lunes, 5 de febrero de 2018

Los bancarios confirmaron el paro del viernes Contra el 9 por ciento

Los bancarios reafirmaron el paro del viernes, que será por 24 horas, contra la propuesta paritaria del 9 por ciento que ofrecieron las empresas. También confirmaron que si no obtienen una respuesta favorable, convocarán a una nueva medida de fuerza pero de 48 horas.
El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ratificó hoy el paro nacional bancario de 24 horas anunciado para este viernes, frente a la propuesta empresaria que ofreció "un 9 por ciento de incremento salarial y un ajuste por la inflación". La medida de fuerza fue convocada el viernes pasado tras una asamblea. "Insisten con el 9, paramos el 9", advirtieron los bancarios que anunciaron además un nuevo paro pero de 48 horas para el 19 y 20 de febrero si no hay respuesta de las cámaras empresarias.
Según sostuvo Palazzo, la decisión de convocar a la medida de fuerza fue tomada "después de 60 días en los que intentamos llegar a una propuesta conciliadora con el sector empresario y no se ha podido", aseguró el dirigente en declaraciones a radio Continental y FM Milenium.
“La propuesta es provocativa, ya que la ganancia del sector en 2017 fue del 28 por ciento lo que da alrededor de 77.000 millones de pesos", afirmó Palazzo, que señaló que la oferta de la cámara empresaria fue de un 9 por ciento de incremento salarial más un ajuste por inflación. El dirigente también sostuvo que “la orden” del acuerdo paritario bajó desde el Gobierno y el Ministerio de Economía, quienes según lo ya manifestado también por el jefe de Gabinete, Macos Peña, esperan un techo del 15 por ciento para las negociaciones salariales.
Sobre la movilización del 22 de febrero, convocada en primer término por el gremio de camioneros, Palazzo sostuvo que "le da volumen a buscar la posibilidad de confrontar una política del gobierno que nos afecta" y opinó que las diferencias internas de la CGT "se han exteriorizado” en los últimos días pero era algo que “ya todos sabíamos".

En el primer mes del año se registraron 6639 despidos y suspensiones Un verano negro para los trabajadores

