Estadísticas: las víctimas de la violencia

Un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de homicidios dolosos permite discutir sobre cuáles son los sectores de la sociedad que más sufren los hechos de violencia, planteando ciertos puntos de contradicción con respecto al discurso dominante en el debate público. Por Alejo Flores Los debates sobre la violencia suelen centrarse más en los métodos para liberarse de quienes supuestamente la producen que en las causas que le dan origen. Esas discusiones, además de mostrar solo una de las caras del conflicto, parten habitualmente de algunas ideas que se dan por válidas: que los ciudadanos de clases medias y altas son quienes más sufren “la inseguridad”; que los autores de los ataques pertenecen a los sectores más empobrecidos de la sociedad; que las penas que se aplican a quienes delinquen son demasiado leves; y que esa falta de castigo redunda en una multiplicación de los casos. Las estadísticas difundidas por el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) permiten poner en duda algunas de estas afirmaciones. El informe analiza características de los hechos, de las víctimas y de los imputados, tomando en cuenta homicidios dolosos producidos entre 2010 y 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Departamentos Judiciales de La Plata (que incluye 14 partidos de la provincia) y San Martín (que se compone de cinco). Según los datos correspondientes a 2011, el número total de víctimas en CABA es de 190, lo cual implica una tasa homicida de 6,87 casos cada 100 mil personas. En La Plata, esta cifra es de 5,34 (62 víctimas en 654.324 habitantes); si bien hay otro partido dentro de su misma jurisdicción donde la proporción asciende a 15,54, como sucede en Magdalena, es importante señalar que todos los casos de esa localidad se produjeron en el interior de establecimientos penales. En el Departamento Judicial de San Martín, la tasa es de 7,74 (121 víctimas en total); yendo específicamente al partido gobernado por Gabriel Katopodis, el promedio se eleva a 10,14, mientras que en José C. Paz (con una densidad poblacional mucho menor), llega a 10,15. Otro punto relevante es que en el partido de San Martín se da una concentración geográfica de los homicidios en zonas de "vivienda precaria" (75% de los casos), mientras que una proporción menor de los sucesos se registró en cárceles. Otro punto que se revisa en el informe es la nacionalidad de las víctimas. Más allá de los ciudadanos argentinos, los inmigrantes de países limítrofes y de otras regiones sudamericanas son los que sufren en mayor medida la violencia homicida. En Capital, paraguayos (11%), peruanos (6%) y bolivianos encabezan un listado donde el 34% de las víctimas no son argentinas. En La Plata, el 14% de los casos corresponde a extranjeros: paraguayos 5%, bolivianos 5%, peruanos 3% y uruguayos 1%. En San Martín, un 3% de los homicidios es sufrido por paraguayos y otro porcentaje similar por bolivianos. En cuanto a los victimarios, el repaso por sus países de origen revela que, en Buenos Aires, el 15% de los imputados es extranjero (paraguayos 7% y peruanos 3%). En La Plata, uno de cada diez no es argentino, y en San Martín, solo el 4% tiene otra nacionalidad. Con respecto a las zonas donde se producen los hechos, la ciudad de Buenos Aires exhibe que el 36% de los mismos sucedieron en barrios de emergencia. Dado que solo el 5,6% de la población porteña habita en asentamientos o villas, resulta significativo el alto porcentaje que estos sectores representan en tanto víctimas de homicidios. Motivos de las muertes El informe de la CSJN también se detiene en los móviles de los crímenes. En Buenos Aires, la situación varía según en qué zona nos focalicemos, pero sí se puede tomar como caso testigo la situación de la Comuna 1, donde el 61% de los casos corresponde a riñas, ajuste de cuentas o venganzas, y solo el 3% se vincula a robos. En La Plata, por su parte, el 48% de los homicidios responde a conflictos como los antes mencionados y un 15% a violencia intrafamiliar, en tanto que solamente el 10% tiene relación con robos y legítima defensa (por cada homicidio cometido con móvil de robo, se produjeron 6,3 originados en otro tipo de situaciones de violencia). En el Departamento Judicial de San Martín (y sobre todo en el partido de Tres de Febrero) sí hay una presencia mayor del robo como móvil, ya que representan el 22% de los casos. ¿Cuántos homicidios fueron cometidos por menores de edad? En el caso de San Martín, las riñas o discusiones representan el 63% de los casos, y el robo solo el 18%. En La Plata, la relación es similar, con proporciones de 58% y 17%. La existencia de un vínculo previo entre víctimas e imputados es otro punto que ayuda a rebatir la idea de la violencia como un ejercicio de los pobres contra los ricos, poniendo el foco en otros aspectos que no suelen ser tomados en cuenta. En Capital, en un 34% de los casos registrados había una relación previa al hecho homicida. En La Plata, existía relación en el 61% de los homicidios, y en el 26% de ellos un conflicto previo. En San Martín, el informe señala que “de la totalidad de homicidios cometidos en el Departamento Judicial, en 52% de los hechos existía una relación entre víctima y victimario y, en 36% de los casos, un conflicto anterior entre los mismos”. Estos señalamientos permiten poner en discusión la tesis de que la violencia homicida se ejerce socialmente desde abajo hacia arriba. A la vez, y pese a la persistencia de los medios hegemónicos en sostener lo contrario, ayudan a poner en claro que “la inseguridad” es un problema más amplio y complejo que excede a las clases medias y altas.

