jueves, 5 de marzo de 2015

Las 9 claves del informe de Arroyo Salgado

Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y ex esposa de Alberto Nisman, brindó una conferencia de prensa en la que dio a conocer los resultados de los peritajes de la querella en la causa por la muerte del ex fiscal del caso AMIA. 
"El informe descarta con contundencia las hipótesis del accidente y del suicidio. Alberto Nisman fue víctima de un homicidio", resumió la jueza durante la presentación en la que detalló las “principales conclusiones arribadas en este extenso e intenso informe de casi 100 hojas”.
Según explicó, los peritos de la querella analizaron la autopsia, además de las computadoras y los teléfonos de Nisman. También analizaron las fotos y videos tomados al cuerpo en el baño del departamento de Le Parc.
EL ARMA. La pericia indica que el arma secuestrada (la Bersa calibre 22 que apareció junto al cuerpo de Alberto Nisman) fue el arma del hecho. 
LAS MANOSSegún explicó la jueza, las manos de Nisman no tienen rastros de haber disparado el arma. El análisis a los residuos de disparo dieron resultados negativos.
INGESTA DE ALCOHOL. El cuerpo presentaba presencia no determinada de cafeína y alcohol en contenido gástrico compatible con baja ingesta de alcohol. "No se demostró la presencia de alcohol en sangre y orina. Los trascendidos públicos que afirman que estaba alcoholizado, no son certeros. Nisman no estaba alcoholizado", enfatizó la jueza en referencia a lo difundido por el portal del Ministerio de Justicia, respecto a que el ex fiscal tenía 1,73 de alcohol en sangre. Básicamente, las diferencias con el peritaje oficial radican en que se trata de alcohol en "contenido gástrico" y no en sangre. Por eso, los resultados no son comparables con los estudios de alcoholemia.
"Los trascendidos públicos que afirman que estaba alcoholizado, no son certeros", enfatizó la jueza

ESPASMO CADAVÉRICO. El cuerpo no presentaba signo de espasmo cadavérico en la mano derecha, un signo que demostraría que fue sucidio. Esta es una diferencia importante entre Fein y la querella ya que el informe oficial afirmó que presentó espasmo.
HUBO AGONÍA. Nisman tuvo agonía, algo que está demostrada por la copiosa hemorragia externa que se pudo ver en la escena. "Podemos afirmar con certeza que no existió el espasmo cadavérico porque la agonía es incompatible con la aparición de ese signo", enfatizó.
EL CUERPO FUE MOVIDO. Según afirmó Arroyo Salgado, la posición del cuerpo no fue la final: "El cuerpo ha sido movido. La posición en la que fue encontrada el cuerpo no fue la que tenía al momento de la muerte".
DATA DE MUERTE. Es de 36 horas +/- cuatro horas de la operación de la autopsia.
DISTANCIA DEL DISPARO. El orificio de entrada es a centímetros del pabellón auricular y fue no más allá de un centímetro. La trayectoria fue de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante.
ESCENA. El análisis del lugar del hecho descarta que la muerte haya sido accidental.

