Para Macri tener empresas offshore en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos es su vida privada.
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
martes, 8 de noviembre de 2016
ENFOQUE La criminalización de la política
Por Claudio Scaletta
“Piove, governo ladro”. La frase la repetían nuestros abuelos inmigrantes y quien escribe tardó en comprenderla. De niño era difícil establecer la relación entre la lluvia y el gobierno ladrón. Pero la idea viene de lejos, una hipótesis habla de campesinos del norte de Italia bajo la ocupación austríaca, quienes se quejaban porque la lluvia aumentaba la cosecha y con ello los tributos al invasor. La frase se popularizaría con un significado distinto, culpabilizar al gobierno de cualquier cosa. Sin embargo hay por detrás un imaginario más potente: “el gobierno es ladrón”.
Si se recorre la historia nacional se encontrarán ejemplos de funcionarios venales hasta en tiempos del virreinato y, ya desde entonces, sin que se haga referencia al corruptor. Mucho más cerca, en la Buenos Aires de los tardíos ‘50 se expusieron las mercancías acumuladas por los líderes del “régimen depuesto por la revolución libertadora”, Juan y Eva Perón: autos, motos, mobiliario de estilo, tapados de piel, prendas de alta costura, joyas, relojes. Los porteños visitaban el “museo” y salían con una mezcla de admiración, indignación, resentimiento y rencor. Hasta había canastos a la salida para desechar el carnet de afiliación al Partido Justicialista. Un verdadero ritual pagano de depuración moral.
Nada muy distinto al presente, pensará el lector, a quien inmediatamente se le multiplicarán en la memoria las imágenes grabadas a fuego de bolsos y cajas de seguridad rebosantes de dólares o las mansiones lujosas de algún contratista del Estado caído en desgracia, cuyo nombre también se le grabó a fuego. Pero el fenómeno del presente es más profundo y, para complejizar todavía más, continental.
Por su intensidad se trata de un hecho nuevo que atraviesa la política y la economía y que demanda convertirse en objeto de estudio. En un contexto de revanchismo que no se había experimentado en anteriores alternancias democráticas, en lo que va de su gobierno la Alianza PRO insistió metódicamente, por todos los medios y en todos los debates, en reducir la discusión política y económica a capítulos judiciales. No se trata sólo del periodista “independiente” que machaca con el “se robaron todo” o del troll, rentado o no, que insiste en la muletilla “son todos chorros”. Tampoco se limita a las acciones burdas de la prensa hegemónica que transformó a “la corrupción K” en sección autónoma de sus portales. Se trata en cambio de una preocupante política de Estado. Si se siguen los hechos se encontrará que en algún momento de fines de la década pasada, se dejaron de debatir en el ámbito público ideas o relaciones causa–efecto de las diversas políticas y la discusión comenzó a tamizarse exclusivamente a través del Código Penal. Pero aquello que comenzó como tendencia para debilitar a los gobiernos populares es hoy política de Estado. Incluso existen integrantes de la clase política que se especializaron en la nueva dinámica, personajes a quienes la población conoce por sus denuncias permanentes y no por sus ideas o propuestas.
Además del citado revanchismo, que ocurre en el margen, el objetivo de la nueva política se presenta en dos dimensiones principales. Por un lado apuesta a enmascarar el debate real por el grave y acelerado deterioro de la economía. Existe una relación directa entre la caída persistente de los indicadores económicos y el aumento de las denuncias de corrupción. Y por supuesto no ocurre solo con la economía. Es una regla frente a cualquier noticia adversa. Al día siguiente de que la ONU ordenara la liberación de la presa política Milagro Sala, los títulos principales de las tapas de los medios hegemónicos redoblaron sobre “la corrupción K”. ¿Cuál será el escenario dentro de apenas un año? ¿Se seguirá hablando del gobierno que terminó dos años antes?
La segunda dimensión es la preservación del poder de las viejas oligarquías, la supuesta “nueva derecha”, por la vía de la criminalización del adversario, no casualmente integrantes de gobiernos populares, populistas o progresistas; como se los quiera caracterizar. El fenómeno no es local y se observa en otros países de la región, con el golpe parlamentario en Brasil como caso extremo. Su extensión remite al diseño de una estrategia continental con aroma imperial que supo aprovechar todos y cada uno de los errores del oponente.
El resultado más visible de la nueva política de Estado de criminalización del adversario es que ya no se dirime la superioridad de tal o cual idea o los efectos de la aplicación de tal o cual medida de política, sino cuan criminal es el contrincante. No es simple imaginación. En el Poder Judicial, el cómplice necesario de todo el proceso junto con los medios de comunicación del régimen, se multiplicaron las causas por presuntas “asociaciones ilícitas”, una figura penal creada durante la última dictadura, asociaciones que habrían sido integradas por los más encumbrados funcionarios de los gobiernos kirchneristas; desde la ex Presidenta a sus ministros y secretarios de Estado. El grotesco es mayúsculo y ruidoso para la historia. Los gobiernos de la década pasada no habrían sido más que un grupo de delincuentes abocados a saquear al Estado. Las políticas públicas del período, un dato menor.
El camino iniciado es sistémicamente riesgoso. La identidad del adversario político queda subsumida por sus presuntas acciones criminales y el debate central ya no ocurre entre oficialismo y oposición, como sería normal en una democracia, sino entre la moral y la corrupción, entre el bien y el mal absolutos. Es casi una obviedad que si el adversario político es solamente un delincuente, la democracia se diluye. Se trata de un peligroso paroxismo de la antipolítica cuyas consecuencias pueden volverse graves en el horizonte conflictivo que augura el progresivo deterioro de la economía.
La caracterización criminal también resulta funcional al cerco mediático que intenta ocultar a la mayoría de la población las grandes transferencias entre clases sociales, sectores económicos y regiones llevadas adelante por la administración PRO. Mientras la economía continúa sumergida en una profunda recesión inducida con el objetivo explícito de reducir la participación de los salarios en el ingreso, y abrumada por los indicadores negativos en materia de inversión y actividad, la prensa sigue repitiendo a diario presuntas acciones de corrupción del gobierno precedente. No se informa sobre el presente, como se esperaría ocurra en los medios de comunicación, sino que se construye y reconstruye un relato del pasado para neutralizar la reconstrucción de fuerzas y el potencial regreso de un Estado neodesarrollista, con participación de los sectores populares en la distribución de la mayor riqueza social
LA DEUDA EMITIDA POR PRAT-GAY Y STURZENEGGER SUMA IMPACTANTES 90 MIL MILLONES DE DOLARES EN ESTE AÑO Chocar la calesita
Por Alfredo Zaiat
Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger disputan el liderazgo de endeudador serial.Imagen: Télam.
