Un paso atrás y otro adelante. La firma Shell desiste, “por ahora”, del plan de venta de sus activos en refinación y comercialización de combustibles, pero refuerza la apuesta de inversión en Vaca Muerta. Ambas decisiones tienen connotaciones políticas, y embarcan resueltamente a la petrolera angloholandesa en los esfuerzos del gobierno de Mauricio Macri por sacar del barro a una economía que se va quedando sin tracción delantera ni trasera. No por nada el ministro Juan José Aranguren –el hombre de Shell en el gobierno– pudo sobrevivir al terremoto que provocó con un mal llevado tarifazo, gracias al apoyo personal y explícito del presidente de la Nación que desoyó a todos quienes le sugerían correrlo. El respaldado ministro perdió, en el camino, a su segundo en el área, José Luis Sureda, que pegó el portazo denunciando el estilo “autoritario” de Aranguren y marcando diferencias con la política inconsulta que impulsa. Uno de los rasgos principales de ese cuestionamiento es que mientras se privilegia Vaca Muerta, se descuida el resto de las regiones hidrocarburíferas. La actual crisis petrolera de Santa Cruz y Chubut es una muestra cabal de las consecuencias de esa política.

Venta fallida

 Shell había mandatado al Credit Suisse para encontrar comprador a sus casi 600 estaciones de servicio en el país y la refinería de Dock Sud, con lo cual esperaba cumplir una etapa fundamental de “la revisión del plan estratégico” en el país consistente, básicamente, en abandonar el downstream (refinación y comercialización) y concentrarse en el upstream (exploración y producción de hidrocarburos). La búsqueda de compradores arrojó sólo dos oferentes: YPF y Pluspetrol. Según fuentes de la industria, la propuesta económica de esta última resultaba poco atractiva, mientras que la de la petrolera de mayoría estatal incluía un mecanismo de asociación entre YPF y Shell, por el cual los puntos de venta seguirían atendiendo bajo la marca Shell, pero en manos de un tercero. Esta iniciativa, que algunos adjudican a la actual conducción de YPF, fue finalmente evaluada como “inviable” en los niveles políticos que la estudiaron –Ministerio de Energía y los órganos de regulación correspondientes–, porque hubiera resultado injustificable la concentración en una sola mano de más del 70 por ciento del mercado de combustibles, por más que YPF tercerizara el manejo de la red a través de un contrato de joint venture. Sin otra oferta atractiva, y con la única a mano vetada políticamente, Shell desistió de la operación. 
 El proyecto Vaca Muerta de Shell, en cambio, siguió adelante. El presidente de la filial argentina, Teófilo Lacroze, anunció junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, la inversión de 300 millones de dólares para la instalación de una planta de tratamiento y separación del gas y el petróleo extraído, para ser transportado luego ya condicionado para su comercialización. La planta, denominada Sistema de Producción Temprana, estará emplazada en el bloque Sierras Blancas, Neuquén, y tendrá una capacidad de procesamiento de hasta 10 mil barriles por día, recibiendo la producción de tres de los bloques adyacentes operados por Shell. Según se anunció, su construcción demandará la tarea de 189 trabajadores, y una vez en operación contará con 29 puestos de trabajo permanentes (nótese la relación: una inversión de 300 millones de dólares genera apenas 29 empleos).    
 Shell suele destacar que lleva 102 años de presencia en el país, pero su historia en exploración y explotación petrolera es mucho más reciente. Se inició en 2011, y hoy cuenta con sólo una participación en producción convencional y no como operador (22,5 por ciento de UTE Acambuco, en Salta, operada por PAE), pero fue avanzando en la producción no convencional. Actualmente, opera cuatro áreas en la formación Vaca Muerta (una aún en etapa de evaluación) y participa en otras dos operadas por la francesa Total Austral.
 Según expresó el titular de Shell, el gobierno nacional asumió el compromiso de mantener el esfuerzo “por seguir bajando los costos de producción, tal como se hizo en Estados Unidos”. Según Lacroze, en ese país “el costo de los pozos (no convencionales) se redujo en un 50 por ciento en tres años y queremos traer esa experiencia aquí” (citado por el portal especializado Prensa Energética). Shell explicitó que su pretensión es bajar los costos de producción por barril no convencional a 40 dólares en un plazo corto, para lo cual el gobierno aportaría la baja de retenciones y ventajas de disponibilidad de las divisas cuando exporten y otros beneficios complementarios. Entre ellos, la flexibilización de los convenios laborales lograda por acuerdo con el sindicato petrolero de Neuquén, cuyo titular es Guillermo Pereyra.
 La apuesta de Shell al proyecto energético oficial se emparenta, inevitablemente, a la presencia de Aranguren al frente del área. El anuncio de la inversión no podía ser más oportuno para el Gobierno, “jaqueado por diversos temas que hoy lo incomodan, como el nuevo aumento de tarifas (gas, electricidad y agua) previsto para este primer semestre, las promesas de inversiones que no llegaron, y por último el cortocircuito que existió puertas adentro del Ministerio de Energía con la salida poco elegante del secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Sureda, que dejó al descubierto, una importante interna dentro de esa cartera”, señala el portal empresario Prensa Energética.
 La salida de Sureda, ex directivo de Bridas y Pan American Energy (PAE), dejó en evidencia fisuras dentro de la propia industria petrolera. El secretario saliente dejó en claro que no cuestiona el impulso que el gobierno le da a Vaca Muerta, pero sí que el mismo no sea parte de un plan global y consistente. “Vaca Muerta se va a convertir en una aspiradora de capitales, pero si al resto no se les da un soporte, mucha de la inversión va a ser a expensas de la que, de otro modo, se tendría que haber hecho en otras provincias petroleras; me refiero a Santa Cruz, Chubut, Salta que está languideciendo. Entonces, vamos a tener problemas en otros lugares”, lanzó Sureda dos semanas atrás. No pasó mucho tiempo para que los problemas previstos salieran a superficie.