DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA SINTESIS HOY.

EL OFICIALISMO INCLUYO LAS SUGERENCIAS DEL MAXIMO TRIBUNAL EN LOS PROYECTOS DE REFORMA JUDICIAL Para evitar “preocupaciones” a los jueces Después de las modificaciones en los proyectos sobre el Consejo de la Magistratura y sobre el acceso al sistema judicial, el oficialismo intentará aprobar hoy en Diputados tres de las iniciativas. La oposición mantiene su rechazo. Por Miguel Jorquera Con los cambios que introdujo a los proyectos para modificar el Consejo de la Magistratura y abrir el “acceso igualitario a la Justicia”, el oficialismo consiguió apaciguar las “preocupaciones” de los jueces, transmitidas a través de la Corte Suprema de Justicia, pero no logró sumar voluntades de la oposición para respaldar las iniciativas con que el Gobierno aspira a “democratizar” el Poder Judicial. El texto que el kirchnerismo llevará hoy al recinto de Diputados sobre el Consejo de la Magistratura propone la ampliación de sus miembros y su elección por el voto popular –como preveía el proyecto original–, pero mantiene el manejo del presupuesto judicial en manos de la Corte, un cambio respecto de la media sanción en el Senado que, de aprobarse en la Cámara baja, forzará un nuevo tratamiento de los senadores para transformar la iniciativa en ley. Lo mismo –pero invirtiendo el orden de las cámaras–- sucederá con el proyecto de acceso igualitario al sistema judicial: ya fue aprobado por Diputados y la Cámara alta prevé modificarlo para que los jueces puedan seguir designando a sus colaboradores inmediatos. El abanico opositor –UCR, PJ disidente, PRO, FAP y CC– mantendrá su rechazo a la modificación del Consejo, porque considera que es “anticonstitucional” y que “partidiza la Justicia”. Igual postura tendrán frente al proyecto que crea nuevas Cámaras de Casación y al que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa discusión se mantendrá hoy en el recinto, en una sesión que amenaza con prolongarse hasta altas horas de la madrugada del jueves y que hasta podría desdoblarse en dos jornadas. El kirchnerismo y sus aliados cargarán con la conformación del quórum para abrir la sesión especial al mediodía, aunque sin holgura. En el oficialismo están “confiados” en que las modificaciones a los proyectos terminarán de vencer algunas resistencias y que conseguirán la mayoría calificada de la mitad más uno del total de los miembros de la Cámara (129 diputados) para aprobar la modificación al Consejo de la Magistratura, y aprobar también los otros proyectos. La oposición también aspira a realizar un buen papel, en el recinto y en las calles. Aunque con diferencias, el grueso del arco opositor esta vez tratará de retener a sus legisladores en sus bancas a la hora de la votación para mostrar a un oficialismo “solo”, enfrentado al resto del cuerpo. Afuera, frente al Congreso, esperan una “importante” convocatoria contra los proyectos del Gobierno, a la que se sumarán columnas de la CGT y la CTA opositoras. La carta La misiva que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y su segunda, Elena Highton de Nolasco, le enviaron al presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, motivó una reunión de urgencia el lunes en Casa Rosada: participaron la Presidenta, el secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini, y los principales referentes parlamentarios del FpV en la Cámara baja. Allí se gestaron las modificaciones en dos de los seis proyectos que debate el Congreso. La nota de Lorenzetti, fechada el 18 de abril, reproduce la carta que el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, envió a la Corte para expresar la “preocupación” de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país sobre los proyectos oficiales para democratizar la Justicia. Allí, Hornos define dos ejes centrales de “preocupaciones”. Uno, que se traspasen “las facultades técnico-administrativas” sobre el sistema judicial –hoy en manos de la Corte– a la órbita del Consejo de la Magistratura. Y dos, que se modifique el sistema de selección de empleados que afecta a la “indispensable absoluta confianza entre el magistrado y sus colaboradores”. Las modificaciones del Ejecutivo fueron en la misma línea que la “preocupación” expresada por jueces y cortesanos. La diputada Diana Conti abrió el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara baja leyendo la carta de Lorenzetti. Pero detalló los cambios en el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura después de que culminaron de exponer los invitados –expertos, asociaciones y ONG vinculados con la Justicia–, además del ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario del área, Julián Alvarez. La principal modificación es que se mantiene la elaboración y el