La deuda en pesos y en dólares emitida por el gobierno de Mauricio Macri en el mercado local e internacional no suma 44 mil millones de dólares en lo que va del año. Ni serán los 50 mil millones de dólares que calculan analistas para fin de 2016. Hasta el último día de octubre la nueva deuda emitida en once meses de gestión de la dupla Alfonso Prat Gay - Federico Sturzenegger totalizaba 87 mil millones de dólares. Hasta fin de año superaría los 90 mil millones de dólares. Este monto impactante se integra con una cuenta que no se contabiliza en las evaluaciones corrientes pero que debe sumarse para dar cuenta de la magnitud del endeudamiento público: la emisión de Lebac. Es la deuda que está acumulando a mucha velocidad el Banco Central y que es aún más inquietante que la colocada por el Ministerio de Finanzas puesto que es de cortísimo plazo. El actual stock de Lebac está generando pagos de intereses en pesos equivalentes a 1000 millones de dólares mensuales, monto que se acelera a medida que se incrementa esa deuda que se ha convertido en la cadena de la felicidad para el mundo de las finanzas.
Si cualquier analista local o del exterior, ortodoxo o heterodoxo, hubiera planteado antes de las elecciones presidenciales un escenario económico 2016 con la posibilidad de emitir deuda (Nación, provincias, empresas y BCRA), en pesos y en dólares, por un total de 87 mil millones dólares en apenas once meses, no habría dudado de que quien estuviera al frente del gobierno estaría en condiciones de desplegar una fiesta económica y asegurarse el poder por más de un mandato. Pero esa bonanza global no se ha presentado. En lo que va del gobierno de Macri se ha sumado esa inmensa masa de recursos pero la economía se ha sumergido en una recesión fuerte. Y las dudas políticas aparecieron en el amplio dispositivo de propaganda oficial con miras a las elecciones de medio término del año próximo.
En 2017 continuará el festival de la deuda. Un reporte del agente del mercado financiero Research for traders calculó que por el pago de intereses (9217 millones de dólares), el vencimiento de capital (28.520) y el financiamiento del déficit fiscal previsto en el Presupuesto de 4,2 del PIB (23.052) la emisión de deuda será de por lo menos 60.790 millones de dólares.
El saldo en dos años sería entonces de unos 150 mil millones de dólares. El endeudamiento desenfrenado es utilizado por el gobierno para pagar deudas, entregar divisas para la fuga de capitales y para cubrir el déficit gemelo (fiscal y comercial). Respecto al desequilibrio comercial creciente, el endeudamiento facilita el pago del incremento de las importaciones de bienes de consumo final que desplazan a la producción nacional. O sea, los empresarios nacionales que estaban desesperados por comprar dólares sin restricciones ahora lo pueden hacer, pero otros empresarios también lo pueden hacer para comprar en el exterior productos que hunden en la recesión a los empresarios dedicados a la producción nacional. Ambos hoy pueden comprar los dólares que aporta la deuda, aunque sólo pueden estar aliviados los importadores.
La cuenta de APG
Otro informe de Research for traders detalla que el Ministerio de Finanzas a cargo de Alfonso Prat Gay (APG) lleva emitida deuda en pesos por 220.496 millones con Bonos del Tesoro en pesos atados al CER 2020 (Boncer 2020), Bonos del Tesoro en pesos atados al CER 2021 (Boncer 2021), Bonos del Tesoro a tasa fija con vencimiento en 2018, 2021, 2023 y 2026, y Bonar 2018 y 2020 (a tasa Badlar). A un tipo de cambio mayorista de 15,175 pesos representa unos 14.500 millones de dólares.
También colocó deuda en dólares en el mercado local por 5915 millones de dólares en Letras del Tesoro a corto plazo (que ya vencieron cerca de 1200 millones), a tasas de rendimientos en dólares de 3 y 4 por ciento anual.
En plazas financieras del exterior se colocaron papeles de deuda para cancelar la capitulación a los fondos buitre, los bonos para comprar cupones ligados al PIB y los bonos en Euros por un total de 22.080 millones de dólares.
Varias provincias y grandes empresas salieron a buscar dólares luego de que el pago a los buitres abriera las puertas del financiamiento externo. Por esa vía acumulan 12.038 millones de dólares hasta fines de octubre. La orgía del endeudamiento no se detiene. Por primer vez en su historia el Banco Provincia de Buenos Aires salió al mercado local a colocar títulos de deuda en pesos. En primera fila se ubican la ciudad de Rosario, Mendoza, Tierra del Fuego, Entre Ríos y decenas de empresas que están saliendo a buscar financiamiento en el exterior.
El gobierno nacional, provincias y empresas privadas han emitido deuda por 34.118 millones de dólares en el mercado internacional, bajo legislación de Nueva York insistiendo con el pecado de la cesión de la soberanía jurídica a favor de tribunales pro buitres. Hasta fin de año habrá colocaciones por unos 2300 millones más.
De ese modo, la cuenta de deuda de APG (en pesos y en dólares) será de 44.795 millones de dólares en 2016.
La cuenta de FS
Para desalentar la compra de dólares al tiempo que retira pesos del mercado con el esquivo objetivo de bajar la inflación, el Banco Central conducido por Federico Sturzenegger emite Lebac. Al 31 de octubre, el stock de esa deuda de cortísimo plazo era de 685.000 millones de pesos, superior al total de la Base Monetaria de 669.905 millones de pesos (dinero en circulación en manos de público y de los bancos depositados en el BCRA). El monto de esa deuda que crece en forma vertiginoso es equivalente a 45.670 millones de dólares. La cuenta de FS sigue en alza en forma permanente.
Como se adelantó en esta columna en abril pasado, los intereses a pagar en este año por las Lebac serán de unos 200.000 millones de pesos, equivalente a unos 13.500 millones de dólares. En los últimos dos meses de 2016, la autoridad monetaria desembolsará unos 30 mil millones de pesos en intereses de las Lebac, activos que hoy devengan una tasa de 26,75 por ciento anual.