"Hay que discutir el nivel de las políticas públicas dedicadas a la niñez"

Entrevista con Julián Axat, defensor penal juvenil de La Plata. "La discusión planteada en términos de baja de la imputabilidad o no, es poco robusta", describe. Por Enrique de la Calle AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo ve la discusión que se está dando en relación a la denominada "delincuencia juvenil"? Julián Axat: En principio la discusión no se está dando, creo que hay una discusión superficial sobre la problemática basada en la tapa de los diarios. No veo que exista una discusión robusta entre los candidatos sobre una problemática tan compleja como es la de la delincuencia juvenil. Ya de por sí la discusión manquea planteada en los términos de baja imputabilidad o no, es una discusión poco robusta, bastante superficial, lo dijo la Presidenta. Creo que, de alguna manera, estos temas merecen ser discutidos por los candidatos de cara a la elección de octubre y cada cual hacer una propuesta determinada y eso no lo están haciendo. Creo que el candidato Insaurralde ha dado un paso y ha dicho: discutamos sobre esto. Me parece interesante, creo que ninguno de los otros candidatos, salvo criticar la propuesta, han hecho lo mismo, no discuten la problemática, ni de la seguridad juvenil, ni de la delincuencia juvenil, no son los mismos temas. Me parece necesario que la sociedad sepa de qué se trata cuando se habla de delincuencia juvenil. APU: ¿Pudo ver el proyecto de Insaurralde? JA: Hasta ahora no ha presentado ningún proyecto, tengo entendido que se está elaborando un proyecto que se basa en uno que tuvo media sanción en el Senado en el año 2009 y que luego no tuvo tratamiento legislativo en Cámara de Diputados. Presentar un proyecto en términos de período eleccionario no me parece adecuado, sí me parece interesante discutir un proyecto para cuando terminen las elecciones. Un proyecto de ley sobre responsabilidad penal jurídica es una deuda de la democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado argentino por no tener este tipo de instrumentos. Muchos de los jueces argentinos han condenado a niños a penas perpetuas, eso es algo que se tiene que discutir a fondo en el Congreso de la Nación y fuera de los períodos eleccionarios. Ahora si la discusión de cara a las elecciones hace que cada candidato que va a ser legislador presente un proyecto y que se trate, me parece interesante. APU: Decía que no era lo mismo seguridad juvenil que delincuencia juvenil, que eran dos conceptos diferentes ¿Podría explayarte al respecto? JA: Seguridad juvenil es la prevención en el delito de los jóvenes, cuando los jóvenes todavía no cayeron al delito. Lo que hace el Estado es buscar estrategias sociales de política social para evitar que los jóvenes reincidan en el delito o caigan en la contravención. Y, obviamente, la delincuencia juvenil es cuando los delitos ya se cometieron y el Estado tiene que inventar una política criminal adecuada en un estado de derecho para ver qué tipo de tratamiento penal usar. Esta es una diferencia conceptual clara, obviamente que los medios las mezclan y muchas veces hay gente que toca de oído y confunde un eje con otro. APU: Decía que eran problemáticas muy complejas, sobre todo, la de la delincuencia juvenil. ¿Que elementos cree que deberían tener en cuenta en una discusión seria sobre la problemática? JA: Principalmente, transparentar la cifra negra de niños encerrados es uno de los planos para empezar a discutir sobre la base de lo que hay que transparentar. Que se sepa hoy en día cuántos chicos por de bajo de 15 o 16 años están encerrados en nuestra Argentina por medidas de seguridad por parte de jueces que tiene la firma fácil para encerrar. Después se tiene que discutir cuál es el nivel de políticas públicas dedicadas a la niñez en todas las provincias y sobre todo en la Provincia de Buenos Aires. Qué tipo de dispositivo social hoy en día la Provincia de Buenos Aires le está prestando al joven y esto excede a la Asignación Universal por Hijo porque no lo maneja la provincia sino que lo hace ANSES. Obviamente que la política de AUH ha sido una política formidable o la mejor política que ha instrumentado el gobierno nacional. Me refiero a las políticas focalizadas en la situación de la niñez y sobre todo cuál es el tratamiento que el sistema penal juvenil hoy le está dando a los jóvenes en términos de juicios justos, derechos de defensa, debido proceso. Para hablar de un instrumento como es la ley penal juvenil, tenemos que poner sobre la mesa un montón de elementos concretos. Por