MAGNETTO Y LA AEA POR ROBERTO CABALLERO OPINION

La chancha de AEA se vino al humo Por Roberto Caballero La maniobra de Magnetto y sus socios, el 18A, el fallo contra la Ley de Medios y el plagio de la Sala I. El jueves 18, día elegido por las distintas versiones del antikirchnerismo para ganar nuevamente la calle, los dos diarios opositores salieron con una solicitada de página entera firmada por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llamando a boicotear la reforma judicial que discute el Parlamento, bajo el título flamígero: “Grave amenaza a las garantías constitucionales”. La AEA nuclea a las principales empresas monopólicas del país. Su listado de miembros es público, puede consultarse en la web: Techint, Arcor, Irsa, Citi, Ledesma, Quickfood, Clarín y La Nación, entre otra decena de empresas aspiradoras del grueso de la renta que produce la sociedad argentina. En definitiva, el bloque económico dominante cuyo poderío permaneció inalterable desde el golpe cívico militar del ’76, hasta la llegada del kirchnerismo al gobierno con sus políticas “populistas”, que es la manera peyorativa que los dueños del poder y del dinero utilizan para manifestar su rechazo a los intentos democráticos por mejorar el reparto de la riqueza. Intentos que ponen en cuestión el patrón de acumulación que este bloque dominante defiende desde la convicción de su propio bolsillo, sin importarle demasiado el destino del resto de los ciudadanos que viven en este país. Cuando “Justicia Legítima”, el grupo de jueces, defensores, abogados y fiscales que apoyan la iniciativa de democratización del Poder Judicial, promueve desde sus comunicados una judicatura independiente de los políticos “pero también de los poderes fácticos”, se refiere precisamente a este poder monopólico y no democrático, que encabeza AEA y lleva como vagones a la Sociedad Rural y a las distintas asociaciones de bancos, que habitualmente encuentran oídos receptivos a sus argumentos en los distintos juzgados donde tramitan sus asuntos patrimoniales. No es casual que “Justicia Legítima” se haya constituido al calor de aquel escándalo de los camaristas de la Sala I en lo Civil y Comercial Federal que viajaron a Miami pagados por Clarín y luego fallaron extendiéndole la cautelar que hacía inaplicable para el grupo la adecuación exigida por ley, que sin embargo rige para el resto de las empresas del sector. Son los mismos jueces que esta semana, con otra sentencia vergonzosa, declararon constitucionales los artículos e incisos de la ley que no perjudican a Clarín y su posición dominante, e inconstitucionales aquellos que, precisamente, limitan legal y democráticamente su desbordada expansión en el mercado de la comunicación; y exactamente los mismos que dictaron una cautelar en beneficio de la Sociedad Rural que hoy usurpa el predio de Palermo. Son tres fallos muy concretos que prueban la colonización de los “poderes fácticos” de un sector del Poder Judicial que funciona en los hechos como garante y buffete de abogados de sus privilegios, consagrando la inseguridad jurídica para el resto de la sociedad democrática. Justicia corporativa en estado puro que se atribuye el mote de “independiente”, cuando no lo es. Dice un dicho campero que “hay que pegarle al lechón para que aparezca la chancha”. La resistencia de este sector –el más conservador y reaccionario de un poder ya bastante aristocrático– a la política oficial de democratización de la magistratura tiene lógica. Pero la solicitada de AEA del jueves 18, el día de la protesta antikirchnerista, viene a confirmar dos cosas: 1) que el bloque económico dominante considera a este sector del Poder Judicial como un bastión propio y legitimador de sus excesivas apropiaciones, y 2) que hay dichos camperos que son reveladores: la chancha AEA se vino al humo al primer quejido de su mamón. Dijo AEA en su texto: “La reforma del Poder Judicial a consideración del Congreso Nacional es una grave amenaza a las garantías constitucionales (…) y además producen un gran daño al ambiente para las inversiones y la creación de empleos en la Argentina (…) Sólo con una total independencia e imparcialidad puede el Poder Judicial cumplir acabadamente estos importantes roles.” Es relevante observar el papel que los dueños del poder y del dinero les asignan a los jueces. Parece que los diputados y senadores, cuando debaten en el Parlamento, representan un riesgo a las garantías constitucionales. Dicho al revés: lo mejor para preservar esas garantías sería no debatir ni poner a consideración ningún tema. Todavía no se animan, se ve, a pedir que disuelvan directamente el Congreso. ¿Una exageración? En el texto de la solicitada se habla del “Estado de derecho”, de “República” y de la “Constitución”, pero en ningún párrafo aparece mencionada la palabra “democracia”. ¿Otra exageración? Techint, Clarín, La Nación, Ledesma, por citar a la cúspide de AEA, no firmaron una solicitada como esta el 24 de marzo del ’76. Por el contrario, saludaron la llegada del dictador Videla y el cierre del Congreso, más la suspensión de todas las garantías constitucionales por las que ahora se rasgan las vestiduras. No fue un error ni un pecado inofensivo: fue una elección para maximizar sus beneficios constituyéndose en empresas monopólicas. Clarín y La Nación se quedaron con Papel Prensa, Ledesma pudo hacer desaparecer a los delegados que molestaban y quedarse con el mercado del azúcar y Techint comenzó su imparable avance hasta el abuso del rubro siderúrgico nacional. ¿Eso es historia? No: tiene consecuencias en la economía y la política del presente. Hoy hablan de “gran daño al ambiente para las inversiones y la creación de empleos”. En su página web, sin embargo, admiten que aunque representan un tercio del PBI, sólo les dan trabajo a 300 mil personas. Y así y todo, y sin contar los antecedentes, se creen con derecho a un derecho propio, el de la “justicia corporativa”, poniendo en el banquillo mediático a un gobierno al que detestan porque les disputa la orientación, el patrón de acumulación y los porcentajes de reparto que debe tener la nación. Entre los muchos logros que el kirchnerismo produjo, hay uno esencial del que puede ufanarse: lo aborrecen los verdaderos enemigos de la democratización de la riqueza. Un día antes de la solicitada de AEA publicada en los diarios propios, Clarín y La Nación, se conoció el fallo de la Sala I de la Cámara en Civil y Comercial Federal, integrada por el viajante Francisco de las Carreras, Ricardo Guarignoni y María Susana Najurieta, que declaró que la empresa Clarín, de AEA, tiene “garantías constitucionales” para desobedecer una ley, que sus competidores en el mercado no tienen. ¿Insólito? No, “legal”. Por ahora. La sentencia, que el titular de la AFSCA Martín Sabbatella calificó de “tramposa” y violadora del espíritu antimonopólico de la Ley de Medios, es una prueba del maridaje argumental entre grupos económicos y jueces corporativos, que la Corte Suprema deberá evaluar con seriedad y –es esperable– con verdadero espíritu republicano. Los planteos de los abogados y los peritos de Clarín son suscriptos por los camaristas firmantes de modo calcado. Si el plagio es una conducta reprobable para cualquier estudiante del secundario, ¿qué puede decirse de camaristas que actúan así en una causa que tiene en tensión a los tres poderes del Estado? Paradojalmente, en este caso, además, el plagiado está feliz. Entonces, algo huele definitivamente a podrido en el asunto. Veamos. Critica “la parte actora”, es decir, Clarín, los propósitos antimonopólicos de la Ley de Medios, en base a los siguientes supuestos: “El desconocimiento de la realidad de la industria de los medios, que necesita una economía de escala y densidad para competir en un mundo que avanza hacia un proceso de convergencia tecnológica (…) La aplicación del artículo 45 de la ley 26.522 conlleva la obligación de trabajar a pérdida, sin posibilidad de sustentabilidad a largo plazo del grupo empresario demandante (…) El resultado –en la posición de la actora– sería menos pluralismo, menos competencia y gran perjuicio del consumidor, quien retrocedería en el uso de avances tecnológicos, con grave menoscabo a la posibilidad de acceder a contenidos plurales y riesgo de eliminar el debate independiente de ideas y opiniones.” Agrega la camarista Najurieta, citando a los peritos del grupo: “La televisión abierta es más costosa para producir y se ha convertido en una actividad de baja rentabilidad (…) La limitación de licencias contenidas en el artículo 45 coloca a Cablevisión en desventaja competitiva respecto de la televisión satelital (…) La reducción de la audiencia implica menos participación del mercado publicitario, menor generación de fondos y reducción fuerte de los servicios a prestar, afectando la sustentabilidad del Grupo Clarín.” Y finalmente resuelve la camarista, a la que avalan sus colegas de la Sala I, en sintonía con las necesidades del grupo: “Entiendo que las normas examinadas –artículos 45 y 48– en este considerando importan, en conjunto, una restricción innecesaria e irrazonable (…) La perspectiva es un perjuicio tangible en la sustentabilidad de las empresas actoras (…) La sustentabilidad financiera de una empresa guarda correspondencia con el grado de independencia y de eficacia en su función de expresar, comunicar e informar ideas y opiniones.” ¿Esa no era, exacta y milimétricamente, la