Por Ana Vainman La última palabra la tiene Cristina

El Impuesto a las Ganancias volvió a estar en el centro de la escena del mundo sindical. Varios dirigentes guardaban la secreta esperanza de que la presidenta Cristina Fernández realizara algún anuncio referido a ese gravamen, que se convirtió en denominador común de la agenda de reclamos de las cinco centrales obreras. Pero eso no ocurrió.
La primera mandataria sí se refirió a logros de la gestión kirchnerista en materia laboral –la reactivación y vigencia de la negociación colectiva, las leyes que ampliaron derechos laborales y la recuperación de los niveles de empleo– pero del Impuesto a las Ganancias, nada. A decir verdad, no hubo anuncios de proyectos de ley, salvo el que atañe a la estatización de los ferrocarriles.
Y también era previsible que Ganancias no estuviera en la agenda del discurso presidencial. Son muchos los funcionarios que vienen repitiendo una y otra vez que no está previsto modificar Ganancias y que, en última instancia, es una decisión que tomará exclusivamente la presidenta. Por ejemplo, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que es la primera mandataria quien "tiene el joystick" para determinar modificaciones en el mínimo no imponible.
Además, durante el anuncio de la recaudación de febrero, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, volvió a rechazar una futuramodificación de Ganancias. "Está la modificación de 2013 y, al igual que ese año, ahora hay 1.098.000 personas que tributan el impuesto, no hay más gente pagando, más allá de la preocupación entendible de los sindicatos."
Si bien desde septiembre de 2013 –en función de lo dispuesto por el decreto que fijó el último mínimo no imponible en 15 mil pesos– no ingresan nuevos aportantes a Ganancias, la falta de modificaciones en las escalas hace que los trabajadores que sí pagan lleguen muy fácilmente a las alícuotas más altas. Eso explica que la presión tributaria sobre el salario haya aumentado considerablemente en los últimos años.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que analiza la evolución de la presión de Ganancias entre 2001 y 2014, para los casados con 2 hijos, la tasa efectiva tuvo un incremento de entre el 68% (para los salarios más altos) y 224% (para los sueldos medios). Esto se debió al "insuficiente ajuste de mínimos y deducciones y del congelamiento desde 2000 de los tramos de escala, en un contexto de alta inflación".
Las alícuotas del gravamen van del 9 al 35% del salario. En 2001 había que ganar 6,5 veces el mínimo no imponible para tributar la alícuota mayor (35%), pero según el documento de IARAF "en la actualidad se comienza a tributar con un ingreso neto equivalente a solamente dos veces los mínimos vigentes." Pero además, el informe señala que un trabajador de sueldo medio que "en 2001 destinaba solamente un 30% de su ingreso mensual al pago de Ganancias, en 2014 debió destinar un salario mensual completo (100%)". Este punto es uno de los más esgrimidos por el sector sindical para cuestionar el impuesto. El argumento es que "Ganancias se comió el aguinaldo."
El Impuesto a las Ganancias fue concebido como un gravamen progresivo. Quienes lo pagan son quienes más ganan (los perciben salarios más bajos que el mínimo no imponible no tributan). Además, cuanto más se gana, más se paga (hay una serie de escalas que establecen la alícuota que se descuenta, que va del 9 al 35 por ciento). Con esa recaudación, el Estado redistribuye la riqueza y realiza reinversión social.
Pero desde 2000 a esta parte el impuesto se fue distorsionando. Las modificaciones, tanto del piso como de las escalas, están sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y hubo muchos años en los que el mínimo no imponible no se tocó, a pesar de la inflación, por lo que muchos más trabajadores fueron alcanzados por el impuesto. Las escalas directamente no se modifican desde 2000.
El Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría (la que comprende a los trabajadores) es fundamental dentro del esquema recaudatorio y eso, en parte, explica la resistencia oficial a modificarlo. Sin embargo, hay especialistas que aseguran que elevando el mínimo no imponible, cambiando las escalas y modificando la tabla de deducciones, Ganancias podría volverse más progresivo y recaudar un monto similar.
Pero más allá de la cuestión tributaria, la discusión para modificar Ganancias parece ser política. Por un lado, hay varios funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores del Frente para la Victoria que elaboran informes, acercan documentos y presentan proyectos al ministro de Economía, Axel Kicillof o al flamante jefe de Gabinete para intentar llegar a la presidenta y convencerla de los beneficios de lanzar una reforma del impuesto antes de dejar el poder en diciembre próximo.
Por un lado, se argumenta que no hacerlo ofrece a la oposición la posibilidad de utilizar los cambios en ganancias como parte de su plataforma electoral de cara a las presidenciales de octubre. Tanto Mauricio Macri como Sergio Massa prometieron modificar y hasta eliminar el gravamen de llegar a la primera magistratura. Hace sólo unos días, el tigrense "exigió" al gobierno nacional "que suspenda el cobro del impuesto a las ganancias porque si no lo que los trabajadores ganen en las paritarias, lo van a perder porque se lo va a robar la AFIP". Y agregó: "Creemos que es muy importante terminar con esta manía de que les roben desde el Estado a los trabajadores, con esta aspiradora de impuestos que tenemos en marcha."
Por otro lado, aceptar que es necesario modificar Ganancias –aun cuando sea con el envío de un proyecto de ley al Congreso, cosa que no implicaría una complicación inmediata en la recaudación– desarticularía la demanda sindical que, en un año electoral, podría complicar el panorama de conflictividad.
De hecho, los gremios del transporte están organizando un paro para el 31 de marzo próximo con Ganancias como principal reclamo y buscan sumar sindicatos que no sean del transporte pero que estén afectados por Ganancias, como el caso de La Bancaria. De todos modos, esa huelga podría perder fuerza si el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano ratifica la suspensión que dio a la participación de la central obrera.
Quienes promueven la modificación al impuesto dentro del gobierno, no lo hacen como una concesión a los reclamos de los trabajadores, ya que estiman que ese no puede ser el principal pedido del sindicalismo.
Tiempo consultó a varios sindicalistas sobre este cuestionamiento y todos coincidieron en que Ganancias no es el único reclamo.
"Hay otros pedidos", dijo un dirigente que integra la CGT de Antonio Caló y detalló: "Que se vayan actualizando las asignaciones, pedimos por el trabajo en negro aunque no es una responsabilidad del sindicalismo."
"Ganancias está muy deformado como impuesto. Modificarlo es algo que subsanaría el malestar, ambicionamos a que haya una reformulación por ley que cambie la estructura actual", indicó el dirigente, quien remarcó: "Hay otras cuestiones que son importantes, pero este tema no se ha resuelto y viene acumulando tensión."
Desde el sector moyanista rechazan la hipótesis oficial de que el sindicalismo carece de una agenda de reclamos por fuera de Ganancias. Un dirigente cercano al líder camionero ensayó una explicación para el excesivo protagonismo de Ganancias entre los reclamos gremiales: "No creo que Ganancias sea el único reclamo. También se critican cuestiones de la política económica en general: la inflación, la falta de inversión, la pérdida de poder adquisitivo, etcétera. Pero todos esos temas se corrigen desde la política económica y hay muchos factores políticos involucrados para resolverlos. Ganancias, en cambio, depende solo de una medida. Es más cercana la solución."
El Impuesto a las Ganancias sigue encabezando la lista de reclamos de sindicalistas opositores y oficialistas. El gobierno, por ahora, no hará modificaciones aunque admite beneficios en hacerlo. La última palabra la tiene Cristina Fernández. 