supuesto, el último elemento y el más importante es la democratización de la policía, hoy en día, en la provincia de Buenos aires, la policía tiene sesgo de autogobierno y tiene problemáticas vinculadas al autoritarismo frente a la problemática compleja penal juvenil. Muchas veces falla y existe lo que se llama gatillo fácil, existe la violencia institucional. Hay que democratizar a nuestra policía para tratar estos temas de otra manera. APU: Hace unos días charlé con Javier Auyero, autor del libro “La violencia en los márgenes” y me decía que en realidad la principal víctima de la violencia ciudadana, la violencia social, son los pobres. Y que la derecha cuando aborda la problemática lo plantea como un ataque de los pobres contra las clases medias o altas; por otro lado, el discurso progresista o de izquierda, dice que la inseguridad es un invento de la derecha. Y lo que queda de fondo es que la verdadera problemática, que es la violencia que sí sufren los pobres, está invisibilizada. JA: Exactamente. Coincido con el análisis de Auyero, he leído su libro. Es un libro brillante que analiza un punto que por lo general se deja de lado y que es el tema de la inseguridad de los pobres. Por lo general, cuando se habla de inseguridad, se habla de las clases medias o altas pero nada se habla cuando dentro de los asentamientos los jóvenes se matan entre sí, se roban, ocurren las peores catástrofes entre ellos y obviamente la sociedad no se entera porque se invisibiliza la noticia. Me parece que para sincerarnos o hacer un concepto de seguridad objetivo, transparente y democrático tenemos que pensar la seguridad de los pobres. Justamente es ver qué pasa con la violencia institucional que nosotros dejamos de lado o que creemos que no existe, pero existe causada por otro concepto que es la inseguridad social en estos sectores vulnerables. La vulneración de derechos o el abandono del Estado en estos lugares generan inseguridad social que después se transforma en inseguridad policial. Esto que muestra Auyero en su libro -que son las cadenas de violencia o los espirales de violencia que existen dentro de los sectores populares- tiene que ser analizados de manera delicada y no tienen que ser tratados sólo con policías. El problema debe ser analizado desde la política social, a través de operadores sociales y obviamente poner en evidencia que la inseguridad la sufren los pobres y no sólo los sectores medios y altos.

"Los pibes están en riesgo por culpa del mismo Estado que después los institucionaliza"

Entrevista con María Fernanda Berti, maestra y coautora junto al sociólogo Javier Auyero del libro "La violencia en los márgenes". Se trata de una investigación que aborda la problemática de la violencia a partir de los relatos de chicos de una escuela primaria en el sur del Gran Buenos Aires. Por Enrique de la Calle APU: ¿Cómo fue su trabajo junto a Javier Auyero en la elaboración del libro? Usted es maestra en "Arquitecto Tucci" (nombre ficticio con el que se refieren al barrio que estudiaron), así que tiene una mirada doble, como investigadora y como persona que vive allí. María Fernanda Berti: Empecé a trabajar en esta escuela primaria en el 2007, con uno de los grados más chicos. Lo que empiezo a notar es que los chicos hablaban todo el tiempo sobre la cárcel - todos, o la gran mayoría, tiene a un familiar en situación de cárcel, ya sea tíos, padres, madres o el abuelo-, o pasaban situaciones como que alguno se dormía porque el día anterior habían allanado la casa y se habían llevado a los padres. Eso fue lo primero que a mí me empezó a llamar muchísimo la atención. Todavía no lo había contactado a Javier, con quien fui compañera de militancia en el año ‘88. APU: Militaron juntos en ese mismo barrio. MFB: Exactamente. Me reencontré con Javier en 2008. Él había terminado un libro con Débora Swistun y lo que él quería, te habrá contado, era replicar ese trabajo sobre familias en situación de riesgo de contaminación. Le empiezo a ayudar, haciendo entrevistas con vecinos del barrio. Lo que empieza a aparecer es la violencia, en todos lados, adentro de la casa, en la vereda, de día, de noche y, sobre todo, la violencia interpersonal. Entonces, después de varios meses empecé a escribir un diario, cada vez que terminaba el día, escribía lo que los nenes contaban. Cuentan todo el tiempo lo que les pasa, por eso decimos que es algo que no está naturalizado para nada, porque ellos lo cuentan, lo padecen. Ahí empezamos a darnos cuenta que el recorte tenía que ser ése y que la mirada tenía que pasar por ese tema. APU: Cuando ves en los