El recuerdo de un artículo de Miradas al Sur de 2010 y el entramado de las cerealeras para eludir al fisco y agrandar la fuga de capitales.
Cuatro años atrás, en la primera edición tras la inesperada y dolorosa muerte de Néstor Kirchner, el 6 de noviembre de 2010, Miradas al Sur publicaba un artículo sobre la triangulación de las exportadoras de cereales. Una fuente insospechable había brindado al colega Gabriel Bencivengo y a quien escribe estas líneas documentación interna de Molinos Río de la Plata que se convertía en una radiografía de cómo eludir al fisco. Gregorio –Goyo– Pérez Companc, cuando terminaba el gobierno de Carlos Menem, había comprado Molinos a Bunge & Born. Por entonces nadie sospechaba el boom sojero de esta última década. Pero el visionario Pérez Companc tenía planeado dejar el rubro energético y volcarse de lleno al negocio agropecuario. De hecho, dos años después de adquirir Molinos, apenas asumido Lula en la presidencia y con Eduardo Duhalde al frente del Ejecutivo en la Argentina, Goyo vendía Pérez Companc S.A., por entonces una poderosa empresa energética, a la brasileña Petrobras. Unos años antes, Pérez Companc le vendía el Banco Río al magnate español Emilio Botín, presidente del Banco Santander.
La historia dice que Pérez Companc era una empresa familiar de mediano porte fundada a principios del siglo XX que empezó a crecer de modo sideral a partir de 1977, cuando la dictadura cívico-militar irrumpía a sangre, fuego y contratos ventajosos para los empresarios convencidos de que era hora de terminar con cualquier vestigio de militancia revolucionaria, Estado Benefactor y, por supuesto, Estado de Derecho. La estatal YPF fue detonada precisamente para favorecer al grupo de empresarios que participaron del saqueo. Dicho sintéticamente, YPF transfirió las áreas más productivas a los privados –entre los que estaba Pérez Companc– y les pagaba el petróleo a precios internacionales, tres o cuatro veces mayores a los costos internos de producción. Pero YPF, a la vez, tomaba créditos internacionales que no tenían nada que ver con la energía, tal como demostró Alejandro Olmos, el gran investigador de la fraudulenta deuda externa. Así, buena parte de los pasivos de la petrolera estatal debían ser pagados por los gobiernos que sucedieran a los dictadores una vez beneficiados los empresarios privados. A tal punto YPF formaba parte del plan de destrucción que Guillermo Suárez Mason, uno de los generales más carniceros que tuvo ese "proceso" (todavía hay gente que llama "el proceso" al genocidio y latrocinio de esos años), en 1979 cambió el exterminio en los campos de concentración clandestinos para ocupar la presidencia de YPF.
Cuando terminaba la dictadura, Pérez Companc era uno de los hombres más ricos de la Argentina gracias a la política de mezclar petróleo con sangre. Es un prominente miembro del Opus Dei, enlazado por matrimonio con la familia Beccar Varela, también del Opus y que les dio funcionarios en la primera línea a aquella dictadura cívico-militar. La revista Forbes lo destacó como uno de los argentinos más acaudalados, aunque antes que Pérez Companc está la familia de Paolo Rocca, luego los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni, así como Eduardo Eurnekian. Salvo este último, cuya fortuna proviene de los años de democracia, los anteriores forman parte del conglomerado de empresas de origen nacional que están transnacionalizadas y que fueron beneficiarias de los años de la última dictadura y del neoliberalismo de los noventa.
Una aclaración para polemizar antes de avanzar en los negocios de Pérez Companc: este cronista no pretende blandir un carpetazo de un empresario exitoso para desviar la atención sobre la negligencia de la administración de Hotesur S.A. en no entregar los balances de esa empresa. Si un hotel propiedad de la presidenta no presenta en tiempo y forma sus balances a la Inspección General de Justicia merece ser investigado. No queda muy claro por qué esa investigación es iniciada por un juez federal. Es decir, Claudio Bonadio podría haberle dicho al fiscal Carlos Stornelli y este a su vez a Margarita Stolbizer que el fuero federal no dedica sus recursos a denuncias que deben tramitarse en otros fueros. Pero, bueno, es comprensible que se desate una tormenta porque la sospecha es que Cristina Kirchner no resultó estricta con la rendición de cuentas y el ejemplo que debe dar un mandatario.