posición de “la actora”? Y sigue, en plagio a la presentación de Clarín: “Cuando se conjuga la reducción de la audiencia, la disminución de la publicidad privada y la falta de avisos oficiales, ello conduce a inseguridad económica, que afecta a la actividad periodística. Ello es así pues la empresa debe optar por mantener su integridad en condiciones agónicas o someterse al condicionamiento directo o indirecto de los que tienen recursos económicos o ejercen el gobierno.” No hay, de parte de los camaristas, ni siquiera un intento de desmarcarse de la postura de la empresa “actora”. El planteo es idéntico. Resumido: sin libertad de Clarín para monopolizar el mercado, no existen reaseguros para la libertad de expresión. Confunden, una vez más, libertad de prensa con libertad de empresa, un debate del siglo pasado que ya fue saldado en la academia, en la jurisprudencia local y en el propio sistema de justicia interamericano. ¿No se les ocurre a los camaristas pensar que existen otros actores de la comunicación que no necesitan monopolizarse para efectivizar su inalienable derecho humano a la comunicación? ¿Desconocen que existen empresas que mantienen una ecuación rentable, sin resignar independencia, y que lo único que pone en riesgo su sustentabilidad es la posición agresivamente dominante de un competidor voraz que les impide el acceso, por ejemplo, al mercado de la publicidad privada? ¿Desconocen los jueces que el derecho a la comunicación es de todos: de los que pueden solventarlo y de los que no? El Pacto de San José de Costa Rica dice que los monopolios públicos o privados representan un peligro, una amenaza real para el derecho a la comunicación de toda la sociedad. Para estos camaristas, sin embargo, el monopolio privado viene a garantizar lo que, en la práctica, vulnera de modo flagrante, según el pacto que la Argentina suscribió constitucionalmente en 1994. ¿Cómo hace el Estado para cumplir con la CIDH sin atacar el monopolio y sin socorrer económicamente a los medios menos sustentables? Es un problema del Estado, por supuesto. Pero la respuesta democrática está a años luz de la que dan los camaristas plagiando la presentación de los abogados del Grupo Clarín, algo que el Consejo de la Magistratura debiera tener en cuenta para evaluar si estos jueces puede seguir siendo jueces. La libertad de expresión está por encima de los asuntos patrimoniales. Porque asiste el mismo derecho al que puede sustentarse y al que no. ¿Acaso la capacidad de monopolizarse puede ser la vara que integra o excluye de un derecho humano? La respuesta es no, porque los Derechos Humanos no son ni pueden ser un privilegio solamente reservado a los ricos. Esto demuestra el alto grado de colonización ideológica de una porción del Poder Judicial, que en su afán por resguardar los intereses mercantiles de un grupo perjudica el derecho de todos y se carga, sin más trámite, la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica de un plumazo. Contrariando, además, el espíritu antimonopólico que anima, si se quiere, la competencia capitalista más elemental, religión laica del país donde se protegen las inversiones que AEA dice defender y admirar. El viernes 19, se supo que el gobierno de los Estados Unidos subastará el remanente del apagón digital, es decir, las ondas del espacio radioeléctrico que quedaron libres luego del fin de la TV analógica. Según Ambito Financiero, “las características de dicha subasta aún no han sido estipuladas del todo, porque el Departamento de Justicia de los EE UU se ocupó de establecer que se pondrán límites para que no se produzcan acopios monopólicos del partes del espectro.” Hasta el momento, según se informó, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estudiará caso por caso “a cada una de las firmas interesadas en adquirir el espectro radioeléctrico para evitar que alguna firma pueda dominar el mercado”. Lo más jugoso del anuncio es que las autoridades estadounidenses estará atentas a que empresas que avanzaron en el negocio del cable o Internet, como AT&T y Verizon, puedan aprovecharse de esta subasta de estas ondas radioeléctricas para afianzar su posición dominante, incluso, en la banda ancha satelital. El dato es interesante, sobre todo, porque los camaristas de Clarín plantearon una diferencia entre las ondas radioeléctricas, donde aceptarían el tope que fija la Ley de Medios, pero no así en el mercado del cable, donde Héctor Magnetto, a criterio de los jueces Najurieta, De las Carrearas y Guarignoni, podría acumular licencias ilimitadamente. Para la FCC, que es un organismo bastante más serio y entendido en materia antimonopólica que la Sala I, cualquier decisión que habilite ventajas que favorezcan la concentración sería inválida o recurrible. La propia Corte Suprema de nuestro país, en resoluciones previas al fallo de la Sala I, ha dejado asentado por suerte que el Estado debe promover políticas antimonopólicas y, específicamente, en el caso de la Ley de Medios, que lo que está en juego no es la libertad de expresión, caballito de batalla de Magnetto, sino el monto y las formas indemnizatorias de un eventual recorte patrimonial para ajustar a la ley a cualquier grupo de la comunicación. La noche de la solicitada de AEA, una multitud antikirchnerista salió a la calle para protestar contra el gobierno. Ya dijimos en esta columna que se trata de un sector de la clase media –no toda– que vive una emergencia política y existencial. Política, porque no encuentra un liderazgo y programa común que canalice su universo de demandas. Existencial, porque es el sector de la sociedad que se siente más desamparado por las últimas decisiones oficiales en materia económica: no encuentran dólares fácilmente, si viajan al exterior pagan extra con la tarjeta y en los paquetes turísticos, se los obliga a estar blanqueados ante la AFIP, los productos que consumen en el supermercado son los que más aumentaron en el último año con anuencia de la Secretaría de Comercio, se les obstaculiza el acceso a productos importados, no se topan con instrumentos públicos de ahorro que les permitan olvidar el billete estadounidense, el mercado de compra y venta de inmuebles está casi paralizado, son pagadores del Impuesto a las Ganancias con sueldos ni altos, ni bajos, y también bolsones de vecinos perturbados por el incremento de la inseguridad existente y además amplificada por los noticieros de la mañana, la tarde y la noche. En fin, un grupo de gente fácilmente identificable en la topografía social, muy enojada y con sus razones opinables. Campo fértil para el discurso antikirchnerista más duro y destituyente, y eficazmente reunida detrás de las cuatro o cinco consignas que el Clarín y La Nación de la AEA agitan para transformar al gobierno en una feroz dictadura que atravesaría su fin de ciclo. Nada nuevo bajo la luna. Una marcha muy parecida a la del 13S y la del 8N, aunque esta vez las licencias monopólicas de Clarín les hayan hecho gritar un poco más fuerte contra la corrupción y la reforma judicial, construyendo un verosímil improbable, que lleva el agua del sentido común ciudadano a las orillas de la AEA y sus intereses: el gobierno pretende manejar la justicia para garantizarse la impunidad de sus chanchullos. Curioso: la memoria judicial reciente evidencia fallos que custodian los intereses corporativos y no tanto los del gobierno. Es la impunidad de los chanchullos de Clarín y Techint, dos conglomerados con sede en paraísos fiscales como Delaware, Luxemburgo y las Antillas holandesas, los que hoy están protegidos por la justicia corporativa. Cuando existía, el diario Crítica dio a conocer un listado de empresarios lavadores argentinos que encabezaban los actuales dueños de Canal 13, tomando como fuente a Hernán Arbizu, gerente para Latinoamérica de la banca JP Morgan. Antes que Jorge Rial o Luis Ventura, un experto en el tema como Arbizu quizá tenga algo más interesante para decir sobre el informe contra Lázaro Báez en el mismo Canal 13, sin que esto implique desconocer que cualquier contratista de obra pública está políticamente expuesto a dar explicaciones sobre el origen y destino de los fondos que recibe, sea o no requerido por la justicia. Es una idea para ayudar a la verdad. Claro que la verdad en una guerra, no regida por la Convención de Ginebra, como la que Clarín y AEA mantienen contra el gobierno democrático, es lo más sacrificable de todo. La parábola de Pedraza El viernes se conoció la sentencia por el crimen de Mariano Ferreyra. José Pedraza, histórico jefe de la Unión Ferroviaria, fue condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario. Su parábola es inquietante: fue de la gloriosa CGT de los Argentinos y la resistencia heroica a la dictadura, a los calabozos de la democracia por matar a un militante que defendía a los tercerizados que ponían en riesgo la rentabilidad de su negocio como burócrata empresario, con piso en Puerto Madero. Cristina Kirchner cumplió su palabra: no hubo protección para un cuadro sindical histórico del peronismo, clave en el entramado ferroviario. Hace 40 años, este fallo contra la burocracia sindical habría sido imposible. Las lecturas políticas sobre lo sucedido, como las venas de Galeano, quedan eternamente abiertas. El llanto por la pérdida de un pibe militante que quería una sociedad más justa, también. 21/04/13 Tiempo Argentino GB

OJALA SE RECONTRAPUDRA TODO NO SANZ?

