OPINION El operativo proscripción

Por Edgardo Mocca

La persecución de Cristina Kirchner no es un dato más de la escena política, es su centro excluyente. La coalición mediático-político-judicial que reclama su prisión no está guiada principalmente por ningún odio personal; claramente se entiende que es una estrategia política. ¿De qué se trata? Se trata de la necesidad del bloque neoliberal de despejar un obstáculo principal para la construcción de un orden político “normal” y duradero que sea soporte de una reestructuración neoliberal del país más profunda que la que se desarrolló en la década de los noventa. El obstáculo no consiste estrictamente en la persona de Cristina sino en el lugar que ocupa en el tablero político. CFK es líder de una importante fuerza política que no se define dentro de los límites de uno u otro partido, sino por su compromiso con un rumbo del país. Con todas las debilidades que puedan señalársele, el período de gobiernos kirchneristas dejó una herencia muy importante que no es exactamente la que describen sus enemigos y se expresa en cambios materiales, en la expansión de derechos y en la subjetividad social argentina. A eso se agrega que la ex presidenta terminó su mandato en una absoluta normalidad política que no pudo ser ensuciada por la trasnochada jugada judicial que restringió doce horas su mandato y tuvo además un marco multitudinario y emotivo para su despedida de la Casa de Gobierno. Eso no ha sido muy tenido en cuenta a la hora del balance de doce años signados por una profunda tensión política, básicamente vinculada a la creciente resistencia del establishment a las políticas puestas en marcha. Un final anticipado y caótico del gobierno de Cristina hubiera sido el modo más eficaz para cimentar la nueva etapa de la revolución neoliberal. Y no puede decirse que no lo buscaron, pero no tuvieron éxito y la tarea de quemar en el incendio social la memoria de una etapa política quedó incumplida. Por eso todo el tiempo que pasó desde la asunción del nuevo gobierno estuvo signado por una agenda dominante concentrada casi excluyentemente en la demonización del “antiguo régimen”. Por eso la política económica se funda en la lucha contra los efectos de una crisis que nunca existió. Por eso las noticias judiciales ocupan sistemáticamente las portadas de los diarios y el lugar central en las radios y la televisión manejadas por el bloque dominante. Claro que la estrategia también sirve, de paso, para desviar la atención de las visibles y crecientes dificultades que sufre el gobierno. Pero esa función distractiva, que es frecuentemente denunciada desde el campo del kirchnerismo, es secundaria respecto del objetivo de sacar a Cristina del campo de juego.

El hiperactivismo favorable a la detención ha adquirido un sesgo particular en el último período que consiste en que la campaña se enriquece con una teoría según la cual el gobierno estaría protegiendo a CFK para favorecer una división del voto opositor capaz de protegerlo de un traspié importante en la próxima elección. Proviniendo de periodistas siempre muy entusiasmados por la independencia judicial y que además auspician lo esencial del rumbo del gobierno macrista, el giro no puede dejar de llamar la atención: ¿cómo se le pide a un gobierno “republicano” que deje actuar a la Justicia? Lo real es lo contrario: lo que se le está pidiendo al gobierno es que intervenga, que no le tiemble el pulso para tomar una decisión que tiene una importancia estratégica decisiva. Acá es cuando surge lo que está detrás de esta grotesca discusión. Y se trata de que por más empresarial y neoliberal que sea, el gobierno tiene el reflejo de defenderse como tal y de no actuar de tal manera de arriesgarse a sufrir una crisis a causa de una decisión cuyas consecuencias todo el mundo reconoce como inciertas. La diferencia es que el bloque político que Macri representa no juega su suerte enteramente a la de su gobierno; quiere asegurar su proyecto político con cerraduras más sólidas que la alianza Cambiemos. Dicho de otro modo, el bloque de poder le otorga prioridad a la destrucción de la fuerza antagónica respecto del éxito de un gobierno. El neoliberalismo tiene la necesidad de construir no simplemente un gobierno sino un sistema político que garantice incondicionalmente la seguridad de los grandes negocios. Ese sistema está hoy esparcido por el mundo y consiste en una dinámica de alternancia entre dos partidos o coaliciones supuestamente opuestas entre sí pero respetuosas ambas de la seguridad del capital y dispuestas a cuanto haga falta para asegurarla. Dicho sea de paso, ese régimen no está en un momento floreciente en el mundo: el distanciamiento de grandes sectores del electorado europeo y de Estados Unidos respecto de los partidos integrados en una competencia puramente formal nutre la fuerza de experiencias antisistema de diversos y contradictorios signos que viven un proceso de crecimiento sostenido y cada vez más intenso.