Esas tasas siguen siendo atractivas para bancos e inversores conservadores: poco más de la mitad de las Lebac fue suscripta por empresas y particulares a través de bancos. Las Lebac ofrecen la oportunidad para inversores extranjeros de realizar lo que se denomina carry-trade sobre el peso argentino: ingresar dólares a la plaza local, luego venderlos y con los pesos obtenidos comprar Lebac, para que en un plazo determinado recomprar más dólares con el capital e intereses de esa inversión en pesos. Esta bicicleta es facilitada por la dupla Prat Gay-Sturzenegger porque el primero garantiza la provisión de dólares vía el festival de deuda y el otro asegura la estabilidad del tipo de cambio con una tasa elevada.
Competencia
La disputa por el nivel de la tasa de interés entre Prat Gay y Sturzenegger entretiene a los analistas orientando la cuestión al impacto del elevado costo del dinero sobre la actividad económica. En realidad, la discusión entre ellos oculta detrás de la controversia acerca de la tasa de interés quién de los dos lidera el nuevo gran ciclo de endeudamiento público. Es una pelea que está muy pareja. La competencia además es quién de los dos puede orientar mejor las expectativas de los agentes económicos, tarea en la que ambos no pueden mostrar resultados positivos. El ministro de Finanzas y Deshacienda sólo exhibe una gestión efectiva en emitir deuda y sus declaraciones acerca del repunte de la economía para alentar el consumo y la inversión se derriten ante cada nuevo indicador de actividad. El titular del Banco Central puede mantener el mercado cambiario sin alteraciones por la lluvia de dólares especulativos y la tasa de interés elevada armando una impresionante bola de nieve especulativa. Mientras su estrategia de manipular las expectativas sociales respecto a que la inflación del año próximo tendrá un techo del 17 por ciento no recibe acompañamiento ni de las propias filas del oficialismo.
Esta carrera del endeudamiento seguirá el año próximo de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2017 que tuvo media sanción en Diputados.
Carlos Heller (Partido Solidario) argumentó en su rechazo en el debate en el recinto que del total de esa nueva deuda un ínfimo 0,6 por ciento se destinará a Gasto de Capital, el 42 por ciento se dedicará a la amortización de deuda, el 18 por ciento a gastos corrientes (principalmente pago de intereses), un 3 por ciento para aplicaciones financieras y el restante 36 por ciento sin asignación específica. “Algo que ocurre en todos los Presupuestos, aunque en éste llama la atención por su elevado volumen”, indicó Heller. El vertiginoso endeudamiento tiene como contrapartida un incremento muy importante del pago de intereses. La secuencia de ese rubro en el presupuesto nacional es la siguiente:
- 2015: 96.000 millones de pesos
- 2016: 186.500 millones de pesos.
- 2017: 246.629 millones de pesos.
Esta suma equivale al 11,5 por ciento del total de los gastos corrientes y al total del monto de los salarios de la administración nacional del año próximo.
El mejor equipo
Para el mundo de la ortodoxia, el recorrido negativo de la economía en estos meses con elevado endeudamiento es consecuencia de lo que consideraran el error inicial del gobierno de no haber realizado un fuerte ajuste fiscal en el primer año de gestión cuando existía un nuevo liderazgo político. Ahora dicen que el macrismo agudizará aún más el descalabro fiscal con el objetivo conseguir un buen resultado en las elecciones del próximo año. Soportan semejante descalabro de las cuentas públicas sin agudizar críticas por simpatía política apostando a que Macri gane las elecciones de 2017, esperanzados con que luego despliegue un mayor ajuste fiscal en 2018.
Para la heterodoxia, el diagnóstico de la dupla Prat Gay-Sturzenegger acerca de las tensiones que tenía la economía fue equivocado y la estrategia de gestión por consiguiente estuvo desvariada. Indica que la política económica ha estado subordinada a provocar exclusivamente una fuerte transferencia de ingresos hacia grupos concentrados. Para señalar que la recesión, el alza del desempleo y el deterioro social son consecuencia de esa estrategia regresiva en la distribución de la riqueza.
Una y otra lectura analítica acerca del desmanejo económico, que abrió las puertas a una recesión cuya salida por ahora son expresiones de deseos, coincide con un impactante aumento de la deuda que está financiando los desequilibrios provocados y la fuga de capitales. El mejor equipo de los últimos 50 años tiene el mérito de haber chocado la calesita con un endeudamiento record de más de 90 mil millones de dólares en pocos meses.
azaiat@pagina12.com.ar› OPINION Mucho por discutir
Por Martín Granovsky
Para el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, un modelo judicial a considerar es el brasileño. Pero la suya no es la única voz. Sin entrar en polémica abierta con él, un grupo de jueces acaba de formar un núcleo de trabajo sobre Inclusión Social, Seguridad y Justicia Social en la propia sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Son dos de las líneas de pensamiento y acción vigentes actualmente en la Justicia argentina. Pero no las únicas.
En Brasil la facción dominante en el Poder Judicial descansa en lo que el ex ministro de Justicia Tarso Genro llama “estado de excepción”. El máximo ejemplo fue el juicio político que remató en el golpe contra Dilma Rousseff, que según demostró en su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el jurista argentino Damián Loreti no fue solo ilegítima sino ilegal. Violó el debido proceso y el derecho a defensa.
Por un lado los jueces y fiscales que tienen al juez del Lava Jato Sergio Moro como referencia utilizan el uso de la delación premiada para cercar a Luiz Inácio Lula da Silva. No importa la falta de indicios concretos contra el ex presidente. Es la guerra. Por otro lado jueces y fiscales participan de una política criminal que selecciona como blancos, y los lleva a prisión en mayor proporción que al resto, a jóvenes, negros y pobres o a menudo a quienes cumplen con las tres condiciones a la vez. Las cárceles son uno de los eslabones de esta cadena de valor que incluye, naturalmente, a las policías bravas, las policías militares de los Estados.
Lorenzetti mantiene un intenso nivel de contactos en Brasil. Su base es Río de Janeiro.
En cambio el primer encuentro en la Conferencia Episcopal fue convocado con el lema “Sin inclusión no hay justicia”. Por los obispos participaron el secretario general de la CEA, Carlos Malfa, y el encargado de la pastoral carcelaria, el obispo de Viedma Esteban Laxague. Un reportaje a Laxague puede leerse en esta misma edición de Página/12. También participó el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig, un miembro de la diplomacia vaticana de confianza del Papa Francisco, a tal punto que reforzó estos días la delegación vaticana que impulsó el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela.
