Pasó sábado y domingo en Chapadmalal, jugando al golf con sus ex compañeros de Cardenal Newman, hospedado en un country de la ciudad.
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
lunes, 1 de mayo de 2017
30 de abril de 2017 | Economía DESISTIÓ DE LA VENTA DE LA RED DE ESTACIONES Y ANUNCIÓ INVERSIONES EN VACA MUERTA, PARA ALIVIO DEL MINISTRO El plan de Aranguren, con protección de Shell
Un paso atrás y otro adelante. La firma Shell desiste, “por ahora”, del plan de venta de sus activos en refinación y comercialización de combustibles, pero refuerza la apuesta de inversión en Vaca Muerta. Ambas decisiones tienen connotaciones políticas, y embarcan resueltamente a la petrolera angloholandesa en los esfuerzos del gobierno de Mauricio Macri por sacar del barro a una economía que se va quedando sin tracción delantera ni trasera. No por nada el ministro Juan José Aranguren –el hombre de Shell en el gobierno– pudo sobrevivir al terremoto que provocó con un mal llevado tarifazo, gracias al apoyo personal y explícito del presidente de la Nación que desoyó a todos quienes le sugerían correrlo. El respaldado ministro perdió, en el camino, a su segundo en el área, José Luis Sureda, que pegó el portazo denunciando el estilo “autoritario” de Aranguren y marcando diferencias con la política inconsulta que impulsa. Uno de los rasgos principales de ese cuestionamiento es que mientras se privilegia Vaca Muerta, se descuida el resto de las regiones hidrocarburíferas. La actual crisis petrolera de Santa Cruz y Chubut es una muestra cabal de las consecuencias de esa política.
Venta fallida
Shell había mandatado al Credit Suisse para encontrar comprador a sus casi 600 estaciones de servicio en el país y la refinería de Dock Sud, con lo cual esperaba cumplir una etapa fundamental de “la revisión del plan estratégico” en el país consistente, básicamente, en abandonar el downstream (refinación y comercialización) y concentrarse en el upstream (exploración y producción de hidrocarburos). La búsqueda de compradores arrojó sólo dos oferentes: YPF y Pluspetrol. Según fuentes de la industria, la propuesta económica de esta última resultaba poco atractiva, mientras que la de la petrolera de mayoría estatal incluía un mecanismo de asociación entre YPF y Shell, por el cual los puntos de venta seguirían atendiendo bajo la marca Shell, pero en manos de un tercero. Esta iniciativa, que algunos adjudican a la actual conducción de YPF, fue finalmente evaluada como “inviable” en los niveles políticos que la estudiaron –Ministerio de Energía y los órganos de regulación correspondientes–, porque hubiera resultado injustificable la concentración en una sola mano de más del 70 por ciento del mercado de combustibles, por más que YPF tercerizara el manejo de la red a través de un contrato de joint venture. Sin otra oferta atractiva, y con la única a mano vetada políticamente, Shell desistió de la operación.
El proyecto Vaca Muerta de Shell, en cambio, siguió adelante. El presidente de la filial argentina, Teófilo Lacroze, anunció junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, la inversión de 300 millones de dólares para la instalación de una planta de tratamiento y separación del gas y el petróleo extraído, para ser transportado luego ya condicionado para su comercialización. La planta, denominada Sistema de Producción Temprana, estará emplazada en el bloque Sierras Blancas, Neuquén, y tendrá una capacidad de procesamiento de hasta 10 mil barriles por día, recibiendo la producción de tres de los bloques adyacentes operados por Shell. Según se anunció, su construcción demandará la tarea de 189 trabajadores, y una vez en operación contará con 29 puestos de trabajo permanentes (nótese la relación: una inversión de 300 millones de dólares genera apenas 29 empleos).
Shell suele destacar que lleva 102 años de presencia en el país, pero su historia en exploración y explotación petrolera es mucho más reciente. Se inició en 2011, y hoy cuenta con sólo una participación en producción convencional y no como operador (22,5 por ciento de UTE Acambuco, en Salta, operada por PAE), pero fue avanzando en la producción no convencional. Actualmente, opera cuatro áreas en la formación Vaca Muerta (una aún en etapa de evaluación) y participa en otras dos operadas por la francesa Total Austral.
Según expresó el titular de Shell, el gobierno nacional asumió el compromiso de mantener el esfuerzo “por seguir bajando los costos de producción, tal como se hizo en Estados Unidos”. Según Lacroze, en ese país “el costo de los pozos (no convencionales) se redujo en un 50 por ciento en tres años y queremos traer esa experiencia aquí” (citado por el portal especializado Prensa Energética). Shell explicitó que su pretensión es bajar los costos de producción por barril no convencional a 40 dólares en un plazo corto, para lo cual el gobierno aportaría la baja de retenciones y ventajas de disponibilidad de las divisas cuando exporten y otros beneficios complementarios. Entre ellos, la flexibilización de los convenios laborales lograda por acuerdo con el sindicato petrolero de Neuquén, cuyo titular es Guillermo Pereyra.
La apuesta de Shell al proyecto energético oficial se emparenta, inevitablemente, a la presencia de Aranguren al frente del área. El anuncio de la inversión no podía ser más oportuno para el Gobierno, “jaqueado por diversos temas que hoy lo incomodan, como el nuevo aumento de tarifas (gas, electricidad y agua) previsto para este primer semestre, las promesas de inversiones que no llegaron, y por último el cortocircuito que existió puertas adentro del Ministerio de Energía con la salida poco elegante del secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Sureda, que dejó al descubierto, una importante interna dentro de esa cartera”, señala el portal empresario Prensa Energética.
La salida de Sureda, ex directivo de Bridas y Pan American Energy (PAE), dejó en evidencia fisuras dentro de la propia industria petrolera. El secretario saliente dejó en claro que no cuestiona el impulso que el gobierno le da a Vaca Muerta, pero sí que el mismo no sea parte de un plan global y consistente. “Vaca Muerta se va a convertir en una aspiradora de capitales, pero si al resto no se les da un soporte, mucha de la inversión va a ser a expensas de la que, de otro modo, se tendría que haber hecho en otras provincias petroleras; me refiero a Santa Cruz, Chubut, Salta que está languideciendo. Entonces, vamos a tener problemas en otros lugares”, lanzó Sureda dos semanas atrás. No pasó mucho tiempo para que los problemas previstos salieran a superficie.