Por Demetrio Iramain Prestigio y comodidad

El pretendido golpe judicial terminó en contragolpe popular. La contundencia del dictamen de Rafecas y la demostración en las calles de la fuerza social organizada que sostiene y protagoniza el gobierno del proyecto nacional, alteraron sensiblemente el escenario.
El rotundo cambio en el teatro de operaciones forzó algunos errores muy sintomáticos en el ámbito local. Y no sólo: si el discurso del premier israelí en Washington, en el que culpó sin ambages a Irán, quiso ser una ofensiva contra el gobierno argentino, terminó siendo una desmentida al presidente de nuestra Corte Suprema, para quien el atentado de 1992 es "cosa juzgada".
"¿Para qué quieren un juicio, si los diarios de todo el mundo ya publicaron que fue Irán?", transcribió Horacio Verbitsky la objeción del canciller de Israel, Avigdor Lieberman, a Héctor Timerman, en Naciones Unidas. La verdad, la memoria y la justicia merecen, sin dudas, otra respuesta.
El día después del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, el columnista mayor del diario La Nación, Carlos Pagni, afirmó que "los tribunales de Comodoro Py y la Casa Rosada están embarcados en una negociación". La "prueba" de su tesis sería el propio discurso de Cristina, en el que "no habló de un golpe judicial" y le rebajó la gravedad al Partido de los Jueces porque "estaba integrado sólo por algunos".
Evidentemente, no piensa lo mismo el editor general del diario, en cuya portada del lunes 2 de marzo calificó el discurso de la mandataria de "durísimo ataque de la Presidenta al Poder Judicial y a Nisman".
Peor el juez Ricardo Lorenzetti: en su disertación durante el acto de apertura del Año Judicial, el presidente de la incompleta Corte Suprema repitió su habitual performance discursiva. Su oratoria plagada de ambigüedades y construcciones lingüísticas huecas, les dio títulos a los clientes mediáticos de ambos lados del mostrador.
Según Télam, "Hay que respetar las instituciones y la figura presidencial"; para Clarín, el juez de Rafaela le contestó a Cristina cuando dijo "No hay poderes ilimitados". Aunque, ¿no podría un distraído interpretar que estaba refiriéndose a los jueces que creen ilimitado su poder y cruzan sin ningún permiso constitucional la frontera de sus facultades, asumiendo para sí competencias políticas, impropias para el Poder Judicial y naturales de los otros dos poderes?
Los solemnes actos de inauguración del Año Judicial comenzaron en 2008, tras una Acordada del máximo tribunal que estableció retomar esa antigua práctica institucional del Poder Judicial, interrumpida en diciembre de 1955, tras el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón. Se trata de actos públicos, con claro sentido político, y que contienen mensajes elípticos a los demás poderes de la democracia. Resulta un contrasentido que Lorenzetti reclame para los jueces su ajenidad de la política, su imparcialidad, el ascetismo de los poderes, y se mande estos actos, en los que la Corte confirma su intencionalidad política y pasa en limpio sus objetivos tácticos.
A propósito, a través de la Acordada 2/08, suscripta el 18 de febrero de 2008, la Corte decretó que los actos de Apertura del Año Judicial debían hacerse con posterioridad a la feria de enero y dentro de los primeros diez días hábiles de retomada la actividad, en febrero de cada año. ¿Por qué Lorenzetti, a contramano de su propia Acordada, hizo el acto el 3 de marzo y no durante las dos primeras semanas de febrero? ¿Será que el Partido Judicial creyó conveniente demorar el acto protocolar para que oficie de retruco al discurso de la presidenta ante la Asamblea Legislativa? ¿Qué dirían los defensores de la "calidad institucional" si Cristina hubiera adelantado para el 19 o 20 de febrero el acto de inicio de la actividad parlamentaria, y contrarrestara de hecho y en forma urgente la valoración política de la marcha de la mímica?
En rigor, Lorenzetti no respondió a la presidenta, sino que apenas se defendió con argumentaciones que sonaron a excusa. El juez evitó olímpicamente referirse al fallo de la Corte que una semana atrás había dejado impunes las torturas y vejámenes cometidos por jefes del Ejército en Malvinas, contra los soldados de la propia tropa, y en el que resultó beneficiado un oscuro subteniente del Ejército, vinculado a agentes de inteligencia. En cambio, abundó sobre la causa por la voladura de la embajada de Israel, de la que dijo que no podía intervenir debido a que era "cosa juzgada". Lo mismo argumentan los genocidas que resisten los procesos penales por delitos de lesa humanidad. Imposible que un hecho criminal de semejante envergadura pueda ser considerado "cosa juzgada" si aún no tiene un culpable, ni una declaración indagatoria, muchos menos una condena firme. Y si así fuera, ¿no correspondería reabrir la investigación, para aclarar los puntos todavía oscuros? Lo poco que avanzó la causa no logró determinar dónde fue escondida en los días previos al atentando la camioneta utilizada en la voladura (si es que la hubo, porque una pericia incorporada en la causa instruida por la Corte sostenía la teoría de la implosión), dónde fueron acondicionados sus explosivos, quién fue el supuesto suicida, cómo entró al país y quiénes volvieron operativo el plan terrorista.
Por lo demás, la perla negra del discurso de Lorenzetti ante la comunidad judicial fue cuando dijo que "los jueces nunca van a ser populares" porque los magistrados "no deben perseguir la aprobación de las mayorías momentáneas, sino el prestigio".
Sin embargo, ¿Por qué no pueden ser populares los jueces? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no deben proponerse ser como su pueblo, parecerse a él, interpretar sus frustraciones históricas y sus esperanzas colectivas? ¿Por qué sólo deben buscar el "prestigio"? ¿Cuál prestigio? ¿El de la academia? ¿El que prestan o alquilan los grupos de poder que tutelan desde hace décadas, la cultura, las ciencias, los premios, los congresos y seminarios que dan puntos a la hora de concursar por los cargos de juez o fiscal, los medios de comunicación, el mundo de las finanzas, la economía toda? ¿Por qué las mayorías populares pueden ser "momentáneas" y los cargos de los jueces y la composición societaria del gran capital, vitalicios?
Una tensión explica el presente de los argentinos: el "prestigio" que reclama para los jueces Lorenzetti no puede convivir con la "incomodidad" que a Cristina no le preocupa dejar como único legado al dirigente político que la suceda.  