Los jueces estuvieron encabezados por Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y asistieron como parte del núcleo fundante Horacio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Rodolfo Pociello Argerich, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Angela Ester Ledesma, presidenta de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Martín Vázquez Acuña, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de la Capital Federal, María Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal, y la directora de la DECAEP (ex patronato de liberados), Virginia Barreyro.
Fue en ese encuentro que el sacerdote Jorge García Cuerva, párroco de Nuestra Señora de La Cava, contó su experiencia en el territorio y dijo que “tres c” que pueden ser destino de los jóvenes: “calle, cárcel y cementerio”. Son las tres c que Laxague citó en la entrevista con este diario.
“Una mirada más humana, y también menos necia, nos demuestra que la inclusión refuerza la seguridad en la medida en que es un beneficio no sólo para el preso, sino para toda la sociedad”, dijo Slokar. “Hay que sacarse la venda: sin inclusión no hay justicia.”
Slokar ya estuvo en el Vaticano para discutir la cuestión penal en un seminario auspiciado por el Papa. La procuradora Alejandra Gils Carbó recibió de Roma un rosario enviado por el Papa.
También Lorenzetti visitó el Vaticano pero su mensaje fue más genérico. Su objetivo es liderar tanto a una franja de los jueces federales como a los fiscales conservadores más poderosos. Cada uno de ellos suele comportarse como un ente político en sí mismo y a veces cada uno coordina con otros según temas, valores, líneas y posicionamientos de poder. El fiscal Germán Moldes es en sí mismo un jefe en Tribunales, por ejemplo. Siempre cuidó su espacio y solo la muerte de Alberto Nisman lo hizo salir a la calle y a los medios en el 2015.
Hay mucho por dirimir, hoy y en el futuro, entre otras cosas el papel institucional de jueces y fiscales y el valor del derecho internacional de los derechos humanos. Y todos juegan.
martin.granovsky@gmail.comOPINION El operativo proscripción
Por Edgardo Mocca
La persecución de Cristina Kirchner no es un dato más de la escena política, es su centro excluyente. La coalición mediático-político-judicial que reclama su prisión no está guiada principalmente por ningún odio personal; claramente se entiende que es una estrategia política. ¿De qué se trata? Se trata de la necesidad del bloque neoliberal de despejar un obstáculo principal para la construcción de un orden político “normal” y duradero que sea soporte de una reestructuración neoliberal del país más profunda que la que se desarrolló en la década de los noventa. El obstáculo no consiste estrictamente en la persona de Cristina sino en el lugar que ocupa en el tablero político. CFK es líder de una importante fuerza política que no se define dentro de los límites de uno u otro partido, sino por su compromiso con un rumbo del país. Con todas las debilidades que puedan señalársele, el período de gobiernos kirchneristas dejó una herencia muy importante que no es exactamente la que describen sus enemigos y se expresa en cambios materiales, en la expansión de derechos y en la subjetividad social argentina. A eso se agrega que la ex presidenta terminó su mandato en una absoluta normalidad política que no pudo ser ensuciada por la trasnochada jugada judicial que restringió doce horas su mandato y tuvo además un marco multitudinario y emotivo para su despedida de la Casa de Gobierno. Eso no ha sido muy tenido en cuenta a la hora del balance de doce años signados por una profunda tensión política, básicamente vinculada a la creciente resistencia del establishment a las políticas puestas en marcha. Un final anticipado y caótico del gobierno de Cristina hubiera sido el modo más eficaz para cimentar la nueva etapa de la revolución neoliberal. Y no puede decirse que no lo buscaron, pero no tuvieron éxito y la tarea de quemar en el incendio social la memoria de una etapa política quedó incumplida. Por eso todo el tiempo que pasó desde la asunción del nuevo gobierno estuvo signado por una agenda dominante concentrada casi excluyentemente en la demonización del “antiguo régimen”. Por eso la política económica se funda en la lucha contra los efectos de una crisis que nunca existió. Por eso las noticias judiciales ocupan sistemáticamente las portadas de los diarios y el lugar central en las radios y la televisión manejadas por el bloque dominante. Claro que la estrategia también sirve, de paso, para desviar la atención de las visibles y crecientes dificultades que sufre el gobierno. Pero esa función distractiva, que es frecuentemente denunciada desde el campo del kirchnerismo, es secundaria respecto del objetivo de sacar a Cristina del campo de juego.
El hiperactivismo favorable a la detención ha adquirido un sesgo particular en el último período que consiste en que la campaña se enriquece con una teoría según la cual el gobierno estaría protegiendo a CFK para favorecer una división del voto opositor capaz de protegerlo de un traspié importante en la próxima elección. Proviniendo de periodistas siempre muy entusiasmados por la independencia judicial y que además auspician lo esencial del rumbo del gobierno macrista, el giro no puede dejar de llamar la atención: ¿cómo se le pide a un gobierno “republicano” que deje actuar a la Justicia? Lo real es lo contrario: lo que se le está pidiendo al gobierno es que intervenga, que no le tiemble el pulso para tomar una decisión que tiene una importancia estratégica decisiva. Acá es cuando surge lo que está detrás de esta grotesca discusión. Y se trata de que por más empresarial y neoliberal que sea, el gobierno tiene el reflejo de defenderse como tal y de no actuar de tal manera de arriesgarse a sufrir una crisis a causa de una decisión cuyas consecuencias todo el mundo reconoce como inciertas. La diferencia es que el bloque político que Macri representa no juega su suerte enteramente a la de su gobierno; quiere asegurar su proyecto político con cerraduras más sólidas que la alianza Cambiemos. Dicho de otro modo, el bloque de poder le otorga prioridad a la destrucción de la fuerza antagónica respecto del éxito de un gobierno. El neoliberalismo tiene la necesidad de construir no simplemente un gobierno sino un sistema político que garantice incondicionalmente la seguridad de los grandes negocios. Ese sistema está hoy esparcido por el mundo y consiste en una dinámica de alternancia entre dos partidos o coaliciones supuestamente opuestas entre sí pero respetuosas ambas de la seguridad del capital y dispuestas a cuanto haga falta para asegurarla. Dicho sea de paso, ese régimen no está en un momento floreciente en el mundo: el distanciamiento de grandes sectores del electorado europeo y de Estados Unidos respecto de los partidos integrados en una competencia puramente formal nutre la fuerza de experiencias antisistema de diversos y contradictorios signos que viven un proceso de crecimiento sostenido y cada vez más intenso.