30 de abril de 2017 | Economía OPINIÓN A los pies de Rocca
La foto del presidente Mauricio Macri con casco industrial junto a Paolo Rocca, líder de la trasnacional Tenaris, con sede en Luxemburgo, acompañados de funcionarios del gobierno y ejecutivos de la empresa, en Bay City, Texas, Estados Unidos, tiene una carga simbólica y práctica difícil de no impactar. Sin personal contratado de sonrisas forzadas ni el montaje de un colectivo en un descampado, es una instantánea que retrata la esencia de un gobierno de y para las elites. También expone la debilidad como motor del desarrollo de lo que a esta altura resulta desatinado definir burguesía nacional.
En la misma semana que el Indec de Macri informó que la recesión no terminó, al reportar una fuerte caída de la actividad en febrero y un persistente deterioro en la industria en marzo, la máxima autoridad política del país festeja la apertura de una planta industrial en Estados Unidos de un grupo económico que reduce producción y empleo en Argentina. Conglomerado que tiene además activa participación en el mundo de la política local a través del denominado “círculo rojo” de lobby del poder económico.
La inversión de Techint en Estados Unidos es una decisión empresaria en función de su plan de negocios global, que en el caso de esa fábrica de tubos sin costura involucró 1800 millones de dólares y generó 600 puestos de trabajo directos y otros 500 de modo indirecto. La participación de Macri en esa ceremonia exhibe, en cambio, sin maquillaje de la red de propaganda oficial, la ausencia de un plan de desarrollo industrial de una administración desorientada por los malos resultados económicos que se acumulan mes a mes.
Datos duros
Mientras Paolo Rocca lo sacó a pasear a Macri por uno de sus territorios, la economía no arranca por el castigo deliberado al consumo popular, el modesto comportamiento de las exportaciones y las escasas inversiones del sector privado, excepto en el área núcleo del complejo agrario y en la actividad energética. En ese contexto de retroceso económico, que pone bajo tensión electoral al oficialismo, el Grupo Techint muestra esa inversión millonaria en Estados Unidos.
Despidos, suspensiones y reducción de producción en su planta en Campana es parte del “relato del kirchnerismo” se atajó Techint a través de la corporación mediática Clarín, su socio histórico en el lobby sobre el poder político. Les molestó la tapa de PáginaI12 del jueves pasado con el título “Lluvia de inversiones (en Estados Unidos)”. Para contrarrestar el impacto de esa insólita foto en Houston, en esa misma columna en Clarín dicen que van a incorporar 400 trabajadores en la fábrica de Campana, incentivados por las promesas de inversiones en Vaca Muerta.
Los números duros del balance de Siderar lo desmiente: menos producción y menos trabajadores. En 2016, los despachos locales de la empresa del Grupo T en Argentina disminuyeron 14 por ciento, parcialmente compensados con un aumento de las exportaciones, principalmente con destino a los mercados de Estados Unidos y Paraguay. El año concluyó con despachos de 2,3 millones de toneladas de aceros planos, que representó una caída neta del 11 por ciento con respecto a 2015. En la Memoria Anual se informa que “durante al año 2016, Siderar redujo los niveles de producción en las instalaciones de las áreas primarias en comparación con los niveles productivos alcanzados en el año previo”.
En el capítulo Recursos Humanos indica con sutileza la política de despidos, al señalar que “la dotación de personal de Siderar al 31 de diciembre de 2016 fue de 5342 personas, nivel ligeramente inferior al registrado al cierra del ejercicio anterior”. No hubo incorporaciones en lo que va de este año.
El balance del primer trimestre del año, presentado en la Bolsa de Buenos Aires el mismo día de la recorrida de Macri en la planta en Houston, siguió mostrando una actividad local en declive. Los despachos de acero bajaron 7,0 por ciento con respecto al trimestre previo y 2,3 por ciento en relación a los deprimidos de igual período de 2016, con una caída superior (4,5 por ciento) en el mercado interno.
Sin el aporte de ganancias de subsidiarias y asociadas de Siderar (Tx-México, Usiminas-Brasil, y otras por 1281 millones de pesos), el resultado hubiese dado por debajo del mismo período de 2016, que fue un mal año. El resultado operativo sumó 1093 millones de pesos en comparación con los 1598 millones del primer trimestre de 2016. Pese al retroceso en la actividad productiva local y de la escasa vocación inversora en relación a la que emprende en mercados externos, el grupo de control de Siderar decidió distribuir dividendos en efectivo por 1201,5 millones de pesos (equivalente a unos 80 millones de dólares), dinero que estuvo a disposición de los accionistas a partir del 20 de abril pasado. La familia Rocca recibió de ese total unos 50 millones de dólares correspondientes a su participación accionaria. Inversiones en Houston y distribución de ganancias en Campana.
Tomo todo
La familia Rocca consolidó su liderazgo en la siderurgia con la colaboración relevante de recursos públicos. Durante varias décadas obtuvo contratos de obras públicas, gasoductos y rutas que implicaron un desarrollo sostenido de su área de ingeniería y construcción. Recibió millonarios subsidios por regímenes de promoción industrial con exenciones impositivas, por el fomento de exportaciones industriales y por preferencias arancelarias que brindaron protección del importado. Se benefició de la licuación de pasivos financieros a través de la regulación de la tasa de interés o del sistema de seguros de cambio para la deuda externa privada. Aprovechó la Ley de Compre Nacional que implicó que el Estado pagara sobreprecios amparado en esa norma. Contabilizó ganancias extraordinarias por su participación activa en privatizaciones, por ejemplo con su inversión en el consorcio de Telefónica que se quedó con la mitad de ENTel. La enajenación de activos estatales también afianzó el corazón del grupo –la siderurgia– con su desembarco en empresas proveedoras de insumos básicos de esa actividad (producción y transporte de gas, petróleo y energía eléctrica) y con el asalto de Somisa. Con las privatizaciones, el grupo logró un muy importante grado de integración vertical en el rubro energético y siderúrgico. Además consiguió una concentración y diversificación de sus negocios que tuvo como saldo un extraordinario crecimiento patrimonial.