La cantidad de personas que se quedaron sin trabajo durante el último mes duplicó la cifra de diciembre y la de enero del año pasado. El 58 por ciento de las cesantías se registró en la administración pública.
El recorte de puestos estatales se concentró en entes descentralizados y en los medios públicos.
El recorte de puestos estatales se concentró en entes descentralizados y en los medios públicos. 
Imagen: Leandro Teysseire
En lo que está siendo otro verano negro para los trabajadores, enero acumuló 6.639 nuevos despidos y suspensiones. La cantidad de personas que quedaron sin empleo en el mes prácticamente duplicó a la de diciembre. Si la comparación se hace con enero de 2017, el resultado es también un incremento del doble. Esta nueva ola de cesantías fue motorizada por la decisión del Gobierno de no renovar miles de contratos de trabajo en la administración pública nacional. La ofensiva incluyó un llamado del presidente Mauricio Macri para que las provincias y municipios siguieran el ejemplo. Y de hecho, los principales intendentes de Cambiemos en el conurbano lo hicieron. 
El 58 por ciento de los despidos del mes de enero fueron provocados así por expulsión de trabajadores del sector público. Este ajuste había sido preanunciado en los últimos meses del año por el Ministerio de Modernización, que preparó el terreno para los despidos estableciendo un plan de “dotaciones óptimas” de ministerios y organismos del Estado. Luego, Mauricio Macri dio la señal de largada con una serie de llamados a la “austeridad”. 
“Vamos a buscar el equilibrio fiscal”, anunció en un acto público a principios de diciembre, en el que remarcó que “todo lo estamos impulsando desde el valor central de decir la verdad”. El 2 de enero, mientras los despedidos se enteraban de su situación –y en algunos casos reaccionaban con tomas de edificios–, hizo un alto en sus vacaciones en Villa La Angostura para defender el ajuste: “Debemos vivir con los recursos que tenemos”. 
Un desglose sector por sector revela que la poda se concentró en los entes descentralizados: el INTI (260 despedidos), Coros y Orquestas del Bicentenario (240), Radio Nacional (233), la Televisión Pública (170), el Hospital Posadas (150), el Senasa (138), el Ballet Nacional de Danza Clásica (50), la Superintendencia de Seguros de la Nación (16). Hubo también despidos en los ministerios de Agricultura, Producción y Trabajo. 
Los intendentes macristas que recortaron sus plantas municipales fueron Ramiro Tagliaferro, en Morón –donde más de 500 trabajadores fueron desvinculados–, Diego Valenzuela, en Tres de Febrero –con 400–, y Martiniano Molina, en Quilmes –otros 400–. Hubo además bajas en las ciudades de La Plata y Lanús. Sumadas, las municipalidades originaron 1700 despidos.
Enero fue también el mes en que el macrismo desarmó los medios de comunicación públicos, con 425 despedidos entre la TV Pública, Radio Nacional y el Canal de la Ciudad.
En empresas de capital estatal como YPF, los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) se produjeron 695 casos. 
Estos datos son parte del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que de manera periódica realiza seguimientos sobre la situación del empleo y la dinámica laboral. El equipo dirigido por Hernán Letcher –economista y dirigente del Frente para la Victoria– viene haciendo desde la asunción del gobierno de Cambiemos este seguimiento sobre los despidos. A las fuentes periodísticas, el CEPA suma información de sindicatos y comisiones internas, cámaras empresarias y otros centros como el Observatorio del Derecho Social de la CTA.  
El CEPA cita en las conclusiones de su informe otra frase de la saga de justificaciones presidenciales a los despidos (“tenemos que terminar con los ñoquis y con los beneficios personales en el Estado”), pronunciada por Macri el 23 de diciembre pasado, cuando el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por la publicación de unos audios de Whatsapp con los que el funcionario echó entre insultos a una empleada doméstica que tenía contratada en negro no había estallado. Tampoco se sabía que, para ahorrarse el pago de un aumento salarial, el ministro la había nombrado en la intervención del SOMU. 
El informe analiza, por otra parte, lo sucedido en el sector privado, donde la expulsión de trabajadores sigue centrada en la industria. De los 2761 despidos en empresas, el 82 por ciento (2.253 casos) correspondió al sector industrial.  
Hacia el interior de la industria el rubro alimentos y bebidas encabezó los despidos, con cerca de mil cesantías (Ingenio San Isidro, Tabacal, Ledesma e Ilolay). También fueron afectadas las fábricas de autopartes (350 bajas) y la actividad textil, con 300 suspensiones. 
En el rubro servicios los trabajadores de Comercio fueron los más afectados, con 200 cesantías. También volvieron a ser muchos los despidos en medios de comunicación, con los casos de Radio Continental, Diario Hoy y El Gráfico.
Del total de despidos en el sector privado, un porcentaje alto (del 22,5) fue originado por cierres de turnos o de empresas. Son 1425 casos, de mayor gravedad en la medida en que la recuperación de los empleos perdidos se vuelve improbable.

Los ex trabajadores de Fanazul quieren que Provincia se haga cargo de la planta Una propuesta para Vidal

