› OPINION Mucho por discutir

Por Martín Granovsky

Para el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, un modelo judicial a considerar es el brasileño. Pero la suya no es la única voz. Sin entrar en polémica abierta con él, un grupo de jueces acaba de formar un núcleo de trabajo sobre Inclusión Social, Seguridad y Justicia Social en la propia sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Son dos de las líneas de pensamiento y acción vigentes actualmente en la Justicia argentina. Pero no las únicas.

En Brasil la facción dominante en el Poder Judicial descansa en lo que el ex ministro de Justicia Tarso Genro llama “estado de excepción”. El máximo ejemplo fue el juicio político que remató en el golpe contra Dilma Rousseff, que según demostró en su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el jurista argentino Damián Loreti no fue solo ilegítima sino ilegal. Violó el debido proceso y el derecho a defensa.

Por un lado los jueces y fiscales que tienen al juez del Lava Jato Sergio Moro como referencia utilizan el uso de la delación premiada para cercar a Luiz Inácio Lula da Silva. No importa la falta de indicios concretos contra el ex presidente. Es la guerra. Por otro lado jueces y fiscales participan de una política criminal que selecciona como blancos, y los lleva a prisión en mayor proporción que al resto, a jóvenes, negros y pobres o a menudo a quienes cumplen con las tres condiciones a la vez. Las cárceles son uno de los eslabones de esta cadena de valor que incluye, naturalmente, a las policías bravas, las policías militares de los Estados.

Lorenzetti mantiene un intenso nivel de contactos en Brasil. Su base es Río de Janeiro.

En cambio el primer encuentro en la Conferencia Episcopal fue convocado con el lema “Sin inclusión no hay justicia”. Por los obispos participaron el secretario general de la CEA, Carlos Malfa, y el encargado de la pastoral carcelaria, el obispo de Viedma Esteban Laxague. Un reportaje a Laxague puede leerse en esta misma edición de Página/12. También participó el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig, un miembro de la diplomacia vaticana de confianza del Papa Francisco, a tal punto que reforzó estos días la delegación vaticana que impulsó el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela.

Los jueces estuvieron encabezados por Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y asistieron como parte del núcleo fundante Horacio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Rodolfo Pociello Argerich, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Angela Ester Ledesma, presidenta de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Martín Vázquez Acuña, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de la Capital Federal, María Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal, y la directora de la DECAEP (ex patronato de liberados), Virginia Barreyro.

Fue en ese encuentro que el sacerdote Jorge García Cuerva, párroco de Nuestra Señora de La Cava, contó su experiencia en el territorio y dijo que “tres c” que pueden ser destino de los jóvenes: “calle, cárcel y cementerio”. Son las tres c que Laxague citó en la entrevista con este diario.

“Una mirada más humana, y también menos necia, nos demuestra que la inclusión refuerza la seguridad en la medida en que es un beneficio no sólo para el preso, sino para toda la sociedad”, dijo Slokar. “Hay que sacarse la venda: sin inclusión no hay justicia.”

Slokar ya estuvo en el Vaticano para discutir la cuestión penal en un seminario auspiciado por el Papa. La procuradora Alejandra Gils Carbó recibió de Roma un rosario enviado por el Papa.

También Lorenzetti visitó el Vaticano pero su mensaje fue más genérico. Su objetivo es liderar tanto a una franja de los jueces federales como a los fiscales conservadores más poderosos. Cada uno de ellos suele comportarse como un ente político en sí mismo y a veces cada uno coordina con otros según temas, valores, líneas y posicionamientos de poder. El fiscal Germán Moldes es en sí mismo un jefe en Tribunales, por ejemplo. Siempre cuidó su espacio y solo la muerte de Alberto Nisman lo hizo salir a la calle y a los medios en el 2015.

Hay mucho por dirimir, hoy y en el futuro, entre otras cosas el papel institucional de jueces y fiscales y el valor del derecho internacional de los derechos humanos. Y todos juegan.

martin.granovsky@gmail.com