Uno de los últimos trabajos publicados por el Cefid-Ar (octubre 2015), antes de ser desmantelado por el macrismo al desembarcar en los principales bancos públicos, entidades que financiaban ese centro de investigación de excelencia, fue “Los efectos de la internacionalización y extranjerización de los grandes grupos empresarios argentinos. Los casos de Techint, Eurnekian y Fortabat”. Alejandro Gaggero, autor de ese documento, explica que hubo una modificación central en la elite empresaria local con la internacionalización de algunos de sus grupos, uno de ellos Techint. Explica que en ese proceso llevaron adelante procesos de reestructuración que incluyeron la creación de empresas controlantes fuera de las fronteras nacionales, en distritos de baja o nula tributación. Luxemburgo fue el país con esas características elegido por la familia Rocca. El investigador advierte que ese proceso no sólo modificó la estructura productiva de los grupos analizados, sino también los flujos de capital a su interior, imitando a los de las empresas trasnacionales. Avanzaron en un diseño organizacional que incluye mecanismos que les permite la elusión y evasión fiscal, a través de la transferencia de activos en el exterior y simulando flujos asociados al desarrollo del negocio.
En la década del 90 Techint comenzó un proceso de internacionalización para disputar el liderazgo del mercado mundial de tubos de acero sin costura. De ese modo, en un cambio radical de su organización productiva, hoy la mayor parte de su producción proviene de plantas ubicadas fuera de Argentina, como la última inaugurada en Houston. Esa expansión internacional de Techint derivó también en una reorganización de la estructura funcional del Grupo. Creó Tenaris con sede en Luxemburgo, firma que pasó a ser controlante de sus principales empresas radicadas en diferentes países (por caso, Siderca-Argentina, Tamsa-México y Dálmine-Italia). Empezó a cotizar acciones de Tenaris en las bolsas de Nueva York, Milán y Buenos Aires. El capital flotante, o sea el de intercambio fluido entre inversores en las plazas bursátiles, es del 38,8 por ciento, mientras que el resto de las acciones de control está en manos de la familia Rocca.
Para el investigador, el detalle de la organización T es muy ilustrativo de su internacionalización. Tenaris estaba controlada por Sidertubes (retenía el 61 por ciento de las acciones), una compañía radicada en el Gran Ducado de Luxemburgo, que por su régimen impositivo es considerado un paraíso fiscal. Sidertubes, a su vez, era controlada por Rocca & Partners, una corporación de las Islas Vírgenes Británicas. Esa estructura societaria fue modificándose para hacerla aún más opaca. Gaggero explica que hoy Tenaris es controlada por Techint Holdings (Luxemburgo), propiedad de San Faustin (Luxemburgo), que a su vez es controlada por Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin, inscripta como una fundación holandesa.
30 de abril de 2017 | El país OPINIÓN Houston, tenemos un problema
Hay momentos, flashes, en los que el presidente Mauricio Macri o su elenco se salen del libreto dando rienda suelta a su idiosincrasia. Son reveladores y cada vez más frecuentes. Una de las gemas de la semana pasada sucedió cuando Macri se refirió a los “abuelos” (mote erróneo que reduce a un rol a personas de cierta edad) y se fue empalagando con las risas cortesanas. Terminó explayándose sobre el (ab)uso de los canales porno en algunos centros de jubilados, delató a uno, con pelos y señales. Se ufanó de haber ordenado cortar el uso de esa señal de cable, como si fuera una hazaña. Siguió adelante un ratito, fue “Mauricio” sin ambages: un bon vivant millonario desde la cuna que denigra (sin percatarse siquiera) a los más humildes de cualquier edad y condición.
Sus panegiristas lo comparan con Pascal o lo describen como un hombre moderado, sereno, amante de los consensos… pero no hay caso. Ni bien abre la boca los desmiente, ni qué decir cuando toma decisiones.
Se repite, con buena dosis de razón, que Cambiemos gobierna para los ricos. Más refinado es el comentario que hizo tiempo atrás el sociólogo y académico Ernesto Semán: el actual es un Gobierno de clase. Una de sus características es negarlo “de boquilla” y confirmarlo a través de sus políticas públicas.
Parte de las coberturas de los medios dominantes sobre los viajes presidenciales expresan el “cambio cultural”. Recurrentes notas editadas en las secciones políticas parecen salidas de filiales insulsas de las revistas “Hola” o “Caras”. Mujeres periodistas se regodean comparando la vestimenta de la primera dama Juliana Awada versus la de las reinas o colegas con las que va topando, como Máxima de Holanda o Ivanna Trump. Se insinúa, tal vez, una nueva disciplina olímpica: competencia en el glamour femenino. Acaso alumbre otro medallero para Argentina en el noble mundo del buen vestir.
Pero esas son imágenes subalternas, en más de un sentido. Las dos principales que se agregaron al álbum macrista son el encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump y la más descollante, el paseo por la fábrica de Techint en Texas, una maqueta perfecta de la política económica M.
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Houston, tenemos un problema: Que Techint instale una fábrica de caños sin costura (la especialidad de la casa, una manufactura-commodity) cerca de Houston es un hecho rotundo que casi hace ociosos los comentarios. Apenas vale la pena agregar otros datos.
La variante de la relocalización rompe una regla establecida: de ordinario el capital muda empresas a países con salarios “competitivos”, esto es más bajos o viles. La penuria aflige a Europa y es aprovechada por Marine Le Pen en sus recorridos de campaña por ciudades fantasmas o que enfilan para serlo.
La multinacional Techint lidera una innovación: gasta 1800 millones de dólares para dar conchabo a obreros con sueldos comparativamente elevados mientras desguarnece sus posiciones locales. Esto último, convengamos, un modo de decir, porque Techint es más multi que argentina, pero talla fuerte en la economía gauchesca y en la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA). Paolo Rocca, uno de los contados capitanes de la industria que ha leído algunos libros, es un referente de los líderes patronales.
La planta de Techint en Campana languidece y despidió centenares de trabajadores el año pasado. El intendente, Sebastián Abella, la eximió de un impuesto local. Como la gracia estatal levantó protestas de los vecinos, la envolvió en una medida supuestamente general: protección a las empresas en crisis.
Usted se preguntará como puede estar en crisis un conglomerado que, en paralelo, invierte una fortuna en otras latitudes. Es pecar de ingenuo, porque en el capitalismo global (y el anterior también…) las sociedades comerciales esconden su identidad o la utilizan para evadir impuestos o responsabilidades. En jerga jurídica se llama “abuso de la identidad societaria” y debe ser sancionada… si las pescan los Gobiernos o tribunales que habitualmente las aúpan.