En asamblea, los trabajadores despedidos decidieron solicitar una audiencia a la gobernadora Vidal para llevarle la propuesta de "provincializar" la fábrica, acompañada de planes de sostenibilidad. "La única planta de Fabricaciones Militares que se cerró está en la provincia de Buenos Aires, por lo que creemos que la gobernadora tiene que escucharnos", dijeron.
Los ex trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul (Fanazul) le propondrán a la gobernadora María Eugenia Vidal un plan de negocios para que el Gobierno provincial se hago cargo del establecimiento cerrado por el Ministerio de Defensa y reincorpore a los 220 operarios que quedaron en la calle. "El Estado no tiene porqué perder plata. Podemos hacer una cantidad de explosivos y se pueden generar ganancias", aseguró el delegado de ATE Juan Cacace.
En asamblea, los trabajadores despedidos por el ministro Oscar Aguad decidieron solicitar una audiencia a la gobernadora Vidal para llevarle la propuesta de la "provincialización" de la fábrica, acompañada de planes de sostenibilidad. "La única planta de Fabricaciones Militares que se cerró está ubicada en la provincia de Buenos Aires, por lo que creemos que la gobernadora tiene que escucharnos", consideró Cacace.  
Aunque la gobernadora no responda a la solicitud de audiencia, los trabajadores despedidos marcharán a la puerta de la gobernación bonaerense esta semana para instalar una radio pública a la espera de que Vidal escuche.  "Si la provincia se hiciera cargo de Fanazul, la situación de ventas de explosivos podría proveer a cantidad de canteras y mineras", adelantó el delegado de ATE una de las propuestas para hacer sostenible la reapertura. 
En carpeta, los 220 operarios echados por Aguad también tienen un informe de la Armada Argentina, que indica que Fanazul está en condiciones de desactivar material bélico obsoleto, tarea que aseguraría el funcionamiento de la fábrica al menos por tres años y permitiría a los operarios salir del grupo de los 6639 despedidos solo en el primer mes del año.  
La posibilidad de reabrir la fábrica bajo las riendas del Estado provincial no sería una novedad si se recuerdan los casos del Astillero Naval Río Santiago y del Hospital Naval, ambos ubicados en el distrito de Ensenada. Sin embargo, la gobernadora Vidal no se destaca por impulsar acciones de gobierno que incentiven alternativas no privadas de creación de puestos de trabajo. Ya sea por su alineamiento con la política nacional de despidos de empleados estatales o por los reiterados vetos a las expropiaciones de fábricas recuperadas: la metalúrgica Raimat de (Quilmes), la fábrica recuperada Acoplados del Oestre (Merlo), la Cooperativa de Precisión Limitada (Tigre) o la Cooperativa de Trabajo Cintoplom Ltda (Ciudadela). 
La mandataria también impulsó a fines de diciembre una reforma del sistema de jubilaciones del Banco Provincia, argumentando que la caja era deficitaria y era el Estado el que estaba cubriendo ese rojo. La nueva norma, denunciada y resistida por el gremio bancario, deja en manos del Banco el pago de los haberes, lo que pone en riesgo su sustentabili



Denuncian maniobras fraudulentas de la low cost Nuevo amparo contra Flybondi

Una abogada ambientalista denunció que el Gobierno actuó de manera “ilegítima y arbitraria” al habilitar la base aérea de El Palomar para vuelos comerciales. También advirtió que la compañía low cost realizó "maniobras fraudulentas".
Imagen: Télam
La abogada ambientalista Claudia Sambro Merlo presentó un nuevo amparo para frenar la actividad del aeropuerto de El Palomar, que se sumó al del colectivo StopFlybondi, aprobado y luego desestimado por la jueza de San Martin Martina Forns. Tras su retirada sorpresiva de la medida cautelar, que había congelado parte de las obras de remodelación en la base y había suspendido los vuelos comerciales low cost, la magistrada deberá evaluar ahora este nuevo recurso. El vuelo inaugural desde el nuevo aeropuerto está planificado para este viernes 9.
En el escrito presentado, Sambro Merlo consideró que el Gobierno actuó de manera “ilegítima y arbitraria” cuando habilitó el aeropuerto para vuelos comerciales y lo incorporó al Sistema Nacional de Aeropuertos. Allí señaló que esa autorización no debería haber existido porque se realizaron “graves incumplimientos” de normativas ambientales con la presunta violación de acuerdos internacionales, maniobras fraudulentas por parte de la empresa Flybondi y ausencia de Plan de Evacuación de Emergencia. Al igual que en el amparo avalado y luego rechazado por Forns, la abogada pidió expresamente que se frenen las obras que la empresa low cost está realizando en el aeropuerto. 