EL GOBIERNO E INDUSTRIALES ARGENTINOS ATENTOS A LA DEVALUACION DE LA MONEDA BRASILEÑA Luces de alerta por la caída del real

Por Javier Lewkowicz
Cualquier novedad económica en Brasil también lo es en Argentina. Mucho más cuando se trata del valor del real, que es el precio de todos los bienes brasileños y de sus pares argentinos colocados en ese mercado. Por eso, la devaluación de la moneda del país vecino no pasa inadvertida para los industriales nacionales. Página/12 consultó a varios de ellos y la situación parece ser todavía de cautela y expectativa en función de que el movimiento cambiario no luce hasta ahora desmedido y por el efecto de protección que les brinda la administración de las importaciones.
El dólar en Brasil alcanzó ayer los tres reales. Desde fines de agosto, cuando el dólar estaba 2,24 reales, la depreciación fue del 34 por ciento. En los seis meses anteriores había experimentado una apreciación del 4 por ciento, lo que expone con claridad el cambio de tendencia. En tanto, la actividad industrial en el país vecino registró en enero una caída de 5,2 por ciento en la comparación anual y acumula en los últimos doce meses una baja de 3,5. El dato positivo es que frente a diciembre se verificó una suba de 2 por ciento. La situación cambiaria y de demanda de Brasil preocupa al gobierno nacional. En los próximos días viajará el secretario de Planeamiento Estratégico Industrial, Horacio Cepeda, para analizar los hechos con funcionarios brasileños.
Los industriales argentinos que venden en Brasil enfrentan el riesgo de perder competitividad y ser desplazados, mientras que los que atienden el mercado local observan qué pasa con las importaciones. Este último grupo, de todos modos, tiene la ventaja de contar con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), que en el mismo acto por el cual dificultan en el país conseguir un producto final importado, protegen a los trabajadores que se desempeñan en la producción local de ese bien.
“En el sector textil, Brasil tiene un PBI diez veces más grande que el nuestro. O sea que si quiere colocar acá el 10 por ciento de lo que produce, nos quedamos sin industria nacional”, explicó el presidente de ProTejer y director de la firma TN&Platex, Jorge Sorabilla. “Por un lado, Brasil en los últimos años estuvo perdiendo participación en el mercado local a manos de China, de modo que el efecto de la modificación cambiaria no es tan fuerte como era antes. Pero las DJAI, que administran el comercio importado, están siendo filtradas por medidas cautelares que otorga la Justicia. El Gobierno trata de utilizar las divisas, que son escasas, para traer lo que el país no produce y necesita para generar más trabajo, e intenta no importar cosas que generan desempleo. Las cautelares producen un efecto distorsivo importante, que sumado a la devaluación de Brasil puede ser una tormenta perfecta”, agregó Sorabilla.
Uno de los sectores más integrados a Brasil es el autopartista. Fabio Rozenblum, titular de AFAC, que nuclea a las empresas argentinas del rubro, aclara que “lo que pasa en Brasil siempre tiene impacto, pero las decisiones en el sector automotor no se toman de un día para el otro, y no se modifican por cuestiones cambiarias que se dan en un período tan corto. Hay inversiones ya realizadas, modelos exclusivos en cada país, cuestiones que dan estabilidad. Igualmente, si la tendencia se profundiza y termina impactando en el precio comparado de los autos, tendrá efecto sobre la demanda y, en última instancia, sobre los autopartistas”. En el mercado de reposición, advirtió, el efecto del tipo de cambio es más rápido. “De cualquier manera, hay que ver si la devaluación cambia los precios relativos o si, como sucede acá, genera rápidas subas de costos que impiden que el efecto se sienta en la competitividad”, advirtió.
“Brasil es nuestro primer origen de importación, el año pasado entraron cerca de 7 a 8 millones de pares de calzado. Todavía no advertimos algo que nos alarme, pero lo vemos con cuidado”, dijo Horacio Moschetto, de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC). “Su devaluación todavía no los hace tan competitivos, están más o menos igual que nosotros, también han tenido inflación interna. Pero si esta tendencia se siguiera acentuando, lo veríamos con preocupación. También hay que aclarar que el control del comercio funciona, que el año pasado la entrada de calzado brasileño fue importante pero pareja, sin sobresaltos”, agregó el empresario.
Gerardo Venutolo, presidente de Adimra, explicó el efecto para las pymes con filial en Brasil. “Si la competencia allí es con empresas de otros lugares, estamos en igualdad de condiciones. En caso de que haya producción brasileña en el rubro, hay complicaciones. Pero sobre todo hay un efecto financiero: desde acá se hace la factura en dólares, se vende en reales y se cobra de vuelta con varios meses de atraso en divisas, ahora con una diferencia negativa por la devaluación del real. Es decir que las empresas pierden capital de trabajo por sus filiales en Brasil”, indicó el metalúrgico.

LA CAME DESTACO EL IMPACTO DE AHORA 12 Repunte del consumo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó el cambio de tendencia en el consumo masivo que se consolidó en el último trimestre, para lo que colaboró la puesta en marcha del programa Ahora 12. “Después de casi once meses de caída de ventas que tuvimos en 2014, gracias a este programa hemos tenido un diciembre favorable y con signos positivos que continuaron en enero y febrero de este año respecto de igual período del año pasado”, señaló el secretario de prensa de la entidad, Vicente Lourenzo.
“El programa le permite al pequeño y mediano comercio vender los productos en 12 cuotas, esto es muy bueno porque antes los únicos que podían generar 12 cuotas eran los grandes supermercados”, analizó el directivo, quien valoró que el programa del gobierno nacional minimiza la carga financiera para los negocios más chicos.
Respecto de la evolución de las ventas, Lourenzo indicó que la estabilidad de las variables económicas del último semestre “ayudó mucho a generar un cambio de tendencia en relación con el consumo”. “Las familias, al estar estables, pueden administrar mejor sus ingresos y decidir a qué darle prioridad, cuando todo está patas para arriba lo primero que se hace es cuidar la plata”, completó.

CASAMIQUELA CARACTERIZO EL LOCKOUT AGRARIO COMO UNA ACCION EXCLUSIVA DE GRANDES PRODUCTORES “Con los pequeños y medianos hay diálogo”