Esta columna no se adentrará en la sofisticada trama de Techint para evadir impuestos, jugar con la trasnacionalización y optimizar sus ganancias. La sede en Luxemburgo, una guarida fiscal bien enclavada, es solo una de ellas. Para quien quiera un análisis profundo y detallado se recomienda un trabajo del sociólogo Alejandro Gaggero. Se titula “Los efectos de la internacionalización y extranjerización de los grandes grupos empresarios argentinos”. Fue publicado por el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de Argentina (Cefidar).
Tejemanejes de ese jaez sirvieron a la gran banca trasnacional para gambetear la responsabilidad por el corralito en la Argentina. Si las sucursales sudacas estafaron a los ahorristas y quedaron desfondadas, ese no es nuestro problema, adujeron desde las casas matrices, sueltos de cuerpo. No fue una exclusividad argenta: en toda Europa tras la caída de Lehman Brothers el sistema político protegió al sector financiero y sus pillos más redomados. Allá lo llamaron “paracaídas de oro” para que los tahúres de guante blanco llegaran al suelo sin magullones. La caída libre de las personas que confiaron en ellos tuvo muy otro desenlace, ya se sabe.
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Un apretón de manos (derechas): El cónclave en la Casa Blanca produjo euforia en la Casa Rosada y en la Cancillería, cuya “línea” ha recuperado bríos. En el Palacio San Martín rige una regla no escrita: negociar con los poderosos equivale a ceder todo o casi todo.
Aplicando a rajatabla ese protocolo, Macri se trajo un apoyo político tan amplio como esperable. Es el presidente de derecha más expectable de América del Sur. El brasileño Michel Temer no fue elegido democráticamente, es rechazado por una mayoría abrumadora, no da pie con bola, recibió anteayer el bofetazo de una huelga general impresionante. El peruano Pedro Pablo Kuczynski tiene credenciales pasables y hasta fue recibido antes que Macri pero la gravitación de su país le pone un techo. El colombiano Juan Manuel Santos es una figura menos obvia (especialmente por el acuerdo de paz con las FARC) que sus pares argentino, brasileño y peruano. Y además no tiene el galardón de haber batido en las urnas al “populismo”, que sí embellece a Macri para la mirada de Washington.
El apoyo político no fue humedecido por la lluvia de dólares que el oficialismo vive anunciando desde diciembre de 2015.
Las divisas entran por vías riesgosas o suicidas como la deuda externa exorbitante. O utilizables una sola vez, como el blanqueo de capitales. O merced a la redituable especulación a través de LEBAC, que el consultor Miguel Bein describió (con jerga más técnica que la que usaremos ya mismo) como récord mundial de rendimiento de la bicicleta financiera en dólares. De nuevo: es lamentable que el Comité Olímpico Internacional sea tan conservador para admitir nuevas disciplinas que dotarían de medallas de oro a la Argentina… O a los inversores golondrina que levantarán vuelo en algún momento, acamalando ganancias pingües. Millones de argentinos pagarán las consecuencias. No será la primera vez.
Pocos negocios se cerraron en Washington. El documento final solo mencionó a un país: Venezuela. Los silencios son elocuentes: a los mandatarios no los conturba, por ejemplo, la situación en México, donde proliferan las fosas comunes y se matan periodistas como si tal cosa.
Tampoco se dejó nada escrito respecto de relaciones bien preocupantes como son la injerencia de agencias como la DEA en la apodada “lucha contra el narcotráfico”.
Macri acrecentó su capital simbólico y sus ínfulas. Regresó, desdichadamente, el péndulo de la política exterior doméstica en la que siguen volando alto el desafío del presidente Raúl Alfonsín a su par gringo Ronald Reagan en la mismísima Casa Blanca. O el “no al ALCA” concretado por el terceto de los presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva en la Cumbre de Mar del Plata.
No son ellos el grupo de referencia de Macri ni de la Canciller Susana Malcorra. Fungen de tales el ex presidente Carlos Menem y el fallecido ministro Guido Di Tella. Malcorra es orgánica del Departamento de Estado y tan funcional a él como el francotirador Di Tella. Un converso suelto de cuerpo y de lengua que propaló la certera expresión “relaciones carnales”.
La armonía política entre gobiernos de derecha es, guste o no, lógica, sobre todo si los menos poderosos se encolumnan y hacen la venia. La derecha argentina, a diferencia de otras, rehúsa reconocerse como tal, soltando globos en sentido estricto y figurado.
Las inversiones son, de todas formas, una cuestión aparte. Argentina se oferta como el supermercado del mundo, aunque sin góndolas de productos industriales con valor agregado significativo.
Estados Unidos ejercita un agresivo proteccionismo que no se toma como modelo desde acá. Su política represiva, el despliegue de barbarie por otras latitudes, las cárceles para inmigrantes, el chauvinismo a flor de piel tienen mejor acogida oficial en estas pampas feraces.
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Mejor que en el infierno: Los trabajadores de SANCOR cortan rutas, testimoniando la caída libre de otra rama de la industria. En simultáneo el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, acumula reproches desde distintos sectores sometidos a su gestión. La apertura de la Feria del Libro le cayó mal. El representante de la Fundación El Libro pintó un panorama desolador en su rostro. La industria editorial atraviesa borrascas, baja en la producción y en las ventas. Como casi todas las actividades ligadas al consumo más o menos masivo.
El ministro debió deglutir un discurso lapidario y brillante de la escritora Luisa Valenzuela sobre la posverdad que pareció un elegante telegrama colacionado remitido al macrismo.
Avelluto replicó citando “a mi amiga Beatriz Sarlo”. “Conmigo no”, espetó con gesto ceñudo y bronca a flor de piel. Alegó que hubo épocas peores, con dictadura o hiperinflación. Es el único punto admisible de su relato: esas etapas atroces fueron peores que la era de Cambiemos. La comparación con el infierno, caramba, no redime la política económica oficial ni la rústica gestión de Avelluto en su área.
Transitoriamente no se ha avanzado sobre los fondos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Parece imposible en el cortísimo plazo ya que la movida generada por el gobierno aunó demasiadas críticas y acciones colectivas. La amenaza sigue latente porque desfondar, así fuera parcialmente, al INCAA beneficiaría directamente al Grupo Clarín, un pilar de la coalición oficialista.
