico y antiimperialista”.

Una de las movilizaciones más importantes de esa evolución fue la del 31 de enero de 1972: unos diez mil productores de Chaco y de Santa Fe se desplazaron sobre Resistencia.

“Luego del 24 de marzo de 1976 el movimiento liguista fue cruentamente reprimido por el terrorismo de Estado”, explica un informe de la fiscalía. “Tanto sus principales dirigentes como las bases fueron perseguidos, muchos asesinados y desaparecidos en un contexto en el que la dictadura iba a restablecer los privilegios de monopolios y latifundios.”

A lo largo de este año, la fiscalía reconstruyó parte de esa historia de represión. Con el RUV e HIJOS tomó fuentes testimoniales de sobrevivientes y de familiares de los desaparecidos y también documentación oficial de los expedientes de la Ley 20.840. Con esa información, se organizó la base de la causa. En el expediente se investigan tres homicidios: el de Juan Sokol, producido durante la tortura en la alcaldía de Sáenz Peña, y los de Raúl Eduardo Gómez Estigarribia y Carlos Píccoli, que fueron asesinados y luego se encubrieron los crímenes con la figura del enfrentamiento. También investigan las desapariciones forzadas de Carlos Héctor Orianski, Secundino Taco Vallejos y Armando Molinas. En el expediente se abrieron y derivaron a Buenos Aires las averiguaciones por los secuestros de dos integrantes de Montoneros retornados durante la Contraofensiva de 1980: Hugo Vocouber y Luis Fleitas.

Uno de los datos que surgió en la investigación es que, si bien no puede determinarse cuándo comenzó la persecución contra las Ligas Agrarias, puede advertirse que a partir de los últimos meses de 1975 hubo un incremento de la represión. Existieron “arrestos masivos” y “torturas contra los detenidos”. Uno de los casos emblemáticos de esa época es la detención de Osvaldo Lovey, ocurrida en abril de 1975. Lovey en ese momento era subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la provincia. A partir de marzo de 1976, los niveles de represión aumentaron. Hubo dirigentes que tuvieron que esconderse en el monte. Entre ellos, se mencionan los caso de Oscar Mato, Carlos Píccoli, Carlos Orianski, Armando Molinas, Remo Vernika e Irmina Kleiner. La persecución se extendió durante años: Píccoli fue asesinado en 1979 cuando había regresado al país y a la provincia.

“El fin del operativo era eliminar este foco de resistencia y militancia rural que en esa época luchaba por un mejor precio del algodón –dice el informe de la fiscalía–, también pretendieron establecer reformas que aún no se pudieron establecer. La lucha agraria le costó mucha sangre a esta organización que fue diezmada en poco tiempo.”

UN EX MILITAR DETENIDO EN MORENO Un represor bahiense

El oficial retirado Alberto Daniel Rey Pardellas, ex jefe de una compañía de servicios del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, fue detenido, imputado por delitos de lesa humanidad en esa ciudad durante la última dictadura. El ex militar de 69 años, que deberá prestar declaración indagatoria ante el juez subrogante Santiago Martínez, es el decimosexto detenido a partir de las imputaciones realizadas el año pasado por los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani.

En Bahía Blanca se realizaron dos juicios orales que implicaron condenas para 24 represores, en su mayoría retirados del Ejército. Por estos días se juzga a un grupo de marinos y prefectos por secuestros, torturas y homicidios en las bases de Puerto Belgrano y Baterías, y por los asesinatos de los dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia. Al mismo tiempo continúan las investigaciones del Ministerio Público en la etapa de instrucción, en la cual se enmarca la declaración indagatoria del director del diario, Vicente Massot, sobre la que ahora debe pronunciarse el juez federal subrogante Alvaro Colefi, y las nuevas detenciones de militares.