EL DIRIGENTE RADICAL ERNESTO SANZ NO QUIERE QUE REPUNTE LA ECONOMIA “Ojalá no mejore hasta octubre” Ernesto Sanz había dicho antes que la Asignación Universal por Hijo “se va por la canaleta de la droga y el juego”. “A veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones?”, se preguntó el senador, quien señaló que esperaba que también continuaran las manifestaciones contra el Gobierno. Críticas del kirchnerismo. Fue el autor de la frase acerca de que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se iba “por la canaleta del juego y la droga”. Y ahora volvió por más. El senador Ernesto Sanz pintó un panorama oscuro de la economía argentina y luego aseguró: “Ojalá la economía no mejore hasta octubre”. Tras el sincericidio, en el que reconoció que prefiere que sus votantes sufran penurias económicas para tener un mejor resultado electoral, el senador radical recibió críticas del kirchnerismo. “Estamos viviendo un final de ciclo. La economía no está funcionando bien y el Gobierno no acierta una. No pega una. Error tras error de gestión”, diagnosticó Sanz en un programa televisivo, mientras se reclinaba sobre el ala de un avión de fantasía que hacía las veces de mesa. “Si a todo eso lo metés en un combo y le sumás periodistas que logran pruebas y, además, todo un humor social... y tenés lo que tenés: movilización, manifestación”, siguió con su diagnóstico. Hasta aquí, nada que no pudiera decir cualquier otro opositor. Pero Sanz fue más allá. Fue por todo: “Y ojalá... Ojalá esto siga hacia octubre. Porque también a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones?”, se preguntó. Por si quedaban dudas, el senador radical insistió: “Ojalá que esto siga hasta octubre”. Su frase entra en la categoría de las cosas que otros dirigentes opositores podrían pensar, pero no dicen. No es la primera vez que Sanz mete la lengua. En una recorrida por Santa Fe en 2011 –cuando tenía aspiraciones presidenciales–, Sanz consideró que “en el conurbano bonaerense la Asignación Universal por Hijo se está yendo en la canaleta de la droga y del juego”. También aseguró que las cooperativas de trabajo sólo sirven para “generar esos ejércitos que después bloquean la Capital”. La frase generó un repudio inmediato al dirigente radical, quien insistió: “Es un dato de la realidad: desde el momento en que se implementó la AUH lo que se venía gastando en juego y en droga ha tenido un crecimiento y no hay otra razón”. No citó las fuentes de sus estadísticas sobre el gasto en estupefacientes en el conurbano. Luego debió ensayar una suerte de disculpa. Con su nuevo exabrupto, Sanz no hizo amigos. La diputada mendocina del Frente para la Victoria Anabel Fernández Sagasti estimó que las frases de Sanz “dejan en claro una posición en contra de los intereses del pueblo”. “Pretender que le vaya mal a la economía es que le vaya mal a la gente, que haya desocupación, que se frene el consumo, ¿eso quiere Sanz?”, se preguntó la diputada nacional. “Sanz y el radicalismo todavía deben dar respuesta a los argentinos sobre los 40.000 millones de dólares que se fueron del país por el Megacanje, deben rendir cuentas por haber llenado de sangre la Plaza de Mayo y por quedarse con los ahorros y por haber bajado las jubilaciones a millones de compatriotas”, recordó. “En función de sus intereses personales, con tal de ganar una elección, es capaz de desearle la miseria al pueblo argentino”, insistió la diputada. “Esta actitud habla a las claras de la falta de capacidad y altura política del senador Sanz y la completa ausencia de propuestas concretas al actual modelo de crecimiento e inclusión social que se viene impulsando desde 2003 desde el gobierno nacional.” “Sanz es parte de aquellos sectores que trabajan para poner palos en la rueda para que nos vaya mal a los argentinos, promoviendo corridas monetarias o haciendo cualquier cosa para que la Argentina vuelva a la década donde él fue gobierno”, remarcó Fernández Sagasti. “Estas declaraciones de Sanz van en sintonía con su accionar histórico, ya que siendo intendente del departamento de San Rafael tuvo un desempeño lamentable en la concesión de la industria Carbometal, adjudicada a una empresa inventada”, contó la diputada de Mendoza. “No debemos olvidarnos que este senador fue quien se refirió a la Asignación Universal por Hijo diciendo que la misma se iba a ir por la canaleta del juego y la droga –recordó–, lo cual en su momento generó un rechazo generalizado por amplios sectores sociales, culturales y académicos de nuestro país. 24/04/13 Página|12 GB

LA CARTA DE LA CORTE SUPREMA.

La carta de la Corte Suprema sobre la democratización de la Justicia Se trata de un documento que contiene sugerencias que, a criterio de los jueces que suscriben, deberían ser debatidas en el marco del tratamiento que la Cámara de Diputados le está dando al proyecto para la modificación de la Justicia. El oficialismo aseguró que aceptarán las sugerencias. De acuerdo al extracto que leyó la diputada Diana Conti, en el marco del plenario de comisión donde se analiza los tres proyectos más resistidos por la oposición, la Corte Suprema de Justicia asegura que "tiene la obligación constitucional de abstenerse de opianr en temas que están en tratamiento en el Congreso de la Nación o que puedan ser materia justiciable". "En razón de que el planteo no se refiere a la valoración general de la reforma ni a la constitucionalidad de sus normas, es que esta Corte ha considerado prudente hacerlo conocer al honorable Congreso de la Nación a fín de que dentro de su competencia considere estos aspectos de su interés". En ese contexto, Conti precisó que en la nota los magistrados alertan que en caso "de sancionarse alguna de las normas puede producirse una verdadera paralización del Poder Judicial". Por su parte, Julián Domínguez aclaró que la carta fue recibida el 18 de abril y en la introducción indica: "Nos dirigimos a esa excelentísima Cámara a fin de adjuntarle la nota que hemos recibido de parte la Junta de presidentes de las Cámaras nacionales y federales de todo el país. Se trata de una representación institucional muy amplia de la justicia federal y nacional". Carrió apuntó contra la Corte Suprema La diputada opositora denunció "un pacto" entre la Presidenta y Ricardo Lorenzetti y consideró que aprobar el proyecto de reforma judicial es "entrar a la dictadura constitucional". Esta mañana también presentó un escrito a la Organización de los Estados Americanos en el que advirtió que en Argentina hay "riesgo democrático". La diputada nacional por la Coalición Elisa Carrió denunció esta tarde "un pacto" entre la presidenta Cristina Fernández y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que derivó en las modificaciones a los proyectos de reforma judicial. Además consideró que aprobar la iniciativa es "entrar a la dictadura constitucional". "Acá hay un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la Argentina", aseveró Carrió, quien puntualizó que con las modificaciones, el kirchnerismo "lo que le da" al Alto Tribunal "es el manejo del dinero, presupuesto y personal, aun mas allá de lo que dice la Constitución". Carrió habló de un "acuerdo entre la corporación judicial y la corporación política", aludió al kirchnerismo en el sentido que "los revolucionarios pactaron con la corporación" y se preguntó si ha cambio de las modificaciones en la letra de los proyectos de reforma, la Corte al gobierno "le dará un fallo favorable en la ley de Medios, rechazar todos los juicios por el cepo cambiarios". Esta mañana, la diputada además hizo una presentación en la Cancillería para que se envíe un escrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que advierte que en Argentina hay "riesgo democrático por grave alteración del orden constitucional". "Se solicita al Sr. Secretario de la OEA que considere y tome nota de los acontecimientos que se están suscitando en estos días en la República Argentina, que por sus características conforman violaciones expresas a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos", expresa en el documento. En este sentido, la diputada pidió "asistencia" para hacer "un seguimiento de la situación" y para "preservar el orden constitucional" que considera peligra en el país. El texto que redactó Carrió tiene por referencia el proyecto de democratización de la Justicia que impulsa el Gobierno en el Congreso y que se debate en estos días. "En la Argentina, el partido de gobierno ha sancionado distintos proyectos de ley que reforman aspectos sustantivos del Poder Judicial de la Nación en un intento de subvertir el orden constitucional en desmedro de la independencia de dicho poder, configurando una grave alteración del orden constitucional que afecta el orden democrático, eliminando de hecho el sistema republicano de gobierno que se ha dado la Argentina desde sus orígenes", explicó. Además, Carrio considera que la reforma judicial es "el corolario de lo que el Poder Ejecutivo viene implementando en estos últimos años", entre lo que enumeró "el avasallamiento al Poder Judicial"; "censura y avasallamiento a la libertad de expresión y violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”; y "un avasallamiento contrario a la constitución al Poder Legislativo". El texto fue enviado al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, con una copia a la Justicia y, según dijo en un comunicado la diputada, se enviarán copias a los miembros del Consejo de la OEA y a los presidentes de los partidos políticos opositores. "Sería importante que otros fuerzas políticas hicieran presentaciones similares frente a la acusación del gobierno de golpistas a quienes tratan en forma democrática y pacífica que no sea ley el proyecto de Cristina Kirchner de destruir la Justicia independiente y cambiar la forma republicana de gobierno", sostuvo. "La Argentina vive hoy su versión de cesarismo democrático que nos habilita ante la OEA a través de los art. 17, 18 y 19 de su Carta Democrática a solicitar asistencia para la preservación de la institucionalidad democrática que tiene como base un sistema real de división y control de poderes independientes", concluye el texto. Infonews

DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA SINTESIS HOY.