Avelluto y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, empeñaron su palabra: las denuncias son temerarias, jamás se corroborarán. Son promesas de la campaña de 2017. En 2015, Macri en persona perjuró que jamás tocaría el Fútbol para Todos. Con las barbas en remojo, habrá que ver. Seguramente el resultado de las elecciones será decisivo en ese conflicto de intereses como en tantos otros.
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Coda transitoria: El ausentismo de las clases dominantes argentinas es un viejo invento. Lo malo conocido siempre se puede empeorar, si hay voluntad política. Ni aún dentro de esa tradición aciaga hay precedentes de una imagen como la de Macri celebrando la creación de empleo en Texas, mientras por acá siguen cayendo empresas, sectores productivos enteros. Los cierres, suspensiones y despidos siguen siendo cotidianos. In God we trust y con el mazo dando.
En algún bar de Moe habrán brindado por Paolo Rocca o por el presidente de un país ignoto. Poco o nada de bueno o de sensibilidad social puede esperarse de la crema de “la burguesía nacional”. A los gobernantes elegidos por el pueblo es dable exigirles más. Como piso, bajísimo, evitar sacarse esa foto con los laburantes de otras comarcas que prosperan a costa de quienes sobreviven acá.
30 de abril de 2017 | El país LA PROCELAC INVESTIGARÁ MANIOBRAS DE VACIAMIENTO EN FAVOR DE EMPRESAS DE LOS MACRI El Correo sigue sumando escándalos
La Procuraduría de Lavado de activos (Procelac) investigará las maniobras de vaciamiento del Correo Argentino a través del desvío de dinero de sus cuentas a las empresas que la controlan, Sideco y Socma, que fueron denunciadas el viernes por la fiscal Gabriela Boquín. Los primeros retiros de fondos fueron el año pasado, cuando se gestaba el acuerdo entre la empresa postal del grupo Macri y el Estado Argentino, que terminaría en una condonación de la deuda de un 98,87 por ciento. No se prolongaron porque la fiscalía cuestionó el convenio y puso de relieve su carácter abusivo y ruinoso para las arcas públicas. Según pudo reconstruir PáginaI12 la Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo de control del Estado, ya advertía en 2007/2008 sobre uno de los mecanismos dudosos luego utilizado para sacar dinero, que fue la compra por parte del Correo a Socma de acciones en una sociedad dedicada al negocio automotriz (Chery Socma SA), que nunca dio dividendos. Fue una operación que requería autorización del juzgado, pero todo indicaría que no la gestionó nunca.
La extensión misma a lo largo del tiempo del proceso concursal del Correo que entró en una situación crítica ya en 2001 y dejó de pagar gastos, es una irregularidad de acuerdo a lo que establece la ley: no puede durar más de un año y medio, a lo sumo tres. Los casi 17 años de dilaciones tienen una explicación que es, además, la que explica la benevolencia del actual Gobierno con el grupo empresario indisociable de él. Durante todo este tiempo, con administraciones que no aceptaban los términos propuestos por el Correo, la empresa jugó a postergar para evitar la declaración de quiebra. Correo Argentino es una firma sin actividad propia, pero si quiebran también entrarían en quiebra sus controlantes: Sideco y Socma son pilares de la actividad económica de la familia del presidente Mauricio Macri, centradas en rubro automotriz y la construcción. La ley de concursos (24.522) dice en su artículo 161 que si una empresa quiebra, es extensivo a sus “controlantes”.
La quiebra determinaría también que pierda el control de los juicios que le inició al Estado, en los que reclama un resarcimiento millonario por daños y perjuicios por la expropiación que resolvió Néstor Kirchner en 2003 y por diferencias de cánones locativos. Un acuerdo como el de fin de junio del año pasado, que dejaba el saldo de deuda en apenas algo más del 1 por ciento de los 4000 millones de pesos que estimó la fiscal Boquín, a pagar a lo largo de treinta años, generaba una situación perfecta para el grupo empresario. Las anomalías de aquel acuerdo escandaloso firmado el 28 de junio del año pasado, fueron señalados en tres dictámenes de la fiscalía en febrero último.
El Estado, en aquel entonces, ya podía conocer los problemas de dar su conformidad por la información existente en sus propias dependencias, empezando por la Inspección General de Justicia (IGJ), donde el Correo figuraba en el registro de sociedades inactivas, lo que implica que no entrega sus balances. Tampoco dio cuenta de cambios de autoridades. Deberían hacerlo aunque no funcionen. Lo llamativo, según señaló Boquín en uno de sus dictámenes, fue que una notificación de la IGJ en el expediente del concurso, señalaba que la empresa había salido del registro de inactividad, pero no era cierto. Como se sabe ya, ante la denuncia de Boquín de que se trataba de un convenio ruinoso para el Estado, éste dio marcha atrás y pidió una nueva audiencia para reformularlo. Cuando llegó el momento, solicitó una postergación y que el caso quede en suspenso por 120 días.
Mientras la discusión por los 120 días (que son hábiles) transcurre en el expediente concursal hubo dos hechos trascendentes. El primero es que el Gobierno echó al Procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, Carlos Balbín, quien asumiría la representación legal estatal en reemplazo del ministerio de Comunicaciones, cuyo asesor jurídico, Juan Mocoroa, había firmado el cuestionado acuerdo con respaldo del ministro Oscar Aguad. Balbín terminó una auditoría del concurso de acreedores el 10 de abril. Le puso su firma, y también lo hizo Guillermo García, jefe de Auditoría, quien también renunció. Como es evidente, se trataba de una investigación con resultados adversos al Gobierno. El nuevo procurador elegido, Bernardo Saravia Farías, debería aportar esa auditoría al sumario contra funcionarios que también inició Balbín y a las investigaciones en marcha en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y en la fiscalía de Juan Pedro Zoni.
