A través de un comunicado oficial, debido a “las comprensibles demandas de información”, la titular del Juzgado Nº14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, se manifestó en relación a los hechos sucedidos el sábado pasado, durante el desalojo del asentamiento Papa Francisco, ubicado en el barrio de Villa Lugano.
La jueza se refirió a la represión que padecieron distintos legisladores porteños, entre los que se encontraban José Campagnoli, de Encuentro por la Democracia y la Equidad; y Pablo Ferreyra, de Seamos Libres, como “mínimo y ulterior incidente (...), definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada”. Destacó que no hubo pérdidas humanas “ni heridos de consideración”.
En un comunicado en el que claramente la magistrada optó por restarle importancia a la participación del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, a quien no se refirió en ningún momento, sino que agradeció a la Ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, por el trabajo realizado y a los diferentes funcionarios de la Ciudad. López Iñíguez consideró que el desalojo “fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores”. Ante las distintas versiones sobre de quién fue la responsabilidad del mismo, la magistrada no dejó lugar a dudas, el desalojo fue “bajo la coordinación de la suscripta”.
Tarea ardua e ingrata
Esa fue la terminología que utilizó la jueza para referirse al desalojo que ordenó, a pedido del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. “A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes, priorizándose la ropa de abrigo, los colchones y los útiles escolares ante todo. El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”. Cabe preguntarse si el objetivo de la mandataria fue el mismo, por qué no le exigió al gobierno de Macri que presentara un plan de relocalización de las familias y los recursos necesarios para que las mismas pudieran volver a comprar lo perdido.
La jueza optó por nombrar los distintos organismos de la Ciudad que participaron del operativo, “el SAME, el BAP, la Secretaría de Acción Social, la de Hábitat, el consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección de Minorías, etc, juntamente con la Policía Metropolitana, el Equipo Fiscal designado en esta causa, y bajo la coordinación de la suscripta”. Cada uno de esos organismos cuentan con una cantidad considerable de denuncias por no cumplir con las tareas que le corresponden. Recordemos el juicio al SAME por no entrar a una villa, la falta de vivienda y las condiciones de los paradores de la Cuidad, que dependen de la Secretaría de Acción Social, cartera en la cual la vice intendenta, Eugenia Vidal, ha hecho un trabajo desastrozo, sin el más mínimo cuidado por cumplir con las obligaciones que la Constitución de la ciudad determina.
La jueza venía monitoreando
La mandataria expresó estar al tanto de las “construcciones clandestinas que se habían erigido en el predio” y que “todo pudo realizarse en breve lapso ya que, salvo contadas excepciones, se trataba de casillas hechas con maderas, chapas y cartones, tal cual como lo venía monitoreando este tribunal”. No informa la misma cuánto hacía que el tribunal venía monitoreando la situación del asentamiento Papa Francisco y de ser así, por qué no le exigió al gobierno de la ciudad que garantizara el derecho a la vivienda de esas familias, antes que quitarles el techo con el que contaban, considerando el mísero trabajo que realiza el gobierno macrista, caracterizado por la gestión de Vidal, en lo que refiere a la población que vive en la calle. Este cronista, infelizmente conoce el abandono de la gestión porteña, ya que fue echado de un parador conveniado con la Ciudad no Autónoma después de denunciar la paliza que la Metropolitana le dio a los niños que asistían al mismo. Parece que la jueza optó por no preguntarle a los moradores de Papa Francisco que respuesta habían tenido hasta el momento de Vidal y su equipo.
Fuimos todos
La jueza optó por mencionar también en su comunicado al Dr. Alejandro Amor, Titular de la Defensoría del Pueblo, a la Dra. Mónica Reina y a su equipo de colaboradores “cada vez que esta Magistrada requirió su intervención funcional”. Según la mandataria informó, el Defensor del Pueblo “ estuvo presente en el lugar de los hechos a efectos de llevar a cabo la veeduría del procedimiento que le fuera judicialmente impuesta. Su informe verbal, al término del desalojo de personas, dio cuenta de que el mismo se desarrolló sin incidentes”. “En tal sentido, pues, no puedo mas que afirmar que se ha dado cabal cumplimiento a los términos de la orden que yo dictara en este legajo, lo que así declaro formalmente”, afirmó López Iñíguez.
“Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades, y de la autoridad con que las leyes los invisten en razón del elevado cargo que ostentan. En cuanto a este juzgado respecta, la tarea de desalojo, liberación y devolución del predio de la calle Fernández de la Cruz, entre Pola y Escalada, ha sido concluída con éxito, razón por la cual ninguna otra disposición debe adoptarse desde esta judicatura penal.” Ante estas afirmaciones dan ganas de entrevistara a la jueza y preguntarle por qué no comenzó al revés. Si la responsabilidad de la resolución del conflicto le corresponde al Ejecutivo porteño, por qué no le exigió solucionar el conflicto de vivienda de esa población, para después ordenar la liberación del predio.
Según informa el comunicado, el proceso contencioso administrativo cuyo objetivo es el saneamiento del predio, corresponde a la Dra. Elena Liberatori, con quien López Iñíguez estuvo reunida para informarle que “que a partir de las 19.00 horas del sábado 23 de agosto de 2014 el Gobierno de la Ciudad se encuentra nuevamente en plena y libre posesión del predio cuya restitución venían reclamando judicialmente las autoridades del Poder Ejecutivo local. (…) Dejar el predio nuevamente abandonado, con una custodia policial que no podrá ser mantenida eternamente, expone al lote, dada su ubicación, al riesgo cierto y grave de ser nuevamente intrusado lo que, de ocurrir, será exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo local, y podría dar lugar, incluso, a responsabilidades penales a su respecto.-Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber”, expresó quien coordinó el desalojo.
Para terminar, agradeció a los funcionarios del gobierno nacional, especialmente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que “sin estar comprendido en las órdenes dictadas por mí, haciendo gala de gran compromiso funcional y por razones humanitarias prestaron el domingo 24, con frío, en medio de la lluvia y con caída de granizo, un apoyo eficaz que permitió acoger habitacionalmente a medio centenar de personas que originariamente persistía en no abandonar el lugar”. Si la mandataria reconoce las razones humanitarias, no se explica por qué por esas mismas razones no tuvo en consideración que las mismas no caracterizan a la gestión macrista, y que hasta el momento no ha dado solución a los problemas de vivienda que atraviesan las más de 400.000 personas de la CABA.
