Por Demetrio Iramain Prestigio y comodidad

El pretendido golpe judicial terminó en contragolpe popular. La contundencia del dictamen de Rafecas y la demostración en las calles de la fuerza social organizada que sostiene y protagoniza el gobierno del proyecto nacional, alteraron sensiblemente el escenario.

El rotundo cambio en el teatro de operaciones forzó algunos errores muy sintomáticos en el ámbito local. Y no sólo: si el discurso del premier israelí en Washington, en el que culpó sin ambages a Irán, quiso ser una ofensiva contra el gobierno argentino, terminó siendo una desmentida al presidente de nuestra Corte Suprema, para quien el atentado de 1992 es "cosa juzgada".

"¿Para qué quieren un juicio, si los diarios de todo el mundo ya publicaron que fue Irán?", transcribió Horacio Verbitsky la objeción del canciller de Israel, Avigdor Lieberman, a Héctor Timerman, en Naciones Unidas. La verdad, la memoria y la justicia merecen, sin dudas, otra respuesta.

El día después del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, el columnista mayor del diario La Nación, Carlos Pagni, afirmó que "los tribunales de Comodoro Py y la Casa Rosada están embarcados en una negociación". La "prueba" de su tesis sería el propio discurso de Cristina, en el que "no habló de un golpe judicial" y le rebajó la gravedad al Partido de los Jueces porque "estaba integrado sólo por algunos".

Evidentemente, no piensa lo mismo el editor general del diario, en cuya portada del lunes 2 de marzo calificó el discurso de la mandataria de "durísimo ataque de la Presidenta al Poder Judicial y a Nisman".
Peor el juez Ricardo Lorenzetti: en su disertación durante el acto de apertura del Año Judicial, el presidente de la incompleta Corte Suprema repitió su habitual performance discursiva. Su oratoria plagada de ambigüedades y construcciones lingüísticas huecas, les dio títulos a los clientes mediáticos de ambos lados del mostrador.

Según Télam, "Hay que respetar las instituciones y la figura presidencial"; para Clarín, el juez de Rafaela le contestó a Cristina cuando dijo "No hay poderes ilimitados". Aunque, ¿no podría un distraído interpretar que estaba refiriéndose a los jueces que creen ilimitado su poder y cruzan sin ningún permiso constitucional la frontera de sus facultades, asumiendo para sí competencias políticas, impropias para el Poder Judicial y naturales de los otros dos poderes?

Los solemnes actos de inauguración del Año Judicial comenzaron en 2008, tras una Acordada del máximo tribunal que estableció retomar esa antigua práctica institucional del Poder Judicial, interrumpida en diciembre de 1955, tras el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón. Se trata de actos públicos, con claro sentido político, y que contienen mensajes elípticos a los demás poderes de la democracia. Resulta un contrasentido que Lorenzetti reclame para los jueces su ajenidad de la política, su imparcialidad, el ascetismo de los poderes, y se mande estos actos, en los que la Corte confirma su intencionalidad política y pasa en limpio sus objetivos tácticos.

A propósito, a través de la Acordada 2/08, suscripta el 18 de febrero de 2008, la Corte decretó que los actos de Apertura del Año Judicial debían hacerse con posterioridad a la feria de enero y dentro de los primeros diez días hábiles de retomada la actividad, en febrero de cada año. ¿Por qué Lorenzetti, a contramano de su propia Acordada, hizo el acto el 3 de marzo y no durante las dos primeras semanas de febrero? ¿Será que el Partido Judicial creyó conveniente demorar el acto protocolar para que oficie de retruco al discurso de la presidenta ante la Asamblea Legislativa? ¿Qué dirían los defensores de la "calidad institucional" si Cristina hubiera adelantado para el 19 o 20 de febrero el acto de inicio de la actividad parlamentaria, y contrarrestara de hecho y en forma urgente la valoración política de la marcha de la mímica?

En rigor, Lorenzetti no respondió a la presidenta, sino que apenas se defendió con argumentaciones que sonaron a excusa. El juez evitó olímpicamente referirse al fallo de la Corte que una semana atrás había dejado impunes las torturas y vejámenes cometidos por jefes del Ejército en Malvinas, contra los soldados de la propia tropa, y en el que resultó beneficiado un oscuro subteniente del Ejército, vinculado a agentes de inteligencia. En cambio, abundó sobre la causa por la voladura de la embajada de Israel, de la que dijo que no podía intervenir debido a que era "cosa juzgada". Lo mismo argumentan los genocidas que resisten los procesos penales por delitos de lesa humanidad. Imposible que un hecho criminal de semejante envergadura pueda ser considerado "cosa juzgada" si aún no tiene un culpable, ni una declaración indagatoria, muchos menos una condena firme. Y si así fuera, ¿no correspondería reabrir la investigación, para aclarar los puntos todavía oscuros? Lo poco que avanzó la causa no logró determinar dónde fue escondida en los días previos al atentando la camioneta utilizada en la voladura (si es que la hubo, porque una pericia incorporada en la causa instruida por la Corte sostenía la teoría de la implosión), dónde fueron acondicionados sus explosivos, quién fue el supuesto suicida, cómo entró al país y quiénes volvieron operativo el plan terrorista.

Por lo demás, la perla negra del discurso de Lorenzetti ante la comunidad judicial fue cuando dijo que "los jueces nunca van a ser populares" porque los magistrados "no deben perseguir la aprobación de las mayorías momentáneas, sino el prestigio".
Sin embargo, ¿Por qué no pueden ser populares los jueces? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no deben proponerse ser como su pueblo, parecerse a él, interpretar sus frustraciones históricas y sus esperanzas colectivas? ¿Por qué sólo deben buscar el "prestigio"? ¿Cuál prestigio? ¿El de la academia? ¿El que prestan o alquilan los grupos de poder que tutelan desde hace décadas, la cultura, las ciencias, los premios, los congresos y seminarios que dan puntos a la hora de concursar por los cargos de juez o fiscal, los medios de comunicación, el mundo de las finanzas, la economía toda? ¿Por qué las mayorías populares pueden ser "momentáneas" y los cargos de los jueces y la composición societaria del gran capital, vitalicios?
Una tensión explica el presente de los argentinos: el "prestigio" que reclama para los jueces Lorenzetti no puede convivir con la "incomodidad" que a Cristina no le preocupa dejar como único legado al dirigente político que la suceda.