Ahora, ¿por qué explotan los medios con este tema y no hay páginas y páginas sobre las maniobras de los grandes empresarios cuando son sospechados de maniobras fraudulentas?
Volvamos a aquel artículo de Miradas al Sur. Las cerealeras tienen una cantidad de empresas fuera de la Argentina que pueden servir para eludir al fisco y agrandar la fuga de capitales. La documentación brindada por esa fuente confiable mostraba operaciones realizadas por PCA International S.A. –una firma controlada por Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Companc– cuyo domicilio legal es la zona franca de Montevideo y cuya actividad declarada es la comercialización y venta de aceite de soja y subproductos. Molinos International S.A., también controlada por el holding Pérez Companc, tiene domicilio en la zona franca de Montevideo. Debe agregarse que como son sociedades anónimas que cotizan en Bolsa, deben brindar sus balances a la Comisión Nacional de Valores. Pues bien, a fines de 2010, poco antes de la muerte de Kirchner, una fuente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que había pedido reserva de identidad decía que Molinos "triangulaba". Pero agregaba que todas las sociedades radicadas en la zona franca de Montevideo controladas por sus matrices desde la orilla porteña del Río de la Plata tenían como función maximizar las ganancias de las empresas por vía de la burla de impuestos y que también servían para sacar divisas del circuito legal. Es curioso: en 2009, los registros contables indicaban que las empresas de Pérez Companc habían exportado a Uruguay productos por 1000 millones de dólares. La legislación en la mayoría de los países es suficientemente laxa como para que nadie repruebe una exportación a un destino que sólo sirve como trampolín a otro destino. El terremoto generado por Hervé Falciani –el ex empleado del HSBC que se llevó 130 mil tenedores de cuentas con depósitos provenientes de la evasión fiscal– puso en evidencia que el sistema impositivo y financiero es funcional a las grandes multinacionales.
En esta sequía de dólares, se supo que las grandes exportadoras hicieron una tregua para avanzar en la liquidación de divisas y así contribuyeron a las reservas del Banco Central. Volver atrás sirve para bucear en la falta de previsiones y también en la falta de decisión política de tomar el toro por las astas. En noviembre de 2009, las reservas del Central eran de 51.665 millones de dólares. Cinco años después, son casi la mitad: 28.817 millones. En buena hora que una cantidad de organismos públicos hicieron un pool para controlar a los arbolitos que pululan en la city porteña o, incluso, que pongan el ojo sobre algunas de los cientos de oficinas de entidades financieras donde cualquier jugador de la city puede mandar dólares al exterior. Pero, aun sin ser experto en temas financieros, este cronista se pregunta, primero, si no es un poco tarde, porque la fuga en esta década fue uno de los graves problemas. Y, segundo, si no es hora de generar políticas que permitan generar recursos genuinos para el fisco y que esos recursos sean destinados a mejorar la distribución y también a diversificar la matriz productiva. Dicho de modo directo: así como YPF le dio en la última dictadura el negocio petrolero a los grandes empresarios, son esos mismos empresarios los que hoy obtienen las grandes ganancias a través de la comercialización de oleaginosas. Pero, además, son los mismos inspectores públicos quienes en voz baja dicen que el sistema es demasiado poroso como para controlar la elusión, la evasión y la fuga de divisas.