EL OFICIALISMO INCLUYO LAS SUGERENCIAS DEL MAXIMO TRIBUNAL EN LOS PROYECTOS DE REFORMA JUDICIAL Para evitar “preocupaciones” a los jueces Después de las modificaciones en los proyectos sobre el Consejo de la Magistratura y sobre el acceso al sistema judicial, el oficialismo intentará aprobar hoy en Diputados tres de las iniciativas. La oposición mantiene su rechazo. Por Miguel Jorquera Con los cambios que introdujo a los proyectos para modificar el Consejo de la Magistratura y abrir el “acceso igualitario a la Justicia”, el oficialismo consiguió apaciguar las “preocupaciones” de los jueces, transmitidas a través de la Corte Suprema de Justicia, pero no logró sumar voluntades de la oposición para respaldar las iniciativas con que el Gobierno aspira a “democratizar” el Poder Judicial. El texto que el kirchnerismo llevará hoy al recinto de Diputados sobre el Consejo de la Magistratura propone la ampliación de sus miembros y su elección por el voto popular –como preveía el proyecto original–, pero mantiene el manejo del presupuesto judicial en manos de la Corte, un cambio respecto de la media sanción en el Senado que, de aprobarse en la Cámara baja, forzará un nuevo tratamiento de los senadores para transformar la iniciativa en ley. Lo mismo –pero invirtiendo el orden de las cámaras–- sucederá con el proyecto de acceso igualitario al sistema judicial: ya fue aprobado por Diputados y la Cámara alta prevé modificarlo para que los jueces puedan seguir designando a sus colaboradores inmediatos. El abanico opositor –UCR, PJ disidente, PRO, FAP y CC– mantendrá su rechazo a la modificación del Consejo, porque considera que es “anticonstitucional” y que “partidiza la Justicia”. Igual postura tendrán frente al proyecto que crea nuevas Cámaras de Casación y al que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa discusión se mantendrá hoy en el recinto, en una sesión que amenaza con prolongarse hasta altas horas de la madrugada del jueves y que hasta podría desdoblarse en dos jornadas. El kirchnerismo y sus aliados cargarán con la conformación del quórum para abrir la sesión especial al mediodía, aunque sin holgura. En el oficialismo están “confiados” en que las modificaciones a los proyectos terminarán de vencer algunas resistencias y que conseguirán la mayoría calificada de la mitad más uno del total de los miembros de la Cámara (129 diputados) para aprobar la modificación al Consejo de la Magistratura, y aprobar también los otros proyectos. La oposición también aspira a realizar un buen papel, en el recinto y en las calles. Aunque con diferencias, el grueso del arco opositor esta vez tratará de retener a sus legisladores en sus bancas a la hora de la votación para mostrar a un oficialismo “solo”, enfrentado al resto del cuerpo. Afuera, frente al Congreso, esperan una “importante” convocatoria contra los proyectos del Gobierno, a la que se sumarán columnas de la CGT y la CTA opositoras. La carta La misiva que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y su segunda, Elena Highton de Nolasco, le enviaron al presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, motivó una reunión de urgencia el lunes en Casa Rosada: participaron la Presidenta, el secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini, y los principales referentes parlamentarios del FpV en la Cámara baja. Allí se gestaron las modificaciones en dos de los seis proyectos que debate el Congreso. La nota de Lorenzetti, fechada el 18 de abril, reproduce la carta que el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, envió a la Corte para expresar la “preocupación” de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país sobre los proyectos oficiales para democratizar la Justicia. Allí, Hornos define dos ejes centrales de “preocupaciones”. Uno, que se traspasen “las facultades técnico-administrativas” sobre el sistema judicial –hoy en manos de la Corte– a la órbita del Consejo de la Magistratura. Y dos, que se modifique el sistema de selección de empleados que afecta a la “indispensable absoluta confianza entre el magistrado y sus colaboradores”. Las modificaciones del Ejecutivo fueron en la misma línea que la “preocupación” expresada por jueces y cortesanos. La diputada Diana Conti abrió el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara baja leyendo la carta de Lorenzetti. Pero detalló los cambios en el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura después de que culminaron de exponer los invitados –expertos, asociaciones y ONG vinculados con la Justicia–, además del ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario del área, Julián Alvarez. La principal modificación es que se mantiene la elaboración y el control del presupuesto del Poder Judicial en manos de la Corte, mientras que el Consejo de la Magistratura administrará sólo sus propios recursos y ya no los de todo el sistema, como decía el texto original. Alak y Alvarez defendieron ante los diputados la iniciativa que propone la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. El ministro lo hizo en términos políticos. Luego de un repaso histórico sobre las dificultades para afianzar la democracia en el país, Alak sostuvo la necesidad de “retomar la senda democrática en el Poder Judicial”. Frente a “jueces y abogados” que “promueven representación corporativa”, la iniciativa del Gobierno –dijo– apunta a “que sea el pueblo quien elija a los representantes” del Consejo de la Magistratura. “El Poder Judicial no es de los jueces y abogados, es del pueblo, por eso la elección en forma directa” de los consejeros, argumentó. De aprobarse, el nuevo Consejo tendrá 19 integrantes: 6 por los jueces y abogados, 6 por los académicos y 6 legisladores, además del representante del Ejecutivo. Su elección a través de las listas de partidos en los comicios nacionales se repartirá proporcionalmente entre la mayoría y la primera minoría, según el resultado electoral. Alak también defendió la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y las reformas introducidas por el Senado para garantizar “la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad”. Agregó que la mayoría de las provincias “tienen su Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde uno de sus capítulos son las cautelares reguladas de una manera especial. Una norma que el gobierno federal no tiene”. Luego, el ministro sostuvo que las tres nuevas Cámaras de Casación (en los fueros federales Contencioso Administrativo, Civil y Comercial, y Laboral) ayudarán a descomprimir a una “Corte saturada de expedientes, que trata entre 13 y 20 mil al año, mientras la Corte de los Estados Unidos revisa 80 por año”. Los rechazos Las modificaciones aceptadas por el oficialismo no cambiaron las posturas de las bancadas opositoras, que en el último tramo del debate se pronunciaron por el rechazo de los tres proyectos que hoy se discutirán en el recinto, tras haber obtenido dictámenes de mayoría en el plenario de comisiones. El radical Ricardo Gil Lavedra sostuvo que más allá “del súbito cambio de opinión del oficialismo”, los proyectos buscan “dominar a la Corte y al Poder Judicial” y además apuntan a “una partidización completa de la Justicia”. El macrista Pablo Tonelli y el peronista anti K Gustavo Ferrari coincidieron en tildar de “inconstitucionales” las iniciativas del Ejecutivo: “Queremos una Justicia con independencia y una democracia con república”, lanzó como un slogan el denarvaísta. Omar Duklos, del FAP, anticipó el rechazo. Liliana Parada, de la UP-FAP, en cambio, cuestionó al oficialismo “por no ir contra la corporación judicial como había expresado”. Elisa Carrió, fiel a su estilo, dio espectacularidad a su intervención al denunciar un “pacto espurio entre el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la Nación”. “Siempre sospeché de Lorenzetti –dijo–, espero que el resto de la Corte no esté en este pacto.” Carrió lanzó ahí otra denuncia mediática, al sostener que el Gobierno acordó con la Corte cambiar “el dinero (del presupuesto judicial) y el manejo del personal por un fallo favorable en la ley de medios o por rechazar los juicios por el cepo cambiario”. Luego se levantó y se fue, desacostumbrada a permanecer hasta el final de un plenario, en busca de un lugar en los medios. CELEBRARON LAS MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS DE LA REFORMA Sonrisas en la Corte El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo llegar las críticas de camaristas federales a través de una carta. Con las modificaciones, consiguió mantener el manejo presupuestario del Poder Judicial, entre otras cuestiones. Por Irina Hauser Con los retoques a dos de las propuestas de reforma judicial que ayer admitió el oficialismo en Diputados, la Corte Suprema se anotó un triunfo. Por empezar, logró frenar el traspaso de la ejecución y el manejo del presupuesto del Poder Judicial, la fijación de la política salarial y otras cuestiones administrativas a la órbita del Consejo de la Magistratura. También consiguió introducir una excepción en el proyecto para ingreso igualitario a tribunales: para ser nombrado secretario de un juzgado no hará falta dar examen, bastará con la bendición del juez. Los cambios sobre los textos originales reflejan el reclamo que los presidentes de las cámaras federales de todo el país hicieron en un escrito, donde alertaban sobre el riesgo de “parálisis” en la Justicia. Ese documento fue enviado casi como propio por la Corte al presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, y a la vez