control del presupuesto del Poder Judicial en manos de la Corte, mientras que el Consejo de la Magistratura administrará sólo sus propios recursos y ya no los de todo el sistema, como decía el texto original. Alak y Alvarez defendieron ante los diputados la iniciativa que propone la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. El ministro lo hizo en términos políticos. Luego de un repaso histórico sobre las dificultades para afianzar la democracia en el país, Alak sostuvo la necesidad de “retomar la senda democrática en el Poder Judicial”. Frente a “jueces y abogados” que “promueven representación corporativa”, la iniciativa del Gobierno –dijo– apunta a “que sea el pueblo quien elija a los representantes” del Consejo de la Magistratura. “El Poder Judicial no es de los jueces y abogados, es del pueblo, por eso la elección en forma directa” de los consejeros, argumentó. De aprobarse, el nuevo Consejo tendrá 19 integrantes: 6 por los jueces y abogados, 6 por los académicos y 6 legisladores, además del representante del Ejecutivo. Su elección a través de las listas de partidos en los comicios nacionales se repartirá proporcionalmente entre la mayoría y la primera minoría, según el resultado electoral. Alak también defendió la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y las reformas introducidas por el Senado para garantizar “la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad”. Agregó que la mayoría de las provincias “tienen su Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde uno de sus capítulos son las cautelares reguladas de una manera especial. Una norma que el gobierno federal no tiene”. Luego, el ministro sostuvo que las tres nuevas Cámaras de Casación (en los fueros federales Contencioso Administrativo, Civil y Comercial, y Laboral) ayudarán a descomprimir a una “Corte saturada de expedientes, que trata entre 13 y 20 mil al año, mientras la Corte de los Estados Unidos revisa 80 por año”. Los rechazos Las modificaciones aceptadas por el oficialismo no cambiaron las posturas de las bancadas opositoras, que en el último tramo del debate se pronunciaron por el rechazo de los tres proyectos que hoy se discutirán en el recinto, tras haber obtenido dictámenes de mayoría en el plenario de comisiones. El radical Ricardo Gil Lavedra sostuvo que más allá “del súbito cambio de opinión del oficialismo”, los proyectos buscan “dominar a la Corte y al Poder Judicial” y además apuntan a “una partidización completa de la Justicia”. El macrista Pablo Tonelli y el peronista anti K Gustavo Ferrari coincidieron en tildar de “inconstitucionales” las iniciativas del Ejecutivo: “Queremos una Justicia con independencia y una democracia con república”, lanzó como un slogan el denarvaísta. Omar Duklos, del FAP, anticipó el rechazo. Liliana Parada, de la UP-FAP, en cambio, cuestionó al oficialismo “por no ir contra la corporación judicial como había expresado”. Elisa Carrió, fiel a su estilo, dio espectacularidad a su intervención al denunciar un “pacto espurio entre el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la Nación”. “Siempre sospeché de Lorenzetti –dijo–, espero que el resto de la Corte no esté en este pacto.” Carrió lanzó ahí otra denuncia mediática, al sostener que el Gobierno acordó con la Corte cambiar “el dinero (del presupuesto judicial) y el manejo del personal por un fallo favorable en la ley de medios o por rechazar los juicios por el cepo cambiario”. Luego se levantó y se fue, desacostumbrada a permanecer hasta el final de un plenario, en busca de un lugar en los medios. CELEBRARON LAS MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS DE LA REFORMA Sonrisas en la Corte El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo llegar las críticas de camaristas federales a través de una carta. Con las modificaciones, consiguió mantener el manejo presupuestario del Poder Judicial, entre otras cuestiones. Por Irina Hauser Con los retoques a dos de las propuestas de reforma judicial que ayer admitió el oficialismo en Diputados, la Corte Suprema se anotó un triunfo. Por empezar, logró frenar el traspaso de la ejecución y el manejo del presupuesto del Poder Judicial, la fijación de la política salarial y otras cuestiones administrativas a la órbita del Consejo de la Magistratura. También consiguió introducir una excepción en el proyecto para ingreso igualitario a tribunales: para ser nombrado secretario de un juzgado no hará falta dar examen, bastará con la bendición del juez. Los cambios sobre los textos originales reflejan el reclamo que los presidentes de las cámaras federales de todo el país hicieron en un escrito, donde alertaban sobre el riesgo de “parálisis” en la Justicia. Ese documento fue enviado casi como propio por la Corte al presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, y a la vez fue girado a la Casa Rosada, que mandó señales conciliadoras. Las modificaciones también fueron fruto de las conversaciones entre la presidenta Cristina Kirchner y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Ayer a la noche, en la Corte se abstenían de opinar sin conocer la letra final, pero se advertía satisfacción. Los supremos venían analizando, y lo habían dejado trascender, declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas que afectaran el ejercicio de sus facultades. Una decisión de ese tenor preanunciaba un conflicto de poderes. En el tribunal no niegan que la Constitución reconoce funciones administrativas al Consejo de la Magistratura pero, en palabra de uno de los jueces supremos, “hay una disfunción porque en la realidad esto nunca funcionó bien”. En la Corte dicen que el propio Consejo les traspasó funciones. Hoy el alto tribunal fija salarios y ejecuta el presupuesto. El Gobierno quería cambiarlo, pero lo reconsideró. Justo el día después de que la Presidenta anunciara el paquete de reformas judiciales, se hacía la reunión mensual de Lorenzetti con la llamada Junta de Presidentes de Cámara de todo el país, que aprovecharon para hacer catarsis. Lorenzetti dijo a más de veinte camaristas que la Corte no podía opinar sobre los proyectos de ley, pero que ellos y las asociaciones sí podían hacerlo. En una cena, con el presidente de la Corte presente, se avanzó en la idea de un documento que pusiera en cuestión las propuestas del oficialismo. A la semana siguiente, en un nuevo encuentro se terminó de consensuar un documento. Quedó con el formato de una presentación de los jueces dirigida a la Corte Suprema. Cuestionaba tres aspectos: el traslado de facultades administrativas, presupuestarias, de la Corte al Consejo; el reemplazo de la mayoría de dos tercios por una mayoría simple para acusar o elegir jueces, y que el plan de ingreso democrático al Poder Judicial incluyera examen para secretarios de los jueces, sin que puedan elegir la gente de su confianza. Una segunda versión de esa nota, firmada por Gustavo Hornos, como titular de la Cámara de Casación, y de la Junta de Presidentes de Cámara, fue enviada por Lorenzetti y su vice, Elena Highton de Nolasco, a Domínguez y a la Presidenta. Pero estaba depurada, y excluía la discusión por las mayorías. Al no ser “una valoración general de la reforma” ni referirse a “la constitucionalidad de sus normas”, la Corte dice que le pareció “prudente” mandarla al Congreso. La carta reconoce a la Corte Suprema (no al Consejo) como máxima autoridad judicial. Advierte sobre la “preocupación” por “las reformas legislativas propuestas en cuanto disponen el traspaso de facultades técnico-administrativas de la Corte al ámbito del Consejo de la Magistratura, órgano éste que de aprobarse el proyecto de ley respectivo será el encargado de fijar la política salarial, disponer la asignación de contratos que lo requieran, designar magistrados subrogantes y ejecutar el presupuesto de este Poder Judicial”. Todas esas funciones, sostiene, requieren “celeridad en su instrumentación” e “inmediatez entre los magistrados”. La Corte lo cumple, dice el texto, pero el Consejo tiene “una estructura parlamentaria típicamente alejada de la agilidad y celeridad que requiere la tarea ejecutiva”. Por lo tanto, el mensaje es que si se aprueba el proyecto original de reforma del Consejo “se produciría una paralización del Poder Judicial”. En el tramo final dice que todos están de acuerdo con el ingreso por concurso al Poder Judicial, pero que “es necesario que un porcentaje de las designaciones sea efectuado directamente por los magistrados” que necesitan “confianza con sus colaboradores”. Como primera reacción, la Asociación de Magistrados, que representa a la corporación de jueces, consideró “correcto que no se sustraigan facultades implícitas de la Corte”, en palabras de su titular Luis Cabral. “Pero seguimos cuestionando la partidización del Consejo con una mayoría absoluta de un solo color político”, aclaró. Hornos no respondió los llamados de este diario. Otros camaristas se quejaron de que el texto enviado a Diputados no era el que ellos habían firmado. En la Corte insistían con estos conceptos: “no estamos discutiendo plata”; “no estamos presionando al Ejecutivo, sólo le hicimos saber la posición de las cámaras y los problemas operativos”; “sólo transmitimos una preocupación”. El secretario de Justicia, Julián Alvarez, dijo que la mayoría de las propuestas eran “aceptables”. COMELLI LE RESPONDIO AL TITULAR DEL CIPPEC Reproche por la campaña Por Miguel Jorquera Tres de las cinco ONG –ADC, ACIJ y Cippec– que lanzaron una campaña para “presionar” y conseguir que los diputados que