medios de comunicación, en los diferentes debates públicos en torno a la inseguridad, cómo se la describe... ¿Se relaciona con tu propia experiencia en torno a ella, con los relatos de los vecinos de tu barrio? ¿Cuánta distancia hay entre un relato y tu experiencia? MFB: Nosotros partimos de la hipótesis de que la inseguridad, el discurso, está apropiado por la clase media, la clase media alta, que es la que quiere la baja de la edad de imputabilidad, que es la que le gusta ver a la Gendarmería - "Arquitecto Tucci" está lleno de gendarmes - le gusta ver la policía, la Bonaerense, la municipal. Lo que empezamos a notar (en las entrevistas, cuando visitamos los hospitales) es que los muertos de la inseguridad los ponen los sectores más pobres. Y la gente, cuando vos hablás con los vecinos, con las mamás, con los chicos de los grados más grandes y le pedis qué quieren para el barrio, qué le pedirían al intendente, a la Presidenta, piden seguridad. APU: Y los vecinos: ¿Qué valoración hacen de la mayor presencia policial en la zona? Uno ve a los gobiernos (locales, provinciales o Nacional) y la respuesta suele ser siempre la misma para la demanda de "seguridad": mandar más policías. MFB: Tal cual. Respecto a "Arquitecto Tucci", es un barrio muy especial, que tiene particularidades por la feria, por La Salada, que está muy cerca. Porque los días en que hay feria, además de la Bonaerense, está la Gendarmería. Uno de los chicos me decía el otro día: “a la Gendarmería le tenemos miedo porque vienen en patota”. Los gendarmes, el otro día me lo decía un alumno mío que sale a robar, te ponen la bota en el pecho y no te dejan respirar. Lo que pudimos ver es que hay una relación muy compleja con la policía. En los 80, cuando nosotros militábamos en la zona, la policía funcionaba oprimendo; no digo que no haya casos de gatillo fácil en la actualidad, pero ahora esa situación es un poquito más compleja, porque reprime el crimen pero a la vez lo reproduce, reprime algunos crímenes pero en otros mira para otro lado, por ej. con el abuso a las mujeres. Todo el mundo dice que el Estado está ausente, pero el Estado no está ausente para nada, está presente pero lo está de una manera intermitente, contradictoria. APU: Un tema que muy presente en el libro es el de las adicciones, sobre todo al paco. En ese sentido, el Estado no tiene ninguna mirada sobre el tema. MFB: No, no, claro. Mirá, a las mamás se les hace muy difícil, ellas lo repiten, encontrar una ayuda, de hecho en más de una oportunidad nos han dicho que van a buscar ayuda a la policía. APU: Incluso una madre llega a decirles que está contenta que su hijo esté en un penal preso porque, por lo menos, puede salir de la adicción. MFB: Claro, para evitar un mal mayor. Hay una cosa que te repiten mucho, y a mí me ha dejado muy marcada. Unas mamás me contaban hace poco cómo salían a la noche a buscar a sus hijos que no aparecían. Ven que son las doce de la noche y los pibes no volvieron, entonces se juntan con las vecinas y salen a buscar. Salen solas, con miedo, tratan de llamar por teléfono a otro pibe para ver si lo vio, dónde lo vio; cuando van a buscarlo a la casa donde están consumiendo, todo lo que tienen que hacer para entrar. Toda esta búsqueda me hace acordar a las Madres, a Susana Trimarco. Esa es una luz entre todo esto. Esas mujeres que salen a buscar no tienen ayuda. Una cosa que nosotros no investigamos, pero yo en la escuela lo veo mucho, tiene que ver con esta presencia del Estado perversa que tiene que ver con la institucionalización de los chicos. Es impresionante. A veces no son casos de abuso ni nada, sino son casos de extrema pobreza. Los pibes están en riesgo por culpa del mismo Estado, el mismo Estado que los institucionaliza. Es una locura, la verdad es muy difícil de entenderlo. APU: La última pregunta: ¿Qué rol cumple la escuela en todo este contexto? MFB: Eso me lo preguntan siempre, pero está muy bien. La escuela hace lo que puede, pero es parte del Estado, es una de las instituciones del Estado, creo yo, que mejor funciona porque abrimos todos los días. Y las mamás y algunos papás, también, vienen acá a pedir ayuda. Muchas veces viene una mamá que necesita ir, no sé si conocés un poco la zona sur, a la Comisaría de la Mujer, que está en Temperley, es decir, se tiene que tomar dos colectivos. Porque en la comisaría del barrio no le toman la denuncia. Entonces la directora o nosotras sacamos plata de nuestros bolsillos para que pueda tomarse un remis. Eso hace la escuela, cumple el rol que puede. Con respecto a lo pedagógico, esa es otra historia.