Por Sebastián Premici
“El paro parece contradictorio. Es decir, no comercializan, pero tienen 10 millones de toneladas de soja guardadas. Es decir, paren o no, no les cambiará demasiado la situación económica.” El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, cuestionó la decisión de la Sociedad Rural, CRA y Coninagro de realizar un nuevo lockout de tres días, al mismo tiempo que destacó la voluntad de la nueva conducción de la Federación Agraria, que no participará de la medida de fuerza, para negociar con el gobierno nacional. “Hay un diálogo con las autoridades de FAA y ya se ha avanzado sobre puntos concretos, buscando la diferenciación de la situación de los pequeños y medianos productores”, agregó el funcionario en declaraciones a radio América. La cosecha 2014-2015 podría alcanzar los 110 millones de toneladas. De ese total, la producción de trigo sería de 14 millones de toneladas, un 53 por ciento más que los resultados de 2013-2014.
En ocho años de existencia, la Mesa de Enlace sólo consiguió el voto no positivo de Julio Cobos en el Senado para definir el bloqueo del proyecto legislativo sobre la famosa resolución 125 (retenciones móviles a las exportaciones). A partir de ahí, la estrategia ruralista de mantener vivo el conflicto con el Poder Ejecutivo no produjo ninguna mejora para sus representados. El ex titular de la FAA Eduardo Buzzi fue quien más militó para sostener dicho conflicto, por eso el resto de las entidades esperaba que Omar Príncipe siguiera sus pasos. Pero hizo todo lo contrario.
“Iniciamos gestiones activas ante distintas áreas del Estado, en búsqueda de respuestas para nuestros socios, ante el Banco Nación, por el precio del trigo, por la recomposición del precio de la leche, y la incorporación al Registro Nacional de Agricultura Familiar, todas con respuesta satisfactoria”, reconoció Príncipe en una especie de carta pública para explicar el porqué de su diferenciación con el resto de las patronales.
La enumeración realizada por Príncipe no es un hecho menor. Por citar el caso del acuerdo con el Banco Nación, los pequeños productores de hasta 600 toneladas de soja podrán tomar préstamos para almacenar hasta un 10 por ciento de la oleaginosa. Es decir, se estableció una diferenciación entre los grandes jugadores y los pequeños productores. Los productores con espalda son los que estarían dispuestos, y con espaldas, a un nuevo lockout.
Si bien durante varios años el Gobierno propició que las ventas al exterior fueran definidas en cupos por las propias multinacionales, el sistema cambió para beneficiar a las cooperativas. La entidad vinculada con la FAA, Agricultores Federados (AFA), fue una beneficiaria directa. Durante el año pasado, AFA exportó el 3,06 por ciento del total de granos, es decir 958.687 toneladas, un 345 por ciento más que lo exportado en 2008. Al cierre del año de la 125, la cooperativa solamente exportaba trigo y maíz. El año pasado vendió al exterior trigo (18.819 toneladas), maíz (405.199), soja (499.169), sorgo (30.000) y cebada (5500). La otra cooperativa que creció fue ACA, que pasó de vender 637.262 toneladas en 2008 a 3.371.627 toneladas, es decir el 10,75 por ciento del total de las exportaciones de 2014.
Es decir, las cooperativas del sector aumentaron sus exportaciones de granos en los últimos siete años, porque sus productores incrementaron su producción.
“Los problemas son demasiados y es necesario pensar una Argentina para todos los actores del sector, sin fracturas, promoviendo el diálogo y la paz social, y sobre todo, construyendo un país más igualitario donde también los chacareros podamos recuperar derechos”, sostuvo Príncipe. Varias economías regionales atraviesan una situación compleja, por la caída de los precios internacionales, por incremento de los costos, por las menores compras de algunos países, por la fuerte devaluación de Rusia, etc.
Al mismo tiempo en que la SRA, CRA y Coninagro lanzaban su nuevo lockout, la FAA estuvo sentada con el gobierno nacional para que los productores lecheros recuperasen parte del precio de su producción. “Los treinta centavos por litro de leche sólo los van a recibir aquellos que ante la AFIP estén impecables. Van a ser muy pocos”, sostuvo Buzzi desde ExpoAgro. Según datos del Ministerio de Agricultura, serán de entrada 4000 tamberos de un total de casi 8000 que están en el sistema de pago por calidad, y podrían ingresar otros 3000 al sistema de liquidación única.

OPINION “La Justicia” puede fallar

Por Mario Wainfeld
“¿Justicia? Justicia ya tendrás en el
más allá, en esta
vida sólo cuentas con la ley.”
Su pasatiempo