supuestamente no se habían expedido sobre los proyectos votaran en contra de las iniciativas del Gobierno expusieron ayer ante el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Pero no les fue tan bien, cuando la diputada neuquina Alicia Comelli –que figuraba en la lista de los doce legisladores en duda– los responsabilizó por las amenazas que recibió a través de mensajes de texto. Cuando el director ejecutivo del Cippec, Fernando Straface, defendió la campaña para que los legisladores indecisos “adelantaran su voto” con el argumento de que “no veía ningún problema en darles argumentos para que decidan”, Comelli se levantó de su silla para responderle: “Me amenazaron, ahí está el problema. No me llamaste por teléfono para dar argumentos. ¿Por qué no me diste argumentos jurídicos y no políticos? Hemos hablado muchas veces con el Cippec. Me amenazaron”, lo interrumpió Comelli, acompañada de los aplausos de los legisladores oficialistas. Straface, en tanto, se lamentó “que se haya interpretado así”. También le había salido al cruce el fueguino Jorge Garramuño, otro de los que figuraba en la lista. Dijo que “ya había adelantado mi voto negativo y sin embargo nadie de las ONG me llamó para consultarme”. Por lo bajo también hubo otros tipos de cuestionamientos. Mientras el ejecutivo del Cippec argumentó que compartía en general “el diagnóstico” del oficialismo sobre la Justicia, pero no los cambios que había que realizar, Carrió se hizo escuchar entre quienes la rodeaban: “Financiado por todo el establishment y hablando pelotudeces”, acotó la chaqueña. La teoría de Carrió La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió denunció la existencia de “un pacto” entre la presidenta Cristina Fernández y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al que calificó como integrante del PJ de Santa Fe, “muy cuestionado en su ciudad”, que derivó en las modificaciones a los proyectos de reforma judicial, al tiempo que consideró que aprobar la iniciativa es “entrar a la dictadura constitucional”. Según la dirigente, “acá hay un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la Argentina solo comparable con el Pacto de Olivos”, y precisó que con las modificaciones el kirchnerismo “lo que le da” al Alto Tribunal “es el manejo del dinero, presupuesto y personal, aun más allá de lo que dice la Constitución”. Carrió habló de un “acuerdo entre la corporación judicial y la corporación política”, aludió al kirchnerismo al decir que “los revolucionarios pactaron con la corporación”, y se preguntó si a cambio de las modificaciones en la letra de los proyectos de reforma, la Corte al Gobierno “le dará un fallo favorable en la ley de medios y rechazará todos los juicios por el cepo cambiario”. EL FPV FIRMO DICTAMEN DE DOS PROYECTOS E INTRODUJO MODIFICACIONES EN EL OTRO El Senado avanzó sin problemas En el Senado, el kirchnerismo firmó dictamen con los proyectos de declaraciones juradas y de publicación de los fallos. Introdujeron modificaciones al del ingreso en la Justicia. Se tratarían el 8 de mayo. En el Senado, el Frente para la Victoria (FpV) firmó el dictamen de dos de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo en el paquete que propone la democratización de la Justicia. La obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones juradas de funcionarios y la publicación de los fallos que emanan del Poder Judicial esperan ser votados en el recinto, mientras que se ingresaron modificaciones a la iniciativa que reglamenta el ingreso al sistema. Todo el paquete podría tratarse en sesión el 8 de mayo. “Lo más probable es que se dé dictamen a los proyectos de ingreso y el del Consejo de la Magistratura el martes que viene. Y si los tiempos se dan, el 8 de mayo se estarían votando los cuatro proyectos de democratización judicial que estarán en el Senado”, aseguró a Página/12 una fuente parlamentaria del FpV de la Cámara alta, anticipando los tiempos que evalúan los legisladores para que sean tratados en el recinto. Los senadores introdujeron cinco cambios a partir del análisis y las recomendaciones que la Corte Suprema de Justicia acercó al Ejecutivo y a ambas cámaras del Parlamento para que tuvieran en cuenta. Los tres proyectos fueron analizados en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Justicia, del que participaron también el ministro de Justicia, Julio Alak; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi, y de Gestión Registral, Ernesto Kreplak. Luego de las exposiciones de los funcionarios nacionales se dio dictamen al proyecto que define la obligatoriedad de que la totalidad de las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes del Estado sean publicadas por la Oficina Anticorrupción, que deberá permanecer actualizada. También obtuvo dictamen de