"La violencia no es democrática, los muertos los ponen los pobres"

Segunda parte de la entrevista con Javier Auyero, sociólogo y coautor del libro "La violencia en los márgenes". "Tenemos que juzgar seriamente, en una posición más normativa si se quiere, qué clase de sociedad están viviendo esas personas". Por Enrique de la Calle APU: En el libro hablan de la policía y su relación de connivencia (en el mejor de los casos) con las redes delictivas. Sin embargo, en el trabajo aparece otra dimensión: ustedes dan cuenta de algunos ejemplos de madres que finalmente terminan llamando a la policía ante una situación de desesperación, e incluso describen otras situaciones donde las madres consideran que su hijo está mucho mejor en un penal detenido que viviendo en el barrio porque finalmente ese pibe podía terminar muerto. JA: Es cierto lo que señalas, y al mismo tiempo eso trasciende el material empírico que presentamos y tiene que ver con mi interpretación particular. Uno tiene que pensar qué clase de orden social es este y que, por decirlo de una manera muy extrema, qué orden social más cruel y más pernicioso, que hace que una madre piense que su hijo está mejor en la cárcel o que finalmente llame para arrestar a su hijo. Hace muchos años, Foucault hablaba de gobernabilidad, de un orden social que gobierna los cuerpos y las mentes de los sujetos y los crea como sujetos. A mí me cuesta pensar un ejemplo más tremendo de gubernamentalidad que esto que vos mencionás. Porque es cómo una madre disciplina a sus hijos, o intenta disciplinar, con la complicidad del Estado porque fue el propio orden social el que la puso contra la pared. A mí me parece que es un acto de ética, ellas están haciendo lo que creen correcto y no la juzgo por eso; lo que creo que tenemos que juzgar seriamente, en una posición más normativa si se quiere, es en qué clase de sociedad están viviendo esas personas. APU: En el libro aparece la pregunta por el rol del Estado. Uno ve “Arquitecto Tucci” y ve que la AUH llega. Las personas que describen tienen en general un trabajo informal; en el barrio hay una salita de salud o un centro comunitario. Está la escuela del barrio. Hay Estado, pero precario, digamos. ¿Qué podría decirnos sobre qué Estado hace falta? JA: Se me puede quizás acusar de ver esto con mucha distancia –y a veces la distancia tiene sus virtudes y sus defectos-, me involucro en un lugar con mucha intensidad y después me retiro a miles de kilómetros de distancia (vive en Estados Unidos). Argentina ha pasado por una crisis social, cultural, política, económica de tal envergadura, con altísimos niveles de desempleo en el post neoliberalismo inmediato, con los efectos del neoliberalismo del año ’99, 2000, 2001, que frente a ese desastre, la AUH sirve para cubrir una semana, diez días, necesidades muy básicas. Las carencias siguen siendo tremendas. Siguen tomando agua contaminada, siguen caminando en las calles de tierra y de barro. Es cierto que el Estado está, pero está de una manera muy, muy precaria y reproduciendo esa precariedad. El Estado está en la forma de una escuela, en muchas escuelas públicas en la zona, ahora si vos te tomas el trabajo de ver qué clase de escuela es ésa, me cuesta pensar que eso es un Estado que garantice un piso mínimo de derechos. APU: Es un piso muy bajo. JA: Es un piso y un mecanismo muy insuficiente. No nos olvidemos que ya son casi dos generaciones sin ningún contrato sostenido con el mercado formal de trabajo, esa escuela no lo integra al mercado formal del trabajo. Me parece que los niveles de inversión que tienen que haber en esa zona tienen que multiplicarse por mucho. Ahora se está hablando sobre la edad de imputabilidad de los pibes. ¿Esa es la política que hay que tener para el tema de la seguridad? Se trata de un esquema muy perverso. APU: En la zona que estudiaron hay presencia de Gendarmería. ¿Qué implica esa presencia, más de lo mismo? JA: Lo que se percibe es más militarización. A uno de los estudiantes que trabajó conmigo lo detuvieron una vez, lo hicieron bajar del colectivo en el que estaba viajando. La Gendarmería aparece como una fuerza de ocupación, y no parece lo más indicado. No soy un experto en la seguridad ni mucho menos. Esto lo describe muy bien Marcelo Saín en su libro “El leviatán azul”, de cómo los problemas, las