Rey Pardellas fue detenido la semana pasada en la localidad de La Reja, partido de Moreno. La Policía de Seguridad Aeroportuaria concretó la medida en la vía pública, en la calle Martínez de Hoz al 2600. El militar está imputado por su presunta participación en 90 casos de secuestros y tormentos, en un homicidio, tres casos de lesiones gravísimas y como miembro de una asociación ilícita, según informó el portal de la Procuración General de la Nación. Durante 2014 se avanzó en la detención de once ex integrantes del Batallón de Comunicaciones 181, dos del Comando del Cuerpo V del que dependía, dos del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé y un ex policía de la Unidad Regional V local. El listado de los últimos detenidos incluye a Diego Horacio Landa, Luis María Delaico, Oscar Norberto Moschini, Vicente Alfredo Flores (jefe de un “Grupo Antiguerrilla” del Batallón 181), Eduardo Carlos Videla y Raúl Esteban Andrés.

› CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER HABLO EN EL CIERRE DE LA CONVENCION DE LA CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION “Que digan qué país quieren y cómo lo harán”

Por Nicolás Lantos

“A esta Presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner en su retorno a la actividad pública luego de 23 días de reposo. La Presidenta reapareció en el acto de cierre de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción con un discurso que combinó la defensa de las políticas del Gobierno con la crítica a la falta de propuestas de la oposición. Minutos después se refirió a Claudio Bonadio en su cuenta de Twitter. A través de esa red social, CFK reveló que Mansue S.A., una empresa de la que el juez federal es socio, “debe los balances por ejercicios cerrados” de los últimos dos años. “Igualito que Hotesur”, remarcó la mandataria y se preguntó: “¿Algún legislador o legisladora denunciará? ¿Qué dirá la prensa independiente?”.

En la convención CAC, en el Hotel Sheraton, el discurso de la mandataria tuvo, por primera vez, un tono claramente preelectoral. CFK se montó al hombro la campaña del peronismo de cara a los comicios del año próximo, confrontando con los candidatos presidenciales opositores y marcándoles el camino a los oficialistas, nuevamente desde el centro de escenario político. “La infraestructura social y económica debe ser una política de Estado –señaló–. Pero definir claramente, de cara a la sociedad, quién financia y cómo se financia esa infraestructura es una obligación de todos los que pretenden conducir la Argentina.”

La referencia presidencial a la extorsión de “los buitres y los caranchos” llegó después de que recordara que había leído que “un juez de Nevada llegó a un acuerdo de confidencialidad con los buitres sobre 123 cuentas que se adjudican a no se sabe quién. Tengo la intuición femenina –aseguró Cristina Kirchner– que no encontraron los nombres que buscaban o por ahí encontraron otros que no quieren dar a conocer. Sería bueno que ese juez lo haga”. Y ya de lleno en el tema, CFK destacó que de las 4040 cuentas de argentinos en Suiza, informadas por el banco HSBC, sólo estaban declaradas unas 125. “Como ven –concluyó– muchos de los dólares que faltan no salieron con toda legalidad de la Argentina.”

No hubo anuncios referidos a bonos ni eximiciones extraordinarias del Impuesto a las Ganancias; por el contrario, recordó que “los trabajadores argentinos siguen siendo los mejores remunerados en toda América latina” y que unos seiscientos millones de dólares, un veinticinco por ciento del total de divisas vendidas para ahorro, fue a asalariados en relación de dependencia con ingresos de entre siete mil quinientos y veinte mil pesos. “Los trabajadores siempre ponen el lomo, pero tienen que tener comprensión. En las principales economías europeas se está discutiendo hoy congelar salarios y flexibilización laboral”, manifestó la Presidenta, que también hizo un pedido de “cuidar todo lo logrado” hasta ahora.

La novedad fue que CFK apuntó a lo que va a suceder más allá de diciembre de 2015. Recordó que “antes se concebía a la infraestructura no como una inversión sino como un gasto público” y que el kirchnerismo “dio vuelta ese paradigma”, incluyendo a “millones de personas” a través del acceso a los servicios públicos escenciales. Y haciendo referencia a algo que había dicho más temprano el titular de la CAC, Gustavo Weiss, con quien mantuvo varios contrapuntos, señaló que si bien “es cierto que hoy todos los políticos están de acuerdo en que la obra de infraestructura es buena” para el país, “el problema es cómo se financia, y ahí es donde comienzan las diferencias”.

