La Procuraduría de Lavado de activos (Procelac) investigará las maniobras de vaciamiento del Correo Argentino a través del desvío de dinero de sus cuentas a las empresas que la controlan, Sideco y Socma, que fueron denunciadas el viernes por la fiscal Gabriela Boquín. Los primeros retiros de fondos fueron el año pasado, cuando se gestaba el acuerdo entre la empresa postal del grupo Macri y el Estado Argentino, que terminaría en una condonación de la deuda de un 98,87 por ciento. No se prolongaron porque la fiscalía cuestionó el convenio y puso de relieve su carácter abusivo y ruinoso para las arcas públicas. Según pudo reconstruir PáginaI12 la Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo de control del Estado, ya advertía en 2007/2008 sobre uno de los mecanismos dudosos luego utilizado para sacar dinero, que fue la compra por parte del Correo a Socma de acciones en una sociedad dedicada al negocio automotriz (Chery Socma SA), que nunca dio dividendos. Fue una operación que requería autorización del juzgado, pero todo indicaría que no la gestionó nunca.  
La extensión misma a lo largo del tiempo del proceso concursal del Correo que entró en una situación crítica ya en 2001 y dejó de pagar gastos, es una irregularidad de acuerdo a lo que establece la ley: no puede durar más de un año y medio, a lo sumo tres. Los casi 17 años de dilaciones tienen una explicación que es, además, la que explica la benevolencia del actual Gobierno con el grupo empresario indisociable de él. Durante todo este tiempo, con administraciones que no aceptaban los términos propuestos por el Correo, la empresa jugó a postergar para evitar la declaración de quiebra. Correo Argentino es una firma sin actividad propia, pero si quiebran también entrarían en quiebra sus controlantes: Sideco y Socma son pilares de la actividad económica de la familia del presidente Mauricio Macri, centradas en rubro automotriz y la construcción. La ley de concursos (24.522) dice en su artículo 161 que si una empresa quiebra, es extensivo a sus “controlantes”.
La quiebra determinaría también que pierda el control de los juicios que le inició al Estado, en los que reclama un resarcimiento millonario por daños y perjuicios por la expropiación que resolvió Néstor Kirchner en 2003 y por diferencias de cánones locativos. Un acuerdo como el de fin de junio del año pasado, que dejaba el saldo de deuda en apenas algo más del 1 por ciento de los 4000 millones de pesos que estimó la fiscal Boquín, a pagar a lo largo de treinta años, generaba una situación perfecta para el grupo empresario. Las anomalías de aquel acuerdo escandaloso firmado el 28 de junio del año pasado, fueron señalados en tres dictámenes de la fiscalía en febrero último.
El Estado, en aquel entonces, ya podía conocer los problemas de dar su conformidad por la información existente en sus propias dependencias, empezando por la Inspección General de Justicia (IGJ), donde el Correo figuraba en el registro de sociedades inactivas, lo que implica que no entrega sus balances. Tampoco dio cuenta de cambios de autoridades. Deberían hacerlo aunque no funcionen. Lo llamativo, según señaló Boquín en uno de sus dictámenes, fue que una notificación de la IGJ en el expediente del concurso, señalaba que la empresa había salido del registro de inactividad, pero no era cierto. Como se sabe ya, ante la denuncia de Boquín de que se trataba de un convenio ruinoso para el Estado, éste dio marcha atrás y pidió una nueva audiencia para reformularlo. Cuando llegó el momento, solicitó una postergación y que el caso quede en suspenso por 120 días. 
Mientras la discusión por los 120 días (que son hábiles) transcurre en el expediente concursal hubo dos hechos trascendentes. El primero es que el Gobierno echó al Procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, Carlos Balbín, quien asumiría la representación legal estatal en reemplazo del ministerio de Comunicaciones, cuyo asesor jurídico, Juan Mocoroa, había firmado el cuestionado acuerdo con respaldo del ministro Oscar Aguad. Balbín terminó una auditoría del concurso de acreedores el 10 de abril. Le puso su firma, y también lo hizo Guillermo García, jefe de Auditoría, quien también renunció. Como es evidente, se trataba de una investigación con resultados adversos al Gobierno. El nuevo procurador elegido, Bernardo Saravia Farías, debería aportar esa auditoría al sumario contra funcionarios que también inició Balbín y a las investigaciones en marcha en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y en la fiscalía de Juan Pedro Zoni.
El segundo hecho trascendente fue la denuncia de “vaciamiento” efectuada por Boquín el viernes último. Como informó ayer PáginaI12 a lo largo de 2016 el Correo retiró dinero en cinco ocasiones de las cuentas del Banco Ciudad que corresponden al expediente del concurso. Llegó a sacar 10 millones de pesos, con autorización de la jueza Marta Cirulli quien, llamativamente, en 2015 no había permitido retiros, pero el año pasado cambió oportunamente de opinión, y volvió a rechazar un nuevo pedido para sacar plata en marzo último, cuando ya se había hecho público controvertido acuerdo. La fiscal planteó que los retiros de dinero fueron “improcedentes e injustificados” y que en realidad se hicieron “en beneficio de otras empresas del grupo” Macri, en alusión a Socma y Sideco y “en perjuicio para las cuentas del Estado”. En su presentación de 87 páginas ante la Cámara Comercial describió algunos de los mecanismos utilizados.
Uno de los ejemplos que puso es que parte del dinero extraído se destinó a pagar el alquiler de cuatro pequeñas oficinas de Sideco en Libertador 498 por 144.000 pesos mensuales; 61.834 para sueldos; 113.000 para gastos contables e informáticos y 65.000 pesos para honorarios profesionales. Según pudo corroborar este diario, no se hizo un contrato –por ejemplo– de alquiler y todo quedó volcado en un convenio, lo que permite eludir el pago del impuesto a los sellos.  
El otro es la participación de Correo Argentino en Chery Socma. Correo le compró a Socma el 28 de septiembre de 2007 por 2 millones de dólares una participación en Neficor SA, una sociedad constituida en Uruguay que tiene el 49 por ciento de Chery, que a su vez está controlada por Socma. Es una firma que se dedica al armado y comercialización de automóviles. Según Boquín es una de las formas de utilizar al Correo para beneficiar a otras empresas del grupo con desvíos de dinero. La primera cuestión irregular es que una empresa concursada para hacer operaciones de este tipo requiere autorización del juez. Según los chequeos que hizo la fiscalía en múltiples incidentes generados en el caso, tal autorización no aparece. El otro punto polémico es que el Correo planteaba en tribunales que carece de activos y en cesación de pagos, pero de pronto le compra a su propia empresa controlante una parte minoritaria de otra, que nunca le dio dividendos. Pero además, este diario pudo cotejar que la Sigen analiza en un informe la “situación operativa” del Correo Argentino y señala que “amplió su objeto social” para fabricar y comercializar vehículos. Decía que tenía perspectiva de generar ingresos. Hay un documento que lleva el número 5 del año 2007. Hacia 2013 una calificadora de riesgos (Evaluadora Latinoamericana) explicaba la evolución del negocio y mostraba que las utilidades producidas se las quedó  Socma (en 2012, por caso, hubo 5748 unidades facturadas).