favorito, William Gaddis.
El discurso de apertura del año judicial, pronunciado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, deja mucha tela para cortar. Por lo que dijo, por lo que omitió y por una respuesta asombrosa que dio sobre la investigación del atentado contra la Embajada de Israel. Habló de “cosa juzgada” y caso cerrado.
Es un disparate, que fue recibido en triunfo por los editorialistas de los dos diarios de Papel Prensa, los de mayor tirada en la Argentina. Se llegó a decir, a puro clarín o en la platea de doctrina, que le dio una “lección de educación cívica” a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se divagó sobre la ignorancia de la mandataria. Pero el profe se equivocó, la supuesta lección era sanata.
Un comunicado capcioso, firmado ayer por el secretario penal del Tribunal, Esteban Canevari, rectificó al supremo en gran medida o mejor dicho en un aspecto esencial. La duda subsistente es si Canevari le enmendó la plana al presidente del Tribunal por orden de éste. Da toda la impresión, pero el modus operandi habilita dudas.
Si Lorenzetti aceptara con llaneza su error y convalidara el planteo de Canevari, le quedaría pendiente explicar en qué anda la investigación. O sea, responder en serio a Cristina Kirchner ahora que un funcionario de la Corte, con conocimiento del derecho penal, “confesó” que sigue abierta, “recalculando” el macanazo previo.
- - -
Con vigor y sin rigor: Instalado por los medios dominantes, por la corporación judicial y en parte por él mismo como contradictor de la Presidenta, el cortesano estaba forzado a responder algo, luego de ser interpelado públicamente por la mandataria. Eligió una respuesta drástica y equivocada. Las conjeturas de por qué lo hizo (error, ignorancia, malicia) quedan por cuenta de cada cual.
- - -
La vieja Corte y sus desvaríos: El atentado ocurrió en 1992 y la Corte Suprema tomó la causa. La Constitución impone esa competencia. Es legal, pues, pero para nada funcional. La Corte no está concebida ni organizada como un juzgado o fiscalía de instrucción, preparados para asumir la pesquisa de un crimen. Tal vez podría haberse buscado una metodología para honrar la letra constitucional procurando investigar algo, por ejemplo delegando la investigación a un juez o fiscal de otra instancia pero conservando la conducción del proceso. Es opinable: el camino era, se repite, ajustado a derecho aunque condenado al fracaso.
Al Tribunal y al gobierno de aquel entonces no debía atribularlos mucho. Por razones evidentes de alineamiento político internacional, su afán era el de culpar a Hezbolá, criterio que contaba con la anuencia de los gobiernos de Estados Unidos e Israel.
Se investigó pésimo, cuentan los conocedores consultados por este cronista, en particular mientras condujo la causa el presidente de la Corte, Ricardo Levene (h). Tras cinco años de devaneos, Levene derivó el manejo del expediente al ya mencionado doctor Canevari. Tal como reseña el colega Raúl Kollmann en su imperdible nota de ayer, Canevari puso un poco de orden. Por lo pronto, identificó y contó quiénes habían sido las víctimas fatales de la voladura y, por ende, cuántos eran. Se aseveraba que llegaban a 29, eran 22.
Con lo poco que se supo, se investigó y sobreseyó a dos personajes de reparto que se ahorran en esta síntesis. Y se libró orden de captura contra el jefe militar de Hezbolá, Imad Mughnyah, acusándolo de responsabilidad directa en el atentado.
En 1999 se dictó una resolución que, según Lorenzetti, “determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. Se encontró culpable al grupo Hezbolá, de la Jihad islámica”. Para la primera versión, la ovacionada, de Lorenzetti, la causa estaba cerrada. Y las partes la habían consentido, vale decir no apelado. No explicó cómo se puede apelar una sentencia de la Corte que es la última instancia judicial.
Sigamos, por ahora, con los hechos. En diciembre de 2006, ya con la actual integración del Supremo Tribunal, se dictó una nueva resolución que Lorenzetti obvió anteayer en su garbosa arenga. Un lapsus freudiano, acaso. Se decidió “seguir investigando y (...) reiterar las órdenes de captura dictadas en la causa”. Por lo visto y escrito, la Corte consideraba que la “cosa juzgada” no implicaba el cierre definitivo del expediente. Interpretaba bien, esa vez. Canevari sostuvo el criterio sensato, que Lorenzetti traspapeló un día antes.
- - -
El mundo siguió andando: Las órdenes de captura contra Mughnyah no tuvieron éxito. Como el mundo es complejo y sigue andando, el hombre fue asesinado en Damasco en el año 2008. La causa a su respecto cerró porque en el derecho occidental moderno (el argentino lo es, a pesar de todo) no hay persecución judicial contra los difuntos.
Es algo obvio, dirá quien lea esta nota. Tal vez no lo sea tanto, pero es importante subrayar que como regla general tampoco se puede, según el Código Penal, condenar a grupos o asociaciones. Las acusaciones por los crímenes son individuales (principio general que admite excepciones) identificando o procesando o condenando a personas de carne y hueso. Dicho en criollo: una condena a Hezbolá no es (del todo) una condena. Debe entenderse como una indicación a los investigadores para buscar a los miembros de Hezbolá o eventuales cómplices que intervinieron en el crimen.
Y una sentencia en un expediente penal sin condenados ni absueltos no “hace” cosa juzgada en el original sentido que le atribuyó Lorenzetti.
- - -