Es previsible que la presión se intensifique en la medida en que se acerque la fecha de la elección legislativa. Ante todo porque la operación de deterioro de la imagen de Cristina parece haber tocado el techo de su eficacia y su lugar político ha ido adquiriendo una notoria centralidad. La “normalización” del peronismo con la extirpación del virus kirchnerista tampoco avanza con demasiada claridad; por el contrario, los vasos comunicantes en el interior del Partido Justicialista y en sus vecindades parecen haber ido multiplicándose y fracasado los intentos de quienes promueven una suerte de proscripción al kirchnerismo en el interior del partido. Lo que ha ido sucediendo en la realidad es un proceso de activación social en contra de las medidas más antipopulares del gobierno que obligó a modificar en algunos sectores del peronismo el discurso complaciente con el macrismo de los primeros días por uno que sintonice mejor con el nuevo clima. A partir de allí la protección de los intereses de la estructura justicialista no es demasiado compatible con un mensaje expulsivo hacia su interior. Desde el cierre por Cristina de una actividad del PJ de la Ciudad de Buenos Aires hasta la reunión de intendentes bonaerenses de todo el espacio peronista claramente concentrada en unificar sus demandas al gobierno provincial y pasando por el documento que reivindica al papa Francisco y a Perón desde una perspectiva claramente antagónica con el rumbo del gobierno actual, los hechos están expresando una tendencia inequívoca. Cuestiones de principio y lógicas pragmáticas se cruzan en una dirección favorable a alguna forma de síntesis peronista hacia la elección del próximo octubre. Una elección, además, en la que no se juega la presidencia, por lo cual existe un amplio margen para que florezcan las cien flores, es decir para que en cada territorio provincial se prueben las fuerzas internas y de ahí pueda nacer un cierto mapa de las relaciones de fuerza internas en el plano nacional.
En este cuadro de reactivación del mundo peronista hay que incluir la situación sindical. Aquí se había operado una tendencia de unidad configurada en la oposición a la política del macrismo con una expresión central en el acto común de la CGT y las dos CTA el 29 de abril pasado; el freno del triunvirato cegetista al paro nacional que se había anunciado desde allí mismo tiene mucha importancia porque establece una pausa para el gobierno y también porque tensa las relaciones internas en la central y en sus adyacencias. Así y todo se trata de una tregua provisoria y bastante precaria: habrá que ver qué balance hace cada gremio y cada sector del resultado real de las negociaciones de la cúpula con el gobierno. Y habrá que considerar también cómo se van articulando los movimientos partidarios con los sindicales en los meses previos a la elección de octubre. En cualquier caso, el perfil que adopten los reagrupamientos electorales y el rumbo que tome el operativo judicial de persecución a Cristina forman parte de la misma escena. Hay que considerar que la sola posibilidad de que sea candidata en la provincia de Buenos Aires es un dato fuerte del juego preelectoral, aun cuando no se concretara. Hay un principio en el ajedrez que dice que la amenaza es más fuerte que la ejecución. En este caso la insinuación de la candidatura de CFK tiene fuerza propia en cualquier mesa de arena en la que el peronismo trate de develar el futuro.
Mirada desde la perspectiva de la democracia argentina, la operación judicial-mediática tiene un sentido más profundo que desde la sola cuestión electoral. La judicialización de la política es un momento dentro de una empresa más global de sumisión de la política a los poderes fácticos. Una vez más se está poniendo en acto la fuerza destructiva de los poderes fácticos de la Argentina respecto de cualquier forma de autonomía de la política. Ni al gobierno más propio de los últimos tiempos le perdonan lo que suponen es la colocación de sus intereses como gobierno por encima de los del bloque en su conjunto. Las clases dominantes no creen en ningún “comité ejecutivo” que ordene sus intereses generales. Ahora solamente creen en la capacidad corporativa de constituirse en tribunal de alzada respecto de cualquier conflicto político. La defensa de la democracia está otra vez en la agenda política. La pusieron ahí los atropellos institucionales, la criminalización de la protesta social –que incluye la ignorancia de una decisión de la ONU contra el ilegal encarcelamiento de Milagros Sala–, los intentos de generar condiciones para un fraude electoral y, en un lugar fundamental, la manipulación del Poder Judicial al servicio de una estrategia política de triste memoria en la historia argentina reciente, la proscripción.
A JUSTICIA DEMORA UNA RESOLUCION SOBRE EL FUTURO DE HOPE FUNDS, EMPRESA ACUSADA DE UNA GIGANTESCA OPERATORIA DE LAVADO Negocios y maniobras al filo de la ley
Por Santiago O’Donnell
Podría tratarse de la estafa más grande los últimos años. Por cantidad de dinero en juego, cientos de millones de dólares, por cantidad de víctimas o potenciales víctimas, cerca de dos mil, y por persistencia en el tiempo, ya que lleva años y no terminó.
Mauricio Macri, Marcelo Tinelli, Sergio Massa, Lionel Messi, Rodríguez Larreta, el magante inmobiliario Eduardo Elzstein, Adolfito Cambiaso, el “burrito” Ortega y hasta el Papa Francisco, entre muchos otros, cómplices, víctimas o socios de ocasión, en un gigantesco entramado de negocios donde se hace difícil establecer la diferencia.
En el centro de esos negocios y esas relaciones está el empresario Juan Enrique Blaksley, a quien algunos de sus denunciantes se refieren en privado como “el Madoff argentino”. Su apodo viene de Bernie, el Madoff original. Bernie Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel por una estafa valuada en 52 mil millones de dólares, el fraude más grande en la historia de Estados Unidos. Bernie se había hecho famoso por un esquema criminal de inversiones de alto riesgo llamado “pirámide,” que al principio produce altísimos rendimientos para los inversores pero rápidamente el dinero desaparece. Enrique, el contraparte argentino de Bernie, fue denunciado por dos organismos federales que lo acusan de lavar dinero: la agencia impositiva o AFIP y la procuraduría especializada crímenes económicos y lavado de activos, llamada Procelac. Blaksley también enfrenta un número indeterminado de embargos e inhibiciones por juicios de personas que reclaman la devolución de su dinero en la justicia local. Sin embargo, la mayoría de quienes se sentirían estafados o que han reclamado la devolución de su dinero se abstienen de hacer denuncias judiciales, ya que según los propios instructivos de la firma, muchas de las inversiones debían ser en efectivo y al contado, con lo cual Hope Funds captaba (y capta) un alto porcentaje de sus inversiones en dinero no declarado o negro. Según ex empleados de Blaksley, algunos famosos han logrado recuperar su dinero con amenazas de armar escándalos mediáticos, mientras que otros inversores con menor capacidad de daño han optado por unirse para consultar abogados o golpear la puerta de la financiera hasta ser atendidos y aceptar las promesas o reintegros parciales que pudieran conseguir a cambio de su silencio.