Podrá decirse que ahora, de cara al último año de gestión, lo más importante para el gobierno es transitar la gobernabilidad y entregar la banda presidencial a quien resulte ganador en las elecciones de octubre de 2015. Está muy bien el fervor republicanista. Pero alguien debería reparar en que el poder económico y el poder político tienen vasos comunicantes y que en estos años de kirchnerismo con sesgos progresistas y distribucionistas no hubo medidas que se animaran a tocar la renta financiera ni las reglas de juego que favorecen al capital concentrado. Ahora bien, el oficialismo cuenta con los votos suficientes como para llevar al recinto y votar una legislación que permita controlar con rigor las actividades del comercio exterior. Pero, sobre todo, tiene los votos suficientes como para cambiar las reglas del juego y poner en la agenda la creación de organismos públicos –o mixtos– que permitan recuperar para el sector público las rentas extraordinarias. Es, claro, una cuestión de intereses. Y de que la sociedad está informada de estas realidades que buena parte de la prensa prefiere desconocer. Es más fácil, desde ya, hacer bamboya con Hotesur. Para que haya una decisión política hace falta un clima social que contribuya a los cambios de rumbo. En un año donde cayeron la producción, el empleo y el salario real, la idea no debería ser tan descabellada. -<dl
La historia dice que Pérez Companc era una empresa familiar de mediano porte fundada a principios del siglo XX que empezó a crecer de modo sideral a partir de 1977, cuando la dictadura cívico-militar irrumpía a sangre, fuego y contratos ventajosos para los empresarios convencidos de que era hora de terminar con cualquier vestigio de militancia revolucionaria, Estado Benefactor y, por supuesto, Estado de Derecho. La estatal YPF fue detonada precisamente para favorecer al grupo de empresarios que participaron del saqueo. Dicho sintéticamente, YPF transfirió las áreas más productivas a los privados –entre los que estaba Pérez Companc– y les pagaba el petróleo a precios internacionales, tres o cuatro veces mayores a los costos internos de producción. Pero YPF, a la vez, tomaba créditos internacionales que no tenían nada que ver con la energía, tal como demostró Alejandro Olmos, el gran investigador de la fraudulenta deuda externa. Así, buena parte de los pasivos de la petrolera estatal debían ser pagados por los gobiernos que sucedieran a los dictadores una vez beneficiados los empresarios privados. A tal punto YPF formaba parte del plan de destrucción que Guillermo Suárez Mason, uno de los generales más carniceros que tuvo ese "proceso" (todavía hay gente que llama "el proceso" al genocidio y latrocinio de esos años), en 1979 cambió el exterminio en los campos de concentración clandestinos para ocupar la presidencia de YPF.
Cuando terminaba la dictadura, Pérez Companc era uno de los hombres más ricos de la Argentina gracias a la política de mezclar petróleo con sangre. Es un prominente miembro del Opus Dei, enlazado por matrimonio con la familia Beccar Varela, también del Opus y que les dio funcionarios en la primera línea a aquella dictadura cívico-militar. La revista Forbes lo destacó como uno de los argentinos más acaudalados, aunque antes que Pérez Companc está la familia de Paolo Rocca, luego los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni, así como Eduardo Eurnekian. Salvo este último, cuya fortuna proviene de los años de democracia, los anteriores forman parte del conglomerado de empresas de origen nacional que están transnacionalizadas y que fueron beneficiarias de los años de la última dictadura y del neoliberalismo de los noventa.
Una aclaración para polemizar antes de avanzar en los negocios de Pérez Companc: este cronista no pretende blandir un carpetazo de un empresario exitoso para desviar la atención sobre la negligencia de la administración de Hotesur S.A. en no entregar los balances de esa empresa. Si un hotel propiedad de la presidenta no presenta en tiempo y forma sus balances a la Inspección General de Justicia merece ser investigado. No queda muy claro por qué esa investigación es iniciada por un juez federal. Es decir, Claudio Bonadio podría haberle dicho al fiscal Carlos Stornelli y este a su vez a Margarita Stolbizer que el fuero federal no dedica sus recursos a denuncias que deben tramitarse en otros fueros. Pero, bueno, es comprensible que se desate una tormenta porque la sospecha es que Cristina Kirchner no resultó estricta con la rendición de cuentas y el ejemplo que debe dar un mandatario.
Ahora, ¿por qué explotan los medios con este tema y no hay páginas y páginas sobre las maniobras de los grandes empresarios cuando son sospechados de maniobras fraudulentas?