La investigación sigue abierta: Puede ser contra intuitivo pero a diferencia del proceso civil, el proceso penal puede no terminar nunca (el hecho no se esclarece, no se encuentra al autor, etc.), con el único límite de la prescripción de la acción.
¿Qué pasa (qué debe pasar) cuando no se ha esclarecido el hecho, no se ha identificado o capturado al autor y no hay ninguna medida de prueba pendiente que permita avanzar? Simplifiquemos algo que puede tener un rizo más, no determinante. El legajo queda archivado o suspendido el trámite. Ese archivo produce lo que en jerga se llama “cosa juzgada formal”. La causa está terminada pero la resolución es provisoria. Si se nos permite volver a lo coloquial, el expediente queda hibernando a la espera de nuevas evidencias o indicios.
El tribunal que instruye o los acusadores (fiscales o querellantes) puede ordenar o pedir que siga la instrucción, siempre que surja algo nuevo. Respecto de lo que ya está incorporado al legajo, opera la cosa juzgada.
Ya que estamos, eso podría suceder en la causa que investiga la muerte violenta y dudosa del fiscal Alberto Nisman. Si no se llegara a una conclusión certera sobre si fue suicidio u homicidio, podría dejarse archivado transitoriamente el expediente.
Esa “cosa juzgada”, formal en buena medida, es la que existe respecto de la Embajada de Israel. Es un interludio que permite (o de alguna manera, compele a) buscar nuevas pruebas. Si la Corte, como sinceró sin querer Lorenzetti, no desea investigar desde ya que no se conseguirá nada.
Para ser franco, parece peliagudo conseguir nuevas pruebas a más de 22 años del atentado, con pésima pesquisa, ocultamientos y algún asesinato en el ínterin. Es muy pero muy difícil que se pueda obtener algo. Pero la diferencia entre lo muy difícil (cumpliendo la ley, doctrina Canevari) e imposible (propuesta original de Lorenzetti) no es apenas cuantitativa, es cualitativa.
- - -
Seguidismo: Los medios hegemónicos difundieron el comunicado, obcecándose en su seguidismo poco serio. En sus portales titularon “La Corte ratificó etc...”. Si se aguza la mirada, un secretario de la Corte enmendó lo que mal dijo su titular. Arropado por la vulgata, Lorenzetti podrá seguir haciéndose el distraído.
En el lapso entre el discurso rimbombante y el comunicado culposo, Lorenzetti había sido criticado por juristas serios, por colegas periodistas que estudian, incluyendo a los de este diario, y por el ex cortesano Augusto Belluscio.
- - -
Esclavo de lo que calla: Volvamos al comienzo, a lo que no dijo el presidente supremo. Ni una palabra sobre el número de miembros de la Corte, que está por debajo del mínimo que impone la ley. Es una disfunción que puede afectar su funcionamiento, el pluralismo y la calidad de sus debates. Amén de acentuar la proverbial lentitud con que dicta sentencias. Es sabido que hay un conflicto entre oficialismo y oposición. Esta se ha juramentado públicamente a no admitir ningún candidato o candidata propuesta por el oficialismo así fuera el sabio rey Salomón, el sensato Sancho Panza, el radical versado Ricardo Gil Lavedra o cualquiera. Nadie podría pedirle a Lorenzetti que mediara en esa cuestión política, pero sí podría haber explicado que sería mejor cubrir la vacante, para que el tribunal funcionara conforme a derecho, sin sobrecargar la labor de apenas cuatro jueces.
- - -
La caridad bien entendida...: Tampoco hubo palabras claras sobre la marcha del 18F. Algunos creyeron ver una señal crítica en frases polisémicas y ambiguas (la especialidad del orador). A diferencia del derrape sobre el atentado, no fueron accesibles para el vulgo.
Quienes piden autocrítica a los gobernantes cuando hablan deberían remarcar que no hubo ni pizca de eso. Ni en lo referido a la Corte, ni en lo atinente al Poder Judicial. La demora en las resoluciones, el maltrato a litigantes o testigos, la discriminación a mujeres agredidas, el forum shopping y cien modalidades de pésimo servicio son moneda corriente. No en todos los tribunales, en algunos. Podrían haber merecido un par de frases, una indicación crítica. Quedó para la próxima vez, por ahí.
- - -
Liturgia y golpe bajo: La liturgia, por lo general, es tan ilustrativa como los sermones... o más. La coreo que eligió Lorenzetti redondea el mensaje. Prioridad en las primeras filas para los jueces de la servilleta, desdén para los luchadores de Memoria Activa, privilegio a un periodista conocido por sobre un camarista para disponer de un asiento en las primeras filas...
Son señales interesantes que la gente de Ceremonial habrá conversado previamente con un presidente atento a los detalles. Más chocante fue el video con que se presentó el discurso. Un recorrido sobre víctimas de crímenes cometidos durante la dictadura y en democracia. Los desaparecidos, María Soledad Morales, Mariano Ferreyra, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y varios más.
La serie terminaba con una imagen de Alberto Nisman. En un conjunto de víctimas de crímenes dolosos su inclusión es algo peor a un desliz. Nisman falleció de modo violento, se está investigando si fue suicidio u homicidio. Al incluirlo, al menos desde el punto de vista político o escenográfico, Lorenzetti prejuzgó. Si fue suicidio, su inclusión carece de sentido. Claro que la hipótesis de homicidio es la que sostienen la oposición y los medios dominantes. Al complacerlos de ese modo, Lorenzetti les metió enorme presión a la fiscal y la jueza del caso. Y pegó un golpe bajo. Eso sí: con guante blanco.