En base a las denuncias de la AFIP y la Procelac, Blaksley ha sido acusado en la justicia federal de lavar dinero por el fiscal Fernando Domínguez de San Isidro, el distrito donde Blaksley fija residencia, y ha sido indagado hace diez meses por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien todavía no se ha pronunciado sobre el procesamiento y las inhibiciones que oportunamente pidiera el ministerio público. Si Blaksley es culpable de lo que se le acusa, la demora de la jueza en expedirse –el plazo legal es de diez días– permite que el llamado Maddoff argentino y su firma, llamada Hope Funds, siga cometiendo delitos.
Claro que las fotos de Blaksley con Messi o Del Potro o Usain Bolt, con Macri, Massa o Rodríguez Larreta son cosa del pasado, asi como los intercambios con el Vaticano o los negocios con Boca, Tinelli, Andrés Ibarra, Fernando Marín y el Payaso Plin Plin. La insignia “Hope Funds” ya no viste las camisetas del multicampeón de polo La Dolfina en el Abierto de Palermo, ni decora los pasillos del Luna Park en partidos de básket de la selección, ni esponsorea las visitas a la Argentina de las estrellas del tenis Federer, Roddick y hermanas Williams. El Hard Rock Café, la empresa de alquiler de autos Hertz y Zurich Seguros ya no figuran en su página web como franquiciantes de Hope Funds y todos los viejos socios y contactos de Blaksley hacen lo posible por despegarse discretamente de él, como si nunca lo hubieran conocido.
El negocio –o la maniobra– parece haber entrado en su fase terminal, la más rapaz. Es que en la base de la pirámide sólo quedan los más vulnerables: ancianos confiados que no leen los diarios, personas sin mucha educación, ingenuos recién llegados a Buenos Aires.
Sin embargo, mientras el fiscal Domínguez trabaja en estos días en un nuevo pedido de procesamiento, paso previo a un eventual pedido de pronto despacho, alrededor de Hope Funds mucho se especula sobre la influencia que podrían estar ejerciendo los contactos políticos de Blaksley, sobre todo hoy con el macrismo y el massismo, para demorar o frenar medidas judiciales en contra de Hope Funds.
En ese contexto se habla de Joaquín y Manuel, los hermanos Romero Victorica, hijos del otrora influyente operador político–judicial de la zona norte, el ex fiscal Juan Martín Romero Victorica. Manuel Romero Victorica es el abogado de la jueza Arroyo Salgado en la causa por la muerte de su ex marido, el fiscal Alberto Nisman. Y Joaquín Romero Victorica es, según el Diario La Nación, “director del Centro Profesional de Entrenamiento de Hope Funds” desde diciembre del 2008. Ex empleados de Hope Funds juran haber visto más de una vez a los hermanos tomando café en el Café Martínez de la calle Sarmiento, a metros de las oficinas de Hope Funds, y dicen haber tomado dichos encuentros casi como una señal de que el frente judicial de la empresa estaría controlado, tal como les habría asegurado el propio Blaksley más de una vez.
No siempre había sido así. Hasta hace un año y pico nadie hablaba de juicios en Hope Funds. La firma de Blaksley ofrecía varios tipos de inversiones: plazos fijos de alto rendimiento en negro, doce por ciento anual en dólares, a través de una financiera fantasma en las Islas Vírgenes Británicas; inversiones en clubes de campo privados en Luján y Pilar en negro al principio y luego en blanco a dólar oficial para aprovechar la brecha cambiaria en los tiempos del control de capitales; inversiones en negro en departamentos a construirse en Nordelta a través de instrumentos llamados CIP (certificado de inversión y participación); inversiones en dólares y al contado en empresas de eventos y marketing deportivo, espectáculos y emprendimientos gastronómicos, en un club de polo en Indonesia y en departamentos en Florida, Estados Unidos. Hasta ofrecía la posibilidad de invertir en los derechos de imagen del Payaso Plin Plin, a quien Hope Funds promovía como futura estrella del canal Disney en América latina y de obras de teatro, ropa, juegos, libros, cotillón y DVD.
Y la frutilla del postre: la chance de invertir en franquicias de “Café Messi” en España y eventualmente todo el mundo. “La sociedad con los derechos de explotación y desarrollo de la marca estará conformada por la firma HOPE FUNDS y MESSI quienes participarán en partes iguales de la composición accionaria. La misma será la encargada de otorgar Masterfranquicias en distintas partes del mundo, comenzando por España”, reza un instructivo para los vendedores de Hope Funds. Para tranquilidad de los inversores Blaksley se había hecho fotografiar junto a Messi y una gigantografía de un cheque a nombre de Hope Funds y la Fundación Messi para Unicef, durante un partido a beneficio jugado en Perú en julio del 2013.
Hope Funds tenía, además, la franquicia del Hard Rock Café y de Hertz y vendía participaciones en las utilidades de las franquiciantes a través de instrumentos llamados CCU (contrato de cesión de utilidades). También era agente registrado de Zurich Seguros y le vendió cerca de diez mil de pólizas. Además era dueño de la concesión del shopping Buenos Aires Design en el corazón de la Recoleta, en sociedad con la firma IRSA del magnate Eduardo Elzstein. Dicha concesión fue renovada a precio de ganga en 2012 entre gallos y medianoche durante el gobierno de Macri en la ciudad, cuando Horacio Rodríguez Larreta era jefe de gabinete y su hermano, Augusto, apoderado de IRSA.