fue girado a la Casa Rosada, que mandó señales conciliadoras. Las modificaciones también fueron fruto de las conversaciones entre la presidenta Cristina Kirchner y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Ayer a la noche, en la Corte se abstenían de opinar sin conocer la letra final, pero se advertía satisfacción. Los supremos venían analizando, y lo habían dejado trascender, declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas que afectaran el ejercicio de sus facultades. Una decisión de ese tenor preanunciaba un conflicto de poderes. En el tribunal no niegan que la Constitución reconoce funciones administrativas al Consejo de la Magistratura pero, en palabra de uno de los jueces supremos, “hay una disfunción porque en la realidad esto nunca funcionó bien”. En la Corte dicen que el propio Consejo les traspasó funciones. Hoy el alto tribunal fija salarios y ejecuta el presupuesto. El Gobierno quería cambiarlo, pero lo reconsideró. Justo el día después de que la Presidenta anunciara el paquete de reformas judiciales, se hacía la reunión mensual de Lorenzetti con la llamada Junta de Presidentes de Cámara de todo el país, que aprovecharon para hacer catarsis. Lorenzetti dijo a más de veinte camaristas que la Corte no podía opinar sobre los proyectos de ley, pero que ellos y las asociaciones sí podían hacerlo. En una cena, con el presidente de la Corte presente, se avanzó en la idea de un documento que pusiera en cuestión las propuestas del oficialismo. A la semana siguiente, en un nuevo encuentro se terminó de consensuar un documento. Quedó con el formato de una presentación de los jueces dirigida a la Corte Suprema. Cuestionaba tres aspectos: el traslado de facultades administrativas, presupuestarias, de la Corte al Consejo; el reemplazo de la mayoría de dos tercios por una mayoría simple para acusar o elegir jueces, y que el plan de ingreso democrático al Poder Judicial incluyera examen para secretarios de los jueces, sin que puedan elegir la gente de su confianza. Una segunda versión de esa nota, firmada por Gustavo Hornos, como titular de la Cámara de Casación, y de la Junta de Presidentes de Cámara, fue enviada por Lorenzetti y su vice, Elena Highton de Nolasco, a Domínguez y a la Presidenta. Pero estaba depurada, y excluía la discusión por las mayorías. Al no ser “una valoración general de la reforma” ni referirse a “la constitucionalidad de sus normas”, la Corte dice que le pareció “prudente” mandarla al Congreso. La carta reconoce a la Corte Suprema (no al Consejo) como máxima autoridad judicial. Advierte sobre la “preocupación” por “las reformas legislativas propuestas en cuanto disponen el traspaso de facultades técnico-administrativas de la Corte al ámbito del Consejo de la Magistratura, órgano éste que de aprobarse el proyecto de ley respectivo será el encargado de fijar la política salarial, disponer la asignación de contratos que lo requieran, designar magistrados subrogantes y ejecutar el presupuesto de este Poder Judicial”. Todas esas funciones, sostiene, requieren “celeridad en su instrumentación” e “inmediatez entre los magistrados”. La Corte lo cumple, dice el texto, pero el Consejo tiene “una estructura parlamentaria típicamente alejada de la agilidad y celeridad que requiere la tarea ejecutiva”. Por lo tanto, el mensaje es que si se aprueba el proyecto original de reforma del Consejo “se produciría una paralización del Poder Judicial”. En el tramo final dice que todos están de acuerdo con el ingreso por concurso al Poder Judicial, pero que “es necesario que un porcentaje de las designaciones sea efectuado directamente por los magistrados” que necesitan “confianza con sus colaboradores”. Como primera reacción, la Asociación de Magistrados, que representa a la corporación de jueces, consideró “correcto que no se sustraigan facultades implícitas de la Corte”, en palabras de su titular Luis Cabral. “Pero seguimos cuestionando la partidización del Consejo con una mayoría absoluta de un solo color político”, aclaró. Hornos no respondió los llamados de este diario. Otros camaristas se quejaron de que el texto enviado a Diputados no era el que ellos habían firmado. En la Corte insistían con estos conceptos: “no estamos discutiendo plata”; “no estamos presionando al Ejecutivo, sólo le hicimos saber la posición de las cámaras y los problemas operativos”; “sólo transmitimos una preocupación”. El secretario de Justicia, Julián Alvarez, dijo que la mayoría de las propuestas eran “aceptables”. COMELLI LE RESPONDIO AL TITULAR DEL CIPPEC Reproche por la campaña Por Miguel Jorquera Tres de las cinco ONG –ADC, ACIJ y Cippec– que lanzaron una campaña para “presionar” y conseguir que los diputados que supuestamente no se habían expedido sobre los proyectos votaran en contra de las iniciativas del Gobierno expusieron ayer ante el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Pero no les fue tan bien, cuando la diputada neuquina Alicia Comelli –que figuraba en la lista de los doce legisladores en duda– los responsabilizó por las amenazas que recibió a través de mensajes de texto. Cuando el director ejecutivo del Cippec, Fernando Straface, defendió la campaña para que los legisladores indecisos “adelantaran su voto” con el argumento de que “no veía ningún problema en darles argumentos para que decidan”, Comelli se levantó de su silla para responderle: “Me amenazaron, ahí está el problema. No me llamaste por teléfono para dar argumentos. ¿Por qué no me diste argumentos jurídicos y no políticos? Hemos hablado muchas veces con el Cippec. Me amenazaron”, lo interrumpió Comelli, acompañada de los aplausos de los legisladores oficialistas. Straface, en tanto, se lamentó “que se haya interpretado así”. También le había salido al cruce el fueguino Jorge Garramuño, otro de los que figuraba en la lista. Dijo que “ya había adelantado mi voto negativo y sin embargo nadie de las ONG me llamó para consultarme”. Por lo bajo también hubo otros tipos de cuestionamientos. Mientras el ejecutivo del Cippec argumentó que compartía en general “el diagnóstico” del oficialismo sobre la Justicia, pero no los cambios que había que realizar, Carrió se hizo escuchar entre quienes la rodeaban: “Financiado por todo el establishment y hablando pelotudeces”, acotó la chaqueña. La teoría de Carrió La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió denunció la existencia de “un pacto” entre la presidenta Cristina Fernández y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al que calificó como integrante del PJ de Santa Fe, “muy cuestionado en su ciudad”, que derivó en las modificaciones a los proyectos de reforma judicial, al tiempo que consideró que aprobar la iniciativa es “entrar a la dictadura constitucional”. Según la dirigente, “acá hay un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la Argentina solo comparable con el Pacto de Olivos”, y precisó que con las modificaciones el kirchnerismo “lo que le da” al Alto Tribunal “es el manejo del dinero, presupuesto y personal, aun más allá de lo que dice la Constitución”. Carrió habló de un “acuerdo entre la corporación judicial y la corporación política”, aludió al kirchnerismo al decir que “los revolucionarios pactaron con la corporación”, y se preguntó si a cambio de las modificaciones en la letra de los proyectos de reforma, la Corte al Gobierno “le dará un fallo favorable en la ley de medios y rechazará todos los juicios por el cepo cambiario”. EL FPV FIRMO DICTAMEN DE DOS PROYECTOS E INTRODUJO MODIFICACIONES EN EL OTRO El Senado avanzó sin problemas En el Senado, el kirchnerismo firmó dictamen con los proyectos de declaraciones juradas y de publicación de los fallos. Introdujeron modificaciones al del ingreso en la Justicia. Se tratarían el 8 de mayo. En el Senado, el Frente para la Victoria (FpV) firmó el dictamen de dos de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo en el paquete que propone la democratización de la Justicia. La obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones juradas de funcionarios y la publicación de los fallos que emanan del Poder Judicial esperan ser votados en el recinto, mientras que se ingresaron modificaciones a la iniciativa que reglamenta el ingreso al sistema. Todo el paquete podría tratarse en sesión el 8 de mayo. “Lo más probable es que se dé dictamen a los proyectos de ingreso y el del Consejo de la Magistratura el martes que viene. Y si los tiempos se dan, el 8 de mayo se estarían votando los cuatro proyectos de democratización judicial que estarán en el Senado”, aseguró a Página/12 una fuente parlamentaria del FpV de la Cámara alta, anticipando los tiempos que evalúan los legisladores para que sean tratados en el recinto. Los senadores introdujeron cinco cambios a partir del análisis y las recomendaciones que la Corte Suprema de Justicia acercó al Ejecutivo y a ambas cámaras del Parlamento para que tuvieran en cuenta. Los tres proyectos fueron analizados en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Justicia, del que participaron también el ministro de Justicia, Julio Alak; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi, y de Gestión Registral, Ernesto Kreplak. Luego de las exposiciones de los funcionarios nacionales se dio dictamen al proyecto que define la obligatoriedad de que la totalidad de las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes del Estado sean publicadas por la Oficina Anticorrupción, que deberá permanecer actualizada. También obtuvo dictamen de mayoría la iniciativa que obliga a la publicación