"El Poder Ejecutivo ha demostrado tener poco apego al cumplimiento de lo que manda la Constitución Nacional y las leyes, porque de manera ilegítima y arbitraria dictó el Decreto 1092/17 que dispone la transferencia del Aeropuerto de El Palomar, que estaba bajo la órbita de la Fuerza Aérea Argentina, y lo pasó a depender de Aeronavegación Civil, siendo que el competente para semejante determinación es el Congreso", manifestó en el documento, en el que también reclamó que se dicte la nulidad del Decreto 27/18 (el que catalogó a la histórica base aérea militar como un Aeropuerto de Aviación Civil). "Cómo si la falta de competencia (para dictar el DNU) no fuera suficiente, el Decreto carece de un dictamen jurídico, lo que fulmina cualquier posibilidad de eficacia", señaló la abogada. 
En la misma línea, Sambro Merlo acusó a la empresa de aviación Flybondi (FB Líneas Aéreas)- encabezada por Richard Guy Glusman, ex socio del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en el fondo Pegasus- de cometer supuestas “maniobras fraudulentas”. La abogada advirtió específicamente sobre "los constantes cambios de domicilios legales y conformación de directorios en tan poco tiempo” por parte de la compañía y recordó que “fue beneficiada con la excepción del Impuesto a las Ganancias en siete rubros".
En otro apartado de su presentación, que tiene puntos en común con el recurso interpuesto por los vecinos, Sambro Merlo subrayó que las obras que se realizaron generaron un daño en el medio ambiente, además de complicaciones estructurales en la zona urbana donde está la estación aérea. La abogada aseguró que hubo "falta de previsión" para evitar daños ambientales y que "se están violando acuerdos internacionales en materia de Medio Ambiente suscriptos por la Argentina, como el de Basilea para el transporte de residuos peligrosos y el refrendado por esta administración, en 2016 en la Cumbre de Marraquech, para reducir la emisión de gases con efecto invernadero".
La cautelar de StopFlyBondi aceptada por la propia Forns el 11 de enero pasado,  había sido dictada luego de una inspección a la base realizada el día 9 enero, en la que se constató que a metros de la pista hay dos polvorines, que un alambrado separa la pista de la Escuela Técnica 4 y que el colegio Emaús se encuentra a 500 metros del aeropuerto en línea recta. Además, el amparo advertía que durante las obras se habían destruido los edificios de la base aérea que funcionaron como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar y están protegidos por la ley de Sitios de Memoria. El 1 de febrero, a escasos días de que Flybondi comenzara a operar, Forns retrocedió sobre sus pasos y emitió un nuevo fallo, que los vecinos calificaron como "contradictorio".

A 4 años del incendio de Iron Mountain "Luchamos contra el poder y la corrupción

Familiares de las víctimas del siniestro le reclamaron a la Justicia celeridad en la investigación. Hasta el momento no hay avances en la causa.
Imagen: Télam
A cuatro años del incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas, familiares, amigos y compañeros de los once bomberos y agentes de defensa civil víctimas del siniestro, entre ellos un bombero que se suicidó en 2016, reclamaron al juez porteño Pablo Ormaechea celeridad en la investigación, que hasta el momento no cuenta con ningún responsable procesado, mientras que el ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires Juan José Gómez Centurión ni siquiera fue llamando a declarar. "Estamos esperando justicia. El año pasado se terminó de tomar indagatoria a todos los imputados, pero lo cierto es que hoy no hay nadie preso", indicó a Sandra Barícola, hermana de Pedro, uno de los agentes de Defensa Civil fallecidos. 
"Sabemos que si se hubieran hecho los controles nuestros diez héroes no hubieran muerto", sostuvo Barícola, al recordar que Gómez Centurión no fue convocado en la investigación y que existen dos estudios periciales que confirmaron que el incendio fue intencional. "Hay un tema de lavado de dinero en el medio", denunció la mujer y se esperanzó junto al resto de los familiares con que "este año se realicen los procesamientos y se esclarezca el hecho".