Con el dinero captado, Hope Funds invertía en las empresas de Marcelo Tinelli de eventos deportivos Ideas Sports y Pro IDS y en el mechandising de Boca Juniors a través de las empresas Ilmen y ProEnter durante la gestión del actual ministro de Modernización, Andrés Ibarra, como gerente de márketing del club. Hope Funds era también el sponsor principal de la selección de básquet a través de la empresa Sociedad Expansiva que había fundado Hernán Lombardi y que por entonces tenía al funcionario macrista como principal acreedor, al tiempo que se alzaba en tiempo récord con préstamos del Banco Municipal, según informara el sitio “Nuestras voces” de Gabriela Cerrutti. Hope Funds también invirtió en negocios de tango con el empresario del rubro Juan Fabbri y puso plata en una sociedad con Fernando Marín, actual gerente residual de Fútbol Para Todos, para producir una obra de teatro en la calle Corrientes.
Todo marchaba sobre ruedas. El 2012, sin ir más lejos, había sido una fiesta. Ese año Hope Funds había organizado Del Potro–Federer con Massa en Tigre, un Súper 4 con la generación dorada de básquet en el Luna, una muestra de Rafael, Tiziano y Rubens en el Museo Nacional de Arte Decorativo y el estreno de la camiseta La Dolfina-Hope Funds con la presencia Batistuta y Nalbandián. Al año siguiente llegarían la despedida del “burrito” Ortega en el Monumental, la muestra de arte gauchesco en el Vaticano, foto de Blaksley con Bergoglio incluida, la carrera de Usain Bolt contra el Metrobus con Macri sosteniendo la bandera a cuadros y la presentación del merchandising de Los Simpson en la Bombonera. En el 2014, poco antes de anunciar el esponsoreo del auto de rally de Nalbandián con un cóctel para la prensa en el Hard Rock Café, Hope Funds premió a sus cien mejores vendedores. Lo hizo con un crucero cinco estrellas all inclusive por el mar Báltico tocando puerto en ocho países. En el barco, por las noches, los empleados de Blaksley se hacían decorchar vinos de 300 euros que escogían del menú. En la última noche del viaje los vendedores fueron agasajados con un extravagante banquete en un castillo de San Petersburgo, para el cual cada comensal se visitió con atuendo, maquillaje y peluca de la época del zar, como si fueran parte de aquella vieja nobleza.
Pero un día el sueño terminó. Blaksley cumplió 50 años el 14 de enero de 2015 y esa fecha marcó el principio del fin. Ese día el periodista Juan Graña firmó un artículo en el sitio Infobae.com dando cuenta de las investigaciones de la AFIP, Procelac y fiscalía federal de San Isidro, que hasta entonces los inversores y empleados de Hope Funds desconocían. Por la fecha elegida para la publicación y por el medio que la hizo, dentro de Hope Funds el artículo se leyó como una venganza del empresario Daniel Hadad, dueño del sitio informativo, por un negocio con Blaksley que habría salido mal. En la empresa la relación entre uno y otro era conocida. Es que en los buenos tiempos solían almorzar juntos en la Rosa Náutica de Puerto Madero, donde Blaksley era el dueño y Hadad un habitué. El artículo informaba que la AFIP había detectado que de los 531 clientes que entonces tenía Hope Funds, sólo tres tenían dinero suficiente para hacer la inversión y la habían declarado al fisco, mientras que el resto o bien había usado dinero en negro, o bien se trataba de jubilados por la mínima que nunca antes habían tenido ingresos. El artículo también decía que para la Procelac Hope Funds operaba de manera ilegal, ya que no tenía permiso del Banco Central para captar ahorros y realizar inversiones, siendo que su actividad declarada era “servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contraprestación”. Además el artículo decía que ya por entonces fuentes de la fiscalía de San Isidro hablaban de “demoras en la causa” para favorecer a Hope Funds, que a su vez contaba con “aparente información de los movimientos del juzgado” en relación a una serie de allanamientos que la fiscalía había solicitado de manera urgente y que la jueza no dio a lugar.
La estampida no tardó en llegar. Los primeros en despegarse públicamente fueron los Messi, y lo hicieron el mismo día del artículo de Infobae, con declaraciones de Jorge, el padre del futbolista, en ese mismo medio. “No existen los ‘cafés Messi’, no sé de dónde sacó eso esta persona”, afirmó enfático. “Ni yo ni mi hijo ni la fundación tenemos ningún vínculo con esta empresa”. Otros empresarios hasta entonces muy cercanos a Blaksley como Guillermo Marín y Javier Schmidt también se abrieron, con más o menos discreción. Sin embargo, el tema no pasó a mayores porque tres días después la noticia sería tapada por la muerte de Nisman.
El segundo golpe para Hope Funds fue la publicación en este diario, en mayo de este año, de dos artículos basados en los Panama Papers. El primero informaba sobre la exisitencia de más de 30 empresas offshore a nombre de Blaksley en distintos paraísos fiscales, pero sobre todo Panamá e Islas Vírgenes Británicas. El segundo daba cuenta de las relaciones de Blaksley con el poder político. La reacción no tardó en llegar. Arroyo Salgado ordenó medidas de prueba. Hard Rock Café y Hertz exigieron y lograron desaparecer de la página web de Hope Funds, argumentando que nunca habrían autorizado el uso de la marca para las inversiones ideadas por Blaksley.
Consultado por Página/12, el experto Segio Chodos, ex director del Banco Central, ex representante de Argentina ante el FMI, dijo que la creación de un entramado de empresas offshore puede tener dos propósitos. Por un lado, ocultar dinero del fisco. Pero para eso alcanza con una sola offshore, aclaró. Cuando son muchas las offshore interrelacionadas, la principal sospecha es que sean usadas para engañar a inversores y accionistas a través de transferencias y movimientos que disimulen u oculten utilidades y ganancias. “Las offshore le permiten al beneficiario ocultar movimientos de dinero, no sólo del Estado sino sobre todo de socios minoritarios o acreedores de todo tipo”, señaló Chodos.