El segundo hecho trascendente fue la denuncia de “vaciamiento” efectuada por Boquín el viernes último. Como informó ayer PáginaI12 a lo largo de 2016 el Correo retiró dinero en cinco ocasiones de las cuentas del Banco Ciudad que corresponden al expediente del concurso. Llegó a sacar 10 millones de pesos, con autorización de la jueza Marta Cirulli quien, llamativamente, en 2015 no había permitido retiros, pero el año pasado cambió oportunamente de opinión, y volvió a rechazar un nuevo pedido para sacar plata en marzo último, cuando ya se había hecho público controvertido acuerdo. La fiscal planteó que los retiros de dinero fueron “improcedentes e injustificados” y que en realidad se hicieron “en beneficio de otras empresas del grupo” Macri, en alusión a Socma y Sideco y “en perjuicio para las cuentas del Estado”. En su presentación de 87 páginas ante la Cámara Comercial describió algunos de los mecanismos utilizados.
Uno de los ejemplos que puso es que parte del dinero extraído se destinó a pagar el alquiler de cuatro pequeñas oficinas de Sideco en Libertador 498 por 144.000 pesos mensuales; 61.834 para sueldos; 113.000 para gastos contables e informáticos y 65.000 pesos para honorarios profesionales. Según pudo corroborar este diario, no se hizo un contrato –por ejemplo– de alquiler y todo quedó volcado en un convenio, lo que permite eludir el pago del impuesto a los sellos.
El otro es la participación de Correo Argentino en Chery Socma. Correo le compró a Socma el 28 de septiembre de 2007 por 2 millones de dólares una participación en Neficor SA, una sociedad constituida en Uruguay que tiene el 49 por ciento de Chery, que a su vez está controlada por Socma. Es una firma que se dedica al armado y comercialización de automóviles. Según Boquín es una de las formas de utilizar al Correo para beneficiar a otras empresas del grupo con desvíos de dinero. La primera cuestión irregular es que una empresa concursada para hacer operaciones de este tipo requiere autorización del juez. Según los chequeos que hizo la fiscalía en múltiples incidentes generados en el caso, tal autorización no aparece. El otro punto polémico es que el Correo planteaba en tribunales que carece de activos y en cesación de pagos, pero de pronto le compra a su propia empresa controlante una parte minoritaria de otra, que nunca le dio dividendos. Pero además, este diario pudo cotejar que la Sigen analiza en un informe la “situación operativa” del Correo Argentino y señala que “amplió su objeto social” para fabricar y comercializar vehículos. Decía que tenía perspectiva de generar ingresos. Hay un documento que lleva el número 5 del año 2007. Hacia 2013 una calificadora de riesgos (Evaluadora Latinoamericana) explicaba la evolución del negocio y mostraba que las utilidades producidas se las quedó Socma (en 2012, por caso, hubo 5748 unidades facturadas).
30 de abril de 2017 | El país LOS DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS QUE TRUMP ENTREGÓ A MACRÌ Además de tubos y limones
La segunda tanda de documentos desclasificados sobre el periodo de la última dictadura argentina no se aparta de una pauta férrea: cuando hay algún elemento significativo sobre cuestiones operativas de la represión, la fuente son las embajadas estadounidenses en distintos países de la región o el Departamento de Estado en Washington, que pese a su nombre se encarga de las relaciones exteriores. Desoyendo el pedido de los organismos argentinos defensores de los Derechos Humanos, comunicado tanto al gobierno argentino como al estadounidense, hay muy pocos documentos de origen militar, de seguridad nacional o inteligencia. Y los pocos que aparecen de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional contienen evaluaciones académicas sobre lineamientos políticos, cuyo interés cuatro décadas más tarde sólo alcanza a los especialistas. Vale la pena recapitular esta historia.
Manchas
La primera tanda de desclasificación fue solicitada por organismos argentinos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS) el 16 de agosto de 2000, durante la visita a Buenos Aires de la secretaria de Estado Madeleine Albright. La solicitud fue concedida de inmediato, acaso como parte de una vendetta. Luego del juicio político que impulsaron los republicanos por los usos del cigarro en el despacho oval, el presidente demócrata Bill Clinton accedió a la muy esperada desclasificación documental sobre la intervención en Chile comandada por Henry Kissinger durante la presidencia del republicano Richard Nixon. Las manchas que Nixon y Kissinger dejaron en Chile no se limpian en ninguna tintorería.
Para obtener el mejor resultado de esa disposición favorable, el CELS celebró un convenio con la ONG estadounidense National Security Archives, especializada en la investigación sobre materiales públicos compartimentados. Su labor había sido muy eficaz en la desclasificación previa de documentos sobre Chile, Guatemala y El Salvador. Esa experiencia enseñó que era preciso refinar la búsqueda, de modo de no ir tras una aguja en un pajar. La formulación de interrogantes precisos sobre ciertos episodios y personas, tanto víctimas como victimarios, con la mayor exactitud posible de tiempo y lugar, ordenó la requisitoria. La calidad de la pregunta anticipa la de su contestación. Al cumplirse dos años de aquel encuentro, llegaron cuatro cajas de documentos. Se trata de comunicaciones que funcionarios de la embajada en Buenos Aires remitieron en aquellos años al gobierno de Washington, demostrativos de la organización estatal del terror y refutadores de la pretensión de que pudo tratarse de excesos o errores de grupos aislados. Entre ambas fechas cambiaron el gobierno de los Estados Unidos y el contexto mundial. Clinton fue sucedido por el republicano George W. Bush, y Colin Luther Powell reemplazó en Relaciones Exteriores a Madeleine Albright. Luego de los ataques del 11 de setiembre de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono, el gobierno de Washington hizo de la denominada “guerra contra el terrorismo” el eje de su política exterior e interior. El proceso de desclasificación se detuvo. Se reanudó, a raíz de una carta del CELS a Powell, con una salvedad: una segunda revisión para eliminar nombres de personal del Departamento de Estado, como parte de la omnipresente war on terror. Es difícil imaginar dos personalidades tan distintas como la académica centroeuropea Albright y el general afroamericano Powell, por no hablar de Clinton y Bush. Sin embargo todos ellos coinciden en un punto de extrema importancia para nuestro país y éste es que la desaparición forzada de personas, las torturas a detenidos, las ejecuciones clandestinas constituyen crímenes contra la humanidad, que la comunidad internacional no consiente, bajo ninguna circunstancia. Hasta el presidente argentino Maurizio Macrì, cuya fortuna familiar se multiplicó con los negocios espurios que se facilitaban a los responsables civiles de la dictadura, tiene que plegarse a los repudios y las conmemoraciones, con el puño cerrado y la boca apretada.
