Por Claudio Scaletta
“Piove, governo ladro”. La frase la repetían nuestros abuelos inmigrantes y quien escribe tardó en comprenderla. De niño era difícil establecer la relación entre la lluvia y el gobierno ladrón. Pero la idea viene de lejos, una hipótesis habla de campesinos del norte de Italia bajo la ocupación austríaca, quienes se quejaban porque la lluvia aumentaba la cosecha y con ello los tributos al invasor. La frase se popularizaría con un significado distinto, culpabilizar al gobierno de cualquier cosa. Sin embargo hay por detrás un imaginario más potente: “el gobierno es ladrón”.
Si se recorre la historia nacional se encontrarán ejemplos de funcionarios venales hasta en tiempos del virreinato y, ya desde entonces, sin que se haga referencia al corruptor. Mucho más cerca, en la Buenos Aires de los tardíos ‘50 se expusieron las mercancías acumuladas por los líderes del “régimen depuesto por la revolución libertadora”, Juan y Eva Perón: autos, motos, mobiliario de estilo, tapados de piel, prendas de alta costura, joyas, relojes. Los porteños visitaban el “museo” y salían con una mezcla de admiración, indignación, resentimiento y rencor. Hasta había canastos a la salida para desechar el carnet de afiliación al Partido Justicialista. Un verdadero ritual pagano de depuración moral.
Nada muy distinto al presente, pensará el lector, a quien inmediatamente se le multiplicarán en la memoria las imágenes grabadas a fuego de bolsos y cajas de seguridad rebosantes de dólares o las mansiones lujosas de algún contratista del Estado caído en desgracia, cuyo nombre también se le grabó a fuego. Pero el fenómeno del presente es más profundo y, para complejizar todavía más, continental.
Por su intensidad se trata de un hecho nuevo que atraviesa la política y la economía y que demanda convertirse en objeto de estudio. En un contexto de revanchismo que no se había experimentado en anteriores alternancias democráticas, en lo que va de su gobierno la Alianza PRO insistió metódicamente, por todos los medios y en todos los debates, en reducir la discusión política y económica a capítulos judiciales. No se trata sólo del periodista “independiente” que machaca con el “se robaron todo” o del troll, rentado o no, que insiste en la muletilla “son todos chorros”. Tampoco se limita a las acciones burdas de la prensa hegemónica que transformó a “la corrupción K” en sección autónoma de sus portales. Se trata en cambio de una preocupante política de Estado. Si se siguen los hechos se encontrará que en algún momento de fines de la década pasada, se dejaron de debatir en el ámbito público ideas o relaciones causa–efecto de las diversas políticas y la discusión comenzó a tamizarse exclusivamente a través del Código Penal. Pero aquello que comenzó como tendencia para debilitar a los gobiernos populares es hoy política de Estado. Incluso existen integrantes de la clase política que se especializaron en la nueva dinámica, personajes a quienes la población conoce por sus denuncias permanentes y no por sus ideas o propuestas.
Además del citado revanchismo, que ocurre en el margen, el objetivo de la nueva política se presenta en dos dimensiones principales. Por un lado apuesta a enmascarar el debate real por el grave y acelerado deterioro de la economía. Existe una relación directa entre la caída persistente de los indicadores económicos y el aumento de las denuncias de corrupción. Y por supuesto no ocurre solo con la economía. Es una regla frente a cualquier noticia adversa. Al día siguiente de que la ONU ordenara la liberación de la presa política Milagro Sala, los títulos principales de las tapas de los medios hegemónicos redoblaron sobre “la corrupción K”. ¿Cuál será el escenario dentro de apenas un año? ¿Se seguirá hablando del gobierno que terminó dos años antes?
La segunda dimensión es la preservación del poder de las viejas oligarquías, la supuesta “nueva derecha”, por la vía de la criminalización del adversario, no casualmente integrantes de gobiernos populares, populistas o progresistas; como se los quiera caracterizar. El fenómeno no es local y se observa en otros países de la región, con el golpe parlamentario en Brasil como caso extremo. Su extensión remite al diseño de una estrategia continental con aroma imperial que supo aprovechar todos y cada uno de los errores del oponente.
El resultado más visible de la nueva política de Estado de criminalización del adversario es que ya no se dirime la superioridad de tal o cual idea o los efectos de la aplicación de tal o cual medida de política, sino cuan criminal es el contrincante. No es simple imaginación. En el Poder Judicial, el cómplice necesario de todo el proceso junto con los medios de comunicación del régimen, se multiplicaron las causas por presuntas “asociaciones ilícitas”, una figura penal creada durante la última dictadura, asociaciones que habrían sido integradas por los más encumbrados funcionarios de los gobiernos kirchneristas; desde la ex Presidenta a sus ministros y secretarios de Estado. El grotesco es mayúsculo y ruidoso para la historia. Los gobiernos de la década pasada no habrían sido más que un grupo de delincuentes abocados a saquear al Estado. Las políticas públicas del período, un dato menor.
El camino iniciado es sistémicamente riesgoso. La identidad del adversario político queda subsumida por sus presuntas acciones criminales y el debate central ya no ocurre entre oficialismo y oposición, como sería normal en una democracia, sino entre la moral y la corrupción, entre el bien y el mal absolutos. Es casi una obviedad que si el adversario político es solamente un delincuente, la democracia se diluye. Se trata de un peligroso paroxismo de la antipolítica cuyas consecuencias pueden volverse graves en el horizonte conflictivo que augura el progresivo deterioro de la economía.
La caracterización criminal también resulta funcional al cerco mediático que intenta ocultar a la mayoría de la población las grandes transferencias entre clases sociales, sectores económicos y regiones llevadas adelante por la administración PRO. Mientras la economía continúa sumergida en una profunda recesión inducida con el objetivo explícito de reducir la participación de los salarios en el ingreso, y abrumada por los indicadores negativos en materia de inversión y actividad, la prensa sigue repitiendo a diario presuntas acciones de corrupción del gobierno precedente. No se informa sobre el presente, como se esperaría ocurra en los medios de comunicación, sino que se construye y reconstruye un relato del pasado para neutralizar la reconstrucción de fuerzas y el potencial regreso de un Estado neodesarrollista, con participación de los sectores populares en la distribución de la mayor riqueza social
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