en Internet de todas las decisiones “emanadas de la Corte, tribunales federales de segunda instancia y de las cámaras nacionales de apelaciones”. Las variaciones que integran el proyecto remozado que regula el ingreso al sistema judicial fueron cinco. La propuesta de la iniciativa es que el ingreso de personal se realice a partir de un examen de conocimientos básicos a los aspirantes, la conformación de una nómina de ingresantes y un sorteo a través de Lotería Nacional. Las modificaciones en general dieron curso a las solicitudes de la Corte en base a lo que consideró áreas de su incumbencia. Así, se modificó el artículo 5 para otorgar al titular de una cámara la posibilidad de “designar en forma directa (sin concurso) dos cargos letrados”. El artículo 10 apunta a que en los concursos para el ingreso de personal, la autoridad de aplicación será ejercida por la Corte Suprema y en el 11 se fija la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos que serán dispuestos por la Corte y al Ministerio Público, dejando en manos de cada organismo los concursos referidos a su sector de la Justicia. Así, la Corte recupera un puñado de atribuciones que habían sido modificadas en la letra original del proyecto. Si los tiempos se cumplen y no hay trabas en el Congreso que pudieran dilatar el tratamiento de los proyectos, el bloque del oficialismo tratará la iniciativa de ingreso a la Justicia, que fue modificada para dar dictamen y a su vez especula que “también se estaría tratando el proyecto del Consejo de la Magistratura, en el que se introdujeron modificaciones” para dictaminar también y que quede listo para tratarlo en el recinto. El bloque de senadores del radicalismo ya anunció que se opondrá a los tres proyectos, al igual que lo hicieron la semana pasada con los otros tres que integran el paquete de seis leyes que impulsan la democratización judicial anunciadas y enviadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner unas semanas atrás. A la expectativa de lo que suceda en Diputados con la votación de los proyectos que fueron tratados en el Senado la semana pasada, el oficialismo planea, con la agenda en la mano, que “a más tardar en la sesión del 8 de mayo se podrían estar votando todos los proyectos que estén en la cámara referidos a la reforma judicial”. ADOLFO PEREZ ESQUIVEL DEFENDIO LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL “Es saludable para el pueblo” El titular del Serpaj definió como “una decisión correcta del Gobierno” la propuesta de cambiar el sistema judicial y dijo que “hay que tratar de ver que se lleve adelante lo mejor posible”. Afirmó que es “antidemocrático” intentar que el Congreso no sesione. Adolfo Pérez Esquivel se manifestó “totalmente de acuerdo” con la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional y en contra de los intentos de impedir que sesione el Congreso, accionar que calificó de “antidemocrático”. El titular del Serpaj se pronunció sobre el tema en general luego de reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. “Creo que es saludable para el pueblo argentino una reforma del Poder Judicial”, sostuvo Pérez Esquivel ayer por la mañana. “Creemos que es una decisión correcta del Gobierno, y hay que tratar de ver que se lleve adelante lo mejor posible”, expresó. Tras el encuentro con Domínguez, en el Salón de Honor de Diputados, Pérez Esquivel consideró que las insinuaciones de algunos sectores de la oposición sobre la posibilidad de impedir que el Congreso sesione hoy para aprobar las leyes presentadas por el Gobierno implican un accionar “antidemocrático”. “No hay que impedir sesionar. Hay que tratar de profundizar el debate a través de las ideas y pensar qué es lo bueno para el país”, reclamó. Pérez Esquivel, que obtuvo el Nobel hace un tercio de siglo, es uno de los dirigentes históricos del movimiento de derechos humanos que no se había pronunciado sobre la baterías de proyectos que el Gobierno envió al Congreso hace dos semanas. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, respaldó los proyectos desde el primer día, incluso estuvo presente el 9 de abril cuando la presidenta Cristina Fernández hizo el anuncio en Casa de Gobierno. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se tomó unos días para estudiar los proyectos y se pronunció el 13 de abril mediante un documento público. “Algunos de los proyectos representan un claro avance en cuestiones demoradas o importantes para la igualdad de oportunidades y para la transparencia del funcionamiento judicial. Otros plantean dudas sobre su diseño político institucional. El que limita las cautelares, puntualmente, presenta problemas de constitucionalidad”, objetó entonces. El CELS fue invitado a participar en los debates junto a otras organizaciones de la sociedad civil como ACIJ, la AdC y la Asociación de Abogados Laboralistas. Su presidente Horacio Verbitsky señaló allí el acuerdo del organismo con impedir el abuso de los poderes fácticos que se sirven de las cautelares para frustrar la voluntad popular y sus leyes, y también el riesgo de que una redacción apresurada terminara afectando a sectores vulnerables de la sociedad. Propuso entonces modificar la fórmula sobre las situaciones exceptuadas de la nueva regulación a las cautelares en base a fallos de la Corte Suprema de Justicia y a la experiencia del propio CELS en el uso de esa herramienta, postura que respaldaron senadores oficialistas y opositores y que dio lugar a una nueva redacción de ese punto, que ahora debe tratar la Cámara de Diputados. FUE INSTALADA POR DIRIGENTES DE LA OPOSICION FRENTE AL CONGRESO Una carpa contra las propuestas de reforma Dirigentes de todo el arco opositor se convocaron ayer en la Carpa por una Justicia independiente instalada frente al Congreso para manifestar su rechazo a la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo, a la que calificaron como un “abuso de las mayorías” por parte del kirchnerismo. Mientras se desarrollaba el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados con la discusión de los distintos proyectos, los opositores cruzaron la avenida Entre Ríos rumbo a la carpa y allí compartieron una foto con un mensaje en contra de las modificaciones. Participaron Ricardo Alfonsín, Mario Barletta y Miguel Bazze (UCR), Paula Bertol, Gabriela Michetti y Federico Pinedo (PRO), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), Gerardo Milman (GEN), Enrique Thomas y Carlos Brown (PJ disidente), entre otros. Entre los ausentes figuraron Elisa Carrió, Fernando “Pino” Solanas, Francisco de Narváez y referentes del Frente Amplio Progresista, que lidera Hermes Binner. “No al manotazo a la Justicia. Defendamos la República y la Constitución”, señalaba un afiche ubicado sobre el frente de la carpa, donde también se desplegó otra bandera celeste y blanca con la leyenda “Justicia independiente”. El objetivo de la carpa es constituir “un lugar de encuentro para que la sociedad pueda expresarse sobre la reforma judicial”, explicó Pinedo y anticipó que “vamos a oír a sindicatos, magistrados, jubilados, a víctimas que tengan cosas que decir para enriquecer un debate que tendría que haber sido más abierto”, cuestionó. La carpa permanecerá hasta hoy, cuando se trate la reforma en el recinto de Diputados, y se convertirá en un punto de encuentro para la movilización convocada para las 17.30 por distintos espacios opositores y sindicales en rechazo al proyecto oficialista. “Estamos trabajando para que no se logre el número necesario” para avanzar con las leyes, dijo Alfonsín, “pero si las aprueban, van a ser derogadas, la inmensa mayoría de los argentinos en las próximas elecciones procurará dotar de equilibrio y control a los espacios de poder político”. Y resaltó que si logran modificar la relación de fuerzas en el Parlamento, “de una manera democrática y en paz, vamos a derogar estas leyes que representan un retroceso importante respecto de conquistas que empezamos a consolidar en 1983”. Prat Gay cuestionó que la reforma “es la última barrera que se quieren llevar por delante”, pero valoró que “la reacción de la gente ha sido muy potente (en la marcha) el 18 de abril” y pidió que “cada diputado vote con su conciencia, sabiendo que del otro lado no está el 54 por ciento sino la República”. Barletta, en tanto, anticipó que si las leyes se aprueban presentarán una “demanda de inconstitucionalidad” ante la Justicia y convocó a “seguir ocupando el espacio público” para manifestar el malestar por las iniciativas. Respaldo con reparos La CGT oficialista, que conduce el metalúrgico Antonio Caló (foto), sumó ayer su apoyo a la reforma del Poder Judicial que impulsa la Casa Rosada, aunque también manifestó reparos sobre algunos cambios. “Los proyectos de ley de reformas del sistema judicial enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento, denominados en conjunto ‘Democratización de la Justicia’, contienen aspectos positivos en algunas materias importantes, pero otros afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores que no podemos acompañar”, señaló la central sindical encabezada por Caló. En un comunicado de prensa firmado por el metalúrgico y por el secretario de prensa, Héctor Daer, la CGT manifestó su “preocupación por la excesiva reglamentación del Derecho de Amparo” y “la creación de la Cámara de Casación de Seguridad Social y del Trabajo” porque ambos “tienden afectar directamente los intereses de todos los trabajadores activos y pasivos”. 24/04/13 Página|12 GB

PIUMATO POR DEMETRIO IRAMAIN.

