El 18A en Bahía Blanca

Por Diego Kenis I Los medios mintieron el número de la convocatoria, que fue igual o inferior al de las últimas concentraciones opositoras. En la temporada de marchas 2012, Bahía Blanca fue la ciudad que permitió ver mejor a qué responde el fondo de estas convocatorias: un día después del fallo que condenó a diecisiete represores y señaló la responsabilidad de La Nueva Provincia, desde una página de Facebook que hace apología del Terrorismo de Estado se convocó a defender a Massot de una “persecución ideológica”. Un medio periodístico local de nula importancia nacional pero profuso trabajo en operaciones de prensa domésticas, un satélite del emporio de Vicente Massot beneficiado por el presupuesto público y repudiado por los organismos de derechos humanos, calculó la convocatoria a la manifestación del llamado 18A en nueve mil personas. Las más realistas tres cuadras que reconoció el diario La Nueva Provincia lo desmienten, aunque el matutino eligió ver improbables cuatro mil almas. Nueve mil personas en trescientos metros sería un espectáculo digno de verse, porque supondría que entre la mitad y tres cuartas partes de ellas se ubiquen en los techos o las alcantarillas, o bien implicaría que un manifestante se presente a caballito de otro. Malvada es la realidad, que no se atiene a los deseos de algunos propietarios de medios. Perfiles Las biografías de algunos de los asistentes no sólo revelan el carácter político de la marcha o la defensa de un modelo de la Justicia pensada como empresa familiar, sino también una notoria consciencia de clase de la que a veces carecen otros segmentos de la sociedad. El jubilado al que el diario de Massot le preguntó si, pese a la corrupción que criticaba, había podido cobrar su jubilación es sólo una creación que permite ocultar que la manifestación del 18A se nutrió de un sector acomodado de la sociedad bahiense, lo que se deja ver mejor cuando se repasan algunos nombres propios. Por segunda vez, por caso, se lo vio en fervorosa militancia a Augusto Fernández, hasta 2012 miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. A fines de la década de los ’80, cuando todavía contaba con tres miembros, la Cámara bahiense fue la única del país que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida, que mediante una concreta intervención del Estado en los deberes de la Justicia garantizó por décadas la impunidad de los genocidas de la última dictadura. Como represalia por la declaración, durante el pleno auge del indultaje de 1990 se le quitó a dicha Cámara jurisdicción sobre las provincias de Río Negro y Neuquén y, en paralelo y sin la más mínima lógica, se elevó el número de sus miembros a cinco. Entre los dos que se sumaron estaba el ahora cacerolero Fernández. Poco antes de jubilarse, una de sus últimas firmas fue la que estampó en la resolución mediante la cual la Cámara que integraba excarceló a 36 represores acusados por su participación en los más graves delitos tipificados. Se comprende el modelo de Justicia que defiende. Un caso similar es el de Fernando Rey Saravia, otro asistente reconocido del 18A bahiense. Rey Saravia fue hasta hace pocos meses titular del Comité Técnico Ejecutivo del Polo Petroquímico, cuya piedra basal puso el dictador Alejandro Lanusse para dejar a la dictadura posterior y al menemismo la tarea de recoger los frutos de la corrupción floreciente. Pero el dato más importante tiene que ver con su estado civil: está casado con Ana María Araujo, subrogante a cargo del Juzgado Federal 2 bahiense e hija del represor de la Armada Ricardo César Araujo, confinado a la detención domiciliaria en casa de su retoño mientras aguarda juicio oral. Cuando un pedido de excarcelación suyo llegó a la Cámara Federal, el cacerolero Fernández se excusó de intervenir: conocía a Ana Araujo desde sus tiempos de relatora en dicha Cámara, que poco después le otorgó la subrogancia en el Juzgado Federal 2 y de ese modo la convirtió en jueza. ¿Yo, señor? No, señor Alguien bastante parecido a Sebastián Arruiz también participó de la marcha. Miembro del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional del Sur (UNS) Arruiz es parte de una familia vinculada a la corporación judicial bahiense, que también hace pie en el Departamento de Derecho de la UNS. Como miembro de la bancada de Línea PHI en el CSU, Arruiz avaló en 2011 la cuestionada continuidad docente de Gloria Girotti, acusada de graves delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, cuando ella era secretaria del juez Guillermo Madueño, quien mantenía reuniones nocturnas con el represor Adel Vilas para proyectar los siguientes pasos del plan criminal. Las simpatías de Arruiz hijo en la segunda década del siglo son una réplica de las que mantenía su padre, Mario Arruiz, en la primera: en 2002, formó parte de la gloriosa lista “Fundacional” del Departamento de Derecho de la UNS junto con José Luis Centurión, el agente de inteligencia de la dictadura y actual camarista federal Néstor Montezanti, el ex funcionario municipal Eduardo Conghos, el procesado Hugo Sierra y Luis Esandi. Sobre Sierra pesan acusaciones análogas a las de Girotti respecto de su participación en