Como ejemplos, mencionó el plan de viviendas Pro.Cre.Ar, clave para mantener a flote el sector de la construcción y por el que se están fabricando más de 136 mil nuevas viviendas. “Todos aplauden el Pro.Cre.Ar, pero para poder darlo hubo que recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que estaban en manos privadas.” Fernández de Kirchner apuntó: “No habría Pro.Cre.Ar si no hubiéramos recuperado las AFJP. Ahí no todos pensaban lo mismo. Ahí es donde comienzan a aparecer las diferencias con otras fuerzas políticas que dicen que hay que eliminar o bajar el Impuesto a las Ganancias, que hay que eliminar los derechos de exportación. ¿Entonces cómo financiamos?”, se preguntó.

En el mismo sentido recordó que el Frente para la Victoria fue la única fuerza que apoyó, en su momento, medidas como la estatización de la empresa de agua AySA y también la creación de Arsat, el emprendimiento aeroespacial que permitió poner recientemente un satélite en órbita, o la reestatización de YPF, mientras que la oposición en total o en buena parte se opuso a esas leyes cuando fueron tratadas en el Congreso. “La política debe dejar de ser un lugar de promesas, sino un lugar de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace –sostuvo–. Por eso nos gusta debatir proyectos, debatir ideas. Nosotros hablamos siempre de las cosas que hemos hecho: es lo mejor que puede hacer un gobierno.”

Ante un público compuesto en su mayor parte por funcionarios y empresarios, la Presidenta pidió identificar y comprometerse con “políticas de Estado” que no varíen con el cambio de cada gobierno. “Es importante que las obras tengan continuidad, no podemos tener más un elefante blanco”, dijo, en referencia al edificio que comenzó a construirse en el segundo mandato de Juan Domingo Perón y se interrumpió luego del golpe de Estado que lo depuso. “Cuando se empieza algo que es bueno para los argentinos, el siguiente gobierno lo tiene que seguir. Se necesita mucha sustentabilidad, mucha perseverancia y mucha continuidad en un proyecto. No se puede ir cambiando al tuntún porque así nos ha ido a los argentinos”, agregó.

Por eso, pidió a “todos los argentinos” hacer “un esfuerzo colectivo” para “concebirse como país, como nación, como proyecto”. Y dijo que “antes de leer el diario para ver cómo está” el país, cada uno debería fijarse “cómo está él, su balance, en lugar de fijarse en los medios, que crean un clima que muchas veces tienen que ver con generar expectativas” negativas con fines políticos. “Con esos profetas del fracaso y de la profecía autocumplida de que nos va a ir horrible”, completó.

Por último, destacó que “el grado de desendeudamiento” conseguido por el país durante los últimos años “da una solidez para ir por más”. Pero, advirtió, “no por más endeudamiento para cualquier cosa, sino para hacer obras” y para apuntalar “la producción nacional de insumos”. Por eso, les pidió CFK a los hombres de negocios presentes, “cuando se habla de economía no hablar de un solo sector, sino del conjunto, en carácter estratégico y aprendiendo del pasado” para evitar repetir los errores. “Hay que mirar por el espejo retrovisor para no volver a chocar el país”, concluyó.

Luego de reaparecer tras 23 días de licencia médica (“este año me tomé vacaciones en el Otamendi”, bromeó la Presidenta), Fernández de Kirchner tiene una agenda pública cargada de acá hasta el 10 de diciembre, cuando encabece, como acostumbra, el acto por el Día de los Derechos Humanos, en el que el oficialismo espera reunir en Plaza de Mayo a cientos de miles de personas en lo que funciona como una suerte de cierre político de cada año. Pero antes viajará a Ecuador, a la cumbre de Unasur. También, antes de fin de año, será anfitriona en el encuentro de jefes de Estado del Mercosur, que se llevará a cabo entre el 14 y el 18 de diciembre, en Paraná, Entre Ríos.

25 de Noviembre de 2014 Poder económico y poder político Triangulación, Hotesur y transnacionales

El recuerdo de un artículo de Miradas al Sur de 2010 y el entramado de las cerealeras para eludir al fisco y agrandar la fuga de capitales.