mayoría la iniciativa que obliga a la publicación en Internet de todas las decisiones “emanadas de la Corte, tribunales federales de segunda instancia y de las cámaras nacionales de apelaciones”. Las variaciones que integran el proyecto remozado que regula el ingreso al sistema judicial fueron cinco. La propuesta de la iniciativa es que el ingreso de personal se realice a partir de un examen de conocimientos básicos a los aspirantes, la conformación de una nómina de ingresantes y un sorteo a través de Lotería Nacional. Las modificaciones en general dieron curso a las solicitudes de la Corte en base a lo que consideró áreas de su incumbencia. Así, se modificó el artículo 5 para otorgar al titular de una cámara la posibilidad de “designar en forma directa (sin concurso) dos cargos letrados”. El artículo 10 apunta a que en los concursos para el ingreso de personal, la autoridad de aplicación será ejercida por la Corte Suprema y en el 11 se fija la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos que serán dispuestos por la Corte y al Ministerio Público, dejando en manos de cada organismo los concursos referidos a su sector de la Justicia. Así, la Corte recupera un puñado de atribuciones que habían sido modificadas en la letra original del proyecto. Si los tiempos se cumplen y no hay trabas en el Congreso que pudieran dilatar el tratamiento de los proyectos, el bloque del oficialismo tratará la iniciativa de ingreso a la Justicia, que fue modificada para dar dictamen y a su vez especula que “también se estaría tratando el proyecto del Consejo de la Magistratura, en el que se introdujeron modificaciones” para dictaminar también y que quede listo para tratarlo en el recinto. El bloque de senadores del radicalismo ya anunció que se opondrá a los tres proyectos, al igual que lo hicieron la semana pasada con los otros tres que integran el paquete de seis leyes que impulsan la democratización judicial anunciadas y enviadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner unas semanas atrás. A la expectativa de lo que suceda en Diputados con la votación de los proyectos que fueron tratados en el Senado la semana pasada, el oficialismo planea, con la agenda en la mano, que “a más tardar en la sesión del 8 de mayo se podrían estar votando todos los proyectos que estén en la cámara referidos a la reforma judicial”. ADOLFO PEREZ ESQUIVEL DEFENDIO LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL “Es saludable para el pueblo” El titular del Serpaj definió como “una decisión correcta del Gobierno” la propuesta de cambiar el sistema judicial y dijo que “hay que tratar de ver que se lleve adelante lo mejor posible”. Afirmó que es “antidemocrático” intentar que el Congreso no sesione. Adolfo Pérez Esquivel se manifestó “totalmente de acuerdo” con la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional y en contra de los intentos de impedir que sesione el Congreso, accionar que calificó de “antidemocrático”. El titular del Serpaj se pronunció sobre el tema en general luego de reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. “Creo que es saludable para el pueblo argentino una reforma del Poder Judicial”, sostuvo Pérez Esquivel ayer por la mañana. “Creemos que es una decisión correcta del Gobierno, y hay que tratar de ver que se lleve adelante lo mejor posible”, expresó. Tras el encuentro con Domínguez, en el Salón de Honor de Diputados, Pérez Esquivel consideró que las insinuaciones de algunos sectores de la oposición sobre la posibilidad de impedir que el Congreso sesione hoy para aprobar las leyes presentadas por el Gobierno implican un accionar “antidemocrático”. “No hay que impedir sesionar. Hay que tratar de profundizar el debate a través de las ideas y pensar qué es lo bueno para el país”, reclamó. Pérez Esquivel, que obtuvo el Nobel hace un tercio de siglo, es uno de los dirigentes históricos del movimiento de derechos humanos que no se había pronunciado sobre la baterías de proyectos que el Gobierno envió al Congreso hace dos semanas. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, respaldó los proyectos desde el primer día, incluso estuvo presente el 9 de abril cuando la presidenta Cristina Fernández hizo el anuncio en Casa de Gobierno. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se tomó unos días para estudiar los proyectos y se pronunció el 13 de abril mediante un documento público. “Algunos de los proyectos representan un claro avance en cuestiones demoradas o importantes para la igualdad de oportunidades y para la transparencia del funcionamiento judicial. Otros plantean dudas sobre su diseño político institucional. El que limita las cautelares, puntualmente, presenta problemas de constitucionalidad”, objetó entonces. El CELS fue invitado a participar en los debates junto a otras organizaciones de la sociedad civil como ACIJ, la AdC y la Asociación de Abogados Laboralistas. Su presidente Horacio Verbitsky señaló allí el acuerdo del organismo con impedir el abuso de los poderes fácticos que se sirven de las cautelares para frustrar la voluntad popular y sus leyes, y también el riesgo de que una redacción apresurada terminara afectando a sectores vulnerables de la sociedad. Propuso entonces modificar la fórmula sobre las situaciones exceptuadas de la nueva regulación a las cautelares en base a fallos de la Corte Suprema de Justicia y a la experiencia del propio CELS en el uso de esa herramienta, postura que respaldaron senadores oficialistas y opositores y que dio lugar a una nueva redacción de ese punto, que ahora debe tratar la Cámara de Diputados. FUE INSTALADA POR DIRIGENTES DE LA OPOSICION FRENTE AL CONGRESO Una carpa contra las propuestas de reforma Dirigentes de todo el arco opositor se convocaron ayer en la Carpa por una Justicia independiente instalada frente al Congreso para manifestar su rechazo a la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo, a la que calificaron como un “abuso de las mayorías” por parte del kirchnerismo. Mientras se desarrollaba el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados con la discusión de los distintos proyectos, los opositores cruzaron la avenida Entre Ríos rumbo a la carpa y allí compartieron una foto con un mensaje en contra de las modificaciones. Participaron Ricardo Alfonsín, Mario Barletta y Miguel Bazze (UCR), Paula Bertol, Gabriela Michetti y Federico Pinedo (PRO), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), Gerardo Milman (GEN), Enrique Thomas y Carlos Brown (PJ disidente), entre otros. Entre los ausentes figuraron Elisa Carrió, Fernando “Pino” Solanas, Francisco de Narváez y referentes del Frente Amplio Progresista, que lidera Hermes Binner. “No al manotazo a la Justicia. Defendamos la República y la Constitución”, señalaba un afiche ubicado sobre el frente de la carpa, donde también se desplegó otra bandera celeste y blanca con la leyenda “Justicia independiente”. El objetivo de la carpa es constituir “un lugar de encuentro para que la sociedad pueda expresarse sobre la reforma judicial”, explicó Pinedo y anticipó que “vamos a oír a sindicatos, magistrados, jubilados, a víctimas que tengan cosas que decir para enriquecer un debate que tendría que haber sido más abierto”, cuestionó. La carpa permanecerá hasta hoy, cuando se trate la reforma en el recinto de Diputados, y se convertirá en un punto de encuentro para la movilización convocada para las 17.30 por distintos espacios opositores y sindicales en rechazo al proyecto oficialista. “Estamos trabajando para que no se logre el número necesario” para avanzar con las leyes, dijo Alfonsín, “pero si las aprueban, van a ser derogadas, la inmensa mayoría de los argentinos en las próximas elecciones procurará dotar de equilibrio y control a los espacios de poder político”. Y resaltó que si logran modificar la relación de fuerzas en el Parlamento, “de una manera democrática y en paz, vamos a derogar estas leyes que representan un retroceso importante respecto de conquistas que empezamos a consolidar en 1983”. Prat Gay cuestionó que la reforma “es la última barrera que se quieren llevar por delante”, pero valoró que “la reacción de la gente ha sido muy potente (en la marcha) el 18 de abril” y pidió que “cada diputado vote con su conciencia, sabiendo que del otro lado no está el 54 por ciento sino la República”. Barletta, en tanto, anticipó que si las leyes se aprueban presentarán una “demanda de inconstitucionalidad” ante la Justicia y convocó a “seguir ocupando el espacio público” para manifestar el malestar por las iniciativas. Respaldo con reparos La CGT oficialista, que conduce el metalúrgico Antonio Caló (foto), sumó ayer su apoyo a la reforma del Poder Judicial que impulsa la Casa Rosada, aunque también manifestó reparos sobre algunos cambios. “Los proyectos de ley de reformas del sistema judicial enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento, denominados en conjunto ‘Democratización de la Justicia’, contienen aspectos positivos en algunas materias importantes, pero otros afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores que no podemos acompañar”, señaló la central sindical encabezada por Caló. En un comunicado de prensa firmado por el metalúrgico y por el secretario de prensa, Héctor Daer, la CGT manifestó su “preocupación por la excesiva reglamentación del Derecho de Amparo” y “la creación de la Cámara de Casación de Seguridad Social y del Trabajo” porque ambos “tienden afectar directamente los intereses de todos los trabajadores activos y pasivos”. 24/04/13 Página|12 GB