Volvamos a aquel artículo de Miradas al Sur. Las cerealeras tienen una cantidad de empresas fuera de la Argentina que pueden servir para eludir al fisco y agrandar la fuga de capitales. La documentación brindada por esa fuente confiable mostraba operaciones realizadas por PCA International S.A. –una firma controlada por Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Companc– cuyo domicilio legal es la zona franca de Montevideo y cuya actividad declarada es la comercialización y venta de aceite de soja y subproductos. Molinos International S.A., también controlada por el holding Pérez Companc, tiene domicilio en la zona franca de Montevideo. Debe agregarse que como son sociedades anónimas que cotizan en Bolsa, deben brindar sus balances a la Comisión Nacional de Valores. Pues bien, a fines de 2010, poco antes de la muerte de Kirchner, una fuente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que había pedido reserva de identidad decía que Molinos "triangulaba". Pero agregaba que todas las sociedades radicadas en la zona franca de Montevideo controladas por sus matrices desde la orilla porteña del Río de la Plata tenían como función maximizar las ganancias de las empresas por vía de la burla de impuestos y que también servían para sacar divisas del circuito legal. Es curioso: en 2009, los registros contables indicaban que las empresas de Pérez Companc habían exportado a Uruguay productos por 1000 millones de dólares. La legislación en la mayoría de los países es suficientemente laxa como para que nadie repruebe una exportación a un destino que sólo sirve como trampolín a otro destino. El terremoto generado por Hervé Falciani –el ex empleado del HSBC que se llevó 130 mil tenedores de cuentas con depósitos provenientes de la evasión fiscal– puso en evidencia que el sistema impositivo y financiero es funcional a las grandes multinacionales.
En esta sequía de dólares, se supo que las grandes exportadoras hicieron una tregua para avanzar en la liquidación de divisas y así contribuyeron a las reservas del Banco Central. Volver atrás sirve para bucear en la falta de previsiones y también en la falta de decisión política de tomar el toro por las astas. En noviembre de 2009, las reservas del Central eran de 51.665 millones de dólares. Cinco años después, son casi la mitad: 28.817 millones. En buena hora que una cantidad de organismos públicos hicieron un pool para controlar a los arbolitos que pululan en la city porteña o, incluso, que pongan el ojo sobre algunas de los cientos de oficinas de entidades financieras donde cualquier jugador de la city puede mandar dólares al exterior. Pero, aun sin ser experto en temas financieros, este cronista se pregunta, primero, si no es un poco tarde, porque la fuga en esta década fue uno de los graves problemas. Y, segundo, si no es hora de generar políticas que permitan generar recursos genuinos para el fisco y que esos recursos sean destinados a mejorar la distribución y también a diversificar la matriz productiva. Dicho de modo directo: así como YPF le dio en la última dictadura el negocio petrolero a los grandes empresarios, son esos mismos empresarios los que hoy obtienen las grandes ganancias a través de la comercialización de oleaginosas. Pero, además, son los mismos inspectores públicos quienes en voz baja dicen que el sistema es demasiado poroso como para controlar la elusión, la evasión y la fuga de divisas.
Podrá decirse que ahora, de cara al último año de gestión, lo más importante para el gobierno es transitar la gobernabilidad y entregar la banda presidencial a quien resulte ganador en las elecciones de octubre de 2015. Está muy bien el fervor republicanista. Pero alguien debería reparar en que el poder económico y el poder político tienen vasos comunicantes y que en estos años de kirchnerismo con sesgos progresistas y distribucionistas no hubo medidas que se animaran a tocar la renta financiera ni las reglas de juego que favorecen al capital concentrado. Ahora bien, el oficialismo cuenta con los votos suficientes como para llevar al recinto y votar una legislación que permita controlar con rigor las actividades del comercio exterior. Pero, sobre todo, tiene los votos suficientes como para cambiar las reglas del juego y poner en la agenda la creación de organismos públicos –o mixtos– que permitan recuperar para el sector público las rentas extraordinarias. Es, claro, una cuestión de intereses. Y de que la sociedad está informada de estas realidades que buena parte de la prensa prefiere desconocer. Es más fácil, desde ya, hacer bamboya con Hotesur. Para que haya una decisión política hace falta un clima social que contribuya a los cambios de rumbo. En un año donde cayeron la producción, el empleo y el salario real, la idea no debería ser tan descabellada. -<dl
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