En junio de 1976 gobernaba en Estados Unidos el republicano Gerald Ford, cuya política exterior, conducida por Kissinger, era continuidad de la de Nixon, que instrumentó en todo el continente la doctrina de la seguridad nacional. Kissinger se reunió en Chile con su contraparte argentina, el almirante de la Armada golpista de entonces, César Guzzetti, quien le expuso los pormenores del plan de exterminio que se estaba aplicando. Kissinger, quien había sido el principal ideólogo del golpe militar que llevó al poder de Santiago al dictador Augusto Pinochet, le dijo que se apuraran a concluir su faena, porque no tenían mucho más tiempo. No se equivocaba. En enero de 1977 asumió la presidencia el demócrata James Carter, cuyo gobierno enarboló la defensa de los derechos humanos como estandarte de una nueva era. Su primer Secretario de Estado, Cyrus Vance, y su secretaria de asuntos humanitarios, Pat Derian, presentaron al gobierno militar argentino una lista con 7.000 nombres sobre los cuales el gobierno de Carter reclamaba información. Pero en uno de los documentos desclasificados ahora se estima el número en 15.000*. También exigieron que se admitiera la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe fue un punto de inflexión, el principio del fin. Aunque faltaba y sigue faltando la desclasificación de los datos que guardan el Pentágono y la CIA, los que la cancillería estadounidense entregó hace quince años, más los que Barack Obama trajo en su visita del 24 de marzo de 2016 sirvieron para agregar nuevas piezas al rompecabezas que los organismos de derechos humanos vienen armando desde el momento mismo en que los hechos sucedieron, valiosas para completar el cuadro general pero también para avanzar en las causas judiciales concretas abiertas, dentro y fuera del país.
Como dice la introducción del Departamento de Estado, no todos los documentos se relacionan específicamente con la Argentina. Algunos fueron seleccionados por su importancia para otros aspectos de la política estadounidense hacia Latinoamérica, y brindan el contexto para las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina de 1977 a 1980.
Ser o no ser
A pedido de Carter, su asesor de Seguridad Zbigniew Brzezinski preparó una evaluación global de política sobre América Latina. “¿Necesitamos una política latinoamericana?” es la pregunta con que comenzó su análisis el asesor de Brzezinski para la región, Robert Pastor. A su juicio, la idea de Latinoamérica es un mito, porque “está compuesta por economías y políticas muy distintas, que sólo pueden agruparse para formar una posición colectiva cuando existe necesidad simbólica de confrontar con los Estados Unidos. En realidad, las cuestiones más importantes para los gobiernos del hemisferio, se tratan en forma bilateral o global. Un síntoma de esta tendencia hacia el globalismo y el bilateralismo, es la declinación de la OEA”. Esto fue escrito hace 40 años. Pastor concluye que la respuesta a la pregunta es No. “En términos objetivos, no necesitamos una política latinoamericana y espero que en el futuro no la tendremos”. Sería interesante cotejar esta visión del académico Pastor con las tomas de posición que todos los años presentan al Congreso los generales que conducen el Comando Sur.
El 24 de marzo de 1977 el Secretario de Estado Cyrus Vance dirigió un cable a las embajadas de Estados Unidos en Asunción, Brasilia, Buenos Aires, La Paz, Montevideo y Santiago con el escueto título “Operación Cóndor”. Afirma que se trata de un esfuerzo cooperativo de los servicios secretos de Chile, la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para combatir el terrorismo y la subversión. Cita como fuente un informe de la CIA. Dice que comenzó como un mecanismo de intercambio de información sobre los grupos subversivos pero “discusiones posteriores incluyeron la realización de asesinatos en el exterior. Mientras los servicios de la Argentina, Chile y Uruguay acordaron enviar para ese fin equipos operativos a Europa, los de Brasil, Bolivia y Paraguay aparentemente no se comprometieron con este aspecto de la operación”. Luego, los equipos que irían a Europa recibieron entrenamiento en Buenos Aires. Un equipo de argentinos y uruguayos fue enviado a operar contra “terroristas uruguayos” pero fracasó porque la operación se filtró. Esto hizo dudar a los uruguayos acerca de la participación en otras operaciones conjuntas Cóndor. Fuera de los países involucrados la operación se limita a la recolección de información sobre los extremistas. Si esa información incluye el paradero de un extremista fuera del área de cobertura podría enviarse un equipo Cóndor, “pero sólo a verificar la presencia del extremista y determinar sus movimientos futuros. Si fueran deseables indeterminadas acciones contra un determinado extremista, el Servicio Cóndor pedirá que las realice a un servicio de seguridad del país donde reside el extremista”. Si un país miembro rehúsa participar en un programa Cóndor, es excluido de cualquier reunión posterior de ese programa (se entiende que por programa se refiere a una operación específica). El llamativo punto final informa que la Operación Cóndor estaría derivando hacia actividades “no violentas”, y pone como ejemplo una reunión realizada en diciembre de 1976 cuyo tema principal fue la planificación de operaciones de guerra psicológica contra grupos de izquierda y radicales (lo cual no debe confundirse con grupos de la UCR). Con anterioridad se había aprobado un programa por el que un país miembro publicaría piezas de propaganda útiles para otro miembro, de modo que el país más interesado no quedaría al descubierto como fuente de la información falsa. Este programa de guerra psicológica requiere un intenso uso de los medios de comunicación. Parece el identikit de la Operación Colombo, de 1975, cuando con publicaciones en Brasil y la Argentina se intentó simular la muerte en enfrentamientos entre facciones guerrilleras chilenas en la Argentina de 119 personas que habían sido secuestradas, torturadas y asesinadas en Chile.