Por su parte, Ricardo Martínez, padre de Maximiliano, quien era bombero de la Policía Federal, también se mostró esperanzado en que "este año haya algún condenado" y afirmó que "cuando se haga justicia mi hijos, sus compañeros y todas las familias vamos a estar en paz". "Acá estamos luchando contra el poder y la corrupción", aseguró Martínez y consideró que "por eso la tragedia de Barracas es invisibilizada".
A las 9.15, hora en la que cayó la pared sobre la calle Jovellanos en la esquina de Quinquela Martín y acabó con la vida de estos ocho bomberos y dos rescatistas, sonó la sirena de las autobombas de distintos cuarteles que se acercaron a homenajear a los "Héroes de Barracas". "No queremos una explicación fácil, queremos una justicia clara y digna", expresó por su parte el sacerdote Lorenzo "Toto" De Vedia párroco de la Parroquia Virgen de Caacupé, quien celebró una misa minutos antes de las 9.
El ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires Juan José Gómez Centurión ni siquiera fue llamando a declarar en la causa.
Además de Pedro Barícola y Maximiliano Martínez, las otras víctima fatales del 5 de febrero de 2014 fueron Sebastián Campos, Facundo Ambrosi, Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, y Matías Monticelli y José Méndez. Casi dos años después, el bombero voluntario de Vuelta de Rocha, Diego O'Neil —compañero y amigo de los fallecidos Facundo Ambrosi y Sebastián Campos— se quitó la vida. 
En la causa que fue caratulada como "estrago seguido de muerte" y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18, Pablo Ormaechea, se encuentran 33 personas imputadas entre los responsables de la firma, funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA. Las indagatorias se llevaron adelante recién durante 2017 y continuarán este mes, tras lo cual se definirá la situación procesal.
Por su parte, la fiscal Romina Monteleone, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°37, quien había realizado estos pedidos de indagatorias, apeló el sobreseimiento de dos responsables de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal y un apoderado de Iron Mountain, lo que fue concedido por de Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que en julio pasado revocó la resolución del juez Ormaechea.
En el depósito siniestrado, Iron Mountain archivaba documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas DirecTV Argentina, Cargill S.A.C.I., Prudential Seguros S.A., Expeditors Argentina S.A., Televisión Federal Telefé, Galicia Seguros S.A., Galicia Retiro Cía de Seguros S.A., Sudamericana Asesores de Seguros S.A., Swiss Medical S.A., Arauco Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., entre otros. Además de esta causa, por un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se abrió un expediente ante la justicia federal que quedó en manos de Sergio Torres.

Vecinos de Mar del Plata pidieron la revocatoria de la domiciliaria Para que Etchecolatz vuelva a la cárcel