limitaciones y la complicidad de la policía con el tema del delito APU: Hace poco leí una afirmación tuya sobre cómo la sociedad niega la violencia en los barrios marginales. Decías que la derecha considera que la inseguridad tiene que ver con su propia seguridad, cómo las clases medias son agredidas por los sectores populares. Y desde la izquierda, el progresismo, se dice que en realidad la inseguridad no existe, que es una fantasía de la derecha. Y en el medio queda toda esta problemática invisibilizada. JA: Sí, queda la problemática invisibilizada y, al mismo tiempo, quedan invisibilizadas no solo la problemática, sino quienes son las víctimas. Si hay algo que sabemos es que la violencia no es democrática, en el sentido de que no afecta a todos por igual. Si uno cuenta dónde están los muertos de la violencia interpersonal están entre los sectores más pobres, más marginados. Uno tiene que creer que lo que escribe (a vos te pasa lo mismo, sos periodista) puede tener algún efecto y el efecto es poner a discutir el tema de quiénes son los más afectados por la violencia. Entonces, es ahí donde quisimos intervenir

La violencia en los barrios pobres

Primera parte de la entrevista con el sociólogo Javier Auyero, coautor junto a María Fernanda Berti del libro "La violencia en los márgenes". En el trabajo investigan lo que ocurre en un barrio de la periferia del Gran Buenos Aires. Apuntes para reflexionar sobre la inseguridad. Por Enrique de la Calle Agencia Paco Urondo: La primera pregunta tiene que ver con el objetivo del libro, ¿Qué aspectos de la realidad quisieron trabajar? Javier Auyero: Nosotros empezamos la investigación en la zona que en el libro llamamos Arquitecto Rucci con una idea muy distinta a lo que terminó siendo el libro. Es un libro que intenta describir y en parte explicar la forma que adquiere la violencia en una zona periférica. El origen de la investigación fue un intento de replicar el estudio que yo había hecho en Villa Inflamable que fue publicado hace unos años sobre el sufrimiento ambiental, sobre gente que está viviendo en lugares contaminados. Y lo queríamos hacer en una zona donde no fuera tan evidente el foco de contaminación como sí lo es en Dock Sud. Pero a poco de empezar la investigación el tema de los distintos tipos de violencia que afectaban a la población, a mí y a mi coautora (Fernanda Berti) nos empezó a llamar mucho la atención. A mí en particular porque es una zona que conozco hace más de dos décadas. APU: Militabas ahí de joven. JA: Yo militaba en Humanismo y Liberación en los años ‘84, ‘85, ‘86. Hacíamos lo que hacían muchos militantes en la época del primer gobierno democrático que era mucho trabajo barrial, apoyo escolar. Mi papá (Carlos Auyero) había sido diputado nacional y había redactado un proyecto de regularización dominial de esa zona con la cual la gente se hacía propietaria de la tierra que había ocupado en su momento. Me sorprendió mucho varias cuestiones que relatamos en el libro, pero particularmente el tema de la frecuencia con que emergían los relatos de violencia doméstica, violencia sexual o, con mucha mayor frecuencia, violencia criminal. APU: Si compara lo que vieron ustedes ahora y lo que recuerda de su paso anterior por el barrio como militante. ¿Nota cambios radicales? ¿Cuál es el tamaño de las transformaciones que se dieron? JA: Hace una semana estaba leyendo (gracias a un investigador que está trabajando en la zona) un documento que redactaron las organizaciones sociales en el año ’82, es un documento tipeado a máquina. En él describen los principales problemas y las principales demandas que estas organizaciones sociales, en esta zona periférica de Lomas de Zamora, tenían en el año ’82. Eran básicamente lo que se llaman necesidades infraestructurales: falta de luz, pavimento, agua, en un contexto de lenta reestructuración organizativa de los sectores populares. El tema de la violencia, más allá del contexto altamente represivo de la dictadura, no estamos hablando de la violencia estatal, el tema de la violencia interpersonal no aparece. Mucho menos aparece el tema de la prisionización de la población. Esos dos: el tema del crecimiento de la violencia interpersonal y el tema de la prisionización, son los dos temas que a mí me parecen que indican un cambio fundamental en esta zona. APU: Uno de