Familiares de las víctimas del siniestro le reclamaron a la Justicia celeridad en la investigación. Hasta el momento no hay avances en la causa.
Imagen: Télam
A cuatro años del incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas, familiares, amigos y compañeros de los once bomberos y agentes de defensa civil víctimas del siniestro, entre ellos un bombero que se suicidó en 2016, reclamaron al juez porteño Pablo Ormaechea celeridad en la investigación, que hasta el momento no cuenta con ningún responsable procesado, mientras que el ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires Juan José Gómez Centurión ni siquiera fue llamando a declarar. "Estamos esperando justicia. El año pasado se terminó de tomar indagatoria a todos los imputados, pero lo cierto es que hoy no hay nadie preso", indicó a Sandra Barícola, hermana de Pedro, uno de los agentes de Defensa Civil fallecidos.
"Sabemos que si se hubieran hecho los controles nuestros diez héroes no hubieran muerto", sostuvo Barícola, al recordar que Gómez Centurión no fue convocado en la investigación y que existen dos estudios periciales que confirmaron que el incendio fue intencional. "Hay un tema de lavado de dinero en el medio", denunció la mujer y se esperanzó junto al resto de los familiares con que "este año se realicen los procesamientos y se esclarezca el hecho".
Por su parte, Ricardo Martínez, padre de Maximiliano, quien era bombero de la Policía Federal, también se mostró esperanzado en que "este año haya algún condenado" y afirmó que "cuando se haga justicia mi hijos, sus compañeros y todas las familias vamos a estar en paz". "Acá estamos luchando contra el poder y la corrupción", aseguró Martínez y consideró que "por eso la tragedia de Barracas es invisibilizada".
A las 9.15, hora en la que cayó la pared sobre la calle Jovellanos en la esquina de Quinquela Martín y acabó con la vida de estos ocho bomberos y dos rescatistas, sonó la sirena de las autobombas de distintos cuarteles que se acercaron a homenajear a los "Héroes de Barracas". "No queremos una explicación fácil, queremos una justicia clara y digna", expresó por su parte el sacerdote Lorenzo "Toto" De Vedia párroco de la Parroquia Virgen de Caacupé, quien celebró una misa minutos antes de las 9.
El ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires Juan José Gómez Centurión ni siquiera fue llamando a declarar en la causa.
Además de Pedro Barícola y Maximiliano Martínez, las otras víctima fatales del 5 de febrero de 2014 fueron Sebastián Campos, Facundo Ambrosi, Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, y Matías Monticelli y José Méndez. Casi dos años después, el bombero voluntario de Vuelta de Rocha, Diego O'Neil —compañero y amigo de los fallecidos Facundo Ambrosi y Sebastián Campos— se quitó la vida.
En la causa que fue caratulada como "estrago seguido de muerte" y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18, Pablo Ormaechea, se encuentran 33 personas imputadas entre los responsables de la firma, funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA. Las indagatorias se llevaron adelante recién durante 2017 y continuarán este mes, tras lo cual se definirá la situación procesal.
Por su parte, la fiscal Romina Monteleone, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°37, quien había realizado estos pedidos de indagatorias, apeló el sobreseimiento de dos responsables de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal y un apoderado de Iron Mountain, lo que fue concedido por de Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que en julio pasado revocó la resolución del juez Ormaechea.
En el depósito siniestrado, Iron Mountain archivaba documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas DirecTV Argentina, Cargill S.A.C.I., Prudential Seguros S.A., Expeditors Argentina S.A., Televisión Federal Telefé, Galicia Seguros S.A., Galicia Retiro Cía de Seguros S.A., Sudamericana Asesores de Seguros S.A., Swiss Medical S.A., Arauco Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., entre otros. Además de esta causa, por un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se abrió un expediente ante la justicia federal que quedó en manos de Sergio Torres.
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