delitos de lesa humanidad desde el Juzgado del que era secretario. Esandi es el juez que liberó a Sierra cuando un Tribunal tomó la alocada decisión de ordenar su detención. Entre los representantes políticos que se dejaron ver en la marcha se destaca la figura de Raúl Woscoff. No sólo porque durante las últimas elecciones a intendente fue segundo o porque sea líder de la principal bancada opositora del Concejo Deliberante bahiense, sino debido a que en las últimas semanas trascendió que es el abogado del Centro de Esposas de Militares Retirados (CEMIR) en su reclamo por el presunto espionaje que sobre las mujeres se habría realizado en el marco del Proyecto X. Los medios puntaltenses mencionaron al CEMIR como artífice de las manifestaciones que por supuestas reivindicaciones salariales se desarrollaron en marzo en Punta Alta. Durante una movilización, los participantes cantaban que “el que no salta no es militar”. Un claro mensaje a la sociedad civil, que con el juicio que comenzará en la primavera de este 2013 podrá empezar a conocer el modo en que la Armada y la Prefectura Naval secuestraron, asesinaron, torturaron y desaparecieron personas en Punta Alta e Ingeniero White. Será Justicia Quienes marcharon por defender a la Justicia no deberían ignorar que el 12 de septiembre pasado Bahía Blanca vivió un hito histórico en tal sentido, cuando un Tribunal Federal condenó a prisión perpetua a catorce represores del Ejército y la Policía Federal y dispuso penas superiores a los diecisiete años de cárcel para otro policía y dos penitenciarios, además de marcar que deben investigarse las responsabilidades que en el plan criminal cupieron a los directivos del diario La Nueva Provincia y a la Iglesia católica a través del ex capellán Aldo Vara. Un día más tarde se llevó a cabo el llamado 13S, una marcha de opositores al gobierno nacional que preparó al 8N de respaldo a Clarín. Uno de los llamados a participar del encuentro se realizó a través de la página de Facebook “Jorge Rafael Videla Forever”, que había obtenido fama nacional un mes y medio antes, cuando el sacerdote pampeano José Luis Hidalgo la utilizó para enviar un cálido saludo de cumpleaños al dictador. Un par de semanas después, un puñado de fieles expresaron su repudio a la admiración del cura por el genocida de original modo: por el pasillo central del templo en que Hidalgo oficiaba misa, se acercaron a recibir la comunión con sus rostros decorados con bigotes como los que usaba el líder nazi Adolf Hitler. Videla integra la lista de represores que serán llevados a juicio oral en Bahía Blanca en los próximos meses, por sus responsabilidades en los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita de la Armada Argentina. La convocatoria emitida a través de “Jorge Rafael Videla Forever” no deja dudas en torno a su tono de respuesta al fallo con que 24 horas antes se ordenó la apertura de investigaciones sobre la responsabilidad de los directivos de La Nueva Provincia, entre los que se incluye a Vicente Massot, en delitos de acción pública. “HAY Q HACERSE OIR, Y YO APROVECHO MI ENTRADA PARA REPUDIAR LA PERSECUSION IDEOLOGICA A LA Q ESTARÁ SIENDO SOMETIDO EN ESTOS DIAS EL GENIO Y 'COTERRANEO' MIO DE VICENTE MASSOT, UN HOMBRE DE BIEN, ILUSTRE Y BRILLANTE, DUEÑO DEL DIARIO 'LA NUEVA PROVINCIA' DE MI CIUDAD, BAHIA BLANCA. TENGO EL HONOR DE CONOCER EN PERSONA AL SEÑOR MASSOT, Y NO ES PARA NADA UNA SORPRESA -YA ESTAMOS ACOSTUMBRADOS Y ESO ES LO GRAVE- ESTOS ATROPELLOS DE ESTOS DELINCUENTES Q QUIEREN ESCONDER Y OCULTAR LAS VERDADES DE LOS 70, HACIA LA GENTE Q ESCRIBE LIBROS Y DIFUNDE EN DIARIOS LO OCURRIDO VERDADERAMENTE EN AQUELLA EPOCA. (…) DE NOSOTROS DEPENDE, DESPERTEMOS DE UNA VEZ, AUN HAY UNA MISERA CHANCE DE CAMBIAR ESTO!!”, se arengó desde esa página de la red social el 13S. Ninguno de los jueces que firmó el veredicto dado a conocer el 12 de septiembre suscribió luego la solicitada que muchos de sus pares y varios fiscales rubricaron en reclamo de la necesaria democratización del Poder Judicial. El fallo incluía por otra parte una concepción antiperonista de la historia reciente, toda vez que su interpretación ponía a la génesis del peronismo en un pie de igualdad con el origen de las dictaduras militares del país, apuntando a un carácter de contención contra el avance del comunismo. Ninguno de estos datos lesiona lo ejemplar de la parte resolutiva del veredicto, que subrayó que los delitos probados durante el juicio –privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios, apropiaciones y ocultamientos de menores, abandono de persona y desapariciones forzadas- revisten el carácter de delitos de lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura, cuyo carácter “cívico militar” enfatizó. Por el contrario, los datos demuestran a los manifestantes del 18A bahiense que si lo que pretenden con sus cacerolas es renovar la impunidad de un amigo, suegro o colega, no alcanzará con ello porque la constancia de organismos de derechos humanos y miembros del Poder Judicial rebeldes a la administración corporativa ya ha logrado correr la frontera de lo posible mediante una lucha de treinta años por la otra justicia, la de la gloriosa minúscula. GB