Es previsible que la presión se intensifique en la medida en que se acerque la fecha de la elección legislativa. Ante todo porque la operación de deterioro de la imagen de Cristina parece haber tocado el techo de su eficacia y su lugar político ha ido adquiriendo una notoria centralidad. La “normalización” del peronismo con la extirpación del virus kirchnerista tampoco avanza con demasiada claridad; por el contrario, los vasos comunicantes en el interior del Partido Justicialista y en sus vecindades parecen haber ido multiplicándose y fracasado los intentos de quienes promueven una suerte de proscripción al kirchnerismo en el interior del partido. Lo que ha ido sucediendo en la realidad es un proceso de activación social en contra de las medidas más antipopulares del gobierno que obligó a modificar en algunos sectores del peronismo el discurso complaciente con el macrismo de los primeros días por uno que sintonice mejor con el nuevo clima. A partir de allí la protección de los intereses de la estructura justicialista no es demasiado compatible con un mensaje expulsivo hacia su interior. Desde el cierre por Cristina de una actividad del PJ de la Ciudad de Buenos Aires hasta la reunión de intendentes bonaerenses de todo el espacio peronista claramente concentrada en unificar sus demandas al gobierno provincial y pasando por el documento que reivindica al papa Francisco y a Perón desde una perspectiva claramente antagónica con el rumbo del gobierno actual, los hechos están expresando una tendencia inequívoca. Cuestiones de principio y lógicas pragmáticas se cruzan en una dirección favorable a alguna forma de síntesis peronista hacia la elección del próximo octubre. Una elección, además, en la que no se juega la presidencia, por lo cual existe un amplio margen para que florezcan las cien flores, es decir para que en cada territorio provincial se prueben las fuerzas internas y de ahí pueda nacer un cierto mapa de las relaciones de fuerza internas en el plano nacional.

En este cuadro de reactivación del mundo peronista hay que incluir la situación sindical. Aquí se había operado una tendencia de unidad configurada en la oposición a la política del macrismo con una expresión central en el acto común de la CGT y las dos CTA el 29 de abril pasado; el freno del triunvirato cegetista al paro nacional que se había anunciado desde allí mismo tiene mucha importancia porque establece una pausa para el gobierno y también porque tensa las relaciones internas en la central y en sus adyacencias. Así y todo se trata de una tregua provisoria y bastante precaria: habrá que ver qué balance hace cada gremio y cada sector del resultado real de las negociaciones de la cúpula con el gobierno. Y habrá que considerar también cómo se van articulando los movimientos partidarios con los sindicales en los meses previos a la elección de octubre. En cualquier caso, el perfil que adopten los reagrupamientos electorales y el rumbo que tome el operativo judicial de persecución a Cristina forman parte de la misma escena. Hay que considerar que la sola posibilidad de que sea candidata en la provincia de Buenos Aires es un dato fuerte del juego preelectoral, aun cuando no se concretara. Hay un principio en el ajedrez que dice que la amenaza es más fuerte que la ejecución. En este caso la insinuación de la candidatura de CFK tiene fuerza propia en cualquier mesa de arena en la que el peronismo trate de develar el futuro.

Mirada desde la perspectiva de la democracia argentina, la operación judicial-mediática tiene un sentido más profundo que desde la sola cuestión electoral. La judicialización de la política es un momento dentro de una empresa más global de sumisión de la política a los poderes fácticos. Una vez más se está poniendo en acto la fuerza destructiva de los poderes fácticos de la Argentina respecto de cualquier forma de autonomía de la política. Ni al gobierno más propio de los últimos tiempos le perdonan lo que suponen es la colocación de sus intereses como gobierno por encima de los del bloque en su conjunto. Las clases dominantes no creen en ningún “comité ejecutivo” que ordene sus intereses generales. Ahora solamente creen en la capacidad corporativa de constituirse en tribunal de alzada respecto de cualquier conflicto político. La defensa de la democracia está otra vez en la agenda política. La pusieron ahí los atropellos institucionales, la criminalización de la protesta social –que incluye la ignorancia de una decisión de la ONU contra el ilegal encarcelamiento de Milagros Sala–, los intentos de generar condiciones para un fraude electoral y, en un lugar fundamental, la manipulación del Poder Judicial al servicio de una estrategia política de triste memoria en la historia argentina reciente, la proscripción.