Notas anteriores Memoria Literatura Julio Piumato y el "toro Alfredito" Por Demetrio Iramain Más que "huelga" se trató de un lockout. Nunca hubo en Tribunales un "plan de lucha" con tantas garantías patronales. Está visto: la oposición al proceso abierto en 2003 (que sintetiza sus escasas multiplicidades en una única y potente voz de centroderecha, sobreamplificada por los medios que ya sabemos) ensaya por estos días un claro camino desestabilizador. Como en 2008. En el caso de la justicia, les resulta por demás sencillo transpolarlo. Nada hay más parecido a la estructura cuasifeudal que se da en muchos campos productivos argentinos que las oficinas de un juzgado federal. Si esa condición medieval no cambia en la justicia la reforma habrá resultado en vano. Una profunda transformación cultural, en la conciencia colectiva y en la ágil democracia que protagonizamos los argentinos, sostiene y justifica la ansiada democratización del Poder Judicial. El "toro Alfredito" que entonces montó De Angelis en la Plaza del Congreso, ahora lo replica Julio Piumato. Sin dudas, los trabajadores judiciales tienen, ante los ojos de la sociedad, más crédito que los jueces. Lástima que el dirigente sindical de los empleados lo esté dilapidando en cuestión de horas. Lo mismo pasaba con los peones rurales, hasta que Eduardo Buzzi hizo lo imposible por parecerse a Luciano Miguens. Los ordenanzas que representaron a los jueces en la marcha contra la reforma a la justicia prestan el mismo servicio que los exportadores de soja les mandaron cumplir a los chacareros. Falsa conciencia, que se dice. Desde luego, fueron pocas las oficinas judiciales abiertas durante el "paro". Demasiado pocas. Más que "huelga" se trató de un lockout. Nunca hubo en Tribunales un "plan de lucha" con tantas garantías patronales. En las reparticiones donde había personal, se trabajaba a puertas cerradas. Los teléfonos sonaban en la Mesa de Entradas, y nadie los atendía. El lockout fue el modo sutil que encontraron los jueces para adelantar la opinión que tendrán en los pleitos por inconstitucionalidad de la reforma. Quienes ahora evitan pronunciarse en público, para no invalidar su posterior intervención judicial, lo hacen a través del "paro". "Hasta el lunes", dijeron a su personal las decenas y decenas de Alfredo Bisordi que todavía abrevan en la justicia argentina. En el hall de entrada de la Obra Social el único que no hizo paro fue el señor televisor: TN estuvo prendido para nadie. Ningún profesional de auditoría médica se acercó hasta el plasma a ver siquiera la temperatura. No es que ya la supieran desde antes de salir de sus casas: directamente no fueron. Los ingresos de Tucumán y de Lavalle, cerrados; las puertas de la calle Talcahuano, sólo una abierta, chiquita: como en un feriado, había que golpear para que del otro lado un policía de guardia preguntara quién es. Como esos días no estuvieron las ratas, en Comodoro Py ni al gato se lo vio. En los Laborales, la persiana baja. En la Corte, candados. Una jueza federal mandó a decir que los funcionarios de su juzgado estaban "licenciados", y que los contratados que fueron el primer día de "huelga" a trabajar, al día siguiente tendrían libertad y plenas garantías para no hacerlo. Más claro, ponele agua. El nombramiento efectivo, no; pero hagan "paro" tranquilos. Servini los protege. Una delegada fue a trabajar a Diagonal 1190 y se encontró con el edificio cerrado. "Volvé a tu casa", le dijeron desde la puerta de ingreso los canas. En Lavalle 1429 la cochera estuvo cerrada por "orden de arriba". Los pocos funcionarios de la Corte que fueron a abrir sus oficinas debieron guardar el auto en un estacionamiento. Los trabajadores que a pesar de la presión solapada, y a veces no tanto, se plantaron ante sus jefes y se presentaron a trabajar, ni siquiera fueron registrados por el sistema de control de asistencia. Alguien desconectó la computadora madre y dejó a la Corte sin la posibilidad de medir el grado concreto de adhesión a la "huelga". Consecuencia: los ausentes que aprovecharon la volada ya no tendrían siquiera la urgencia de conseguir un certificado médico que justifique sus faltazos. Ni hablar del sugestivo corte de luz que hubo en Tribunales durante casi dos horas, y también en el edificio de Lavalle 1238, adyacente al Palacio, frente a la Plaza colmada por el aparato sindical del moyanismo. Hasta el diario La Nación aseguró en su crónica de la marcha que el apagón "favoreció el cese de actividades" y que los "funcionarios desalentaban a los abogados que se presentaban en el Palacio a dejar sus escritos". Los jefes que hasta el paro anterior tomaban lista y enviaban prolijitos y eficaces el listado del personal ausente a Recursos Humanos, para que proceda, esta vez, y obedeciendo órdenes de sus superiores, transmitidas extraoficialmente, por teléfono, de vocalía en vocalía, se adhirieron a la medida. El resultado fue previsible: hasta el medio ayudante recién ingresado se vio gentilmente "invitado" a parar. El triste posicionamiento de Piumato definió al gremio de empleados como lo que no es, pero parece: apenas una corporación más dentro de la gran corporación que es la Justicia. La "contundencia del paro", como dice el moyanista, probaría lo extendida que sería la familia judicial. Así como existe la corporación de los jueces o de los abogados, pareciera que también existe la de los trabajadores. Piumato pierde así una excelente oportunidad. Lee mal y a destiempo el mandato histórico del continente. La sociedad exige a gritos garantías democráticas, de transparencia, dentro del Poder Judicial: bajo su liderazgo el gremio ya no puede brindárselas. Mientras la corporación judicial puso en marcha todos sus dispositivos de control, hubo, sin embargo, centenares de trabajadores que los resistieron y fueron a trabajar. Se plantaron con altura ante los jueces y abrieron la oficina. Apretaron los dientes y ficharon temprano. Con vergüenza, obligaron a los camaristas y funcionarios a no tomarse el finde largo en sus country último modelo. Fueron gestos de mística militante, de compromiso democrático, constitutivos de un Poder Judicial absolutamente renovado, ágil y afín a la transformación, que se avecina. Inexorablemente. No fueron un bien de los jueces, una propiedad privada de los magistrados, sino trabajadores comprometidos con la sociedad que componen, y a la que le deben su última y más determinante fidelidad. "Los imprescindibles", diría de ellos Bertolt Brecht. 24/04/13 Tiempo Argentino GB

Form: ¿cómo está la salud en la CABA?

El legislador porteño, Edgardo Form, de Nuevo Encuentro - Partido Solidario, analiza la situación sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Edgardo Form: Nosotros hemos elaborado un informe, a partir de una recorrida importante que hemos realizado en los Centros de Salud de la cuidad, para constatar en qué situación se encontraban. Para verificar también en qué medida el gobierno de la Ciudad cumple con el mandato Constitucional de garantizar al derecho ciudadano a tener el servicio de salud adecuado. Ahí verificamos que hay fallas edilicias, faltas de equipamiento. Faltan profesionales, tanto médicos como odontólogo, enfermeros y farmacéuticos, especialmente, en los centros de Salud ubicados en la zona sur de la Capital y algunos próximos a villas de emergencia. Esto habla de una situación de carencia bastante importante de sectores que no tienen otra cobertura que no sea la que le pueda brindar la salud pública. AGENCIA PACO URONDO: Estaba viendo en Parque Patricios, Barracas, Soldati, tres de los CeSAC que ustedes relevaban, con falencias. Después me interesaba porque es una lucha larga que es el de Medrano 350. EF: Sí, claro, el 38. APU: En un momento se intentó cerrarlo, los vecinos se movilizaron para defenderlo pero sigue sin que se logre su pleno funcionamiento ¿Es así? EF: Sí, efectivamente. Están haciendo reparaciones en los pisos superiores pero todavía no está en pleno funcionamiento y entonces, los vecinos no tienen dónde acudir. APU: Hay otro en Almagro, Querandíes 4290. ¿Ese está definitivamente cerrado? EF: Sí, el IMPA que está vinculado a la cooperativa de trabajo. Esto denota una mala decisión política que también tiene su correlato en el presupuesto asignado a la salud para garantizar servicios públicos. Es algo que se repite en otros rubros que tiene que ver con el transporte público de pasajeros, en la falta de inversión en las redes de subterráneo. En los crecientes subsidios a la educación privada en contra partida con lo que se le destina a la educación pública. Creo que esto refleja claramente la filosofía del gobierno de Mauricio Macri que es una continuidad de la concepción de los años 90, donde tuvo su apogeo el menemismo, en el sentido de privilegiar al mercado y reducir el papel activo y presente del Estado que tiene que garantizar los derechos ciudadanos. APU: ¿Es un problema cuantitativo de presupuesto o es un problema de ejecución? EF: Es un doble problema porque desde el 2009 para acá, ha habido una reducción del porcentaje del presupuesto destinado a salud en relación con el monto global del presupuesto de la Ciudad que hoy en día tienen una cifra sideral de 40 mil millones de pesos y al mismo tiempo se advierte subejecución en un conjunto importante de partidas. El año pasado el ex Ministro de Salud, Lemus, estuvo en la Legislatura de la Ciudad, yo personalmente le pregunté por qué se había subejecutado una partida importante destinada a infraestructura hospitalaria. La respuesta fue que ellos ejecutaron el 98 % pero cuando uno va a constatar los números, la información que suministra el propio Ministerio de Hacienda de la Ciudad, refleja otra cosa, no se ejecutó el 100 % de lo que se había adjudicado para ese rubro. Lo cual habla también de problema de gestión en la materia. APU: Algo que me llama la atención es el mecanismo de autoexclusión de ingreso a las salas de juego, es decir, cuando el mismo jugador exige que se le prohíba entrar a las salas de juego. ¿Esa ley no rige en la Ciudad de Buenos Aires? EF: Eso es un tema que tiene que ver con la adicción al juego como puede ser el alcoholismo, tabaquismo o alguna otra, no acá no rige, lo estamos estudiando. GB

El 18A en Bahía Blanca