los problemas que aparecen en el libro, es el quiebre en las relaciones de solidaridad que solían caracterizar a los barrios pareciera. ¿Esas relaciones se están quebrando a partir de esta violencia interpersonal? JA: Es un argumento complicado. En realidad uno puede decir que la violencia ocasiona rotura en las relaciones de solidaridad o también puede decir que justamente es el resquebrajamiento de las relaciones de solidaridad lo que ocasiona la mayor violencia interpersonal. En un barrio tan afectado por la violencia no desaparecen esas relaciones de solidaridad, lo que si hay es una reestructuración: hay familias o vecinos que se mandan mensajes de textos entre ellos para huir de algún chico que está drogado o está perdido, entonces se establecen ciertas relaciones para el cuidado mutuo, se establecen relaciones para acompañarse al colectivo o salir juntos a bailar, por ejemplo. APU: No hay quiebre sino que hay una reestructuración de esas redes sociales de solidaridad. JA: Sí. Lo que esto está diciendo es que se reconfiguran ciertos lazos. Uno está acostumbrado a que la violencia destruya todo, y en realidad la vida social sigue y se reestructura de otra manera, y hay una ética del cuidado que tiene que ver con una ética en el sentido de hacer lo correcto, de hacer lo que uno cree que es correcto. Encerrar a un chico en la habitación para que no salga hasta cenar para que todos coman a la misma hora o hasta pegarle al chico o encadenarlo a la cama para que no salga a fumar. Digo, la ética puede ser una ética que incluya una práctica violenta pero en cualquier caso muchas de las éticas o rutinas y prácticas establecen relaciones con otros. Entonces, para contestarte empíricamente no creo que haya una relación univoca entre violencia y menor red de solidaridad, sino que por el contrario se intenta establecer otras redes. Es cierto que la gente se aísla, se encierra pero también tiene que salir porque necesariamente tiene que salir a trabajar, tiene que salir a divertirse, tiene que salir a socializar, y en esa salida se establecen otras relaciones. APU: En el barrio que describen: ¿cuál era el rol, si es que hay alguno, de las organizaciones militantes o las político-partidarias (pienso en el Partido Justicialista, por caso)? JA: Además del rol que uno podría decir ya tradicional de las redes que vinculan al Estado vías partido con los centros populares, lo que yo llame en algún libro, “las redes de resolución de problemas”. En el caso que nosotros vimos hay un involucramiento de ciertos sectores asociados al kirchnerismo (Movimiento Evita, por ejemplo) en tratar de lidiar, de organizar de manera todavía muy elemental, si se quiere, de organizarse en relación a temas de seguridad. He estado en reuniones organizadas por sectores del Justicialismo que intentaban reunir a los vecinos para ver qué se hacía en relación a la creciente tasa de homicidios o al creciente tema de la droga o la vinculación de la policía con algunos crímenes del barrio. Para contestarte brevemente, ciertos sectores del justicialismo no son indiferentes a estos temas. APU: ¿Y la gente del barrio es receptiva a ese trabajo militante, territorial? JA: Diría sí y no, porque en un lugar en el que habitan 160 mil personas, en la reunión había cuarenta personas. Ahora, la sala estaba llena y la gente participaba y están las Madres contra el Paco. No nos olvidemos que es un contexto no solo de mucha violencia sino de mucho temor porque parte de lo que está generando la violencia es la propia policía local. Entonces uno tiene mucho temor de que después lo vengan a involucrar a uno. Después participé en una marcha y había doscientas personas, es difícil decirte si eso es significativo; de hecho es significativo para la gente que participa, de eso no tengo ninguna duda. APU: Uno de los conceptos fuertes del libro es el de la violencia como cadena. ¿Podría resumirlo? JA: En los Estado Unidos se suele pensar que la violencia, o sea la perpetración de un daño físico, cuando ocurre en el contexto del hogar se la llama violencia doméstica. Cuando ocurre de un hombre a una mujer en la esfera pública o en la calle la podemos llamar violencia sexual, cuando ocurre entre un tipo que intenta robar a alguien se la llama violencia criminal y cuando ocurre entre transas se la llama violencia vinculada