Eduardo Anguita

Cuatro años atrás, en la primera edición tras la inesperada y dolorosa muerte de Néstor Kirchner, el 6 de noviembre de 2010, Miradas al Sur publicaba un artículo sobre la triangulación de las exportadoras de cereales. Una fuente insospechable había brindado al colega Gabriel Bencivengo y a quien escribe estas líneas documentación interna de Molinos Río de la Plata que se convertía en una radiografía de cómo eludir al fisco. Gregorio –Goyo– Pérez Companc, cuando terminaba el gobierno de Carlos Menem, había comprado Molinos a Bunge & Born. Por entonces nadie sospechaba el boom sojero de esta última década. Pero el visionario Pérez Companc tenía planeado dejar el rubro energético y volcarse de lleno al negocio agropecuario. De hecho, dos años después de adquirir Molinos, apenas asumido Lula en la presidencia y con Eduardo Duhalde al frente del Ejecutivo en la Argentina, Goyo vendía Pérez Companc S.A., por entonces una poderosa empresa energética, a la brasileña Petrobras. Unos años antes, Pérez Companc le vendía el Banco Río al magnate español Emilio Botín, presidente del Banco Santander.
La historia dice que Pérez Companc era una empresa familiar de mediano porte fundada a principios del siglo XX que empezó a crecer de modo sideral a partir de 1977, cuando la dictadura cívico-militar irrumpía a sangre, fuego y contratos ventajosos para los empresarios convencidos de que era hora de terminar con cualquier vestigio de militancia revolucionaria, Estado Benefactor y, por supuesto, Estado de Derecho. La estatal YPF fue detonada precisamente para favorecer al grupo de empresarios que participaron del saqueo. Dicho sintéticamente, YPF transfirió las áreas más productivas a los privados –entre los que estaba Pérez Companc– y les pagaba el petróleo a precios internacionales, tres o cuatro veces mayores a los costos internos de producción. Pero YPF, a la vez, tomaba créditos internacionales que no tenían nada que ver con la energía, tal como demostró Alejandro Olmos, el gran investigador de la fraudulenta deuda externa. Así, buena parte de los pasivos de la petrolera estatal debían ser pagados por los gobiernos que sucedieran a los dictadores una vez beneficiados los empresarios privados. A tal punto YPF formaba parte del plan de destrucción que Guillermo Suárez Mason, uno de los generales más carniceros que tuvo ese "proceso" (todavía hay gente que llama "el proceso" al genocidio y latrocinio de esos años), en 1979 cambió el exterminio en los campos de concentración clandestinos para ocupar la presidencia de YPF.
Cuando terminaba la dictadura, Pérez Companc era uno de los hombres más ricos de la Argentina gracias a la política de mezclar petróleo con sangre. Es un prominente miembro del Opus Dei, enlazado por matrimonio con la familia Beccar Varela, también del Opus y que les dio funcionarios en la primera línea a aquella dictadura cívico-militar. La revista Forbes lo destacó como uno de los argentinos más acaudalados, aunque antes que Pérez Companc está la familia de Paolo Rocca, luego los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni, así como Eduardo Eurnekian. Salvo este último, cuya fortuna proviene de los años de democracia, los anteriores forman parte del conglomerado de empresas de origen nacional que están transnacionalizadas y que fueron beneficiarias de los años de la última dictadura y del neoliberalismo de los noventa.
Una aclaración para polemizar antes de avanzar en los negocios de Pérez Companc: este cronista no pretende blandir un carpetazo de un empresario exitoso para desviar la atención sobre la negligencia de la administración de Hotesur S.A. en no entregar los balances de esa empresa. Si un hotel propiedad de la presidenta no presenta en tiempo y forma sus balances a la Inspección General de Justicia merece ser investigado. No queda muy claro por qué esa investigación es iniciada por un juez federal. Es decir, Claudio Bonadio podría haberle dicho al fiscal Carlos Stornelli y este a su vez a Margarita Stolbizer que el fuero federal no dedica sus recursos a denuncias que deben tramitarse en otros fueros. Pero, bueno, es comprensible que se desate una tormenta porque la sospecha es que Cristina Kirchner no resultó estricta con la rendición de cuentas y el ejemplo que debe dar un mandatario.
Ahora, ¿por qué explotan los medios con este tema y no hay páginas y páginas sobre las maniobras de los grandes empresarios cuando son sospechados de maniobras fraudulentas?