Por Diego Kenis I Los medios mintieron el número de la convocatoria, que fue igual o inferior al de las últimas concentraciones opositoras. En la temporada de marchas 2012, Bahía Blanca fue la ciudad que permitió ver mejor a qué responde el fondo de estas convocatorias: un día después del fallo que condenó a diecisiete represores y señaló la responsabilidad de La Nueva Provincia, desde una página de Facebook que hace apología del Terrorismo de Estado se convocó a defender a Massot de una “persecución ideológica”. Un medio periodístico local de nula importancia nacional pero profuso trabajo en operaciones de prensa domésticas, un satélite del emporio de Vicente Massot beneficiado por el presupuesto público y repudiado por los organismos de derechos humanos, calculó la convocatoria a la manifestación del llamado 18A en nueve mil personas. Las más realistas tres cuadras que reconoció el diario La Nueva Provincia lo desmienten, aunque el matutino eligió ver improbables cuatro mil almas. Nueve mil personas en trescientos metros sería un espectáculo digno de verse, porque supondría que entre la mitad y tres cuartas partes de ellas se ubiquen en los techos o las alcantarillas, o bien implicaría que un manifestante se presente a caballito de otro. Malvada es la realidad, que no se atiene a los deseos de algunos propietarios de medios. Perfiles Las biografías de algunos de los asistentes no sólo revelan el carácter político de la marcha o la defensa de un modelo de la Justicia pensada como empresa familiar, sino también una notoria consciencia de clase de la que a veces carecen otros segmentos de la sociedad. El jubilado al que el diario de Massot le preguntó si, pese a la corrupción que criticaba, había podido cobrar su jubilación es sólo una creación que permite ocultar que la manifestación del 18A se nutrió de un sector acomodado de la sociedad bahiense, lo que se deja ver mejor cuando se repasan algunos nombres propios. Por segunda vez, por caso, se lo vio en fervorosa militancia a Augusto Fernández, hasta 2012 miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. A fines de la década de los ’80, cuando todavía contaba con tres miembros, la Cámara bahiense fue la única del país que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida, que mediante una concreta intervención del Estado en los deberes de la Justicia garantizó por décadas la impunidad de los genocidas de la última dictadura. Como represalia por la declaración, durante el pleno auge del indultaje de 1990 se le quitó a dicha Cámara jurisdicción sobre las provincias de Río Negro y Neuquén y, en paralelo y sin la más mínima lógica, se elevó el número de sus miembros a cinco. Entre los dos que se sumaron estaba el ahora cacerolero Fernández. Poco antes de jubilarse, una de sus últimas firmas fue la que estampó en la resolución mediante la cual la Cámara que integraba excarceló a 36 represores acusados por su participación en los más graves delitos tipificados. Se comprende el modelo de Justicia que defiende. Un caso similar es el de Fernando Rey Saravia, otro asistente reconocido del 18A bahiense. Rey Saravia fue hasta hace pocos meses titular del Comité Técnico Ejecutivo del Polo Petroquímico, cuya piedra basal puso el dictador Alejandro Lanusse para dejar a la dictadura posterior y al menemismo la tarea de recoger los frutos de la corrupción floreciente. Pero el dato más importante tiene que ver con su estado civil: está casado con Ana María Araujo, subrogante a cargo del Juzgado Federal 2 bahiense e hija del represor de la Armada Ricardo César Araujo, confinado a la detención domiciliaria en casa de su retoño mientras aguarda juicio oral. Cuando un pedido de excarcelación suyo llegó a la Cámara Federal, el cacerolero Fernández se excusó de intervenir: conocía a Ana Araujo desde sus tiempos de relatora en dicha Cámara, que poco después le otorgó la subrogancia en el Juzgado Federal 2 y de ese modo la convirtió en jueza. ¿Yo, señor? No, señor Alguien bastante parecido a Sebastián Arruiz también participó de la marcha. Miembro del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional del Sur (UNS) Arruiz es parte de una familia vinculada a la corporación judicial bahiense, que también hace pie en el Departamento de Derecho de la UNS. Como miembro de la bancada de Línea PHI en el CSU, Arruiz avaló en 2011 la cuestionada continuidad docente de Gloria Girotti, acusada de graves delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, cuando ella era secretaria del juez Guillermo Madueño, quien mantenía reuniones nocturnas con el represor Adel Vilas para proyectar los siguientes pasos del plan criminal. Las simpatías de Arruiz hijo en la segunda década del siglo son una réplica de las que mantenía su padre, Mario Arruiz, en la primera: en 2002, formó parte de la gloriosa lista “Fundacional” del Departamento de Derecho de la UNS junto con José Luis Centurión, el agente de inteligencia de la dictadura y actual camarista federal Néstor Montezanti, el ex funcionario municipal Eduardo Conghos, el procesado Hugo Sierra y Luis Esandi. Sobre Sierra pesan acusaciones análogas a las de Girotti respecto de su participación en delitos de lesa humanidad desde el Juzgado del que era secretario. Esandi es el juez que liberó a Sierra cuando un Tribunal tomó la alocada decisión de ordenar su detención. Entre los representantes políticos que se dejaron ver en la marcha se destaca la figura de Raúl Woscoff. No sólo porque durante las últimas elecciones a intendente fue segundo o porque sea líder de la principal bancada opositora del Concejo Deliberante bahiense, sino debido a que en las últimas semanas trascendió que es el abogado del Centro de Esposas de Militares Retirados (CEMIR) en su reclamo por el presunto espionaje que sobre las mujeres se habría realizado en el marco del Proyecto X. Los medios puntaltenses mencionaron al CEMIR como artífice de las manifestaciones que por supuestas reivindicaciones salariales se desarrollaron en marzo en Punta Alta. Durante una movilización, los participantes cantaban que “el que no salta no es militar”. Un claro mensaje a la sociedad civil, que con el juicio que comenzará en la primavera de este 2013 podrá empezar a conocer el modo en que la Armada y la Prefectura Naval secuestraron, asesinaron, torturaron y desaparecieron personas en Punta Alta e Ingeniero White. Será Justicia Quienes marcharon por defender a la Justicia no deberían ignorar que el 12 de septiembre pasado Bahía Blanca vivió un hito histórico en tal sentido, cuando un Tribunal Federal condenó a prisión perpetua a catorce represores del Ejército y la Policía Federal y dispuso penas superiores a los diecisiete años de cárcel para otro policía y dos penitenciarios, además de marcar que deben investigarse las responsabilidades que en el plan criminal cupieron a los directivos del diario La Nueva Provincia y a la Iglesia católica a través del ex capellán Aldo Vara. Un día más tarde se llevó a cabo el llamado 13S, una marcha de opositores al gobierno nacional que preparó al 8N de respaldo a Clarín. Uno de los llamados a participar del encuentro se realizó a través de la página de Facebook “Jorge Rafael Videla Forever”, que había obtenido fama nacional un mes y medio antes, cuando el sacerdote pampeano José Luis Hidalgo la utilizó para enviar un cálido saludo de cumpleaños al dictador. Un par de semanas después, un puñado de fieles expresaron su repudio a la admiración del cura por el genocida de original modo: por el pasillo central del templo en que Hidalgo oficiaba misa, se acercaron a recibir la comunión con sus rostros decorados con bigotes como los que usaba el líder nazi Adolf Hitler. Videla integra la lista de represores que serán llevados a juicio oral en Bahía Blanca en los próximos meses, por sus responsabilidades en los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita de la Armada Argentina. La convocatoria emitida a través de “Jorge Rafael Videla Forever” no deja dudas en torno a su tono de respuesta al fallo con que 24 horas antes se ordenó la apertura de investigaciones sobre la responsabilidad de los directivos de La Nueva Provincia, entre los que se incluye a Vicente Massot, en delitos de acción pública. “HAY Q HACERSE OIR, Y YO APROVECHO MI ENTRADA PARA REPUDIAR LA PERSECUSION IDEOLOGICA A LA Q ESTARÁ SIENDO SOMETIDO EN ESTOS DIAS EL GENIO Y 'COTERRANEO' MIO DE VICENTE MASSOT, UN HOMBRE DE BIEN, ILUSTRE Y BRILLANTE, DUEÑO DEL DIARIO 'LA NUEVA PROVINCIA' DE MI CIUDAD, BAHIA BLANCA. TENGO EL HONOR DE CONOCER EN PERSONA AL SEÑOR MASSOT, Y NO ES PARA NADA UNA SORPRESA -YA ESTAMOS ACOSTUMBRADOS Y ESO ES LO GRAVE- ESTOS ATROPELLOS DE ESTOS DELINCUENTES Q QUIEREN ESCONDER Y OCULTAR LAS VERDADES DE LOS 70, HACIA LA GENTE Q ESCRIBE LIBROS Y DIFUNDE EN DIARIOS LO OCURRIDO VERDADERAMENTE EN AQUELLA EPOCA. (…) DE NOSOTROS DEPENDE, DESPERTEMOS DE UNA VEZ, AUN HAY UNA MISERA CHANCE DE CAMBIAR ESTO!!”, se arengó desde esa página de la red social el 13S. Ninguno de los jueces que firmó el veredicto dado a conocer el 12 de septiembre suscribió luego la solicitada que muchos de sus pares y varios fiscales rubricaron en reclamo de la necesaria democratización del Poder Judicial. El fallo incluía por otra parte una concepción antiperonista de la historia reciente, toda vez que su interpretación ponía a la génesis del peronismo en un pie de igualdad con el origen de las dictaduras militares del país, apuntando a un carácter de contención contra el avance del comunismo. Ninguno de estos datos lesiona lo ejemplar de la parte resolutiva del veredicto, que subrayó que los delitos probados durante el juicio –privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios, apropiaciones y ocultamientos de menores, abandono de persona y desapariciones forzadas- revisten el carácter de delitos de lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura, cuyo carácter “cívico militar” enfatizó. Por el contrario, los datos demuestran a los manifestantes del 18A bahiense que si lo que pretenden con sus cacerolas es renovar la impunidad de un amigo, suegro o colega, no alcanzará con ello porque la constancia de organismos de derechos humanos y miembros del Poder Judicial rebeldes a la administración corporativa ya ha logrado correr la frontera de lo posible mediante una lucha de treinta años por la otra justicia, la de la gloriosa minúscula. GB