La cantidad de personas que se quedaron sin trabajo durante el último mes duplicó la cifra de diciembre y la de enero del año pasado. El 58 por ciento de las cesantías se registró en la administración pública.
El recorte de puestos estatales se concentró en entes descentralizados y en los medios públicos.
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
En lo que está siendo otro verano negro para los trabajadores, enero acumuló 6.639 nuevos despidos y suspensiones. La cantidad de personas que quedaron sin empleo en el mes prácticamente duplicó a la de diciembre. Si la comparación se hace con enero de 2017, el resultado es también un incremento del doble. Esta nueva ola de cesantías fue motorizada por la decisión del Gobierno de no renovar miles de contratos de trabajo en la administración pública nacional. La ofensiva incluyó un llamado del presidente Mauricio Macri para que las provincias y municipios siguieran el ejemplo. Y de hecho, los principales intendentes de Cambiemos en el conurbano lo hicieron.
El 58 por ciento de los despidos del mes de enero fueron provocados así por expulsión de trabajadores del sector público. Este ajuste había sido preanunciado en los últimos meses del año por el Ministerio de Modernización, que preparó el terreno para los despidos estableciendo un plan de “dotaciones óptimas” de ministerios y organismos del Estado. Luego, Mauricio Macri dio la señal de largada con una serie de llamados a la “austeridad”.
“Vamos a buscar el equilibrio fiscal”, anunció en un acto público a principios de diciembre, en el que remarcó que “todo lo estamos impulsando desde el valor central de decir la verdad”. El 2 de enero, mientras los despedidos se enteraban de su situación –y en algunos casos reaccionaban con tomas de edificios–, hizo un alto en sus vacaciones en Villa La Angostura para defender el ajuste: “Debemos vivir con los recursos que tenemos”.
Un desglose sector por sector revela que la poda se concentró en los entes descentralizados: el INTI (260 despedidos), Coros y Orquestas del Bicentenario (240), Radio Nacional (233), la Televisión Pública (170), el Hospital Posadas (150), el Senasa (138), el Ballet Nacional de Danza Clásica (50), la Superintendencia de Seguros de la Nación (16). Hubo también despidos en los ministerios de Agricultura, Producción y Trabajo.
Los intendentes macristas que recortaron sus plantas municipales fueron Ramiro Tagliaferro, en Morón –donde más de 500 trabajadores fueron desvinculados–, Diego Valenzuela, en Tres de Febrero –con 400–, y Martiniano Molina, en Quilmes –otros 400–. Hubo además bajas en las ciudades de La Plata y Lanús. Sumadas, las municipalidades originaron 1700 despidos.
Enero fue también el mes en que el macrismo desarmó los medios de comunicación públicos, con 425 despedidos entre la TV Pública, Radio Nacional y el Canal de la Ciudad.
En empresas de capital estatal como YPF, los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) se produjeron 695 casos.
Estos datos son parte del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que de manera periódica realiza seguimientos sobre la situación del empleo y la dinámica laboral. El equipo dirigido por Hernán Letcher –economista y dirigente del Frente para la Victoria– viene haciendo desde la asunción del gobierno de Cambiemos este seguimiento sobre los despidos. A las fuentes periodísticas, el CEPA suma información de sindicatos y comisiones internas, cámaras empresarias y otros centros como el Observatorio del Derecho Social de la CTA.
El CEPA cita en las conclusiones de su informe otra frase de la saga de justificaciones presidenciales a los despidos (“tenemos que terminar con los ñoquis y con los beneficios personales en el Estado”), pronunciada por Macri el 23 de diciembre pasado, cuando el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por la publicación de unos audios de Whatsapp con los que el funcionario echó entre insultos a una empleada doméstica que tenía contratada en negro no había estallado. Tampoco se sabía que, para ahorrarse el pago de un aumento salarial, el ministro la había nombrado en la intervención del SOMU.
El informe analiza, por otra parte, lo sucedido en el sector privado, donde la expulsión de trabajadores sigue centrada en la industria. De los 2761 despidos en empresas, el 82 por ciento (2.253 casos) correspondió al sector industrial.
Hacia el interior de la industria el rubro alimentos y bebidas encabezó los despidos, con cerca de mil cesantías (Ingenio San Isidro, Tabacal, Ledesma e Ilolay). También fueron afectadas las fábricas de autopartes (350 bajas) y la actividad textil, con 300 suspensiones.
En el rubro servicios los trabajadores de Comercio fueron los más afectados, con 200 cesantías. También volvieron a ser muchos los despidos en medios de comunicación, con los casos de Radio Continental, Diario Hoy y El Gráfico.
Del total de despidos en el sector privado, un porcentaje alto (del 22,5) fue originado por cierres de turnos o de empresas. Son 1425 casos, de mayor gravedad en la medida en que la recuperación de los empleos perdidos se vuelve improbable.
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