a las drogas. Lo que nosotros vimos, en los testimonios, en las entrevistas, en los episodios que pudimos reconstruir, es que en realidad, estas formas de violencia no pueden pensarse de manera separada, están vinculadas unas con otras. Un chico que vende drogas le deja de pagar al transa y entonces el transa lo va a visitar a la casa y no solo lo amenaza a él sino a la mamá y a la hermana; entonces el padrastro, o la mamá, por consecuencia de haber traído al transa o haber involucrado al transa en el hogar, después le pega al pibe y el pibe se agarra a trompadas con el hermano. En realidad, es una cadena de violencia. Muchas de estas cadenas llegan, en algunos casos, hasta la policía; entonces, me parece que para comprender mejor el uso, el carácter y la forma de la violencia en esta periferia es mejor pensarlo como una cadena. La imagen de la cadena, por otra parte, es una imagen que utilizan los propios vecinos en un sentido distinto, pero que ven cómo las formas están vinculadas.

Sabbatella: “Binner, Macri y Pino coinciden en querer hacerle la tarea a Clarín”

El titular del AFSCA criticó a los dirigentes opositores que arremetieron contra la ley de Medios. Los casos de Pino y Binner sorprenden, ya que ellos apoyaron la sanción de la norma en 2009. COMUNICADO I “Se espera que alguien que se dice socialista enfrente a los poderosos y defienda a quienes menos tienen”, consideró Martín Sabbatella al cuestionar al dirigente socialista Hermes Binner quien esta mañana se comprometió ante los dueños de empresas de cable a trabajar para cambiar la ley de Medios. “Es lamentable ver a Binner prometiéndole a las cámaras empresarias que controla el Grupo Clarín que va a cambiar una ley que tuvo un debate social, político y parlamentario como pocas en el país; una ley que los mismos socialistas votaron y que es resistida, no por los que menos tienen, sino por los más poderosos”, opinó el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y agregó: “Binner debería decir qué cosas quiere cambiar de la ley. Porque está haciendo promesas ante algunos empresarios que buscan que el Estado no fije límites en un mercado en el que Cablevisión tiene 150 veces más licencias que el promedio de las que tiene cualquier licenciatario del cable”. “Tal vez el próximo paso de Binner sea pedirle a los diez legisladores socialistas que votaron la ley 26.522 que se arrepientan públicamente por haber querido democratizar la palabra en Argentina”, agregó Sabbatella. El ex gobernador de Santa Fe asistió a unas jornadas organizadas por la Asociación Argentina de Televisión por Cable, donde se pronunció a favor de los reclamos de las empresas más poderosas de ese servicio audiovisual. En ese mismo encuentro estuvieron presentes, entre otros dirigentes opositores, el diputado Fernando Solanas y el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, quien también se manifestó en contra de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Lo del líder del PRO no sorprende en absoluto, porque Magnetto es parte de lo que Macri denominó como su círculo rojo; así que es de esperar que él diga y haga lo que el establishment mediático y empresarial necesita”, afirmó Sabbatella quien consideró que “el pedido de Macri de un real debate en torno a la ley de medios es una hipocresía propia de un señor que es vetador compulsivo de las normas que aprueba la Legislatura y que hace unos meses hizo el papelón de dictar un decreto de necesidad y urgencia local con el que pretende defender al Grupo Clarín de la aplicación de una ley nacional”. “La ley de Medios fue debatida en decenas de foros populares en todo el país y luego en varias audiencias públicas en el Congreso, y logró un apoyo mayoritario de diputados y senadores del oficialismo y la oposición. Quizás Macri quiere que el ‘real debate’ se dé en el living de su casa con los integrantes de su ‘círculo rojo’”, señaló el funcionario nacional. El presidente del AFSCA concluyó que “más allá del pasado socialista de Binner o de la aspiración progresista de Pino, a esta altura no sorprende que coincidan con Macri en hacerle la tarea a Clarín. Es lo que viene pasando hace rato, con una oposición que compite para ser simpática y condescendiente con los sectores más concentrados de la economía”.

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