Representantes de la agrupación Vecinos sin Genocidas se presentaron ante el Tribunal Oral 1 de La Plata para pedir la revocatoria de la prisión domiciliaria otorgada al represor, que hace un mes está instalado en su casa del bosque Peralta Ramos. “Etchecolatz está disfrutando del verano en su jardín y su pileta. Queremos volver a vivir tranquilos en nuestro barrio”, reclamaron los vecinos.
Imagen: Télam
"Queremos volver a vivir tranquilos en nuestro barrio, volver a utilizar el espacio público sin miedo", exigió María Susana Barciulli, vecina del Bosque Peralta Ramos, en la puerta del Tribunal Oral 1 de La Plata, donde junto a otros representantes de Vecinos sin Genocidas acompañaron el pedido de revocatoria a la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz presentado este mediodía por las querellas de la causa Circuito Camps. El pedido advierte al TOF 1 sobre la ausencia de un mínimo control del cumplimiento de la domiciliaria y el respeto al derecho de víctimas, familiares y vecinos a vivir sin terror. "Si la pregunta es si esta sociedad está dispuesta a convivir con los genocidas, lo que sucedió desde que se le otorgó la domiciliaria a Etchecolatz indica que no", sostuvo la abogada querellante Guadalupe Godoy.
El pedido ante el TOF 1 —que lo condenó por 15 homicidios calificados y 101 secuestros— llegó con el respaldo de centenares de firmas de los vecinos del Bosque Peralta Ramos y de otros barrios cercanos de Mar del Plata "afectados por toda la gravedad de lo acontecido", describieron en el documento. "Hace un mes y una semana contamos con Etchecolatz disfrutando del verano en su jardín y su pileta. Desde que supimos de la domiciliaria nos empezamos a juntar con los vecinos con un único fin: que vuelva al único lugar en el que tiene que estar que es la cárcel", resumió Nicolás Grooper otro de los Vecinos sin Genocidas que llegó hasta La Plata. 
"Su presencia implica para nosotros un despliegue al que no estamos acostumbrados, parece que hay que cuidarlo a él. Hay policías de civil y nosotros parece que fuéramos los peligrosos", lamentó Eugenia Diez otra de las vecinas que tomó la palabra en en las puertas del TOF 1, al que querellantes y vecinos también le pidieron que se traslade al Bosque Peralta Ramos para poder "evidenciar las situaciones que allí se suceden a diario y dimensionar los verdaderos perjuicios que nos ocasiona la 'convivencia' con el condenado por delitos de lesa humanidad". 
Gustavo Calotti también es vecino del bosque, pero además es sobreviviente de la Noche de los Lápices y sobreviviente de Etchecolatz y desde fin del año pasado debe ver cómo "se pasea en las calles libremente con o sin permiso de la Justicia", como ocurrió días atrás cuando salió para atenderse en la clínica privada Colón. "Saber que este hombre es vecino mío, este hombre que fue amo y señor de la vida de la gente de Buenos Aires, no me da miedo pero me da qué pensar de este país que construimos", advirtió Calotti y agradeció la movilización para que "la impunidad no siga siendo norma en este país".
El pedido presentado ante los jueces también cuenta con el apoyo de organizaciones de derechos humanos de Mar del Plata y variadas organizaciones platenses como la Asociación Clara Anahí, la Universidad de La Plata, La Liga por los Derechos del Hombre o la Comisión Por La Memoria. "Si quiere estar en Mar del Plata, hay una cárcel que es la Batán, donde tiene servicio médico. Si está enfermo que vaya una cárcel donde va a estar cuidado y no va a correr peligro de descomponerse", exigió Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, otra de las organizaciones que respaldaron el reclamo.  
A su turno, Godoy destacó la multiplicidad de respaldos que acumuló la presentación por ser "representativa de la afectación que provocó el genocida" y resaltó al importancia de la decisión de los jueces respecto del recurso presentado: "lo que puede ser tomado como algo técnico por los jueces es visto como un signo de impunidad".  "Si la pregunta es si esta sociedad está dispuesta a convivir con los genocidas, lo que sucedió desde que se le otorgó la domiciliaria a Etchecolatz indica que no", aseguró. 
"Olé, olé; olé, olá. Como los nazis le va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar", volvió a escucharse para el cierre del acto. "Sigamos construyendo la historia, no pasarán", alentó la abogada de derechos humanos marplantense Yamila Zabala Rodríguez a la espera de la decisión del TOF 1.  

domingo, 4 de febrero de 2018

Julián Beviglia es técnico químico y trabajaba para eliminar un producto cancerígeno que enferma a los trabajadores de las madereras, a los carpinteros y a toda la población que tiene muebles y elementos de aglomerado. Es uno de los 250 despedidos del INTI. La noticia le llegó sin telegrama, ni preaviso. De esta forma, quedó trunca una investigación de cuatro años