El Cóndor pasa
El 9 de mayo de 1977 la CIA preparó un documento, cuya nómina de circulación aún sigue en secreto, de la cual sólo se desclasificó a partir de la segunda foja. Se titula Contraterrorismo en el Cono Sur. Dice que las operaciones ilegales contra exiliados en otros países se frustraron porque los servicios extranjeros de seguridad conocen la existencia del Cóndor (afirmación curiosa, ya que en septiembre de 1976 fue asesinado en Washington por esta organización el ex canciller chileno Orlando Letelier). El documento menciona una larga historia de esfuerzos bilaterales para controlar la subversión en los países del Cono Sur, que a principios de 1974 derivó en el enfoque regional del Cóndor cuando funcionarios de seguridad de todos esos países, salvo Brasil, acordaron establecer canales de contacto para facilitar sus movimientos de un país a otro en misiones oficiales. Entre sus objetivos iniciales figuraba el intercambio de información sobre la Junta Coordinadora Revolucionaria, que coordina actividades y provee apoyo logístico y de propaganda a sus miembros bolivianos, uruguayos, chilenos, argentinos y paraguayos. La Junta tiene representantes en Europa y se cree que intervinieron en los asesinatos de un diplomático boliviano y un agregado militar uruguayo en Francia. El agregado militar “había participado en la exitosa campaña para eliminar a los terroristas uruguayos tupamaros” (todo parece indicar que se refiere al coronel uruguayo Ramón Trabal y al general y embajador boliviano Joaquín Zenteno Anaya, asesinados en París con sendos disparos de una misma pistola el 19 de diciembre de 1974 y el 11 de mayo de 1976. Una investigación periodística publicada en 2001 afirma que los ejecutores fueron dos miembros franceses de una Brigada Internacional maoísta). La CIA añade que los miembros del Cóndor se reunieron en Santiago el último verano (no aclara si septentrional o boreal) para sistematizar sus planes de largo plazo, que incluyen “el desarrollo de una base de datos electrónica en Santiago, a la que todos los miembros aportarán información sobre terroristas conocidos o sospechosos. Brasil proveerá los aparatos de comunicación de la red ‘Condortel’ y Uruguay aceptó sumarse a Chile y la Argentina en las operaciones en Europa contra la JCR”. La misión básica consistirá en liquidar a los principales líderes terroristas en el exterior. Pero no sólo a ellos. “Entre los candidatos al asesinato también se menciona a personas que no son terroristas, como el dirigente político opositor uruguayo Wilson Ferreyra Aldunate, si viajara a Europa, y algunos líderes de Amnesty International. Sin embargo, Ferreyra pudo haber sido quitado de la lista porque se cree que tiene buenos contactos en el Congreso de los Estados Unidos”. También se consideró el envío de un equipo a Londres, caracterizado como empresarios, para supervisar “actividades sospechosas”. Otra propuesta en estudio incluye la reunión de material sobre la integración, ubicación y actividades políticas de grupos de Derechos Humanos, para identificar y exponer sus vínculos socialistas y marxistas. Similares datos se buscaría sobre “grupos tercermundistas y comunidades eclesiásticas”. El documento también se refiere al sistema de comunicaciones Cóndor, que utiliza tanto la voz como teletipos. “Los países miembros se comunican por radio y cada uno debe mantener un canal abierto. Utilizan equipos no comerciales pero cada país puede monitorear las conversaciones de los otros en la red Cóndor. Los datos sensibles que no interesan a todos los miembros se envían por valija diplomática. Alguien cuyo nombre fue tachado afirma que “Cóndor sufre de cierta desorganización pero esto no ha inhibido su eficacia general. Cóndor ha hecho más estrictas sus medidas de seguridad en su centro operativo en Buenos Aires y se incrementó la compartimentación”. Cóndor es un paraguas, fuera del cual también es fuerte la cooperación entre otros organismos de seguridad en la región, como los servicios de informaciones de la Argentina, Uruguay y Chile, que envían delegados a los otros países, en primer lugar para identificar a subversivos en el exilio. El 13 de agosto de 1978, la embajada de Estados Unidos en Asunción informa a la Secretaría de Estado sobre sus investigaciones respecto del asesinato de Letelier. El Jefe de Estado Mayor, General Alejandro Fretes Dávalos le leyó al embajador la minuta de una reunión con el jefe de la Inteligencia chilena, general Orozco. El texto no menciona el caso Letelier pero sí la coordinación de recursos de inteligencia para controlar y eliminar la subversión, mediante el intercambio de información, el uso compartido de instalaciones de comunicación, el monitoreo de subversivos, su detención y “entrega informal de un país a otro”. Dijo que los jefes de inteligencia de los países del Cono Sur se reunían todos los años y que ese sistema nació “como defensa ante la amenaza de que la subversión argentina se expandiera hacia otros países”. Pero esas reuniones ya no son útiles, porque “la principal amenaza, que provenía de la Argentina ya ha sido eliminada”. Añadió que seguían en contacto por medio de la red de comunicaciones de la Zona del Canal de Panamá, que cubre toda América Latina. Este sistema de comunicaciones de los Estados Unidos es utilizado principalmente por los oficiales que estudian allí para llamar a sus países, pero también para coordinar información de inteligencia entre los países del Cono Sur. La confidencialidad de las comunicaciones a través de estas instalaciones estadounidenses en Panamá se mantiene mediante el uso de códigos bilaterales”. Pero el general paraguayo sorprendió a su interlocutor estadounidense al afirmar que “a su juicio toda esta red de comunicación es inútil y sirve sobre todo para que los jefes de inteligencia exageren su declinante importancia”. Según el embajador White los dos agentes del FBI asignados allí evalúan que la existencia del Cóndor puede salir a la luz durante el juicio en Estados Unidos por el atentado a Letelier. Y termina el cable con esta frase extraordinaria: “Si la descripción del general Fretes Dávalos es exacta sobre el uso de un sistema encriptado dentro de la red de comunicación estadounidense, parecería aconsejable revisar este acuerdo para asegurar que su continuación sea en el interés de Estados Unidos. Pero yo no sé si esto es cierto”. Es razonable que un diplomático no conozca estos detalles, pero cuarenta años después parecería aconsejable que el Pentágono, que manejaba la zona del Canal, o la CIA que tal vez compartía su red de comunicaciones, hicieran conocer esos detalles al extraordinario líder que preside el país que acaba de recibir los documentos y gran amigo del presidente Trump.
Pero la CIA, no se digna bajar a estos pormenores. Cuando se escucha su voz, adopta un tono doctoral, para decir, por ejemplo, que “el juicio sobre a qué derechos pueden aspirar todas las personas es subjetivo, y varía de cultura en cultura”. Por eso, “al tratar de definir Derechos Humanos es difícil aventurar generalizaciones sobre una región geográfica, como el Cono Sur. Sin embargo, pueden discernirse algunos rasgos comunes”. Apasionante.
* Briefing Memorandum From Richard Feinberg of the Policy Planning Staff to Secretary of State Vance, Washington, November 19, 1977.
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