Volvamos a aquel artículo de Miradas al Sur. Las cerealeras tienen una cantidad de empresas fuera de la Argentina que pueden servir para eludir al fisco y agrandar la fuga de capitales. La documentación brindada por esa fuente confiable mostraba operaciones realizadas por PCA International S.A. –una firma controlada por Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Companc– cuyo domicilio legal es la zona franca de Montevideo y cuya actividad declarada es la comercialización y venta de aceite de soja y subproductos. Molinos International S.A., también controlada por el holding Pérez Companc, tiene domicilio en la zona franca de Montevideo. Debe agregarse que como son sociedades anónimas que cotizan en Bolsa, deben brindar sus balances a la Comisión Nacional de Valores. Pues bien, a fines de 2010, poco antes de la muerte de Kirchner, una fuente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que había pedido reserva de identidad decía que Molinos "triangulaba". Pero agregaba que todas las sociedades radicadas en la zona franca de Montevideo controladas por sus matrices desde la orilla porteña del Río de la Plata tenían como función maximizar las ganancias de las empresas por vía de la burla de impuestos y que también servían para sacar divisas del circuito legal. Es curioso: en 2009, los registros contables indicaban que las empresas de Pérez Companc habían exportado a Uruguay productos por 1000 millones de dólares. La legislación en la mayoría de los países es suficientemente laxa como para que nadie repruebe una exportación a un destino que sólo sirve como trampolín a otro destino. El terremoto generado por Hervé Falciani –el ex empleado del HSBC que se llevó 130 mil tenedores de cuentas con depósitos provenientes de la evasión fiscal– puso en evidencia que el sistema impositivo y financiero es funcional a las grandes multinacionales.
En esta sequía de dólares, se supo que las grandes exportadoras hicieron una tregua para avanzar en la liquidación de divisas y así contribuyeron a las reservas del Banco Central. Volver atrás sirve para bucear en la falta de previsiones y también en la falta de decisión política de tomar el toro por las astas. En noviembre de 2009, las reservas del Central eran de 51.665 millones de dólares. Cinco años después, son casi la mitad: 28.817 millones. En buena hora que una cantidad de organismos públicos hicieron un pool para controlar a los arbolitos que pululan en la city porteña o, incluso, que pongan el ojo sobre algunas de los cientos de oficinas de entidades financieras donde cualquier jugador de la city puede mandar dólares al exterior. Pero, aun sin ser experto en temas financieros, este cronista se pregunta, primero, si no es un poco tarde, porque la fuga en esta década fue uno de los graves problemas. Y, segundo, si no es hora de generar políticas que permitan generar recursos genuinos para el fisco y que esos recursos sean destinados a mejorar la distribución y también a diversificar la matriz productiva. Dicho de modo directo: así como YPF le dio en la última dictadura el negocio petrolero a los grandes empresarios, son esos mismos empresarios los que hoy obtienen las grandes ganancias a través de la comercialización de oleaginosas. Pero, además, son los mismos inspectores públicos quienes en voz baja dicen que el sistema es demasiado poroso como para controlar la elusión, la evasión y la fuga de divisas.
Podrá decirse que ahora, de cara al último año de gestión, lo más importante para el gobierno es transitar la gobernabilidad y entregar la banda presidencial a quien resulte ganador en las elecciones de octubre de 2015. Está muy bien el fervor republicanista. Pero alguien debería reparar en que el poder económico y el poder político tienen vasos comunicantes y que en estos años de kirchnerismo con sesgos progresistas y distribucionistas no hubo medidas que se animaran a tocar la renta financiera ni las reglas de juego que favorecen al capital concentrado. Ahora bien, el oficialismo cuenta con los votos suficientes como para llevar al recinto y votar una legislación que permita controlar con rigor las actividades del comercio exterior. Pero, sobre todo, tiene los votos suficientes como para cambiar las reglas del juego y poner en la agenda la creación de organismos públicos –o mixtos– que permitan recuperar para el sector público las rentas extraordinarias. Es, claro, una cuestión de intereses. Y de que la sociedad está informada de estas realidades que buena parte de la prensa prefiere desconocer. Es más fácil, desde ya, hacer bamboya con Hotesur. Para que haya una decisión política hace falta un clima social que contribuya a los cambios de rumbo. En un año donde cayeron la producción, el empleo y el salario real, la idea no debería ser tan descabellada. -<dl