Julián Beviglia es técnico químico y trabajaba para eliminar un producto cancerígeno que enferma a los trabajadores de las madereras, a los carpinteros y a toda la población que tiene muebles y elementos de aglomerado. Es uno de los 250 despedidos del INTI. La noticia le llegó sin telegrama, ni preaviso. De esta forma, quedó trunca una investigación de cuatro años
Julián Beviglia, el técnico químico echado del INTI.
Julián Beviglia, el técnico químico echado del INTI. 
Sin telegrama, sin preaviso y sin haber podido todavía cobrar su último sueldo, el trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial Julián Beviglia, de 26 años, es uno de los 250 trabajadores del INTI despedidos esta semana. De esa manera, no podrá continuar con la investigación que venía llevando adelante desde hace cuatro años: un método para eliminar un producto cancerígeno que afecta a los trabajadores de la madera, los carpinteros y a toda la población que tiene en su casa muebles de aglomerado.
Beviglia es técnico químico y trabajó en el sector de adhesivos del INTI los últimos cinco años en cuestiones ligadas a las investigaciones aplicadas del tema de la adhesión en la industria. En 2017 recibió una distinción. “Hace tan sólo un par de meses uno de mis trabajos de investigación recibió una de las 35 menciones especiales que fueron otorgadas sobre un total de más de 350 trabajos presentados en las jornadas ‘tecnoINTI 2017’", contó a Página/12. "El mismo proyecto de investigación ha sido presentado en numerosos congresos, está tramitándose la patente del producto que dio origen y existen numerosas empresas interesadas en su adquisición. Es decir, las mismas autoridades del instituto reconocieron la importancia del trabajo”, agregó.
Según contó, "uno de los adhesivos que se utilizan comúnmente en la industria (urea-formaldehído) para la fabricación de tableros de aglomerado fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como agente cancerígeno”. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos buscan limitar la emisión de este componente. La emanación del componente se da tanto en la fabricación de los tableros de aglomerado, como cuando los carpinteros trabajan con ellos y cuando la gente tiene el mueble en su casa.
“Nuestra investigación consistía en desarrollar adhesivos naturales a base de distintas proteínas para reemplazar los adhesivos que tienen este componente cancerígeno, que además son derivados del petróleo", siguió Beviglia. "En el caso del producto que desarrollábamos nosotros, es un derivado de productos agropecuarios por lo cual estábamos además dándole valor agregado a estos productos primarios", estimó sobre una labor que "sobre todo beneficia a los trabajadores que manipulan tableros de conglomerado, a quienes hacen muebles con esa madera y, claro, al usuario final" a través de la eliminación del producto cancerígeno en el hogar. Beviglia además consideró que "es una estrategia competitiva para poder introducir los tableros en mercados internacionales como Europa y Estados Unidos.”
El técnico químico aseguró que todo el plan del Gobierno llevado adelante a través de las autoridades del instituto “apunta a la tercerización y privatización de algunas áreas, a quitar la exclusividad determinados ensayos al INTI". Por ejemplo, "cuestiones como control de guantes quirúrgicos, de preservativos, de componentes cancerígenos de los juguetes para niños están siendo debilitadas. Destruyen sectores de trabajo con más de sesenta años de trayectoria".
Uno de los motivos esgrimidos para justificar los despidos, por parte de la autoridades, es el presentismo. Beviglia dijo que lo cobró "prácticamente todos los meses" y que "los únicos meses que me descontaron completos fue por hacer uso de francos compensatorios, es decir, por hacer uso de las horas trabajadas en exceso sin cobrar horas extras". Manifestó que es una información que se puede corroborar y que "absolutamente todos los meses del año los terminé con horas de trabajo excedidas", algo que el INTI nunca compensó.
"Este es mí caso, pero como el mío hay 249 casos más, donde han cometido la barbaridad hasta de echar matrimonios enteros", graficó Beviglia. "Acá no se trata de premiar el trabajo, pues están echando a muchos de los mejores y más abnegados trabajadores de esta institución". En su opinión "de lo que se trata es de pisotear los derechos de los trabajadores y la dignidad de las personas, y es a eso lo que no podemos permitir".