Para entonces, más allá de los traspiés de imagen, Hope Funds ya venía experimentando serios problemas con sus inversiones inmobiliarias. El desarrollo en Lujan no había terminado mal, salvo por un problema de liquidez que habría llevado a Hope Funds a vender el fideicomiso antes de haber terminado las obras, lo cual habría redundado en algunas quejas de los propietarios, pero nada grave. En cambio la inversión en Pilar terminó siendo desastrosa. Hope Funds había comprado una tosquera y había loteado 1600 terrenos. Pero como se trataba de un humedal sobre el Río Lujan, nunca obtuvo permisos de construcción por razones medioambientales (recordar la reciente inundación que llegó hasta la catedral de Lujan), ya que la construcción sobre dichos terrenos está prohibida. Pero Blaksley le habría dicho a sus vendedores que tenía todo arreglado con el entonces gobernador Scioli y el entonces de intendente de Pilar, Zuccaro. Confiado, Blaksley presentó el proyecto con una fiesta a todo trapo en el Sheraton de Pilar el 11 de febrero del 2011. Desde entonces se vendieron unos 600 lotes a un promedio de cien mil dólares por un total aproximado de 60 millones de dólares. Cuando llegaron los inesperados resultados de las últimas elecciones, Blaksley habría intentado tranquilizar a sus huestes informando la novedad de que ya estaba todo arreglado con la nueva gobernadora Vidal y el nuevo intendente Ducoté. Pero los permisos nunca llegaron y el paraíso llamado Verazul sigue siendo poco más que una tosquera abandonada una película de venta animada con casas, lagunas y chicos haciendo windsurf que nunca existieron y que difícilmente vayan a existir. La debacle en Pilar y la mala prensa a su vez habrían hundido el negocio en Nordelta de los departamentos llamados Antares. Allí la construcción estaba a cargo de otra empresa y Hope Funds sólo canalizaba inversiones en el proyecto, que se vendían por metro cuadrado. Pero cuando llegó la hora de pagar, Hope Funds ya no estaría en condiciones de hacerlo y la compañía constructora se habría desentendido del tema, argumentando que el acuerdo era con Hope Funds y no con sus clientes, y que Hope Funds ya había cobrado su parte.
Este cronista intentó comunicarse varias veces con Blaksley pero no tuvo suerte. Anteayer el teléfono que figura de manera destacada en su página web dio ocupado durante horas. Antes, Blaksley había declinado pedidos de entrevista a través de su secretaria y luego un asesor de prensa. En un escrito judicial del mes pasado contestando un pedido de quiebra, Blaksley negó estar en cesación de pagos y señaló que “de miles de individuos que contratan con la firma, solo un número muy reducido, inferior a 30, son los que han judicializado sus reclamos.” En el escrito, Blaksley denuncia que “distinas exposiciones mediáticas...falsamente han expuesto a la empresa como operación de lavado de dinero.” Cerca de él se dice que la pirámide se mantiene a pesar de los contratiempos y que un nuevo negocio de reciclado de basura con el actual gobierno porteño sacará a la empresa de su momentáneo apremio financiero.
De la gloria a la rapiña, de la fama al ostracismo, del polo a la basura. Todo puede cambiar muy rápido, aun cuando tarde demasiado.
LOS DIRIGENTES SOCIALES Y EL DISCURSO DEL PAPA En contraste con Macri
La delegación de organizaciones sociales argentinas que participaron del Encuentro Mundial de Movimientos Populares resaltaron ayer las palabras del papa Francisco y advirtieron sobre la vinculación de sus críticas con las medidas impulsadas por Mauricio Macri. “Si bien habló en términos globales, es claro que en la Argentina hay un profundo desencuentro entre la palabra de Francisco y las acciones del gobierno, que han profundizado la ruptura y el deterioro del tejido social”, aseguró Gildo Onorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Onorato asistió al Vaticano junto a otras agrupaciones como Barrios de Pie, el Mocase Vía Campesina, La Poderosa y la Corrientes Clasista y Combativa. La comitiva argentina estuvo completada por un grupo de jóvenes dirigentes políticos que asistieron en calidad de “observadores”: Leonardo Grosso y Lucila De Ponti (Movimiento Evita), Itai Hagman (Patria Grande), Jonathan Thea (Seamos Libres) y Juan Monteverde (Ciudad Futura). Ellos difundieron un documento conjunto donde cuestionaron las políticas de exclusión y mercantilización del gobierno de Cambiemos y destacaron su compromiso para construir “una alternativa a este capitalismo voraz, depredador e insostenible” con las banderas “Tierra, techo y trabajo”.
“Volvemos con la tarea de fortalecer nuestros movimientos para combatir la pobreza y la indigencia. Por ello el 18 de noviembre marcharemos con un conjunto de organizaciones para seguir pidiendo un bono de fin de año para cada uno de los chicos que cobran la Asignación Universal por Hijo”, aseguró ayer Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. El dirigente social comparte con la CTEP el reclamo para que el Congreso apruebe la ley de Emergencia Social, que ya tuvo dictamen de comisión esta semana en el Senado. “Las políticas económicas de Macri no están en sintonía con el mensaje del Papa, ya que han agravado el hambre sobre los niños en la Argentina. Necesitamos con urgencia que se declare la Emergencia Social”, completó Menéndez, quien le entregó a Francisco un informe de Barrios de Pie con resultados alarmantes en torno a la malnutrición de los niños y niñas que asisten a sus comedores (ver recuadro).
En la misma línea, Onorato explicó que “Francisco hizo un llamado a pelear por el empleo con dignidad”. “Nos ha llamado ‘poetas sociales’ que trabajamos donde la sociedad de consumo y el mercado descartan, y ha sido muy profundo al vincular democracia y movimientos populares”, completó el referente de la CTEP.
En su comunicado conjunto, la delegación de veedores señaló que la argentina “está gobernada por fieles exponentes de la política de exclusión y mercantilización”. “El poder del dinero avanza en Argentina avasallando derechos conquistados y profundizando desigualdades estructurales”, afirma en el documento y agrega: “Frente a este panorama, el Encuentro nos reafirma la convicción de apostar por la construcción de alternativas políticas de nuevo tipo, que modifique de manera urgente y definitiva la realidad que nos toca vivir”.
“Nuestras ‘democracias fallidas’ no garantizan condiciones de vida digna para todos y todas. Vivimos en una dictadura del mercado y del dinero, que funciona como el eje ordenador de las relaciones humanas en todos los niveles. En este contexto cobra vigencia el anhelo de construir un sistema centrado en la dignidad humana”, señala el documento. “La mayoría de la dirigencia política es parte del problema. La política no debe ser de ninguna manera un privilegio individual sino un compromiso colectivo”, completa.
Por su parte, Grosso consideró que “los movimientos populares sabemos que Macri es quien aplica las políticas de hambre en nuestro país”
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