Una abogada ambientalista denunció que el Gobierno actuó de manera “ilegítima y arbitraria” al habilitar la base aérea de El Palomar para vuelos comerciales. También advirtió que la compañía low cost realizó "maniobras fraudulentas".
La abogada ambientalista Claudia Sambro Merlo presentó un nuevo amparo para frenar la actividad del aeropuerto de El Palomar, que se sumó al del colectivo StopFlybondi, aprobado y luego desestimado por la jueza de San Martin Martina Forns. Tras su retirada sorpresiva de la medida cautelar, que había congelado parte de las obras de remodelación en la base y había suspendido los vuelos comerciales low cost, la magistrada deberá evaluar ahora este nuevo recurso. El vuelo inaugural desde el nuevo aeropuerto está planificado para este viernes 9.
En el escrito presentado, Sambro Merlo consideró que el Gobierno actuó de manera “ilegítima y arbitraria” cuando habilitó el aeropuerto para vuelos comerciales y lo incorporó al Sistema Nacional de Aeropuertos. Allí señaló que esa autorización no debería haber existido porque se realizaron “graves incumplimientos” de normativas ambientales con la presunta violación de acuerdos internacionales, maniobras fraudulentas por parte de la empresa Flybondi y ausencia de Plan de Evacuación de Emergencia. Al igual que en el amparo avalado y luego rechazado por Forns, la abogada pidió expresamente que se frenen las obras que la empresa low cost está realizando en el aeropuerto.
"El Poder Ejecutivo ha demostrado tener poco apego al cumplimiento de lo que manda la Constitución Nacional y las leyes, porque de manera ilegítima y arbitraria dictó el Decreto 1092/17 que dispone la transferencia del Aeropuerto de El Palomar, que estaba bajo la órbita de la Fuerza Aérea Argentina, y lo pasó a depender de Aeronavegación Civil, siendo que el competente para semejante determinación es el Congreso", manifestó en el documento, en el que también reclamó que se dicte la nulidad del Decreto 27/18 (el que catalogó a la histórica base aérea militar como un Aeropuerto de Aviación Civil). "Cómo si la falta de competencia (para dictar el DNU) no fuera suficiente, el Decreto carece de un dictamen jurídico, lo que fulmina cualquier posibilidad de eficacia", señaló la abogada.
En la misma línea, Sambro Merlo acusó a la empresa de aviación Flybondi (FB Líneas Aéreas)- encabezada por Richard Guy Glusman, ex socio del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en el fondo Pegasus- de cometer supuestas “maniobras fraudulentas”. La abogada advirtió específicamente sobre "los constantes cambios de domicilios legales y conformación de directorios en tan poco tiempo” por parte de la compañía y recordó que “fue beneficiada con la excepción del Impuesto a las Ganancias en siete rubros".
En otro apartado de su presentación, que tiene puntos en común con el recurso interpuesto por los vecinos, Sambro Merlo subrayó que las obras que se realizaron generaron un daño en el medio ambiente, además de complicaciones estructurales en la zona urbana donde está la estación aérea. La abogada aseguró que hubo "falta de previsión" para evitar daños ambientales y que "se están violando acuerdos internacionales en materia de Medio Ambiente suscriptos por la Argentina, como el de Basilea para el transporte de residuos peligrosos y el refrendado por esta administración, en 2016 en la Cumbre de Marraquech, para reducir la emisión de gases con efecto invernadero".
La cautelar de StopFlyBondi aceptada por la propia Forns el 11 de enero pasado, había sido dictada luego de una inspección a la base realizada el día 9 enero, en la que se constató que a metros de la pista hay dos polvorines, que un alambrado separa la pista de la Escuela Técnica 4 y que el colegio Emaús se encuentra a 500 metros del aeropuerto en línea recta. Además, el amparo advertía que durante las obras se habían destruido los edificios de la base aérea que funcionaron como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar y están protegidos por la ley de Sitios de Memoria. El 1 de febrero, a escasos días de que Flybondi comenzara a operar, Forns retrocedió sobre sus pasos y emitió un nuevo fallo, que los vecinos calificaron como "contradictorio".
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